OTRA PERSPECTIVA
Mundial 2025, cierto olor a podrido
El otro Mundial: desplazamiento, fosas y marbetes en las
ciudades que México quiere mostrar al mundo
Por Jose Rafael Moya Saavedra
México se prepara para el Mundial
2026 con la mirada puesta en el turismo, la inversión y la proyección
internacional. Sin embargo, diversos conflictos sociales y demandas pendientes
mantienen abierto el debate sobre los retos internos que el país enfrenta
mientras busca mostrar una imagen de estabilidad y desarrollo.
En las tres ciudades sede
mexicanas el mismo patrón se repite con variaciones locales: obras faraónicas
conviven con vecinos expulsados de sus barrios, colectivos que buscan a sus
muertos mientras la maquinaria pesada levanta estadios, y comunidades que recibirán
marbetes para entrar a sus propias casas durante los días de partido. El
espectáculo que FIFA venderá al mundo durará 39 días. Las crisis que lo rodean
llevan décadas.
La ciudad que se embellece expulsando a sus habitantes
En Santa Úrsula Coapa, a pocas
cuadras del Estadio Azteca —rebautizado Estadio Ciudad de México para el
torneo—, María Estela no celebra el Mundial. Lo teme. El agua ya escasea en su
barrio y el desarrollo inmobiliario ha duplicado los alquileres en la zona. "También
nos preocupa que el predial suba hasta el punto de no poderlo pagar y que nos
veamos obligados a irnos", dice. No quiere vender. Quiere
quedarse. Pero el mercado tiene otros planes.
Su caso no es aislado. Entre
julio y octubre de 2025 se registraron unas 2,600 denuncias por despojo en la
Ciudad de México, frente a 3,300 en todo 2019 — casi el mismo volumen en cuatro
meses — según datos citados por colectivos ante el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat. El mismo foro donde el gobierno capitalino,
con llamativa ironía, defendía su "agenda anti-gentrificación".
El corredor de Calzada Tlalpan —
desde Doctores hasta Santa Úrsula Coapa — es hoy el epicentro del
desplazamiento. Según la consultora 4S Real Estate, existen 400,000 unidades de
renta temporal frente a apenas 10,000 de renta permanente en la zona. El especialista
Leonardo González Tejeda lo califica sin rodeos: "el desplazamiento
de los locales es un juego de discriminación", según Mi Bolsillo. La consultora Deloitte proyecta además que el
número de anfitriones en Airbnb subirá un 61% como consecuencia directa del
torneo.
El Frente Antigentrificación lo
nombra sin eufemismos: "limpieza social". En un
comunicado de diciembre de 2025 advertían que "las personas de la tercera
edad son las principales víctimas de los diversos eventos de despojo cobijados
por proyectos urbanos que potencialmente benefician intereses inmobiliarios
privados".
La gentrificación tiene otra cara
menos discutida: la del trabajo. La jefa de Gobierno Clara Brugada declaró que
2026 sería "el año del reordenamiento del comercio informal"
y fijó como meta retirar a 4,500 comerciantes de la vía pública. Jairo Geovanni
acomoda su pequeña parrilla desde el zaguán de su casa. El negocio que antes
operaba en la banqueta quedó reducido a su domicilio por las nuevas
regulaciones. Patricia Carrillo, vecina de Santa Úrsula Coapa, lo dice sin
ambages: "No sé qué vamos a hacer los comerciantes... no va a haber
nada de puestos", según reportó CNN en Español. La alternativa oficial — un nuevo mercado
público en la zona — sigue en construcción. Nadie sabe cuándo estará listo.
El problema estructural es más
profundo. Más del 55% de los trabajadores en México están en la economía
informal, según la ENOE. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano
alertó en mayo que los aproximadamente 112,000 empleos temporales que generará
el torneo — según Deloitte — corren el riesgo de reproducir la informalidad
estructural del país, según Yahoo Noticias/EFE. En otras palabras: el Mundial podría
generar trabajos que se parezcan exactamente a los que está desplazando.
La advertencia más contundente
llegó desde afuera. Human Rights Watch advirtió en mayo que el torneo podría
convertirse en "un posible desastre en materia de derechos humanos".
La directora Minky Worden fue categórica: "aunque la Copa del Mundo siga
siendo la más grande, no será la mejor en términos de derechos humanos",
según KCH Comunicación. Lo que ocurre al sur de la Ciudad de
México le da contenido concreto a esa advertencia.
Guadalajara: la ciudad que busca entre fosas mientras
construye estadios
La contradicción más brutal del
Mundial 2026 en México tiene coordenadas precisas: el municipio de El Salto,
Jalisco, a unos cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y
a pocos más del Estadio Akron, sede de cuatro partidos del torneo. Ahí, desde
el 25 de abril, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco excava un predio que
operó como sitio de inhumación clandestina desde 2010. El hallazgo: más de 60
bolsas con restos humanos, cuerpos completos y personas calcinadas. "No
ha habido un día que no sea positivo", dijo Cecilia Flores a los
medios, según EFE.
La fosa de El Salto no es un caso
excepcional sino un episodio más de una geografía del horror. El grupo
Buscadores Guerreros de Jalisco localiza un promedio de dos fosas al mes en el
área metropolitana. Algunas contienen un solo cuerpo, otras más de 40, otras 95
o más, según El País. Mientras la maquinaria pesada trabajaba sin parar
en las obras mundialistas, Jaime Aguilar, vocero de los Buscadores Guerreros,
lanzó la acusación más incómoda: "Cuando pedimos una retroexcavadora
para que nos ayude en nuestras búsquedas, nunca hay ninguna disponible".
El contraste entre la maquinaria
disponible para los estadios y la que falta para encontrar a los muertos
sintetiza la jerarquía de prioridades del Estado mexicano frente al evento.
Jalisco es el estado con más personas desaparecidas de todo México: más de
16,000 carpetas de investigación abiertas al 30 de abril de 2026. A nivel
nacional, la cifra supera las 130.000 personas.
Frente a ese volumen, el Colectivo
Luz de Esperanza eligió el lenguaje del torneo para hablar del dolor.
Convirtió fichas de búsqueda en cromos al estilo Panini, con los rostros de
desaparecidos vistiendo la camiseta de la selección mexicana. La pregunta
debajo de cada estampa: "El balón vuelve a la cancha... ¿nuestros
desaparecidos cuándo volverán a casa?", según El País. Más de 120 familias tienen previsto viajar a la
Ciudad de México para protestar durante el partido inaugural del 11 de junio.
El tema del crimen organizado es
inseparable de cualquier análisis de la seguridad en las sedes mexicanas, pero
en Guadalajara adquiere su dimensión más documentada. Dos funcionarios y dos
integrantes del CJNG confirmaron por separado al periodista Ioan Grillo que los
cárteles ordenaron a sus operadores "no meterse con el Mundial". La
Policía de Jalisco está más pendiente de las células criminales menores que
podrían no acatar la tregua informal, según El Financiero. Que la seguridad de un evento FIFA descanse,
en parte, sobre la palabra de un cártel resume la paradoja de la Guadalajara
mundialista.
El operativo "Última
Milla" restringe la movilidad en un radio de tres kilómetros
alrededor del estadio los días de partido. El regidor de Morena Chema Martínez
cuestionó el modelo en términos duros: "Toda la inversión tiene que ver
con obras fachada. No tenemos agua para la gente, pero sí la vamos a garantizar
para millones de turistas", según Página 24 Jalisco. La queja conecta directamente con la de
María Estela en Santa Úrsula Coapa: el agua escasea para los de siempre, pero
no escaseará para el espectáculo.
Monterrey: marbetes para entrar a casa propia y promesas
incumplidas
A diferencia de las otras dos
sedes, Monterrey ha recibido menor cobertura mediática sobre sus fricciones
mundialistas. Pero las tensiones existen y tienen nombre de colonia: La Quinta,
en el municipio de Guadalupe, aledaña al Estadio BBVA. El operativo vial para
los días de partido incluye un detalle que generó indignación entre los
residentes: recibirán marbetes para poder ingresar a sus propios barrios.
El símbolo es elocuente. Cruz
Rolando de la Fuente lo dijo en reunión con autoridades: "Desde la
construcción del estadio se han realizado múltiples promesas que nunca se
cumplieron", según Milenio. En una ciudad que lleva décadas construyendo su
imagen de metrópoli empresarial y ordenada, el Mundial expone una relación
entre el Estado y sus ciudadanos que no admite parafraseo: los vecinos
necesitan un permiso para volver a casa.
En materia de infraestructura,
Monterrey comparte con la Ciudad de México el mismo diagnóstico: compromisos
anunciados que no se materializaron. El analista Javier Tejado Dondé señaló que
los anuncios del gobernador de Nuevo León — ampliación del metro, más de mil
camiones para mover aficionados — "quedaron en datos y ruedas de
prensa". En esa lectura, Guadalajara fue la sede que mejor cumplió
sus preparativos porque "prácticamente ya tenía todo listo".
Las otras dos llegaron al torneo con deudas pendientes hacia sus propios
habitantes.
En el plano del crimen
organizado, el patrón es el mismo que en Jalisco. El Cártel del Noreste opera
activamente en la zona metropolitana de Monterrey, y la instrucción a sus
operadores también fue "no meterse con el Mundial". La
tregua informal — no firmada, no negociada por el Estado, no verificable —
opera como un acuerdo tácito entre el mundo del espectáculo global y el crimen
local. Lo que eso revela sobre la arquitectura real del poder en las ciudades
sede es una pregunta que los comunicados oficiales de seguridad prefieren no
formular.
39 días de espectáculo, décadas de deuda: lo que el
Mundial no puede tapar
Una queja recorre con "gran
vehemencia" las calles de las ciudades sede: que el gobierno
mexicano ha priorizado la seguridad de los extranjeros sobre la de su propia
población. El Mundial dura 39 días. Las crisis de desapariciones,
desplazamiento y precariedad laboral llevan décadas.
Lo que los tres casos revelan en
conjunto no es una serie de problemas locales mal gestionados, sino la lógica
interna de los grandes eventos deportivos cuando se instalan sobre territorios
con deudas estructurales sin resolver. El modelo FIFA no aterriza en un vacío:
aterriza sobre geografías marcadas por la expulsión de los pobres de sus
barrios, la búsqueda de muertos que el crimen organizado acumula, y la promesa
reiterada — y sistemáticamente incumplida — de que el desarrollo llegará para
todos.
La gentrificación del sur de la
Ciudad de México, las fosas de El Salto y los marbetes de La Quinta no son
episodios separados. Son expresiones distintas del mismo principio: frente al
evento de escala global, los derechos cotidianos de los habitantes se vuelven
un problema logístico a administrar, no una obligación a garantizar. El
comerciante desplazado, la madre buscadora sin retroexcavadora, el vecino que
necesita un permiso para entrar a su casa — todos quedan fuera del encuadre
oficial.
La pregunta periodística que el
Mundial 2026 deja abierta no es si México puede organizar un torneo de ese
tamaño. Puede, y lo hará. La pregunta es qué precio pagan quienes viven donde
se instala el espectáculo, y qué queda cuando los turistas se van: si las fosas
siguen sin cerrarse, si los comerciantes siguen sin mercado, si los alquileres
no bajan y los marbetes no desaparecen. El balón siempre vuelve a la cancha. La
deuda social, en cambio, no tiene árbitro que pite el final.
