OTRA PERSPECTIVA

 

OTRA PERSPECTIVA

Tragedia ferroviaria: culpables sin rostro

Cuando el poder se indigna por las imágenes y no por las causas

Por José Rafael Moya Saavedra

I. La tragedia visible

En el Istmo no hubo “incidente”.
Hubo funerales.

Hubo salas de hospital donde los familiares esperaron horas sin información. Hubo mantas improvisadas con fotografías impresas en papel común, veladoras encendidas en patios, niños preguntando por adultos que ya no volvieron. Hubo nombres que empezaron a circular antes que cualquier comunicado oficial.

Mientras tanto, desde el poder, la tragedia fue nombrada con palabras asépticas: accidente, hecho lamentable, evento. Términos que no sangran, no lloran, no cargan ataúdes. En esa distancia semántica se abre la primera grieta: las víctimas tienen rostro; el Estado, lenguaje técnico.

Las portadas que mostraron esos rostros no inventaron el dolor. Lo hicieron visible. No añadieron tragedia: la documentaron. En un país acostumbrado a reducir la muerte a cifras, poner nombre y cara es una forma de memoria y de exigencia, no de morbo.

Ahí el título cobra cuerpo: tragedia ferroviaria, culpables sin rostro. Porque en la escena pública, los únicos que aparecen plenamente son quienes perdieron algo irreparable. Los responsables, en cambio, comienzan a diluirse desde el primer día en fórmulas impersonales: la empresa, la autoridad competente, se investigará.

II. Culpables sin rostro: la cadena de decisiones invisibles

Toda tragedia de infraestructura es también una tragedia de decisiones. No ocurre de golpe: se construye en capas. En el caso del Tren Interoceánico, la pregunta no es solo qué pasó, sino quién decidió qué, cuándo y pese a qué advertencias.

Hay varios niveles que rara vez aparecen en las conferencias:

• quienes concibieron el proyecto bajo plazos políticos que comprimieron márgenes técnicos;
• quienes licitaron, subcontrataron y supervisaron obra y operación;
• quienes recibieron alertas —auditorías, reportes técnicos, advertencias comunitarias— y optaron por minimizarlas;
• quienes autorizaron pruebas, pusieron trenes en marcha y hoy controlan los expedientes.

Ese es el verdadero sentido de los “culpables sin rostro”: no una cacería individual, sino una opacidad estructural que disuelve la responsabilidad en sellos, siglas y trámites. El resultado es conocido: la mala planeación se vuelve abstracta, la negligencia se convierte en “fallo”, y la cadena de mando desaparece detrás de la promesa ritual de que “se llegará hasta las últimas consecuencias”.

Desde una perspectiva de gestión de riesgos, esto no describe un infortunio. Describe un sistema que ignoró señales, subordinó criterios técnicos a urgencias políticas y dejó la prevención en segundo plano. Nada de eso tiene cara en la narrativa oficial. Nada de eso ocupa portadas.

III. La “ética” como dispositivo de control: cuando el poder disciplina al mensajero

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum contra El Universal no puede leerse solo como una diferencia de criterios editoriales. Es un acto político de encuadre. Al calificar de “inhumana”, “vil” y “carente de pudor” la publicación de los rostros de las víctimas, el gobierno desplazó deliberadamente la discusión desde la responsabilidad por el daño hacia la moralización del periodismo.

Desde la ética periodística, el asunto es más preciso —y menos conveniente para el poder— de lo que se quiso presentar. Los códigos deontológicos vigentes en México establecen tres principios claros:

1. Interés público: la publicación de imágenes debe estar justificada por su contribución a la comprensión de un hecho relevante para la sociedad, especialmente cuando implica responsabilidades públicas.
2. Dignidad y no revictimización: evitar el uso morboso del dolor y cualquier tratamiento que humille o instrumentalice a las personas afectadas.
3. Protección reforzada de la niñez: niñas, niños y adolescentes no deben ser identificables en contextos de violencia, muerte o desastre; su interés superior prevalece sobre el interés informativo.

Desde este marco, la crítica ética correcta es quirúrgica, no generalizada: sí, la publicación del rostro de una menor fallecida sin difuminar constituye una falta ética concreta, contraria a los propios códigos de la prensa y a los estándares de derechos de la niñez. Ese señalamiento es legítimo, necesario y debe asumirse.

Pero eso no autoriza al poder a declarar “inhumana” la visibilización de las víctimas en su conjunto, ni a descalificar a un medio por nombrar y mostrar el daño cuando ese daño está directamente vinculado a un proyecto estatal. Ese salto retórico no es ético: es estratégico.

Desde la perspectiva de la Gestión Integral del Riesgo, el desplazamiento es aún más problemático. La GIR parte de un principio básico: los desastres no son eventos naturales ni fortuitos, sino el resultado de decisiones humanas acumuladas en contextos de vulnerabilidad. Por eso, uno de sus pilares es la rendición de cuentas: identificar responsables, transparentar procesos, aprender del error para evitar la repetición.

En ese marco, visibilizar a las víctimas no es un exceso, sino una condición para:

• romper la abstracción del riesgo,
• vincular consecuencias humanas con decisiones técnicas y políticas,
• y exigir correcciones estructurales.

Cuando el gobierno centra su indignación en la imagen publicada y no en la cadena de decisiones que produjo el daño, incurre en una inversión ética grave: protege el relato antes que a la prevención.

La invocación presidencial de la “ética” no se dirigió a esclarecer:

• qué alertas existían,
• quién decidió ignorarlas,
• bajo qué criterios se autorizó la operación,
• ni quién controla hoy la información técnica.

Se dirigió al lente de la cámara.

Ese uso selectivo del lenguaje moral tiene efectos inhibitorios: convierte la ética en advertencia implícita a la prensa —“mostrar esto es indebido”— y no en estándar exigible al propio Estado. No es una ética de la responsabilidad, sino una ética defensiva del poder.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa el uso histórico de imágenes de víctimas por el mismo proyecto político. Durante años, los rostros de otras tragedias fueron aceptados —e incluso incorporados— como símbolos legítimos de memoria, empatía y compromiso moral. Hoy, cuando una portada vincula rostros con mala planeación y falla institucional, esas imágenes pasan a ser calificadas como “inhumanas”.

No estamos ante una discusión sobre sensibilidad. Estamos ante una disputa por el control del significado del dolor.

Desde la ética periodística, la pregunta central no es si incomoda al poder, sino si sirve al derecho de la sociedad a saber.

Desde la Gestión Integral del Riesgo, la pregunta es aún más directa: ¿esa información contribuye a identificar causas y prevenir futuros daños?

Cuando ambas respuestas son afirmativas, lo éticamente cuestionable no es la publicación, sino el intento de disciplinarla.

IV. Devolver el rostro a la responsabilidad

La tragedia ya tiene rostro.
Lo que no lo tiene es la responsabilidad.

No se trata de exhibir caras por venganza ni de convertir el dolor en espectáculo. Se trata de romper la impunidad abstracta que permite que la mala planeación, la negligencia y el uso político de la infraestructura sigan siendo culpables sin nombre, sin cargo y sin consecuencias visibles.

Una democracia no se mide por su capacidad de indignarse ante una portada, sino por su disposición a mirar de frente las decisiones que produjeron el daño. Cuando el poder se escandaliza más por las imágenes que por las causas, el problema deja de ser periodístico. Se vuelve profundamente político.

 Mientras los muertos y heridos tienen nombre y foto, la responsabilidad estatal se esconde tras siglas y conferencias. El poder se indigna por las imágenes, no por las decisiones que hicieron posible la tragedia.