OTRA PERSPECTIVA

 

Otra Perspectiva | Parte 2

El precedente venezolano: recursos, soberanía y el nuevo umbral de intervención

Cuando la energía redefine los límites de la fuerza

Por José Rafael Moya Saavedra

Conviene no olvidar que este precedente no se juega solo en mapas y tableros geopolíticos. Nace de una intervención concreta que ya está dejando muertos, desplazados, hospitales colapsados y barrios enteros en zozobra en Venezuela. El mensaje hacia México, Brasil o Colombia parte, en última instancia, de una realidad brutal: un país con nombre y gente de carne y hueso cuyo tejido social vuelve a ser sacrificado en nombre de la “seguridad” y de la energía.

Desde esa experiencia concreta —no desde una abstracción académica— se proyecta hoy una advertencia hacia el resto de la región.

I. La lógica que se consolida: autoritarismo + recursos = amenaza

El caso venezolano refuerza una ecuación peligrosa. No se trata solo de derechos humanos, narcotráfico o democracia —argumentos ya habituales en la retórica internacional— sino de una lógica más profunda de geopolítica de recursos, en la que petróleo, gas, litio, minerales críticos y agua estratégica pesan tanto o más que los principios jurídicos.

El mensaje implícito es inquietante: si un gobierno es presentado como autoritario, mantiene conflictos con Estados Unidos y controla recursos estratégicos clave, puede ser reencuadrado como “amenaza a la seguridad” y quedar expuesto a operaciones de cambio de régimen de facto.

Esta elasticidad del argumento —narco-terrorismo hoy, seguridad energética mañana— rebaja el umbral para el uso de la fuerza y vuelve más frágiles las fronteras entre disputa diplomática, sanción económica y acción militar. El “precedente venezolano” no es, en ese sentido, una hipótesis futura: es el resultado directo de una operación militar que hoy mismo fractura aún más una sociedad ya golpeada por años de crisis y autoritarismo.

Esta lógica no es solo una inferencia analítica. Ha sido expresada de manera directa desde la Casa Blanca. Donald Trump declaró que Estados Unidos “va a dirigir Venezuela hasta que pueda darse una transición segura” y que, mientras tanto, se venderá el petróleo venezolano. En otra intervención pública afirmó que “tomaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo, y lo queremos de vuelta”, acompañando esas palabras con la orden de un “bloqueo total y completo” de los petroleros sancionados que entran y salen del país. Estas afirmaciones confirman que la operación no puede entenderse únicamente como una acción antinarcóticos: el control de la renta petrolera es un objetivo explícito, no colateral.

II. Estados bajo foco: México, Brasil y Colombia

México: energía, litio y la sombra histórica

Para México, el precedente venezolano reactiva temores históricos profundamente arraigados. Sectores estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y otros minerales críticos quedan inevitablemente bajo observación, sobre todo cuando se cruzan con tensiones comerciales, migración o narrativas de seguridad vinculadas al narcotráfico.

El riesgo no es una intervención militar directa inmediata, sino la acumulación de presión política, jurídica y económica, acompañada de discursos que puedan presentar decisiones soberanas como amenazas regionales. En ese escenario, la defensa de la autonomía energética deja de ser solo una política pública y se convierte en un problema de seguridad nacional.

Brasil: Amazonía, recursos y seguridad “global”

Brasil enfrenta un desafío distinto pero igualmente sensible. La Amazonía, su enorme riqueza energética y mineral, y su relación con China y otros actores extrahemisféricos lo colocan en una posición ambigua. Conflictos ambientales, deforestación o alineamientos geopolíticos podrían, en un contexto adverso, reencuadrarse como problemas de “seguridad global”, habilitando presiones más duras.

La experiencia venezolana demuestra que la frontera entre preocupación ambiental legítima y pretexto estratégico puede volverse peligrosamente difusa, especialmente cuando los recursos naturales están en el centro de la disputa.

Colombia: el aliado disciplinado

En Colombia, donde la cooperación con Washington en drogas y seguridad ha sido intensa durante décadas, el mensaje no es menos claro. Las advertencias públicas de Donald Trump al presidente colombiano muestran cómo sanciones, recortes de ayuda y amenazas veladas pueden usarse para disciplinar incluso a aliados formales.

La lección es incómoda: la alineación no garantiza inmunidad, solo reduce el margen de disenso.

No son solo los gobiernos los que leen con inquietud este giro. Sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, movimientos socioambientales y redes feministas de la región entienden que, si la combinación “autoritarismo + recursos” puede convertirse en excusa para intervenciones, también sus propias luchas pueden ser reencuadradas como “amenazas” cuando chocan con megaproyectos energéticos o mineros. Desde México hasta Brasil y Colombia, actores sociales que defienden territorios, ríos y bosques leen el caso venezolano con un doble temor: al autoritarismo interno y a la posibilidad de que, en nombre de la “seguridad energética”, sus reclamos sean tratados como riesgos a neutralizar y no como demandas democráticas.

III. Erosión de normas y militarización de la disputa por recursos

Juristas y analistas coinciden en que la acción en Venezuela debilita la prohibición del uso de la fuerza sin mandato multilateral. Si se normaliza que una potencia alegue “narco-terrorismo”, “recuperación de activos” o “seguridad energética” para intervenir donde hay petróleo o minerales críticos, las controversias económicas y diplomáticas pueden militarizarse con mayor facilidad.

Esta preocupación fue expresada de manera explícita desde las Naciones Unidas. El Secretario General manifestó estar “profundamente alarmado” por la escalada en Venezuela y advirtió que la acción militar de Estados Unidos “constituye un precedente peligroso”, enfatizando la obligación de respetar plenamente la Carta de la ONU.

Este deterioro normativo no afecta solo a América Latina. Si se tolera que una potencia invoque estos argumentos para intervenir donde tiene intereses estratégicos, Europa y el propio Sur Global quedarán en peor posición para oponerse, mañana, a acciones similares de otras potencias —China, Rusia u otras— que utilicen el mismo tipo de justificaciones. Lo que hoy se normaliza en Venezuela se convierte en argumento disponible para cualquiera que quiera doblar las reglas mañana.

IV. Impacto energético: volatilidad, precios y reordenamiento regional

La intervención en Venezuela añade volatilidad estructural al mercado energético hemisférico, particularmente en el segmento del crudo pesado. El riesgo de interrupciones adicionales, el encarecimiento del diésel y la mayor incertidumbre para países dependientes del suministro venezolano son efectos inmediatos.

A mediano plazo, si Estados Unidos pasa a “administrar” de facto el sector petrolero venezolano y prioriza a sus propias refinerías y aliados, otros países latinoamericanos pueden quedar relegados. La energía deja de ser solo mercancía: vuelve a ser instrumento de poder.

V. Dependencia y subordinación: el riesgo silencioso

La afirmación de Washington de que va a “dirigir” Venezuela, incluido su sector petrolero, instala un modelo de tutela que trasciende el caso venezolano. Este esquema puede presionar a otros Estados a alinear su política energética para evitar sanciones, exclusión de mercados o castigos financieros.

El efecto colateral es una reducción del margen soberano para estrategias propias de transición energética, nacionalismo de recursos o alianzas con actores no occidentales. La energía deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en mecanismo de disciplinamiento geopolítico.

VI. El Caribe y Cuba: seguridad energética bajo presión

La intervención golpea de manera directa a Cuba, altamente dependiente del crudo venezolano en condiciones preferenciales. La reducción, redirección o control externo estricto de esos flujos incrementa el riesgo de apagones y racionamiento, profundiza la crisis económica interna y refuerza la capacidad de presión externa sobre la isla.

A nivel regional, el debilitamiento del eje energético Caracas–La Habana reduce opciones de suministro blando en el Caribe y aumenta la dependencia de importaciones a precios de mercado desde Estados Unidos u otros proveedores, con efectos políticos y sociales de largo plazo.

VII. Conclusión: cuando la energía se convierte en campo de batalla

La intervención en Venezuela no solo redefine su futuro inmediato. Redefine las reglas implícitas del juego para los países con recursos estratégicos. La energía, lejos de ser un factor de cooperación, vuelve a convertirse en un campo de disputa militarizada.

El riesgo mayor no es un conflicto puntual, sino la normalización de la fuerza como instrumento de política energética. En ese escenario, rutas marítimas, puertos e infraestructura crítica pasan a ser objetivos potenciales, elevando costos, inseguridad y dependencia.

La lección es clara y dura: cuando los recursos se vuelven excusa, la soberanía se vuelve condicional.

Referencias

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