Un edificio lleno de cámaras y un Estado que no miró
Las horas perdidas en el feminicidio de Edith y la fractura de la
justicia en la Ciudad de MÉXICO
Por José Rafael Moya Saavedra
La desaparición en un espacio vigilado
Edith no desapareció en la oscuridad.
Desapareció en un edificio lleno de cámaras.
Salió a buscar trabajo.
Entró a un inmueble con vigilancia, controles de acceso y registro de
movimientos.
Y durante más de veinticuatro horas, nadie —absolutamente nadie— quiso entrar a
buscarla.
Las horas perdidas
Desde las primeras horas, la
actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México quedó marcada por lo que
en estos casos suele ser decisivo: las horas perdidas.
La familia de Edith relata que,
al acudir al Ministerio Público, les sugirieron esperar setenta y dos horas
porque la joven "podía haberse ido con el novio o con las
amigas", pese a que los protocolos obligan a activar de inmediato
la búsqueda de mujeres desaparecidas. Mientras ellos reconstruían la ruta de la
motocicleta solicitada por aplicación, tocaban puertas para conseguir videos y
señalaban una y otra vez el edificio de Avenida Revolución ochocientos
veintinueve como el último punto donde se congeló la ubicación del teléfono,
las autoridades tardaron alrededor de veinticuatro horas y media en catear el
inmueble.
En ese lapso —según las denuncias
públicas de la madre y la tía de Edith— hubo desdén, comentarios
revictimizantes y hasta solicitudes de dinero para "agilizar"
diligencias que la Fiscalía estaba obligada a realizar de oficio. No se trató
solo de lentitud: fue una cadena de omisiones en un momento en que cada minuto
contaba.
La trampa laboral
Pero la historia no empieza ahí.
Empieza antes, en la trampa.
La oferta de trabajo que llevó a
Edith a ese edificio no era un hecho aislado. Respondía a un patrón que se
repite con inquietante regularidad: vacantes difundidas en redes sociales,
sueldos atractivos, requisitos mínimos, citas rápidas y la condición implícita
de acudir sola. Limpieza, cuidado de niñas y niños, modelaje. Promesas
distintas, mecanismo similar.
No era solo una oportunidad laboral.
Era un filtro.
En un país donde la precariedad
empuja, donde el empleo formal escasea y donde miles de mujeres jóvenes buscan
sostener su vida con ingresos inestables, estas ofertas no son excepcionales:
son funcionales. Operan en una zona gris donde lo digital no se regula y lo
presencial no se supervisa.
En ese contexto, la pregunta no es por qué Edith fue.
La pregunta es por qué estos esquemas siguen existiendo sin control.
La familia que investiga
Mientras la Fiscalía dudaba, la familia actuaba.
Rastrearon cámaras públicas y privadas.
Reconstruyeron la ruta de la motocicleta.
Ubicaron el edificio.
Presionaron.
Insistieron.
No solo buscaron a Edith.
Tuvieron que aprender a investigar.
Ese desplazamiento —de familia a
buscadores— no es nuevo en México. Es, de hecho, uno de los rasgos más duros de
la crisis: cuando el Estado llega tarde, las familias llenan el vacío. Pero ese
esfuerzo tiene un costo: emocional, económico, humano.
Y también revela algo más profundo: la normalización
de la ausencia institucional.
Revela lo que se le ha venido
señalando a este país desde hace tiempo: no días, sino años.
Un pasado que no se cerró
La desaparición forzada de
personas en México no es un fenómeno nuevo ni aislado, sino un delito de lesa
humanidad con raíces profundas en la llamada "guerra sucia".
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rosendo Radilla Pacheco, detenido y
desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974. Décadas después, la
perseverancia de su familia llevó el caso hasta el sistema interamericano:
primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que en 2009 declaró responsable al Estado mexicano por violar derechos
a la libertad, a la integridad, a la vida y al reconocimiento de la
personalidad jurídica de la víctima, así como los derechos de sus familiares.
Esa sentencia obligó al Estado a
reconocer jurídicamente la desaparición forzada y a adecuar su marco legal,
proceso que terminó por cristalizarse en 2017 con la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas y la creación del Sistema Nacional de
Búsqueda. Sobre el papel, esa arquitectura normativa exige respuestas
inmediatas, eficaces y exhaustivas, bajo el principio de no repetición. Lo que
la sentencia Radilla exigía que no volviera a ocurrir es precisamente lo que
vemos, con otros mecanismos, en el caso Edith: omisión, demora, minimización
inicial y resistencia institucional a reconocer el riesgo en tiempo real, ahora
no en un cuartel, sino en un edificio lleno de cámaras donde la ley se escribió
para que el Estado llegara a tiempo... y volvió a llegar tarde.
México sigue teniendo una deuda profunda con sus
desaparecidos.
Y ese pasado no está cerrado.
Se repite.
Porque lo que ocurrió con Rosendo
Radilla Pacheco no pertenece únicamente a la "guerra sucia".
Pertenece a una forma de operar que, con matices distintos, sigue presente: la
omisión, la demora, la minimización inicial, la resistencia institucional a
reconocer el problema en tiempo real.
La diferencia es el contexto.
Hoy no siempre hay retenes militares ni operativos
clandestinos.
Hoy hay edificios con cámaras.
Hay registros de acceso.
Hay protocolos escritos.
Y aun así, una joven puede
desaparecer en un espacio controlado... y pasar más de veinticuatro horas antes
de que la autoridad decida actuar con la urgencia que la ley exige.
Por eso, el caso de Edith no es una excepción.
Es una continuidad.
Una que ya no puede explicarse
solo por el crimen... sino por la forma en que el Estado llega tarde,
duda primero y actúa después.
Y en ese intervalo —ese que la
ley dice que debe ser inmediato— es donde la realidad vuelve a romper la
promesa de no repetición.
Edith y la aquiescencia del Estado
El consentimiento implícito o
tolerancia del Estado ante la vulneración de un derecho humano sucede cuando
las autoridades, por acción u omisión, no actúan, guardan silencio o no
investigan frente a abusos de agentes estatales o de terceros, convirtiéndose
en cómplices.
La inacción o el silencio de la
Fiscalía —desde el momento mismo en que la familia acudió a denunciar y en el
que la ley obligaba a intervenir de inmediato— no es un detalle menor. No se
trata solo de una demora administrativa ni de un error de procedimiento.
Puede configurar, al menos, una
forma de responsabilidad estatal por omisión, al incumplir el deber de
proteger, investigar y actuar con debida diligencia frente a una posible
desaparición.
Las coberturas en tiempo real,
los testimonios de la familia y la reconstrucción de los hechos muestran que
ese tiempo —el más crítico— se perdió.
Y eso cambia todo.
Porque entonces la pregunta deja de ser únicamente qué
ocurrió dentro del edificio.
Pasa a ser otra: qué ocurrió —o
qué dejó de ocurrir— en la institución encargada de actuar cuando una vida
estaba en riesgo.
Y eso, más que un error operativo, apunta a un problema
estructural.
La mentira de las setenta y dos horas
La idea de esperar setenta y dos
horas no es solo un error. Es una práctica que sigue costando vidas.
Los protocolos existen
precisamente porque las primeras horas son críticas. Sin embargo, en la
práctica, esa narrativa persiste como un reflejo burocrático que minimiza,
retrasa y, en muchos casos, condena.
El cambio de narrativa oficial
Solo cuando el cuerpo de Edith
apareció en el sótano de la Torre Murano y el caso se volvió tema
nacional, la Fiscalía cambió de tono. La titular, Bertha Alcalde Luján,
anunció que el feminicidio se investigaría bajo protocolo, reprobó la conducta
de servidores públicos que atendieron a la familia y prometió sanciones
administrativas y penales para quienes hubieran cometido omisiones, demoras
injustificadas o incluso actos de corrupción. Al mismo tiempo, la dependencia
informó que tenía identificado a un probable responsable —el vigilante del
edificio—, detalló que en la caseta se hallaron manchas de sangre y abrió una
carpeta por la presunta solicitud de dinero a los familiares.
La narrativa oficial comenzó
entonces a insistir en que desde el primer momento se activaron los protocolos.
Pero esa afirmación choca con
otra realidad: la de quienes buscaron solas a Edith mientras el tiempo pasaba.
Conforme creció el escrutinio
público, la Fiscalía entró en una fase defensiva: reiteró en comunicados y
entrevistas que no fabrica culpables y que la imputación por feminicidio contra
el vigilante se sustenta en datos de prueba sólidos, como indicios biológicos y
evidencia de que las cámaras del edificio estaban desconectadas en el periodo
en que Edith ingresó, con acceso del propio vigilante para manipularlas.
La disputa por la verdad
El caso no solo se disputa en los hechos.
Se disputa en las declaraciones.
De un lado, la Fiscalía construye
una narrativa de certeza: sostiene que el ataque ocurrió en la caseta de
vigilancia, que existen pruebas periciales suficientes y que el proceso penal
se sostendrá tanto en tribunales como ante la opinión pública. Reitera que se
actuó bajo protocolo, con perspectiva de género, y que mantiene comunicación
permanente con la familia.
Del otro lado, la familia de
Edith describe una experiencia radicalmente distinta: búsqueda iniciada por
cuenta propia desde las primeras horas, negativas institucionales, la
insistencia en esperar setenta y dos horas y un entorno de desdén y revictimización.
A ello se suma la acusación de solicitudes de dinero para activar diligencias,
que derivó en la separación de un funcionario y en la apertura de una
investigación interna.
Entre ambas versiones hay un punto de quiebre evidente.
Mientras la autoridad afirma que
los protocolos se activaron desde el primer momento, la reconstrucción de los
hechos —y el propio testimonio de la familia— señala un vacío crítico de más de
veinticuatro horas antes de intervenir el inmueble que había sido identificado
desde el inicio.
Esa contradicción no es menor.
Porque obliga a preguntarse no
solo qué ocurrió en el edificio, sino qué ocurrió en la institución encargada
de actuar cuando una persona desaparece.
La propia fiscal, Bertha Alcalde
Luján, ha reconocido que se investigan posibles retrasos, actos de corrupción y
conductas indebidas dentro de la Fiscalía, al tiempo que promete que el caso no
quedará impune y que se agotarán líneas de investigación como el posible
esquema de reclutamiento de mujeres a través de vacantes engañosas.
Sin embargo, incluso esas
declaraciones están marcadas por matices: se admite la posibilidad de
irregularidades internas, pero se insiste en la solidez del caso; se abre la
puerta a investigar redes de captación, pero se señala que no existen denuncias
previas relacionadas con el inmueble.
En paralelo, analistas y medios
han leído estas posturas como parte de una estrategia defensiva. La frase "no
fabricamos culpables" no aparece en el vacío: surge en un contexto
de desconfianza acumulada, donde otros casos han dejado una huella difícil de
borrar.
Un patrón que se repite
No es la primera vez que una
autoridad afirma tener pruebas sólidas mientras enfrenta cuestionamientos por
omisiones iniciales. Tampoco es nuevo que el reconocimiento de fallas llegue
después de que la presión pública escala, ni que las investigaciones internas
convivan con una narrativa oficial que insiste en la corrección del
procedimiento.
Ese patrón —respuesta tardía,
defensa institucional, admisión parcial de errores y concentración en un responsable
individual— se repite con variaciones en distintos casos. No siempre implica la
inexistencia de culpables, pero sí revela una constante: la dificultad del
sistema para reconocer, de inicio, sus propias fallas estructurales.
Y es ahí donde el caso de Edith deja de ser solo un
expediente.
El edificio que debía proteger
El Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado justamente
para impedir que quienes ya han sido amenazados o desplazados vuelvan a quedar
expuestos. En Ciudad de México, esa política pública se traduce en medidas como
escoltas, botones de pánico y refugios temporales arrendados a través de
empresas de seguridad que operan en la frontera entre lo público y lo privado.
El edificio donde Edith fue
localizada —la Torre Murano— tampoco es un escenario neutro.
Durante años funcionó como conjunto habitacional de nivel medio-alto y, al
mismo tiempo, como espacio utilizado por el Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según relató el
periodista desplazado Luis Cardona, quien vivió ahí como beneficiario de
ese programa. Un lugar con controles de acceso, monitoreo constante y sistemas
de videovigilancia. Un espacio diseñado, en teoría, para proteger vidas. Esa
doble condición vuelve más incómoda la pregunta de fondo.
Tecnología sin protección
Porque tener cámaras no es lo mismo que tener seguridad.
Y tener protocolos no es lo mismo que aplicarlos.
Responsabilidades abiertas
En un entorno así, la pregunta no
es solo qué falló, sino quién responde por la cadena completa: quién administra
el inmueble, quién controla las grabaciones, quién supervisa el uso de los
espacios y quién permite que se convierta en punto de citas laborales opacas.
En el caso de la Torre Murano, el propio Cardona apunta a la empresa
privada RCU Sistemas como intermediaria del Mecanismo en la renta y
operación de los refugios, una compañía que ya había sido cuestionada por
deficiencias en su desempeño y por la forma en que obtuvo contratos para
proteger a periodistas, según documentaron medios como Noroeste y SinEmbargo.
Más allá de un culpable
Reducir el caso a un solo
responsable es, en el fondo, una forma de cerrar demasiado pronto preguntas que
siguen abiertas.
Una falla estructural
Porque el problema no se agota en la responsabilidad
individual.
Es estructural.
Es la trampa laboral sin regulación.
Es la precariedad que empuja.
Es la tecnología que observa pero no protégé.
Es la burocracia que espera cuando debería actuar.
Es la institución que reacciona solo cuando la presión la alcanza.
La pregunta de fondo
Porque al final, la pregunta no
es solo quién la mató. Ni siquiera cómo ocurrió dentro de un espacio que, en
teoría, estaba diseñado para vigilarlo todo.
La pregunta de fondo es otra: qué
tipo de sistema permite que una joven entre a un edificio controlado,
desaparezca ahí mismo y pase más de un día antes de que alguien decida buscarla
en serio.
No es solo una falla.
Es una forma de operar.
Y mientras eso no cambie, las cámaras seguirán grabando...
pero la justicia seguirá llegando tarde.
Referencias
Martínez, B. (2026, 18 de abril). Periodista relata
que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para
desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano. El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/
Redacción El Universal. (16 de abril de 2026).
Feminicidio de Edith Guadalupe: cronología del caso que ha sacudido a la
CDMX. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
Redacción El Universal. (18 de abril de 2026). En
caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra
vigilante. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
Gutiérrez, N. (19 de abril de 2026). Las horas
perdidas para resolver el crimen de Edith Guadalupe. El País. https://elpais.com/
Redacción El País. (17 de abril de 2026). La Fiscalía
de Ciudad de México detiene a un probable responsable del feminicidio de Edith
Guadalupe. El País. https://elpais.com/
Redacción Infobae. (17 de abril de 2026). Feminicidio
de Edith Guadalupe: cámaras "inservibles" y sobornos, las
irregularidades de la Fiscalía de CDMX que denuncia su mamá. Infobae.
https://www.infobae.com/
Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Fiscalía
CDMX revela nuevos detalles de cómo habría ocurrido el feminicidio de Edith
Guadalupe. Infobae. https://www.infobae.com/
Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Feminicidio
de Edith Guadalupe: revelan causa de muerte. Infobae. https://www.infobae.com/
Redacción Infobae. (16 de abril de 2026). Edith
Guadalupe acudió a pedir trabajo en edificio de la CDMX, pero no salió; hoy
hallaron su cuerpo en el sótano. Infobae. https://www.infobae.com/
Redacción Proceso. (17 de abril de 2026). Feminicidio
de Edith Guadalupe expone deficiencias y corrupción en la Fiscalía de
CDMX. Proceso. https://www.proceso.com.mx/
Redacción Milenio. (17 de abril de 2026). Edith
Guadalupe: cronología del feminicidio en Benito Juárez, CdMx. Milenio.
https://www.milenio.com/
Redacción N+. (16 de abril de 2026). Hallan sin vida
a Edith Guadalupe Valdés: esta es la cronología del caso. N+. https://www.nmas.com.mx/
Redacción Excélsior. (18 de abril de 2026).
Feminicidio de Edith Guadalupe exhibe el riesgo por falsas vacantes laborales
en redes sociales. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/
Redacción Excélsior. (18 de abril de 2026). Ofertas
laborales en Torre Murano buscaban "puras jovencitas"; ofrecían
salarios de hasta 12 mil pesos. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/
García Soto, S. (19 de abril de 2026). Caso Edith
Guadalupe: la Fiscalía de la CDMX, en entredicho. Serpientes y
Escaleras. https://serpientesyescaleras.mx/
De Mauleón, H. (2026, 19 de abril). Edith Guadalupe: la
crisis mayor para Bertha Luján. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
Redacción Noroeste. (2019, 26 de marzo). Segob de EPN
empleó a polémica empresa para cuidar a periodistas y aun así la recontrató 6
veces. Noroeste. https://www.noroeste.com.mx/
Redacción SinEmbargo. (2019, 26 de marzo). RCU
Sistemas, deficiente para Mecanismo de Protección. SinEmbargo. https://www.sinembargo.mx/
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ONU-DH). (2021, 28 de febrero). Mecanismo de
Protección de la Ciudad de México. Puntal. https://hchr.org.mx/
