sábado, 3 de enero de 2026

 

OTRA PERSPECTIVA

Venezuela: cuando la caída del tirano no es sinónimo de libertad

Soberanía, petróleo y el costo de una transición impuesta

Por José Rafael Moya Saavedra

La salida de Nicolás Maduro del poder era, para amplios sectores de la sociedad venezolana, una necesidad histórica. No se trataba ya de una disputa ideológica, sino de la constatación de un agotamiento político, económico y moral que había convertido al Estado en un aparato de control, exclusión y supervivencia para una élite cada vez más reducida. Sin embargo, el modo en que ese desenlace se produjo —mediante una operación militar extranjera encabezada por Estados Unidos— plantea una paradoja profunda: la caída de un régimen ilegítimo no garantiza una transición legítima cuando el método anula la soberanía popular.

El caso venezolano obliga a sostener dos ideas simultáneas, incómodas pero necesarias: el madurismo debía terminar, pero su caída por intervención extranjera abre un escenario igualmente problemático, marcado por tutelaje externo, disputa por recursos estratégicos y una democracia naciente con cimientos frágiles.

I. El agotamiento del madurismo: una caída anunciada desde dentro

Mucho antes de la intervención militar estadounidense de enero de 2026, el régimen de Nicolás Maduro ya había perdido sus principales fuentes de legitimidad. El fraude electoral de 2024, ampliamente denunciado por observadores independientes y organizaciones de derechos humanos, terminó de clausurar la posibilidad de una continuidad democrática. A ello se sumaron años de represión sistemática, encarcelamiento de opositores, cierre del espacio cívico y uso del aparato estatal para perpetuarse en el poder.

El colapso económico fue el telón de fondo permanente: hiperinflación sostenida, depreciación extrema del bolívar, dolarización de facto sin protección social, destrucción del salario y una economía incapaz de generar bienestar mínimo. El éxodo de casi ocho millones de venezolanos desde 2015 no fue una conspiración externa, sino la expresión más clara de un contrato social roto.

En este contexto, existía un consenso amplio —transversal ideológicamente— sobre la ilegitimidad del gobierno de Maduro. La pregunta no era si debía terminar, sino cómo.

II. La intervención estadounidense: de la retórica antinarcóticos al cambio de régimen

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó la operación militar “Absolute Resolve”, con ataques aéreos en el norte de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, trasladado fuera del país bajo custodia estadounidense. Washington presentó la acción como parte de la “guerra contra el narco-terrorismo”, acusando al mandatario de encabezar redes criminales vinculadas al tráfico de drogas y a grupos armados.

Sin embargo, los hechos desbordaron rápidamente ese marco retórico. La captura de un jefe de Estado, los bombardeos en zonas urbanas, la declaración pública de Donald Trump afirmando que Estados Unidos “va a dirigir Venezuela hasta una transición” y la insinuación de un posible despliegue de tropas colocaron la operación en otro terreno: el de un cambio de régimen impuesto por la fuerza.

Juristas, expertos en derecho internacional y el propio secretario general de la ONU advirtieron que se trataba de un precedente peligroso, al margen del sistema multilateral y sin autorización expresa del Consejo de Seguridad. Incluso gobiernos aliados al fin del madurismo expresaron preocupación por la ruptura del principio de no intervención.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el problema no es solo político, sino normativo. La Carta de las Naciones Unidas establece, en su artículo 2(4), la prohibición casi absoluta del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, salvo en dos supuestos estrechos: la legítima defensa ante un ataque armado o una autorización expresa del Consejo de Seguridad. La operación contra Venezuela no encaja limpiamente en ninguno de esos marcos. La invocación de una supuesta lucha contra el “narco-terrorismo” no convierte automáticamente una campaña de bombardeos y la captura de un jefe de Estado en legítima defensa, y tampoco existió una resolución del Consejo de Seguridad que habilitara el uso de la fuerza.

En paralelo, algunos defensores de la intervención intentaron apoyarse en la retórica de la responsabilidad de proteger, una doctrina diseñada para prevenir genocidios y crímenes masivos cuando los Estados no protegen a su población. Pero uno de los consensos mínimos en torno a este principio es que no puede convertirse en coartada para cambios de régimen unilaterales ni para acciones militares decididas por una sola potencia en función de sus intereses estratégicos. Al aplicar de manera extensiva y oportunista lenguajes antiterroristas y humanitarios a un caso atravesado por petróleo, geopolítica y cálculo electoral, la operación contra Venezuela no fortalece el derecho internacional: lo erosiona.

III. Petróleo: el eje estructural que ordena el conflicto

Ningún análisis serio sobre Venezuela puede eludir el papel central del petróleo. El país posee las mayores reservas probadas del mundo, pero llega a esta coyuntura con una infraestructura devastada por años de mala gestión, sanciones y corrupción.

Donald Trump fue explícito: las grandes petroleras estadounidenses entrarían a Venezuela, invertirían miles de millones, repararían la infraestructura y recuperarían su inversión con el propio petróleo venezolano. Según sus palabras, “no costará nada” a Estados Unidos.

Esta franqueza, lejos de disipar sospechas, confirmó que el control político del país está indisolublemente ligado a la reorganización del control energético. No se trata solo de democracia, sino de quién administra y se beneficia de la renta petrolera futura.

IV. No solo Estados Unidos: los otros beneficiarios del petróleo venezolano

Sería un error reducir la historia reciente de Venezuela a un esquema simplista de expoliación unilateral por parte de Washington. Antes de la intervención, el madurismo ya había comprometido severamente la soberanía petrolera del país.

China se convirtió en el principal comprador de crudo venezolano tras el endurecimiento de sanciones, absorbiendo en algunos periodos cerca de dos tercios de las exportaciones mediante esquemas opacos y pagos en especie vinculados a deuda. Rusia operó como socio logístico y financiero clave, facilitando triangulaciones para colocar crudo en Asia y suministrando insumos esenciales. Irán aportó asistencia técnica para sortear sanciones, mientras Cuba recibió volúmenes menores pero estratégicos para su sistema eléctrico.

El resultado fue que el régimen hipotecó porciones crecientes de la renta petrolera futura, reduciendo el margen de decisión soberana. La intervención estadounidense no “libera” el petróleo: lo disputa y lo reordena.

V. ¿Fin necesario o camino equivocado?

Desde dentro de Venezuela, muchas voces sostuvieron una posición clara y compleja: rechazo simultáneo a Maduro y a la intervención extranjera. Colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos e incluso sectores de izquierda crítica coincidieron en que el autoritarismo debía terminar, pero no mediante una operación militar externa.

Esa tensión se veía con nitidez en la llamada oposición social venezolana: redes de organizaciones de base, sindicatos, movimientos estudiantiles, comunidades populares y colectivos de derechos humanos que durante años enfrentaron al madurismo sin alinearse con agendas de cambio de régimen dictadas desde Washington. En barrios del oeste de Caracas, en ciudades fronterizas como San Cristóbal o en las zonas petroleras de Anzoátegui y Zulia, abundaban testimonios que resumían una posición tan sencilla como incómoda: “Maduro tiene que irse” y “no queremos marines ni bombas decidiendo por nosotros”. Esa mezcla de cansancio, dignidad y desconfianza hacia cualquier forma de tutela externa estructura buena parte del sentido común popular.

Colectivos de familiares de presos políticos, gremios de salud y educación, así como articulaciones de trabajadores petroleros críticos del chavismo, insistían justamente en esa doble línea: exigían el fin de la represión y el autoritarismo, pero rechazaban que la salida llegara en forma de operación militar extranjera. Para ellos, la intervención no solo violaba la soberanía nacional, sino que además ponía en riesgo lo poco que quedaba de tejido social y capacidad organizativa autónoma. Una transición nacida bajo tutela externa corre el riesgo de intercambiar una élite cerrada por otra, dejando intacta la exclusión de quienes han sostenido, con su migración y su sobrevivencia cotidiana, el peso real de la crisis.

Al mismo tiempo, sería ingenuo ignorar que una parte de la oposición política, especialmente sus sectores más alineados con Washington y con ciertas diásporas en Estados Unidos y Europa, celebró abiertamente la intervención y la captura de Maduro. Para esos actores, la operación militar aparece como la consumación de una estrategia de años: sanciones, aislamiento diplomático y, finalmente, un desenlace forzado desde afuera. El problema es que cuanto más central sea ese sector en la reconfiguración del poder post-Maduro, más difícil será sostener que la nueva arquitectura política nace de la voluntad popular y no de un acuerdo entre élites locales y potencias externas. La transición corre así el riesgo de arrastrar, desde su origen, un déficit profundo de legitimidad.

VI. La factura humana: el costo que nunca se negocia

Mientras se discuten doctrinas, recursos y equilibrios geopolíticos, la población paga el precio inmediato. Los bombardeos nocturnos en Caracas y otras ciudades dejaron muertos y heridos, daños a infraestructura urbana, apagones y miedo generalizado. Hospitales ya colapsados enfrentan la crisis con menos insumos, mientras aumentan los riesgos para la niñez, las mujeres y los grupos indígenas.

El deterioro económico acelerado y la incertidumbre política auguran nuevas olas migratorias hacia países vecinos, profundizando una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Ningún cambio de régimen es limpio cuando se hace desde el aire.

VII. Conclusión: la libertad no se exporta en aviones

Venezuela necesitaba salir del madurismo. Esa afirmación no admite ya demasiada discusión. Pero la forma en que ese final ocurrió abre un dilema más profundo sobre soberanía, democracia y recursos estratégicos.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de transiciones tuteladas que derivaron en nuevas dependencias. La democracia no nace de custodias extranjeras ni de protectorados de facto. Sin soberanía popular, no hay reconstrucción legítima, solo administración del daño.

Cuando la caída del tirano no la decide el pueblo, la libertad llega hipotecada. Y el petróleo, una vez más, aparece como el hilo conductor de una tragedia que todavía está lejos de cerrarse.

Epílogo regional

El precedente que no se detiene en Venezuela

Lo ocurrido en Venezuela no puede leerse como un episodio aislado ni como una excepción histórica. El verdadero alcance de esta intervención está en el precedente que establece: la idea de que los recursos naturales pueden convertirse en justificación flexible para presiones extremas y acciones de fuerza.

En un mundo atravesado por la disputa energética, el acceso a hidrocarburos, minerales críticos y recursos estratégicos vuelve a ocupar un lugar central en la definición de amenazas y aliados. Cuando la narrativa de seguridad se combina con la geopolítica de los recursos, la soberanía deja de ser un principio incondicional y pasa a convertirse en una variable negociable.

Para América Latina, la señal es clara y perturbadora. Países con grandes reservas energéticas, minerales estratégicos o posiciones geopolíticas relevantes observan ahora cómo el umbral del uso de la fuerza se ha desplazado. Lo que ayer era disputa diplomática o presión económica, mañana puede ser reencuadrado como problema de seguridad hemisférica.

La pregunta que deja Venezuela abierta ya no es solo cómo reconstruir un país devastado, sino cómo evitar que la región entera vuelva a convertirse en escenario de tutelajes, intervenciones y guerras por recursos. Esa discusión —sobre soberanía, energía y poder— no ha hecho más que comenzar.

(Continuará en la segunda entrega de esta serie.)

Referencias

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