Otra Perspectiva

La ciudad sin cuerpos

Asistencia, expulsión y mercado en la ciudad vitrina

Por Jose Rafael Moya Saavedra

La Ciudad de México presume una infraestructura pública de cuidados. Protocolos, programas, brigadas y albergues conforman una narrativa institucional que habla de derechos, atención integral y justicia territorial. Sin embargo, bajo esa capa asistencial opera otro dispositivo menos visible, pero constante: la expulsión de cuerpos vulnerables del territorio.

No se trata de errores aislados ni de contradicciones menores. Es un doble dispositivo que funciona como manual: cara blanda para legitimar, cara dura para reordenar el espacio. El resultado es una ciudad que cuida en el discurso y limpia en la práctica.

La promesa: cuidar sin desplazar

El marco normativo es claro. El Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle prohíbe expresamente el desplazamiento forzado, la reclusión y cualquier internamiento sin consentimiento. La Constitución de la ciudad reconoce a esta población como grupo de atención prioritaria y obliga a garantizar sus derechos.

El gobierno capitalino refuerza esa promesa con albergues, Centros de Atención e Integración Social, brigadas nocturnas, atención médica, vacunación y programas como Transición entre la Calle y el Hogar. La narrativa es impecable: nadie debe ser movido contra su voluntad; nadie debe ser tratado como estorbo.

La práctica: retirar para ordenar

Pero la ciudad que se vive cuenta otra historia. En camellones, parques, banquetas y bajo puentes se ejecutan operativos para “recuperar espacios públicos”. Se desmontan campamentos, se retiran pertenencias y se presiona a las personas a trasladarse a albergues. Formalmente no hay detención; materialmente hay desplazamiento.

Lo mismo ocurre con campamentos de migrantes: se anuncian desmantelamientos por “seguridad” o “conflictos vecinales” y se ofrecen traslados que, en la práctica, no siempre son voluntarios. La asistencia funciona como cobertura de un control territorial que limpia zonas centrales y corredores de alta visibilidad.

El cuerpo no se encierra. Se mueve.
El espacio no se discute. Se despeja.

El nudo: animales, personas y territorio

Este patrón no es exclusivo de la población en calle. Es la misma lógica que atraviesa otros conflictos urbanos recientes. Animales de refugio, adultos mayores despojados, familias desalojadas y personas sin techo comparten un destino común: su expulsión permite reordenar territorio.

Los animales “rescatados” vacían predios estratégicos. Los adultos mayores “restituidos en proceso” ven su vida suspendida mientras el inmueble queda bajo custodia. Las familias desalojadas liberan edificios para la reconversión. Las personas en calle son retiradas para sostener la imagen de ciudad segura y turística.

El mercado no aparece en el operativo. Aparece después.

La ciudad vitrina

Aquí el objetivo no es solo el suelo privatizable. Es el orden visual, la circulación limpia, la reputación urbana. En el Centro Histórico y zonas céntricas, la presencia de cuerpos que no consumen, no pagan renta y no encajan en la postal se vuelve un problema de gestión.

La asistencia legitima la expulsión.
La legalidad amortigua el conflicto.
El mercado capitaliza el resultado.

Cierre: gobernar sin cuerpos

La ciudad no está fallando en su promesa de cuidado. Está funcionando bajo otra lógica. Una donde los cuerpos vulnerables son fricciones que deben retirarse para que el territorio circule como activo.

No se les priva de derechos en el papel.
Se les priva de lugar.

Así se construye una ciudad sin cuerpos: ordenada, rentable y limpia, pero cada vez menos habitable.

 

🧩 Tabla final definitiva — Matriz Animales–Territorio–Mercado

Caso	Cuerpo vulnerable	Territorio en disputa	Lógica de mercado / beneficiarios
Franciscanitos (Cuajimalpa)	Perros y gatos viejos, enfermos o difíciles de adoptar; víctimas reales y dispositivo emocional del “rescate”.	Predio de 160–165 ha en corredor Cuajimalpa–Santa Fe, con cambio de uso de suelo.	Fundación y fideicomiso; potenciales desarrolladores. El vaciamiento facilita la operación inmobiliaria.
Adulto mayor (Paseos de Churubusco, Iztapalapa)	Persona mayor sola, con defensa limitada; vida suspendida.	Vivienda en zona con alta incidencia de despojo.	Redes de despojo; el inmueble queda bajo custodia estatal mientras el valor se preserva.
Familias desalojadas (Roma / Centro Histórico)	Familias con niños y personas mayores; expulsión violenta.	Edificios en zonas de alta plusvalía y gentrificación.	Reconversión a renta turística/comercial; incremento de valor tras “liberar” el inmueble.
Personas en calle / migrantes (CDMX)	Personas sin techo y migrantes; visibles, no rentables.	Espacio público central y corredores turísticos.	Ciudad vitrina: turismo, eventos, comercio formal; orden visual y reputación urbana.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado 4

¿Quién gana cuando se rescata?

Los beneficiarios finales

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En los operativos de rescate —animal o humano— hay una pregunta que rara vez se formula en voz alta: ¿quién gana cuando todo termina? No quién actúa, no quién ejecuta, no quién aparece en el boletín. Quién se beneficia, cuando el conflicto ya fue neutralizado y el territorio quedó libre.

La respuesta casi nunca está en el lugar del operativo. Aparece después. A distancia. En silencio.

El rescate como etapa, no como fin

El rescate no es el final del proceso, sino una fase intermedia. Una transición entre un espacio conflictivo y un territorio disponible. Primero se retiran los cuerpos vulnerables; luego se estabiliza jurídicamente el predio; finalmente, el suelo entra en otra lógica.

En el caso de los franciscanitos, los animales fueron trasladados, dispersados y colocados bajo custodia institucional. El predio, en cambio, quedó desocupado de vida, pero no de valor. Su destino ya no se discute en términos de cuidado animal, sino de escrituras, fideicomisos y proyectos.

El rescate cumple así una función clave: despejar el terreno sin asumir el costo político de un desalojo inmobiliario directo.

Beneficiarios que no salen en la foto

Los beneficiarios finales no participan en el operativo ni aparecen en las conferencias. No cargan jaulas ni colocan sellos. Esperan. Y cuando el espacio está listo, avanzan.

Fundaciones que concentran propiedad, fideicomisos que administran activos, despachos que litigan con paciencia, desarrolladores que proyectan a largo plazo. Ninguno necesita intervenir en el momento del conflicto. El sistema trabaja para ellos.

En los desalojos de Roma Norte y el Centro Histórico, el patrón es idéntico: familias expulsadas, edificios “liberados”, procesos legales lentos para los expulsados y rápidos para la reconversión. En Iztapalapa, la casa de un adulto mayor queda bajo custodia estatal mientras el tiempo corre a favor del valor del inmueble, no de la vida suspendida de su propietario.

El Estado como facilitador involuntario

El Estado no siempre actúa como beneficiario directo, pero sí como facilitador estructural. No compra, no vende, no desarrolla. Asegura, custodia, congela. Administra el conflicto hasta que deja de ser visible.

La legalidad funciona aquí como amortiguador. Protege el activo mientras dilata la restitución. Garantiza orden, no justicia plena. El territorio queda a salvo; la vida, en pausa.

La ganancia que no se declara

La ganancia no siempre se mide en efectivo inmediato. Se mide en tiempo ganado, en suelo reordenado, en conflictos desactivados. Se mide en la posibilidad de convertir un espacio incómodo en un proyecto rentable.

Cuando nadie parece ganar, alguien ya ganó.
Cuando el rescate se celebra, el negocio apenas empieza.

Cierre: la pregunta que incomoda

Por eso, frente a cada operativo presentado como ejemplar, la pregunta no debería ser solo si se actuó conforme a la ley o con buena intención. La pregunta real es otra:

¿Quién gana cuando se rescata?

Porque en la ciudad que se gobierna limpiando, el rescate rara vez es el final de la historia. Es, casi siempre, el principio de otra.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado 3

La ciudad como activo financiero

Despojo, gentrificación y mercado

Por Jose Rafael Moya Saavdedra

En la Ciudad de México, el conflicto urbano ya no se resuelve: se capitaliza. El suelo dejó de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero que debe liberarse de todo lo que lo frena: personas pobres, animales incómodos, comunidades organizadas, usos no rentables.

Nada de esto ocurre por accidente.

Cuando una vivienda, un refugio o un edificio estorban al valor potencial del suelo, se activa una secuencia conocida: primero la omisión, luego la violencia privada, después la intervención estatal y finalmente la reconversión del territorio. El resultado no es justicia ni bienestar: es revalorización.

Del hogar al activo

Una casa deja de ser hogar en el momento en que se vuelve rentable para otros. Un edificio deja de ser comunidad cuando su ubicación permite multiplicar la renta. Un predio deja de ser refugio o corredor ecológico cuando el cambio de uso de suelo lo convierte en proyecto inmobiliario.

En Roma Norte y el Centro Histórico, familias completas fueron expulsadas de edificios que, semanas después, comenzaron procesos de remodelación, renta turística o reconversión comercial. En Paseos de Churubusco, la casa de un adulto mayor quedó bajo custodia institucional mientras el litigio avanzaba lentamente, congelando la vida del propietario pero preservando el valor del inmueble.

En Cuajimalpa, el Refugio Franciscano ocupaba un predio estratégico en un corredor de altísima plusvalía. Una vez retirados los animales y desarticulada la comunidad que le daba sentido al lugar, el conflicto dejó de ser social y se volvió estrictamente civil. El suelo quedó listo.

Gentrificación operativa

La gentrificación no siempre llega con cafeterías y galerías. A veces llega con golpes, sellos y carpetas de investigación. La violencia no es una anomalía del mercado inmobiliario urbano: es una de sus herramientas menos visibles.

Los desalojos violentos “liberan” inmuebles. Los operativos de rescate “despejan” predios. Las custodias prolongadas “congelan” territorios mientras se decide su futuro. En todos los casos, el tiempo juega a favor del capital: quien puede esperar gana; quien necesita vivir pierde.

El Estado no aparece como desarrollador, pero sí como facilitador involuntario. No compra, no construye, no vende. Permite que el terreno llegue limpio, jurídicamente ordenado y socialmente desactivado al mercado.

Legalidad selectiva, mercado eficaz

La ley actúa con una asimetría brutal. Es lenta para restituir posesiones, pero rápida para asegurar inmuebles. Es garantista en el discurso, pero pragmática en los hechos. No corrige la violencia patrimonial; la encapsula.

Mientras los litigios avanzan, el suelo no pierde valor. Al contrario: se protege como activo. La ciudad aprende así a separar la vida del territorio, conservando uno y sacrificando la otra.

La ciudad que se vende

Este modelo produce una ciudad que se puede ofertar, rentar y financiar, pero cada vez menos habitar. Una ciudad donde el derecho a la vivienda, al arraigo o al cuidado animal se vuelve un obstáculo para la rentabilidad.

Los cuerpos vulnerables —animales viejos, adultos mayores, familias pobres— no son errores del sistema. Son fricciones que deben eliminarse para que el activo circule. Por eso aparecen siempre al inicio del conflicto y desaparecen antes de que el negocio se cierre.

Cierre: cuando el suelo vale más que la vida

La Ciudad de México no está fallando en proteger a sus habitantes. Está funcionando bajo una lógica distinta: la de la ciudad como portafolio. En ella, el suelo importa más que quien lo habita y el mercado decide qué vidas pueden quedarse.

Cuando la ciudad se piensa como activo financiero, la expulsión deja de ser tragedia y se vuelve costo operativo.

Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién fue desalojado o rescatado, sino quién gana cuando el territorio queda libre.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado

Cuando proteger vacía el suelo (cuerpos vulnerables como bisagra)

Por Jose Rafael Moya Saavdedra

Proteger no siempre significa cuidar. A veces significa retirar. Quitar de en medio aquello que estorba para que el territorio pueda reordenarse sin conflicto visible. En la Ciudad de México, los cuerpos vulnerables —animales viejos, personas mayores, familias pobres— se han convertido en bisagras: su desplazamiento permite que el suelo cambie de manos.

El mecanismo es conocido. Primero aparece una causa moral incuestionable: bienestar animal, derecho a la vivienda, protección de víctimas. Luego viene la intervención estatal, casi siempre tardía, casi siempre espectacular. Al final, lo que queda no es restitución plena, sino un espacio despejado y un expediente abierto.

La bisagra humana y animal

En Cuajimalpa, los franciscanitos fueron presentados como víctimas de maltrato. En Iztapalapa, un adulto mayor fue reconocido como propietario despojado. En Roma y el Centro Histórico, familias enteras fueron tratadas como daños colaterales. Los sujetos cambian; la función es la misma: permitir que el conflicto se traslade del espacio público al terreno técnico.

Una vez fuera los animales, el refugio deja de ser un problema social y se convierte en un litigio civil. Una vez expulsada la familia, el edificio deja de ser hogar y se vuelve activo. Una vez asegurada la casa del adulto mayor, la vida queda en pausa mientras el inmueble entra en custodia.

La protección no devuelve la vida anterior. Administra la pérdida.

El lenguaje que limpia

“Rescate”, “aseguramiento”, “custodia”, “restitución en proceso”. El vocabulario institucional suaviza la violencia y legitima la espera. No hay urgencia para devolver posesiones, vínculos o rutinas. Hay tiempo para sellos, peritajes y fideicomisos.

Ese tiempo es clave. Porque mientras el cuerpo vulnerable espera, el territorio se revaloriza.

Cierre

Cuando proteger implica retirar cuerpos del espacio, el suelo queda libre para otras lógicas. La bisagra cumple su función: el conflicto se desactiva, la indignación se enfría y el mercado entra sin hacer ruido.

Proteger, así, vacía el suelo.

 

OTRA PERSPECTIVA

El verdadero botín no eran los animales

Serie: Animales, territorio y mercado en la ciudad que se reordena (1)

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En el caso de los franciscanitos, la imagen más visible fue la de cientos de perros y gatos “rescatados” por el Estado. Jaulas, traslados, comunicados oficiales y un discurso cerrado: se actuó para proteger a seres sintientes frente al maltrato. Pero esa escena, tan poderosa como emotiva, ocultó el conflicto central.

El verdadero botín no eran los animales.
Era el territorio.

Los perros y gatos funcionaron como el pretexto sensible, el detonador jurídico y emocional que permitió vaciar un predio estratégico en una de las zonas más caras de la ciudad. Una vez retirados los animales y rota la relación entre comunidad, refugio y espacio, el conflicto dejó de ser público, moral y debatible. Se volvió técnico. Civil. Silencioso.

Y ahí, casi siempre, gana el mercado.

Animales: víctimas reales y dispositivo útil

No hay que minimizar el sufrimiento animal. Los franciscanitos —muchos viejos, enfermos o difíciles de adoptar— fueron víctimas reales de estrés, dispersión y posible desaparición. Pero al mismo tiempo, su condición de seres vulnerables fue utilizada como dispositivo legitimador.

La denuncia por maltrato y el lenguaje del “rescate de seres sintientes” abrieron la puerta a un operativo espectacular que permitió retirar cuerpos vivos incómodos del territorio. Una vez fuera los animales, el problema dejó de ser visible como bienestar animal y se trasladó a expedientes, escrituras, fideicomisos y juicios civiles, donde casi nadie puede intervenir salvo las partes involucradas y sus abogados.

El conflicto se desanimalizó.
Y al hacerlo, se despolitizó.

Territorio: el botín silencioso

El predio del Refugio Franciscano no es menor. Se trata de alrededor de 160–165 hectáreas en la zona Cuajimalpa–Santa Fe, un corredor inmobiliario de altísimo valor. Según cálculos del propio equipo legal del refugio, el terreno podría valer entre 1,500 y 2,000 millones de pesos en el mercado actual.

En 2020, la Fundación Haghenbeck se hizo con la propiedad y posteriormente la vendió a un fideicomiso de Banco Ve por Más por aproximadamente 650 millones de pesos, una operación cuestionada por posible subvaluación y por contradecir la voluntad original del benefactor. El mismo mes en que se pacta la venta, se autoriza un cambio de uso de suelo para vivienda y oficinas.

Nada de esto es anecdótico.
Es el corazón del conflicto.

Mercado: el motor que no sale en la foto

Una vez vaciado el predio —sin animales, sin personal del refugio, sin conflicto visible— el terreno queda listo para su reconversión. El operativo de “rescate” cumple así una función clave: despejar el espacio sin asumir el costo político de un desalojo directo por intereses inmobiliarios.

El mercado no aparece con uniformes ni comunicados. No necesita hacerlo. Se beneficia del resultado: un territorio liberado, jurídicamente reordenado y socialmente neutralizado. El bienestar animal funciona como envoltura moral de una operación civil–inmobiliaria mucho más amplia.

El patrón se repite

Lo ocurrido en Cuajimalpa no es único. El mismo nudo aparece en otros casos de la ciudad: un cuerpo vulnerable sirve como bisagra para reordenar territorio en función del mercado.

Un adulto mayor despojado en Paseos de Churubusco, en Iztapalapa, cuya casa queda bajo custodia del Estado mientras avanza un proceso legal interminable.

Familias expulsadas de edificios en Roma Norte y el Centro Histórico, donde la violencia “libera” inmuebles para reinsertarlos en el mercado con rentas mucho más altas.

Cambian los sujetos. No cambia la lógica.

Cierre: cuando el conflicto se vuelve técnico

Cuando los animales desaparecen del escenario, el conflicto deja de ser ético y se vuelve técnico. Y cuando se vuelve técnico, deja de interpelar a la sociedad. Se resuelve en oficinas, juzgados y consejos fiduciarios. Ahí donde el mercado se mueve con comodidad.

Por eso el caso de los franciscanitos no es solo un escándalo de bienestar animal. Es una ventana a una forma de reordenar la ciudad donde los cuerpos vulnerables —animales o personas— funcionan como llaves para abrir territorios valiosos.

En la ciudad que se reconfigura, proteger puede ser también una forma de vaciar.
Y muchas veces, el rescate solo es el primer paso del negocio.

Referencias 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. (2023). Informe anual de denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México 2021–2023. PAOT.
https://www.paot.org.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (2024). Plan integral de bienestar animal de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.cdmx.gob.mx

Congreso de la Ciudad de México. (2023). Ley de protección y bienestar de los animales de la Ciudad de México (última reforma). Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
https://www.congresocdmx.gob.mx

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2023). Informe especial sobre desalojos forzados y derecho a la vivienda en la Ciudad de México. CDHCM.
https://www.cdhcm.org.mx

Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso.

Nota editorial

Referencias: PAOT (2023); Gobierno de la CDMX (2024); CDHCM (2023); Harvey (2012).

 

Contexto: Desalojos forzados y operativos de aseguramiento en la CDMX forman parte de una estrategia institucional documentada por la CDHCM, la FGJCDMX y el Gobierno de la Ciudad de México (CDHCM, 2023; FGJCDMX, 2024; Gobierno de la CDMX, 2023).

Otra Perspectiva

Gobernar limpiando

Iztapalapa: el laboratorio que se volvió ciudad

Por Jose Rafael Moya Saavedra

Nada de lo ocurrido con los franciscanitos fue improvisado. Tampoco los desalojos violentos en San Rafael, Roma, Centro Histórico o Paseos de Churubusco. Antes de llegar al centro del poder capitalino, esta forma de gobernar ya había sido probada, normalizada y tolerada en un territorio específico: Iztapalapa.

Ahí se ensayó un modelo. Y funcionó.

Durante años, Iztapalapa concentró dos fenómenos que rara vez se analizan juntos: altas cifras de maltrato animal y un patrón persistente de despojo y desalojos violentos. No como anécdotas aisladas, sino como problemas crónicos administrados sin resolverse. La clave no fue erradicarlos, sino hacerlos gobernables.

Iztapalapa: cuando la excepción se vuelve regla

Entre 2021 y 2023, Iztapalapa encabezó las denuncias por maltrato animal ante la PAOT, concentrando cerca de una quinta parte de los reportes de toda la ciudad. Animales encadenados, sin alimento, hacinados o abandonados fueron parte de un paisaje cotidiano que la autoridad no logró —o no quiso— revertir de fondo.

En paralelo, la alcaldía se consolidó como uno de los principales focos de despojo inmobiliario. Adultos mayores, familias con títulos frágiles y viviendas heredadas se convirtieron en blancos recurrentes de redes que combinan violencia privada, documentos irregulares y lentitud institucional. Cuando el Estado intervenía, lo hacía tarde, después del daño, y casi siempre para asegurar inmuebles, no para restituir vidas.

El caso del adulto mayor despojado en Paseos de Churubusco lo resume todo: expulsado con violencia, convertido luego en ejemplo de acción gubernamental, pero sin recuperar de inmediato la posesión material de su casa. La propiedad reconocida, la vida suspendida.

El método

En Iztapalapa se consolidó una secuencia que hoy resulta familiar en toda la Ciudad de México:

Primero, alguien estorba.
Un refugio independiente, una familia sin escrituras blindadas, un adulto mayor solo, animales comunitarios.

Luego, el conflicto se deja crecer.
La omisión no es descuido: es espera.

Después, llega el operativo.
Con policías, sellos, aseguramientos, custodias, comunicados.

Finalmente, el Estado administra el daño.
No restituye de inmediato, no repara redes, no devuelve la vida previa. Controla.

Eso es gobernar limpiando.

Del territorio al discurso

Cuando este modelo se traslada a toda la ciudad, cambia la escala, no la lógica. El bienestar animal, la legalidad y la seguridad se convierten en lenguajes nobles para ejecutar acciones duras. Lo que antes era omisión local, ahora es política pública con narrativa.

El operativo contra el Refugio Franciscano no fue una anomalía: fue la exportación de un método. Igual que los desalojos exprés, igual que los “rescates” que terminan en encierro, igual que las casas aseguradas que no se devuelven.

La ciudad se ordena expulsando.

La ciudad que se quiere, la ciudad que se borra

Este modelo produce una ciudad funcional para el mercado y el discurso, pero hostil para quienes no encajan. Animales viejos, enfermos o difíciles de adoptar. Personas mayores, pobres o sin respaldo legal sólido. Todos caben en la misma categoría implícita: problemas urbanos.

No se les reconoce como sujetos de derechos plenos. Se les gestiona.

El Estado no aparece como garante, sino como administrador del despojo. No evita la violencia; la absorbe. No la corrige; la encapsula. La convierte en expediente, en custodia, en aseguramiento.

Cierre: cuando limpiar se vuelve forma de gobierno

Gobernar limpiando no es una metáfora exagerada. Es una práctica que atraviesa políticas, territorios y discursos. Se ensayó en Iztapalapa, se normalizó en nombre del bienestar y hoy se ejerce en toda la Ciudad de México.

Animales y personas comparten el mismo destino cuando estorban: ser retirados, dispersados y administrados. No para protegerlos mejor, sino para que dejen de incomodar.

En esta ciudad, cada vez más, el problema no es la ilegalidad. El problema es existir fuera del orden deseado.

Y cuando eso ocurre, el Estado no dialoga. Opera.

 

Referencias

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2023). Informe especial sobre desalojos forzados y derecho a la vivienda en la Ciudad de México. CDHCM.
https://www.cdhcm.org.mx

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2024). Acciones institucionales contra el delito de despojo de inmuebles en la Ciudad de México. FGJCDMX.
https://www.fgjcdmx.gob.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (2023). Gabinete contra el despojo: estrategia interinstitucional para la recuperación de inmuebles. Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.cdmx.gob.mx

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. (2023). Informe anual de denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México 2021–2023. PAOT.
https://www.paot.org.mx

Nota editorial

Referencias: CDHCM (2023); FGJCDMX (2024); Gobierno de la CDMX (2023); PAOT (2023).

 

El caso del adulto mayor despojado en Paseos de Churubusco, Iztapalapa, forma parte de los expedientes que dieron origen al Gabinete contra el Despojo del Gobierno de la Ciudad de México (FGJCDMX, 2024; Gobierno de la CDMX, 2023).

OTRA PERSPECTIVA

SERIE: Gobernar limpiando 2

La ciudad que expulsa

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En la Ciudad de México, perder la casa no siempre empieza con un juicio. A veces comienza de madrugada, con golpes en la puerta, hombres armados, gritos, violencia y la certeza de que, al amanecer, ya no habrá a dónde volver.

En noviembre de 2025, un edificio en la colonia San Rafael fue tomado por un grupo de choque que irrumpió de noche, golpeó a los habitantes, robó pertenencias y expulsó a más de diez familias. La policía no llegó a tiempo. El gobierno capitalino apareció después, cuando el daño ya estaba hecho, ofreciendo hotel por unos días y apoyos mínimos, mientras el inmueble quedaba en manos de los agresores.

Ese mismo año, en agosto, en menos de 48 horas, más de 40 familias fueron desalojadas en Roma Norte y el Centro Histórico. Los testimonios coincidieron: violencia física, amenazas, saqueo y una presencia policial ambigua, a veces ausente, a veces funcional. No hubo restitución inmediata. Hubo silencio.

Pero estos no son episodios aislados.

Cuando el Estado llega tarde… y se queda

Hay un caso que condensa esta lógica con crudeza quirúrgica: el despojo violento de un adulto mayor en la colonia Paseos de Churubusco, en Iztapalapa. El hombre fue sacado por la fuerza de su vivienda en el contexto de una disputa familiar. Varias personas irrumpieron en el inmueble, lo desalojaron violentamente y tomaron control de la casa. El patrón es conocido: víctima sola, títulos frágiles, redes de protección inexistentes.

La diferencia vino después.

Tras la denuncia pública, el llamado Gabinete contra Despojos, creado durante la gestión de Clara Brugada, coordinó un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía capitalina. Se aseguró el inmueble, se colocaron sellos y se anunció la apertura de una investigación contra una presunta red dedicada al despojo de propiedades en Iztapalapa y el oriente de la ciudad.

El caso se convirtió en vitrina.

En los comunicados oficiales, la vivienda sigue siendo formalmente propiedad del adulto mayor. Sin embargo, en la práctica, la casa quedó “enjaulada”: bajo custodia del Estado, con accesos inhabilitados y posesión material suspendida mientras avanza un proceso legal opaco y lento. La restitución se promete, pero no se documenta públicamente.

Aquí la paradoja es brutal. El Estado no impidió el despojo, llegó después del daño y, al hacerlo, tomó control del inmueble. El adulto mayor no recuperó su vida cotidiana ni su hogar; recuperó, en el mejor de los casos, un expediente.

El caso sirve al gobierno como ejemplo de acción y protección. Pero también revela algo más inquietante: la protección llega tarde y se ejerce como control, no como restitución inmediata. La violencia patrimonial no se revierte; se administra.

En Cuauhtémoc, vecinos han denunciado desalojos exprés ejecutados con documentos dudosos y grupos armados que actúan antes de que exista resolución judicial firme. En Gustavo A. Madero, adultos mayores han sido expulsados de viviendas heredadas bajo esquemas de despojo que combinan falsificación, violencia y lentitud institucional.

En Iztapalapa, las denuncias por despojo se acumulan desde hace años. Hasta mediados de 2025, la Fiscalía capitalina había registrado más de 1,500 casos de despojo en toda la ciudad, concentrados precisamente en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. La cifra no es solo un dato: es un mapa del conflicto urbano.

Frente a estos casos, la respuesta institucional suele ser la misma: “conflicto entre particulares”. El gobierno se declara incompetente, reduce la violencia a un trámite civil y administra la emergencia cuando la expulsión ya ocurrió. La legalidad aparece solo para cerrar el expediente, no para proteger el derecho a la vivienda.

El método se repite

Los desalojos humanos siguen una secuencia inquietantemente similar a los operativos contra animales.

Primero, alguien estorba.
Familias sin escrituras claras, inquilinos antiguos, adultos mayores solos, viviendas en zonas codiciadas.

Luego, llega la fuerza.
Madrugada, sorpresa, golpes, amenazas, saqueo.

Después, la fragmentación.
Familias separadas, pertenencias perdidas, redes comunitarias rotas, personas desplazadas a hoteles o casas de familiares.

Finalmente, el cierre administrativo.
No hay responsables visibles. No hay restitución inmediata. Solo apoyos temporales, carpetas abiertas y promesas.

No es improvisación. Es procedimiento.

La ciudad como mercancía

La expulsión no ocurre al azar. Se concentra en zonas donde el suelo se ha vuelto un activo financiero. Roma, Centro, San Rafael, partes de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa aparecen una y otra vez en los registros y denuncias.

En este modelo de ciudad, el derecho a la vivienda se vuelve un obstáculo cuando choca con el mercado inmobiliario. Y cuando estorba, se gestiona como problema. No se previene, no se media, no se protege: se desplaza.

Como con los animales, el problema no es la ilegalidad, sino la falta de control estatal sobre el territorio. Cuando el control falla, se tolera la violencia privada y se legitima después.

Cuando vivir también estorba

Las familias desalojadas no son daños colaterales. Son parte de una lógica que convierte a personas sin propiedad blindada en excedentes urbanos. Se les atiende cuando ya fueron expulsadas, nunca antes. Se les acompaña unos días, no se les restituye.

Aquí, como con los perros, no hace falta delinquir para perderlo todo. Basta con ocupar un espacio que alguien más quiere, en una ciudad que decidió gobernar desplazando.

Cierre: el patrón se consolida

La ciudad que expulsa a sus habitantes más vulnerables es la misma que captura animales incómodos en nombre del bienestar. Cambia el sujeto, no el método. En ambos casos, se gobierna limpiando: retirando de en medio aquello que desordena la ciudad deseada.

En la siguiente entrega, el círculo se cierra. Iztapalapa no fue una excepción. Fue el laboratorio donde este modelo se normalizó antes de escalar a toda la ciudad.

Referencias

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2024). Acciones institucionales contra el delito de despojo de inmuebles en la Ciudad de México. FGJCDMX.
https://www.fgjcdmx.gob.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (2023). Gabinete contra el Despojo: estrategia interinstitucional para la recuperación de inmuebles. Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.cdmx.gob.mx

Procuraduría Social de la Ciudad de México. (2024). Diagnóstico sobre despojo y violencia patrimonial en personas adultas mayores. PROSOC.
https://www.prosoc.cdmx.gob.mx

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2023). Informe especial sobre desalojos forzados y derecho a la vivienda en la Ciudad de México. CDHCM.
https://www.cdhcm.org.mx

 

OTRA PERSPECTIVA

Los perros que estorban

Cuando el bienestar animal se convierte en dispositivo de control urbano

Por Jose Rafael Moya Saavedra

El 7 de enero de 2026, el gobierno de la Ciudad de México desplegó uno de los operativos más grandes de “rescate animal” de los últimos años. Más de mil perros y gatos fueron asegurados en el Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, bajo el argumento de maltrato y riesgo sanitario. Cientos de policías, cuerpos especiales y personal de distintas dependencias participaron en una acción presentada oficialmente como ejemplar y humanitaria.

La escena fue contundente: animales sacados en masa, separados, trasladados a distintos puntos de la ciudad y colocados bajo custodia gubernamental. En las horas siguientes, la narrativa oficial fue clara y uniforme: se había actuado para proteger a seres sintientes, cumplir la ley y garantizar su bienestar.

Sin embargo, cuando se observa el operativo con mayor detenimiento, aparece una pregunta incómoda: ¿se trató realmente de un rescate o de una operación de control urbano envuelta en el lenguaje del bienestar animal?

El bienestar como marco narrativo

En los últimos años, el gobierno capitalino ha construido un frente discursivo robusto en materia de bienestar animal. Reformas legales que reconocen a los animales como seres sintientes, eliminación formal del “sacrificio” por edad avanzada, endurecimiento de sanciones por maltrato y anuncios de alto perfil —hospitales veterinarios, clínicas en Utopías, parques para perros y campañas masivas de adopción— han consolidado la imagen de una ciudad comprometida con los derechos animales.

Este marco no es menor: funciona como narrativa de legitimación. Coloca al gobierno en el lado moralmente correcto del debate y reduce cualquier cuestionamiento a una aparente oposición entre protección y crueldad. Bajo esta lógica, toda intervención estatal puede presentarse como “rescate”, incluso cuando sus efectos son profundamente traumáticos para los animales involucrados.

El operativo del Refugio Franciscano se inserta exactamente en ese paquete simbólico. Compite por atención pública con anuncios de planes integrales y nuevas infraestructuras, y se presenta como prueba de que el discurso se traduce en acción. El problema es que, al hacerlo, revela las grietas del propio relato.

La práctica detrás del discurso

Tras el operativo, los números comenzaron a circular con dificultad y fragmentación: de los 936 animales asegurados, 858 quedaron bajo resguardo oficial; 304 fueron enviados a un predio en el Ajusco, 371 a la Brigada de Vigilancia Animal y 183 a estancias transitorias. No hubo, desde el inicio, un padrón público completo que detallara estado de salud, condiciones de custodia, criterios de distribución ni destino final.

Esta opacidad no es nueva. Centros de control canino y antirrábicos de la ciudad han sido señalados reiteradamente por activistas y vecinos por sacrificios irregulares y eutanasias fuera de norma. El caso del Centro Luis Pasteur, en Gustavo A. Madero, ha sido descrito como una “matanza ilegal de animales disfrazada de eutanasia”, pese a que oficialmente se presenta como espacio de atención, esterilización y bienestar.

En Tláhuac, vecinos han denunciado redadas de perros que viven en zonas boscosas bajo el pretexto de esterilización, para después no volver a verlos. En todos estos casos, el patrón se repite: captura masiva, traslado a instalaciones públicas, ausencia de información clara sobre adopciones, muertes o sacrificios.

El bienestar animal, en la práctica, se convierte en un dispositivo de administración de cuerpos: captura, encierro, clasificación y, en demasiadas ocasiones, desaparición.

Los animales como problema urbano

Lo que une estos casos no es la crueldad explícita, sino algo más estructural: los animales son tratados como un problema de gestión urbana. No estorban por existir, sino porque no encajan en el modelo de ciudad ordenada, higienizada y plenamente administrable que el poder busca proyectar.

Refugios independientes, colonias de perros comunitarios, animales sin dueño formal o fuera de esquemas institucionales representan una anomalía. Son vidas que no están completamente bajo control del Estado ni del mercado. Frente a ellas, la respuesta no es el fortalecimiento de apoyos, la regularización progresiva o la corresponsabilidad con la sociedad civil, sino el operativo de choque.

E            l lenguaje del “rescate” suaviza esta lógica. Transforma una intervención coercitiva en un acto moralmente incuestionable. Desplaza la atención del método —uso de fuerza, ruptura de redes de cuidado, dispersión traumática— hacia la supuesta intención protectora.

La contradicción central

La Ciudad de México presume ser una capital de derechos animales, pero mantiene un aparato de captura, encierro y sacrificio cuya operación carece de transparencia plena. Reconoce a los animales como seres sintientes, pero los trata como excedentes cuando no se ajustan a los canales oficiales. Promueve la adopción, pero produce aseguramientos masivos que saturan su propia infraestructura.

El caso de los franciscanitos no contradice la política de bienestar animal de la ciudad: la revela. Muestra que, detrás del discurso progresista, persiste una lógica de control territorial donde la prioridad no es la vida concreta de los animales, sino la eliminación de aquello que desordena el espacio urbano.

Cierre: cuando estorbar es suficiente

Los perros del Refugio Franciscano no fueron retirados por ser peligrosos, sino por ser incómodos. Por ocupar un predio en disputa. Por existir fuera de los esquemas formales. Por recordarnos que el bienestar no puede decretarse desde arriba sin escuchar a quienes cuidan, sostienen y conviven con esas vidas.

Cuando el bienestar animal se convierte en una herramienta para limpiar problemas urbanos, deja de ser bienestar y se transforma en otra cosa: una tecnología de gobierno que administra desplaza y borra, siempre en nombre del bien.

Referencias

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. (2023). Informe anual de denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México 2021–2023. PAOT.
https://www.paot.org.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (2024). Plan integral de bienestar animal de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.cdmx.gob.mx

Congreso de la Ciudad de México. (2023). Ley de protección y bienestar de los animales de la Ciudad de México (última reforma). Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
https://www.congresocdmx.gob.mx

Secretaría de Seguridad Ciudadana. (2024). Brigada de vigilancia animal: atribuciones y acciones. Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.ssc.cdmx.gob.mx

Bauman, Z. (2004). Wasted lives: Modernity and its outcasts. Polity Press.

Foucault, M. (2007). Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978 (M. Senellart, Ed.). Palgrave Macmillan.

acquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.

 

Nota editorial

Las referencias se incluyen como marco contextual para el análisis y no sustituyen la investigación periodística ni la observación directa de los casos descritos.

 

OTRA PERSPECTIVA

Refugio Franciscano: cuando el Estado confunde autoridad con legitimidad

Por José Rafael Moya Saavedra

La crisis del Refugio Franciscano no nació el día del operativo. Nació mucho antes, en una cadena de omisiones, tolerancias y decisiones mal pensadas que el propio Estado ayudó a incubar. Sin embargo, fue el gobierno capitalino quien decidió detonar el conflicto, no resolverlo.

Conviene decirlo desde el inicio: el problema del bienestar animal era real. Las denuncias por hacinamiento, deficiencias sanitarias y sobrepoblación existían desde hace años. Hubo inspecciones, señalamientos y advertencias formales. Nadie puede sostener seriamente que todo funcionaba bien. Pero reconocer eso no obliga —ni autoriza— a convertir un caso complejo en un operativo de choque, cargado de fuerza pública, imágenes estremecedoras y una narrativa unilateral.

Ahí está el primer error: confundir intervención con arrasamiento.

El retiro masivo de entre 800 y 900 animales, sin un plan gradual, sin un padrón público previo y sin trazabilidad inmediata sobre el destino de cada perro y cada gato, no resolvió el problema de fondo. Por el contrario, abrió una grieta profunda de desconfianza. En cuestión de horas, la discusión dejó de girar en torno al bienestar animal y se transformó en un conflicto de legitimidad política.

El gobierno apostó por la lógica más simple —y más peligrosa—: exhibir imágenes impactantes como prueba absoluta, descalificar de entrada a cuidadoras y activistas, y cerrar filas en torno a su versión. Esa estrategia puede funcionar en un expediente administrativo; en el espacio público, suele fracasar. Y fracasó.

Porque el Refugio Franciscano no es un establecimiento cualquiera. Es un símbolo. Un refugio emblemático que, con todas sus carencias, había llenado durante años un vacío que el propio Estado no quiso —o no supo— asumir: rescatar, rehabilitar y resguardar animales abandonados en una ciudad desbordada por el maltrato y el abandono.

Aquí aparece el segundo error: la soberbia institucional.

El gobierno actuó como si el problema se redujera a clausurar un predio y redistribuir animales, ignorando que estaba frente a un entramado mucho más delicado: un litigio civil por la propiedad del terreno, acusaciones de intereses inmobiliarios y una red de organizaciones y ciudadanos profundamente sensibles al tema.

Al no reconocer la corresponsabilidad del propio Estado —que durante años toleró el hacinamiento sin ofrecer alternativas estructurales—, la autoridad se colocó en un pedestal moral difícil de sostener.

El tercer error es aún más grave: la baja visión de política pública.

En lugar de aprovechar el caso para construir un modelo serio de regulación de refugios —con registro transparente, cupos máximos, acompañamiento veterinario, financiamiento, protocolos de emergencia y corresponsabilidad real—, se optó por una respuesta reactiva, puntual y mediática.

Desaparecer de golpe a casi mil animales del espacio público, sin un padrón accesible y verificable, era una receta segura para el conflicto. El daño a la confianza ciudadana probablemente será más duradero que cualquier mejora puntual lograda en alguno de los albergues receptores.

El fondo del problema es incómodo, pero inevitable: los refugios privados operan como extensión informal del sistema público, pero el marco legal los trata más como sujetos a control que como socios en igualdad de condiciones. Se les exige cumplir estándares elevados —con razón—, pero sin brindarles los apoyos, recursos ni acompañamiento que el propio Estado no siempre garantiza en sus centros.

Y aquí aparece el doble rasero. La propia Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX no distingue, en lo esencial, entre refugios privados y centros públicos: a todos les exige garantizar alimentación suficiente, espacio adecuado, atención veterinaria y un trato digno como seres sintientes. Sobre el papel, el estándar es el mismo; en la práctica, unos cargan con todo el estigma mientras otros se refugian en el escudo de la autoridad.

Mientras se clausura un refugio privado por hacinamiento, persisten quejas históricas sobre antiguos antirrábicos rebautizados como “centros de bienestar”, centros de protección y control animal y albergues públicos de resguardo, que operan con capacidad rebasada, prácticas opacas y una herencia de sacrificios masivos que el discurso oficial asegura haber dejado atrás, sin demostrarlo del todo.

La ley es clara: las obligaciones de bienestar animal aplican tanto a refugios privados como a centros públicos. La diferencia es que unos cargan con la exposición pública y otros con el poder institucional para administrar silencios.

Al final, el gobierno terminó haciendo lo que dijo que no haría: politizar un tema profundamente sensible. Solo cuando la indignación social escaló, cuando llegaron las movilizaciones y la presión mediática, se abrieron mesas de trabajo y se prometió transparencia. Llegaron tarde.

El caso Refugio Franciscano deja una lección incómoda: la autoridad puede tener facultades legales, pero la legitimidad no se decreta ni se impone con operativos. Se construye con diálogo previo, transparencia, gradualidad y visión de largo plazo.

En bienestar animal —como en tantos otros temas— el Estado no puede seguir actuando como si bastara con ejercer poder. Cuando se gobierna desde la soberbia y la reacción, el costo político y social siempre termina siendo más alto que el problema original.

Y ese costo, esta vez, lo pagaron los animales… y la confianza ciudadana.

Referencias

Congreso de la Ciudad de México. (2023). Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
https://www.congresocdmx.gob.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (s.f.). Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México.
https://www.ata.cdmx.gob.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (s.f.). Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
https://www.ssc.cdmx.gob.mx

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. (s.f.). Informes y recomendaciones sobre bienestar animal y control de establecimientos.
https://www.paot.org.mx

Organización Mundial de Sanidad Animal. (2021). Código sanitario para los animales terrestres (Cap. 7: Bienestar animal).
https://www.woah.org

World Animal Protection. (2020). Animal welfare and humane population management.
https://www.worldanimalprotection.org

 

OTRA PERSPECTIVA

“Cuando alguien con voz decide no callar”

Mariano Osorio y el Refugio Franciscano

POR Jose Rafael Moya Saavedra

En medio del ruido, la polarización y los expedientes cruzados, hay voces que deciden no mirar hacia otro lado. Una de ellas es la de Mariano Osorio.

Desde hace días, Mariano ha sido claro, directo y consistente: su respaldo al Refugio Franciscano y a los franciscanitos no es circunstancial ni oportunista, sino fruto de años de conocimiento, cercanía y testimonio.

“He sido testigo del esfuerzo titánico del Refugio Franciscano.”
“No se les puede arrebatar su hogar a los animales.”
“No abandonemos la misión: hoy nos necesitan más que nunca.”

No habla desde la especulación.
Habla desde la experiencia.
Habla desde la conciencia.

https://www.facebook.com/share/v/14R619brMw5/

https://youtu.be/eRLUVGj2III?si=NaNnRfe4esap1mk3

Lo que Mariano Osorio ha dicho — y por qué importa

Mariano no se ha limitado a una sola publicación. Ha sostenido una posición pública reiterada, que hoy se replica en videos, audios, entrevistas y mensajes reenviados de manera orgánica por miles de personas.

Ha dicho, con claridad:

• Que los animales fueron arrancados de su hogar.
• Que el Refugio Franciscano no es un sitio improvisado, sino un espacio construido con años de trabajo y amor.
• Que lo ocurrido no puede explicarse solo como un “rescate”, sino que debe ser revisado con profundidad y justicia.
• Que callar frente a esto también es una forma de abandono.

Más que opinión: una voz que moviliza

Cuando Mariano habla, no solo informa.
Convoca.

Por eso:

• Ha difundido entrevistas y cápsulas explicando “la verdad” del refugio.
• Ha alentado a escuchar, compartir y no dejar morir el tema.
• Ha respaldado marchas, cadenas de amor con velas y llamados urgentes de ayuda.
• Ha usado su plataforma para poner rostro y nombre al dolor de los animales.

No se trata de protagonismo. Se trata de responsabilidad pública.

Por qué su postura incomoda

Porque desarma el relato cómodo.
Porque introduce una pregunta incómoda:

¿Puede el Estado llamarle “rescate” a lo que para otros es despojo?
¿Puede ignorarse la historia, el cuidado y el vínculo construido durante años?
¿Puede pedirse silencio cuando hay vidas vulnerables de por medio?

Mariano no niega la ley.
Pero recuerda algo esencial: la legalidad sin humanidad también hace daño.

Un campo de batalla narrativo

Hoy el caso del Refugio Franciscano vive una disputa de sentidos:

• De un lado, quienes hablan de operativos, autoridad y procedimientos.
• Del otro, quienes hablan de hogar, vínculo, cuidado y justicia.

Mariano Osorio ha elegido pararse del lado de los que no tienen voz: los animales.

Y eso ha generado:

• Adhesión ciudadana.
• Reacción política.
• Polarización.
• Debate público real.

Amplificar esta voz no es radicalizar: es escuchar

Difundir lo que dice Mariano Osorio no es atacar a nadie. Es recordar que el bienestar animal no se resuelve solo con expedientes.

Que hay historias, afectos, años de trabajo y comunidades involucradas.

Por eso hoy:

• Se comparten sus audios.
• Se reenvián sus entrevistas.
• Se cita su postura como referencia moral.
• Se le reconoce como alguien que no se escondió cuando más se necesitaba hablar.

Mensaje final

En tiempos donde muchos prefieren el silencio cómodo, Mariano Osorio eligió la palabra incómoda.

Y cuando una voz con alcance decide ponerse del lado de los más vulnerables,
no se le apaga:
se le escucha,
se le comparte,
y se le amplifica.

 

 

OTRA PERSPECTIVA

Un llamado a la SGIRPC

Los perritos del Refugio Franciscano y la omisión en la gestión del riesgo

Por Rafael Moya Saavedra

El caso de los llamados “franciscanitos” ha sido abordado como un conflicto de bienestar animal, como una disputa patrimonial o como un operativo de rescate fallido. Ese encuadre es insuficiente. Lo que ocurrió —y lo que sigue ocurriendo— debe ser leído por el Estado como lo que realmente es: un evento de riesgo masivo sobre una población vulnerable, inducido por una intervención institucional sin gestión integral del riesgo.

La Ciudad de México cuenta con una instancia creada precisamente para evitar este tipo de desenlaces: la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, cuya ley local le asigna la coordinación de la prevención, reducción y atención de riesgos en el territorio, más allá de los desastres convencionales. Ese mandato no es retórico: es la base legal que habilita —y obliga— a intervenir cuando un riesgo se materializa o se agrava por decisiones institucionales.

En este caso, esos elementos estuvieron —y siguen estando— presentes.

Un evento de riesgo, no un tema sectorial

El traslado masivo, el hacinamiento prolongado y la dispersión improvisada de cientos de animales de compañía configuran un fenómeno sanitario–social con impactos directos en salud pública, protección civil y conflicto social. Tratarlo únicamente como un asunto sectorial de bienestar animal invisibiliza la dimensión real del problema y traslada el riesgo en lugar de mitigarlo.

La SGIRPC tiene la atribución técnica para emitir una opinión de riesgo que evalúe, de manera objetiva y verificable:

• la capacidad real de las sedes donde hoy se encuentran los animales;
• los efectos del encierro prolongado en kennels y transportadoras;
• los riesgos sanitarios y de protección civil en espacios improvisados como deportivos o albergues temporales.

Ese pronunciamiento no es político; es técnico. Y es urgente.

Seres sintientes: un mandato constitucional que obliga

El propio marco normativo de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes, como lo establece el artículo 13 de la Constitución capitalina y lo han reiterado mensajes institucionales del Gobierno de la Ciudad de México. Este reconocimiento no es simbólico: implica obligaciones jurídicas concretas.

En contextos de riesgo, la gestión estatal no puede limitarse a garantizar la mera supervivencia física, sino que debe incorporar la reducción del sufrimiento, del estrés prolongado y del daño evitable. Ignorar esta dimensión en operativos masivos equivale a vaciar de contenido un mandato constitucional ya asumido por la propia autoridad.

La ausencia del mando técnico

En cualquier contingencia compleja, la primera pregunta no es quién tiene razón jurídica, sino quién coordina el riesgo. La SGIRPC debió —y aún puede— asumir un puesto de mando técnico, articulando a las instancias involucradas bajo una lógica clara de gestión del riesgo.

En un esquema así:

• la SGIRPC coordina aforos, tiempos de permanencia, logística, rutas y estándares de protección civil;
• SEDEMA y la Agencia de Atención Animal concentran el liderazgo clínico y sanitario;
• la trazabilidad mínima por animal se convierte en requisito operativo, no en promesa discursiva.

Sin ese mando, la operación queda fragmentada, reactiva y vulnerable al colapso.

Sin censo no hay gestión del riesgo

Uno de los vacíos más graves del caso es la ausencia de un censo único, público y dinámico. Sin información individualizada —animal, ubicación, estado de salud y responsable institucional— no existe evaluación de exposición ni análisis de vulnerabilidad. En términos de gestión de riesgos, no hay control posible.

El censo no es una concesión ética ni una exigencia activista. Es un instrumento mínimo de gobernanza que la propia SGIRPC necesita para cumplir su función.

El protocolo que debe activarse ya

La Ciudad de México reconoce discursivamente la inclusión de animales de compañía en la gestión del riesgo. Existen campañas, lineamientos dispersos y una iniciativa legislativa para crear un Protocolo de Atención para animales de compañía en desastres y contingencias. El problema es que ese protocolo no opera aún como instrumento formal y obligatorio.

El caso Franciscano muestra con claridad qué ocurre cuando se interviene sin él: improvisación, sedes sin estándares claros y decisiones que generan más riesgo del que resuelven. Activar y acelerar ese protocolo hoy no sería un gesto político, sino una medida correctiva impostergable.

Estándares que ya existen

A nivel internacional existen guías claras para refugios y albergues: límites de capacidad real, gestión de población, tiempos máximos de confinamiento, planes de contingencia y acuerdos previos de reubicación. Las guías de manejo de albergues de coaliciones como ICAM y las lecciones posteriores al huracán Katrina en Estados Unidos muestran que un albergue sin gestión de riesgos puede convertirse en un amplificador del daño.

Nada de esto es ajeno al conocimiento técnico disponible. Lo que faltó fue incorporarlo a la toma de decisiones.

Agenda mínima para la SGIRPC

Como agenda mínima de actuación inmediata, la SGIRPC puede y debe:

• Emitir una opinión técnica de riesgo sobre la capacidad real de las sedes, los tiempos de confinamiento y las condiciones sanitarias en todos los espacios donde hoy se encuentran los animales.
• Asumir un puesto de mando técnico que coordine aforos, tiempos de permanencia, logística, rutas y estándares de protección civil, dejando a SEDEMA y a la Agencia de Atención Animal el liderazgo clínico y sanitario.
• Ordenar la construcción de un censo único, público y dinámico, que registre al menos identificación, ubicación, estado de salud y responsable institucional de cada animal. Sin este instrumento, no hay gestión de riesgo posible.
• Acelerar la puesta en marcha del Protocolo de Atención para animales de compañía en desastres y contingencias, aplicándolo de facto al caso Franciscano como medida correctiva y de no repetición.
• Instalar una mesa técnica de salida institucional, con autoridades ambientales, fundaciones, refugios, especialistas y observadores independientes, cuyo mandato acotado sea sacar a los animales del campo de batalla, estabilizar la contingencia y fijar estándares verificables.

Colofón

Este texto no busca escalar el conflicto ni repartir culpas. Busca algo más complejo y más necesario: reconducirlo institucionalmente.

Reconocer el riesgo no debilita al Estado, porque forma parte de su mandato legal.
Gestionarlo con técnica y coordinación lo fortalece.

La SGIRPC puede hacerlo.
Y hacerlo ahora marcaría la diferencia entre corregir a tiempo o repetir el mismo error con nuevas víctimas.

Referencias

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. (s. f.). Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México.

International Companion Animal Management Coalition. (2017). ICAM guidelines on shelter design and management. International Companion Animal Management Coalition.

American Veterinary Medical Association. (2018). Guidelines for the care of animals in shelters. American Veterinary Medical Association..

Federal Emergency Management Agency. (2006). Pets Evacuation and Transportation Standards Act of 2006 (PETS Act). U.S. Department of Homeland Security..

World Animal Protection. (2019). Animals in disasters: Lessons learned and good practices. World Animal Protection.

Global Federation of Animal Sanctuaries. (2020). Emergency and disaster preparedness for animal sanctuaries. Global Federation of Animal Sanctuaries.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030. United Nations.

Nota editorial

Estas referencias se presentan como marcos orientativos ampliamente utilizados en gestión de riesgos, bienestar animal y atención de emergencias, y no constituyen un listado exhaustivo ni vinculante, sino un respaldo técnico para el análisis y las propuestas expuestas.