OTRA PERSPECTIVA

No es solo Sinaloa: el problema estructural detrás del escándalo

Por Jose Rafael Moya Saavedra

No es la primera vez que Sinaloa aparece en el centro de la conversación nacional.
Pero esta vez hay algo distinto.

No es solo la violencia.
No es solo la política.
No es solo el señalamiento externo.

Es la coincidencia de todo al mismo tiempo.

I. El punto de partida

En los últimos días ha circulado un contenido que ha encendido el debate público: un análisis transmitido en televisión y plataformas digitales que aborda la crisis política en Sinaloa, vinculándola con presuntos nexos entre actores políticos y el crimen organizado.

Se trata del programa:

"EN VIVO | Rocha Moya: Narcopartido en jaque" con Javier Alatorre. 

En él se sugiere que el gobierno de Rubén Rocha Moya y su partido operan bajo la sombra del narcotráfico, al punto de hablar de un "narcopartido" sometido a presión.

Fuente directa del análisis que detona este editorial:
https://www.youtube.com/live/2ZQuLdfjcUI?si=dK_0OySjh1ZdGKeD

II. Más allá del contenido: lo que revela

El material es fuerte.
Directo.
Incómodo.

Pero más allá de su tono, hay algo que no puede ignorarse:

el tema dejó de ser local.

Sinaloa, históricamente asociado al narcotráfico, se convierte nuevamente en un punto de presión, pero ahora con una variable adicional: la dimensión internacional.

Las menciones a investigaciones en Estados Unidos, las tensiones diplomáticas y el seguimiento mediático colocan el tema en otra escala: la de un estado observado no solo desde la capital del país, sino desde agencias y tribunales fuera de México.

III. El riesgo del todo o nada

El contenido que circula presenta afirmaciones contundentes.

Algunas pueden tener sustento.

Otras requieren verificación.

Y ahí está el riesgo: convertir una crisis compleja en una narrativa absoluta.

Porque cuando todo se reduce a:

• "es cierto"

o

• "es falso"

se pierde la posibilidad de entender lo que realmente está en juego.

Ese blanco o negro es funcional a la impunidad: los responsables se refugian en la duda generalizada, los inocentes quedan bajo sospecha permanente, la discusión pública se polariza y se aleja de los matices donde suele estar la verdad.

IV. Lo que sí está sobre la mesa

Más allá del debate mediático, hay elementos que son innegables:

• La presencia estructural del crimen organizado en regiones del país
• La fragilidad institucional en distintos niveles de gobierno
• La presión creciente de actores internacionales en materia de seguridad
• La percepción social de que el problema rebasa lo que se reconoce públicamente

Esto no es discurso.
Es contexto.

Y ese contexto no empezó con un programa de televisión, ni terminará cuando el ciclo mediático cambie de tema.

V. La pregunta de fondo

El debate no debería centrarse únicamente en nombres o partidos.

La pregunta real es: ¿qué tan sólido es el Estado frente al crimen organizado?

Porque si existen condiciones que permiten:

• infiltración
• tolerancia
• o captura institucional

entonces el problema no es un caso aislado.

Es un problema estructural.

Si en Sinaloa —y no solo ahí— hay indicios de que estas tres dinámicas conviven, lo que está en disputa no es solo un gobierno en turno, sino la calidad misma del Estado mexicano en esa región.

VI. Entre el escándalo y la responsabilidad

Es fácil amplificar el escándalo.
Es más difícil sostener un análisis serio.

Hoy se requiere:

• distinguir entre información y narrativa
• separar evidencia de interpretación
• mantener una postura crítica sin perder rigor

Porque lo que está en juego no es solo la reputación de actores políticos.

Es la credibilidad de las instituciones.

Y también la calidad del debate público: la primera responsabilidad ciudadana es no delegar el juicio en un solo programa, un solo periodista o un solo bando.

Cierre

Sinaloa no es una excepción.

Es un reflejo.

Y lo que refleja no es cómodo: un país donde la frontera entre política, seguridad y crimen no siempre es clara.

Por eso, antes de repetir, conviene revisar.

Antes de afirmar, entender.

Antes de tomar postura, informarse.

 

 

OTRA PERSPECTIVA

Noventa minutos de orden

El Plan Kukulkán busca garantizar un Mundial sin sobresaltos en un país donde la violencia no se resuelve, solo se administra fuera de cámara.

Por Jose Rafael Moya Saavedra

A los pocos días de que el gobierno federal confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y mientras Jalisco lidiaba todavía con los ecos de narcobloqueos y quemas de vehículos, una pequeña delegación de la FIFA aterrizó en México para revisar algo que oficialmente "no estaba en duda": la viabilidad de las sedes mexicanas del Mundial de 2026. La administración federal respondió con escenografía: en conferencia de prensa presentó el Plan Kukulkán, un operativo de seguridad hecho a la medida de la Copa del Mundo, con cifras estratosféricas de elementos desplegados, mención especial de inteligencia artificial, sistemas antidrones y vigilancia en la dark web. La escena parecía de manual: al mismo tiempo que los inspectores recorren estadios y despachos, el gobierno despliega en público un músculo que no solo pretende disuadir a criminales, sino convencer a socios y organizadores.

La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿el Estado mexicano se está preparando para proteger a los aficionados o, más bien, para blindar sus sedes frente a quienes quisieran llevárselas a Houston bajo el argumento de la inseguridad?

La respuesta corta es que intenta hacer ambas cosas a la vez. La larga tiene que ver con entender al Mundial como un campo de negociación discreta, donde la seguridad se convierte en diplomacia, la geopolítica se cuela por las puertas de los vestidores y el mapa de sedes refleja tanto la calidad de las defensas como el peso político de cada gobierno frente a la FIFA y frente a Washington.

El Mundial como prueba de estrés

Desde el arranque, el Mundial de 2026 se vendió como la gran vitrina del "nuevo" México: un país capaz de organizar junto con Estados Unidos y Canadá el primer torneo expandido a 48 selecciones, con la joya simbólica del Estadio Azteca recibiendo por tercera vez una Copa del Mundo. Pero la realidad se encargó de recordar que la geografía del futbol coincide con la geografía del crimen organizado: Guadalajara es territorio históricamente disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación; Monterrey es un nodo logístico y financiero; la Ciudad de México es, desde hace años, refugio y centro de operaciones de grupos que aprendieron a moverse con sigilo.

Cuando se confirma la muerte de "El Mencho" y los reacomodos violentos posteriores en Jalisco, la preocupación deja de ser un tema abstracto de percepciones y se vuelve pregunta operativa: ¿puede México garantizar que no habrá un ataque, un secuestro masivo, una demostración de fuerza del crimen que avergüence al país en cadena mundial? La FIFA responde pidiendo informes urgentes, enviando delegaciones, revisando planes. El gobierno responde bautizando un megaoperativo con nombre de deidad maya y presentándolo como remedio técnico.

En el fondo, el Mundial funciona como una prueba de estrés institucional. No solo se evalúa si el país puede organizar un evento deportivo; se mide si puede administrar su violencia crónica hasta mantenerla lejos de los reflectores, si puede coordinar a fuerzas armadas, guardias nacionales y policías estatales sin que el andamiaje se caiga a pedazos, si el Estado sigue siendo, al menos en apariencia, quien decide dónde y cuándo se ejerce la fuerza.

La presión que viene de fuera

Pero el examen no se hace en el vacío. La cancha tampoco está nivelada. Desde hace meses circulan versiones periodísticas de presiones para que ciertos partidos originalmente asignados a México se muden a ciudades estadounidenses, en particular a Houston. No es un secreto que, para intereses políticos y empresariales en Estados Unidos, cualquier pretexto es bueno para capturar más juegos, más turistas, más derrama económica. Y la inseguridad en México es un pretexto perfecto.

En columnas políticas mexicanas han circulado versiones que apuntan a grupos empresariales y políticos en el entorno de Donald Trump interesados en que partidos programados en México se reubiquen en ciudades como Houston, usando la inseguridad como argumento central. No hay evidencia pública de una operación coordinada para "reventar" sedes, pero la sola posibilidad aparece en estas lecturas geopolíticas como un escenario rentable para quienes quisieran concentrar más juegos y recursos del lado estadounidense. En ese guion, primero se siembra la duda sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad; luego se dramatizan episodios reales de violencia, se responsabiliza al gobierno local por su "debilidad" y se presenta como "inevitable" el rescate de partidos hacia plazas más "confiables".

El regreso de Trump a la Casa Blanca le agrega otro nivel de complejidad a esa trama. No se trata solo de la presión de empresas, televisoras o gobiernos locales en Texas: hablamos de una administración que ha hecho del discurso antiinmigrante y de la demonización de México uno de sus pilares retóricos. Para el trumpismo, cualquier tropiezo de México en materia de seguridad es combustible discursivo. Un episodio grave durante el Mundial se convertiría, al menos en la narrativa de ciertos actores en Washington, en la prueba de que "se los advertimos, no se puede confiar en México para algo de esta magnitud".

En ese tablero, cada conferencia sobre seguridad, cada cifra de despliegue, cada declaración de la FIFA respaldando a las sedes mexicanas forma parte de una negociación más amplia, aunque se hable de ella solo en clave de "garantías técnicas".

México, Sudáfrica, Brasil: la comparación incómoda

Es cierto que México enfrenta un problema grave y territorializado de violencia, pero también lo es que no es el primer país con altos índices de homicidios que organiza un Mundial. Sudáfrica llegó a 2010 con cerca de 50 asesinatos diarios en un país de poco más de 50 millones de habitantes, y Brasil recibió la Copa de 2014 con más de 58 mil muertes violentas al año, es decir, cerca de 160 homicidios al día en un país de más de 200 millones de personas. En ambos casos, la violencia urbana, el crimen organizado y la debilidad institucional eran preocupaciones reales, no inventadas para la ocasión.

La respuesta fue un blindaje masivo: Sudáfrica desplegó unos 55 mil policías para el torneo, mientras que Brasil montó un operativo de alrededor de 150 mil agentes entre soldados, policías y seguridad privada, prácticamente el triple de Sudáfrica. Hubo críticas duras —militarización de espacios públicos, denuncias de abusos, expansión de leyes de vigilancia—, pero lo cierto es que ambas ediciones se realizaron sin incidentes graves contra aficionados en los perímetros mundialistas.

Ese contraste no es menor: muestra que el problema no es exclusivo de México, sino la forma en que cada Estado administra la violencia cuando el mundo está mirando.

No es el primer Mundial en un país violento… pero cada uno lo administra distinto

Mundial / país	Homicidios (aprox.)	Efectivos de seguridad	Notas clave
Sudáfrica 2010	≈50 homicidios diarios en un país de ~56 millones	≈55,000 policías desplegados	Alta criminalidad urbana; blindaje de zonas mundialistas; sin incidentes graves contra aficionados
Brasil 2014	>58,000 muertes violentas al año (≈160 al día) en un país de >200 millones	≈150,000 agentes (70,000 soldados, 60,000 policías, 20,000 seguridad privada)	Críticas por militarización y expansión de leyes de vigilancia
México 2026	Tasas de homicidio de dos dígitos en sedes clave (Jalisco, Nuevo León, CDMX)	≈100,000 elementos previstos en el Plan Kukulkán	Violencia territorializada conviviendo con un blindaje intensivo de sedes y uso de tecnología de vigilancia

En los tres casos, la violencia no desapareció durante el torneo: se contuvo, se desplazó o se administró en torno a las sedes.

México llega con una fotografía distinta, pero igual de inquietante. Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León albergarán 13 partidos y esperan millones de visitantes, pero los tres estados arrastran tasas de homicidio de dos dígitos, con Jalisco a la cabeza. En el entorno del Estadio Akron, sede de Guadalajara, colectivos de búsqueda han documentado hallazgos de cientos de bolsas con restos humanos y fosas clandestinas a pocos kilómetros de donde se jugarán partidos de élite. En Nuevo León, la autopista Monterrey–Laredo acumula casos de secuestros y robos cometidos por grupos que se hacen pasar por policías, mientras que en la capital del país persisten extorsiones y homicidios selectivos.

Frente a ese escenario, el Plan Kukulkán promete cerca de 100 mil elementos, anillos de seguridad, tecnologías antidrones, inteligencia artificial y monitoreo digital. Si uno se queda solo con la numeralia, el despliegue mexicano es comparable al de las sedes anteriores: menos efectivos que Brasil, más que Sudáfrica y con un uso más intensivo de tecnología que muchos de sus predecesores.

El problema, sin embargo, no es el tamaño del operativo. Es el territorio sobre el que se monta: un país donde un estadio mundialista convive, en el mismo corredor metropolitano, con escenas de violencia extrema y con instituciones locales crónicamente rebasadas.

Plan Kukulkán: golpe de efecto

Es en ese contexto donde hay que leer el Plan Kukulkán. Sobre el papel, se trata de una estrategia integral para "blindar" la Copa del Mundo: casi 100 mil elementos sumando fuerzas armadas, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, seguridad privada; anillos de seguridad alrededor de estadios, hoteles, aeropuertos y zonas turísticas; dispositivos de vigilancia aérea, herramientas de inteligencia artificial para detectar amenazas, sistemas antidrones, monitoreo de la dark web, coordinación con agencias de Estados Unidos y Canadá.

El mensaje es claro: México no solo pondrá policías en las calles, también desplegará tecnología de punta y una cooperación internacional aparentemente fluida. El gobierno subraya, además, que todo esto se hará con respeto a los derechos humanos, casi como si quisiera conjurar de antemano el fantasma de militarizaciones anteriores asociadas a violaciones sistemáticas. Un recuadro con los componentes básicos del plan (número de efectivos, anillos, tecnologías, dependencias involucradas) puede ayudar a separar lo que está realmente comprometido en papel de la narrativa épica que se construye alrededor.

Pero más allá del contenido técnico, el Plan Kukulkán es un golpe de efecto comunicacional. Responde a una lógica de vitrina: no basta con hacer el operativo, hay que nombrarlo, presentarlo, crear una narrativa de control. En ese sentido, funciona también como pliego de descargos anticipado frente a la FIFA y frente a Washington: miren el tamaño del esfuerzo, miren el número de efectivos, miren el entramado institucional; a partir de aquí, si alguien intenta llevarse partidos a otra parte, ya no podrá alegar falta de voluntad o de capacidades desplegadas.

Por eso, la puesta en escena importa tanto como los protocolos. El día del anuncio, las imágenes de mapas, uniformados, comandantes y funcionarios cruzan los noticieros al mismo tiempo que se discute en columnas y mesas de análisis si el país "aguanta" un Mundial. Una cronología breve —desde los hallazgos de restos en Jalisco, pasando por la confirmación de la muerte de El Mencho y la solicitud de informes de la FIFA, hasta la presentación del plan— ayudaría a ver que nada de esto ocurre en el vacío temporal.

Blindar el estadio, ignorar la ciudad

Sin embargo, hay una cara menos luminosa de esta historia. Varias voces críticas han subrayado que un megaoperativo como el de Kukulkán corre el riesgo de convertirse en una burbuja impecable alrededor de los estadios, mientras la ciudad real —la de los desplazados por violencia, los transportistas extorsionados, las colonias controladas por grupos criminales— permanece igual o incluso más vulnerable.

Es decir: se blindan las avenidas que usarán las delegaciones oficiales, se saturan de fuerzas los alrededores de los recintos mundialistas, se revisan con lupa aeropuertos y hoteles de cuatro estrellas para arriba, pero más allá de ese perímetro la vida continúa bajo la misma precariedad de siempre. Para quien ve el Mundial por televisión, la operación es un éxito; para quien vive en los márgenes urbanos de Guadalajara o Monterrey, quizá solo signifique más retenes, más cateos selectivos, más presencia militar sin que disminuyan los homicidios o las desapariciones.

Ese contraste se vuelve más evidente cuando se observa la realidad de las propias sedes mundialistas.

Dónde se jugará… y cuánta violencia hay

Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León albergarán 13 partidos del Mundial 2026 y esperan alrededor de tres millones de turistas.

En 2025, los tres estados registraron reducciones en delitos de alto impacto respecto a 2024 (CDMX −6.9%, Jalisco −33.3%, Nuevo León −52.7%), pero mantienen retos severos en materia de violencia.

Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (2025):

• Jalisco: 13.46
• Nuevo León: 11.32
• Ciudad de México: 9.24

En el entorno del Estadio Akron, sede de Guadalajara, colectivos de búsqueda han documentado la localización de 456 bolsas con restos humanos entre 2022 y 2025, en zonas ubicadas a pocos kilómetros de donde se disputarán partidos del Mundial.

Las cifras muestran una reducción relativa de delitos, pero no una transformación estructural del entorno de seguridad en las sedes mundialistas.

Además, la narrativa de alta tecnología y cooperación internacional puede ocultar preguntas básicas que, en términos de seguridad ciudadana, siguen abiertas: ¿cómo se va a coordinar ese ejército de instituciones en un país donde la información entre cuerpos de seguridad no fluye de manera confiable? ¿Qué pasa con los riesgos de corrupción y filtración desde adentro? ¿Qué controles habrá sobre el uso de tecnologías de vigilancia para que, después del Mundial, no se conviertan en herramientas de espionaje político?

En otras palabras, el Plan Kukulkán exhibe la paradoja del Estado mexicano contemporáneo: puede movilizar recursos enormes para asegurar unas cuantas semanas de “normalidad” en zonas específicas, pero tiene enormes dificultades para garantizar derechos y seguridad elementales en el día a día de millones de personas.

La Copa del Mundo, entonces, hace visible ese contraste de forma brutal: estadios blindados en ciudades donde la violencia no desaparece, solo cambia de lugar.

Un Mundial condicionado

Hoy, la posición oficial es que las sedes mexicanas no corren peligro y que cualquier rumor sobre cambios obedecería a mala fe o a desinformación. Formalmente, es cierto: no hay una decisión en la mesa para quitarle partidos a México. Pero sería ingenuo pensar que eso significa que el tema está cerrado.

En la práctica, México tendrá durante todo el ciclo mundialista un Mundial condicionado. Las fechas del calendario, los avances en infraestructura y, sobre todo, la violencia en el territorio serán monitoreados de cerca. Un ataque espectacular, un episodio de violencia que involucre aficionados extranjeros o un hecho que exhiba fallas graves en la coordinación del Plan Kukulkán pueden reabrir, en cuestión de horas, la discusión sobre mover partidos a otras sedes. No hace falta una conspiración elaborada para que eso ocurra: basta con que el crimen organizado haga lo que ya sabe hacer y que la respuesta estatal sea percibida como insuficiente.

En ese sentido, el despliegue de seguridad no solo es una herramienta de prevención, sino una especie de seguro contra decisiones adversas. El gobierno sabe que no puede controlar todos los factores, pero intenta reducir al máximo las excusas que podrían usar quienes quisieran recortar la presencia de México en el Mundial. Si pese a todo eso se reactivara la presión para reubicar partidos, el costo político se desplazaría hacia la FIFA o hacia Washington, no tanto hacia la administración mexicana. Es una forma de blindarse también en el terreno de la narrativa.

Lo que queda cuando se apagan las luces

La pregunta de fondo, sin embargo, no es qué pasará con el calendario del Mundial, sino qué quedará en el país cuando el último aficionado abandone el estadio y las cámaras internacionales se apaguen. Los megaoperativos para eventos globales han dejado una larga estela de experiencias en América Latina: de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro al Mundial de Brasil, muchas ciudades han visto cómo la lógica de "blindar" áreas turísticas y recintos deportivos se desvanece rápidamente, mientras persisten la militarización selectiva y el uso discrecional de nuevas tecnologías de vigilancia.

En México, el riesgo es doble. Por un lado, que el Plan Kukulkán se traduzca en una normalización aún mayor de la presencia militar y para-militar en tareas de seguridad pública, bajo el argumento de que "funcionó" durante el Mundial. Por otro, que la infraestructura tecnológica construida para monitorear amenazas asociadas al evento se convierta después en herramienta útil para monitorear opositores, periodistas, activistas o comunidades incómodas.

La gran incógnita es si el gobierno está dispuesto a aprovechar el empuje del Mundial para corregir algo de fondo en su modelo de seguridad —fortalecer policías civiles, mejorar inteligencia financiera, recomponer ministerios públicos, atender las causas estructurales de la violencia— o si se conformará con haber sorteado sin sobresaltos un examen de unas cuantas semanas. En el primer escenario, el plan podría ser el inicio de una reconstrucción institucional largamente postergada. En el segundo, quedará como un montaje caro para convencer a la FIFA y a la Casa Blanca de que "México sí puede", aunque solo sea de vez en cuando y de cara al espectáculo.

Por ahora, lo que vemos es un Estado que convierte la Copa del Mundo en un laboratorio de diplomacia de seguridad: habla el lenguaje de la cooperación internacional, de la tecnología de punta y de los derechos humanos, mientras negocia en silencio la permanencia de sus sedes con una FIFA que mira de reojo los índices de homicidio y con una administración Trump que ya ha demostrado que sabe capitalizar cualquier tropiezo mexicano en su Relato político interno.

Cuando termine el Mundial, la pregunta no será cuántos partidos se jugaron en el Azteca, en Guadalajara o en Monterrey, sino cuánta de esta estrategia sobrevivirá una vez que la vitrina global se retire. Si el Plan Kukulkán se desmonta junto con las vallas y los espectaculares, habrá sido, en el mejor de los casos, un paréntesis vistoso. Si, en cambio, se queda como un modelo de "seguridad de evento" aplicado a la vida cotidiana, entonces la negociación silenciosa de hoy puede tener efectos mucho más largos de lo que estamos dispuestos a admitir.

México no está organizando un Mundial: está intentando demostrar que, al menos durante 90 minutos, puede comportarse como Estado

 

 

Un edificio lleno de cámaras y un Estado que no miró
Las horas perdidas en el feminicidio de Edith y la fractura de la justicia en la Ciudad de MÉXICO
Por José Rafael Moya Saavedra

La desaparición en un espacio vigilado

Edith no desapareció en la oscuridad.
Desapareció en un edificio lleno de cámaras.

Salió a buscar trabajo.
Entró a un inmueble con vigilancia, controles de acceso y registro de movimientos.
Y durante más de veinticuatro horas, nadie —absolutamente nadie— quiso entrar a buscarla.

Las horas perdidas

Desde las primeras horas, la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México quedó marcada por lo que en estos casos suele ser decisivo: las horas perdidas.

La familia de Edith relata que, al acudir al Ministerio Público, les sugirieron esperar setenta y dos horas porque la joven "podía haberse ido con el novio o con las amigas", pese a que los protocolos obligan a activar de inmediato la búsqueda de mujeres desaparecidas. Mientras ellos reconstruían la ruta de la motocicleta solicitada por aplicación, tocaban puertas para conseguir videos y señalaban una y otra vez el edificio de Avenida Revolución ochocientos veintinueve como el último punto donde se congeló la ubicación del teléfono, las autoridades tardaron alrededor de veinticuatro horas y media en catear el inmueble.

En ese lapso —según las denuncias públicas de la madre y la tía de Edith— hubo desdén, comentarios revictimizantes y hasta solicitudes de dinero para "agilizar" diligencias que la Fiscalía estaba obligada a realizar de oficio. No se trató solo de lentitud: fue una cadena de omisiones en un momento en que cada minuto contaba.

La trampa laboral

Pero la historia no empieza ahí.

Empieza antes, en la trampa.

La oferta de trabajo que llevó a Edith a ese edificio no era un hecho aislado. Respondía a un patrón que se repite con inquietante regularidad: vacantes difundidas en redes sociales, sueldos atractivos, requisitos mínimos, citas rápidas y la condición implícita de acudir sola. Limpieza, cuidado de niñas y niños, modelaje. Promesas distintas, mecanismo similar.

No era solo una oportunidad laboral.
Era un filtro.

En un país donde la precariedad empuja, donde el empleo formal escasea y donde miles de mujeres jóvenes buscan sostener su vida con ingresos inestables, estas ofertas no son excepcionales: son funcionales. Operan en una zona gris donde lo digital no se regula y lo presencial no se supervisa.

En ese contexto, la pregunta no es por qué Edith fue.
La pregunta es por qué estos esquemas siguen existiendo sin control.

La familia que investiga

Mientras la Fiscalía dudaba, la familia actuaba.

Rastrearon cámaras públicas y privadas.
Reconstruyeron la ruta de la motocicleta.
Ubicaron el edificio.
Presionaron.
Insistieron.

No solo buscaron a Edith.
Tuvieron que aprender a investigar.

Ese desplazamiento —de familia a buscadores— no es nuevo en México. Es, de hecho, uno de los rasgos más duros de la crisis: cuando el Estado llega tarde, las familias llenan el vacío. Pero ese esfuerzo tiene un costo: emocional, económico, humano.

Y también revela algo más profundo: la normalización de la ausencia institucional.

Revela lo que se le ha venido señalando a este país desde hace tiempo: no días, sino años.

Un pasado que no se cerró

La desaparición forzada de personas en México no es un fenómeno nuevo ni aislado, sino un delito de lesa humanidad con raíces profundas en la llamada "guerra sucia". Uno de los casos más emblemáticos es el de Rosendo Radilla Pacheco, detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974. Décadas después, la perseverancia de su familia llevó el caso hasta el sistema interamericano: primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 declaró responsable al Estado mexicano por violar derechos a la libertad, a la integridad, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima, así como los derechos de sus familiares.

Esa sentencia obligó al Estado a reconocer jurídicamente la desaparición forzada y a adecuar su marco legal, proceso que terminó por cristalizarse en 2017 con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Sobre el papel, esa arquitectura normativa exige respuestas inmediatas, eficaces y exhaustivas, bajo el principio de no repetición. Lo que la sentencia Radilla exigía que no volviera a ocurrir es precisamente lo que vemos, con otros mecanismos, en el caso Edith: omisión, demora, minimización inicial y resistencia institucional a reconocer el riesgo en tiempo real, ahora no en un cuartel, sino en un edificio lleno de cámaras donde la ley se escribió para que el Estado llegara a tiempo... y volvió a llegar tarde.

México sigue teniendo una deuda profunda con sus desaparecidos.
Y ese pasado no está cerrado.

Se repite.

Porque lo que ocurrió con Rosendo Radilla Pacheco no pertenece únicamente a la "guerra sucia". Pertenece a una forma de operar que, con matices distintos, sigue presente: la omisión, la demora, la minimización inicial, la resistencia institucional a reconocer el problema en tiempo real.

La diferencia es el contexto.

Hoy no siempre hay retenes militares ni operativos clandestinos.

Hoy hay edificios con cámaras.
Hay registros de acceso.
Hay protocolos escritos.

Y aun así, una joven puede desaparecer en un espacio controlado... y pasar más de veinticuatro horas antes de que la autoridad decida actuar con la urgencia que la ley exige.

Por eso, el caso de Edith no es una excepción.

Es una continuidad.

Una que ya no puede explicarse solo por el crimen... sino por la forma en que el Estado llega tarde, duda primero y actúa después.

Y en ese intervalo —ese que la ley dice que debe ser inmediato— es donde la realidad vuelve a romper la promesa de no repetición.

Edith y la aquiescencia del Estado

El consentimiento implícito o tolerancia del Estado ante la vulneración de un derecho humano sucede cuando las autoridades, por acción u omisión, no actúan, guardan silencio o no investigan frente a abusos de agentes estatales o de terceros, convirtiéndose en cómplices.

La inacción o el silencio de la Fiscalía —desde el momento mismo en que la familia acudió a denunciar y en el que la ley obligaba a intervenir de inmediato— no es un detalle menor. No se trata solo de una demora administrativa ni de un error de procedimiento.

Puede configurar, al menos, una forma de responsabilidad estatal por omisión, al incumplir el deber de proteger, investigar y actuar con debida diligencia frente a una posible desaparición.

Las coberturas en tiempo real, los testimonios de la familia y la reconstrucción de los hechos muestran que ese tiempo —el más crítico— se perdió.

Y eso cambia todo.

Porque entonces la pregunta deja de ser únicamente qué ocurrió dentro del edificio.

Pasa a ser otra: qué ocurrió —o qué dejó de ocurrir— en la institución encargada de actuar cuando una vida estaba en riesgo.

Y eso, más que un error operativo, apunta a un problema estructural.

La mentira de las setenta y dos horas

La idea de esperar setenta y dos horas no es solo un error. Es una práctica que sigue costando vidas.

Los protocolos existen precisamente porque las primeras horas son críticas. Sin embargo, en la práctica, esa narrativa persiste como un reflejo burocrático que minimiza, retrasa y, en muchos casos, condena.

El cambio de narrativa oficial

Solo cuando el cuerpo de Edith apareció en el sótano de la Torre Murano y el caso se volvió tema nacional, la Fiscalía cambió de tono. La titular, Bertha Alcalde Luján, anunció que el feminicidio se investigaría bajo protocolo, reprobó la conducta de servidores públicos que atendieron a la familia y prometió sanciones administrativas y penales para quienes hubieran cometido omisiones, demoras injustificadas o incluso actos de corrupción. Al mismo tiempo, la dependencia informó que tenía identificado a un probable responsable —el vigilante del edificio—, detalló que en la caseta se hallaron manchas de sangre y abrió una carpeta por la presunta solicitud de dinero a los familiares.

La narrativa oficial comenzó entonces a insistir en que desde el primer momento se activaron los protocolos.

Pero esa afirmación choca con otra realidad: la de quienes buscaron solas a Edith mientras el tiempo pasaba.

Conforme creció el escrutinio público, la Fiscalía entró en una fase defensiva: reiteró en comunicados y entrevistas que no fabrica culpables y que la imputación por feminicidio contra el vigilante se sustenta en datos de prueba sólidos, como indicios biológicos y evidencia de que las cámaras del edificio estaban desconectadas en el periodo en que Edith ingresó, con acceso del propio vigilante para manipularlas.

La disputa por la verdad

El caso no solo se disputa en los hechos.
Se disputa en las declaraciones.

De un lado, la Fiscalía construye una narrativa de certeza: sostiene que el ataque ocurrió en la caseta de vigilancia, que existen pruebas periciales suficientes y que el proceso penal se sostendrá tanto en tribunales como ante la opinión pública. Reitera que se actuó bajo protocolo, con perspectiva de género, y que mantiene comunicación permanente con la familia.

Del otro lado, la familia de Edith describe una experiencia radicalmente distinta: búsqueda iniciada por cuenta propia desde las primeras horas, negativas institucionales, la insistencia en esperar setenta y dos horas y un entorno de desdén y revictimización. A ello se suma la acusación de solicitudes de dinero para activar diligencias, que derivó en la separación de un funcionario y en la apertura de una investigación interna.

Entre ambas versiones hay un punto de quiebre evidente.

Mientras la autoridad afirma que los protocolos se activaron desde el primer momento, la reconstrucción de los hechos —y el propio testimonio de la familia— señala un vacío crítico de más de veinticuatro horas antes de intervenir el inmueble que había sido identificado desde el inicio.

Esa contradicción no es menor.

Porque obliga a preguntarse no solo qué ocurrió en el edificio, sino qué ocurrió en la institución encargada de actuar cuando una persona desaparece.

La propia fiscal, Bertha Alcalde Luján, ha reconocido que se investigan posibles retrasos, actos de corrupción y conductas indebidas dentro de la Fiscalía, al tiempo que promete que el caso no quedará impune y que se agotarán líneas de investigación como el posible esquema de reclutamiento de mujeres a través de vacantes engañosas.

Sin embargo, incluso esas declaraciones están marcadas por matices: se admite la posibilidad de irregularidades internas, pero se insiste en la solidez del caso; se abre la puerta a investigar redes de captación, pero se señala que no existen denuncias previas relacionadas con el inmueble.

En paralelo, analistas y medios han leído estas posturas como parte de una estrategia defensiva. La frase "no fabricamos culpables" no aparece en el vacío: surge en un contexto de desconfianza acumulada, donde otros casos han dejado una huella difícil de borrar.

Un patrón que se repite

No es la primera vez que una autoridad afirma tener pruebas sólidas mientras enfrenta cuestionamientos por omisiones iniciales. Tampoco es nuevo que el reconocimiento de fallas llegue después de que la presión pública escala, ni que las investigaciones internas convivan con una narrativa oficial que insiste en la corrección del procedimiento.

Ese patrón —respuesta tardía, defensa institucional, admisión parcial de errores y concentración en un responsable individual— se repite con variaciones en distintos casos. No siempre implica la inexistencia de culpables, pero sí revela una constante: la dificultad del sistema para reconocer, de inicio, sus propias fallas estructurales.

Y es ahí donde el caso de Edith deja de ser solo un expediente.

El edificio que debía proteger

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado justamente para impedir que quienes ya han sido amenazados o desplazados vuelvan a quedar expuestos. En Ciudad de México, esa política pública se traduce en medidas como escoltas, botones de pánico y refugios temporales arrendados a través de empresas de seguridad que operan en la frontera entre lo público y lo privado.

El edificio donde Edith fue localizada —la Torre Murano— tampoco es un escenario neutro. Durante años funcionó como conjunto habitacional de nivel medio-alto y, al mismo tiempo, como espacio utilizado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según relató el periodista desplazado Luis Cardona, quien vivió ahí como beneficiario de ese programa. Un lugar con controles de acceso, monitoreo constante y sistemas de videovigilancia. Un espacio diseñado, en teoría, para proteger vidas. Esa doble condición vuelve más incómoda la pregunta de fondo.

Tecnología sin protección

Porque tener cámaras no es lo mismo que tener seguridad.
Y tener protocolos no es lo mismo que aplicarlos.

Responsabilidades abiertas

En un entorno así, la pregunta no es solo qué falló, sino quién responde por la cadena completa: quién administra el inmueble, quién controla las grabaciones, quién supervisa el uso de los espacios y quién permite que se convierta en punto de citas laborales opacas. En el caso de la Torre Murano, el propio Cardona apunta a la empresa privada RCU Sistemas como intermediaria del Mecanismo en la renta y operación de los refugios, una compañía que ya había sido cuestionada por deficiencias en su desempeño y por la forma en que obtuvo contratos para proteger a periodistas, según documentaron medios como Noroeste y SinEmbargo.

Más allá de un culpable

Reducir el caso a un solo responsable es, en el fondo, una forma de cerrar demasiado pronto preguntas que siguen abiertas.

Una falla estructural

Porque el problema no se agota en la responsabilidad individual.

Es estructural.

Es la trampa laboral sin regulación.
Es la precariedad que empuja.
Es la tecnología que observa pero no protégé.
Es la burocracia que espera cuando debería actuar.
Es la institución que reacciona solo cuando la presión la alcanza.

La pregunta de fondo

Porque al final, la pregunta no es solo quién la mató. Ni siquiera cómo ocurrió dentro de un espacio que, en teoría, estaba diseñado para vigilarlo todo.

La pregunta de fondo es otra: qué tipo de sistema permite que una joven entre a un edificio controlado, desaparezca ahí mismo y pase más de un día antes de que alguien decida buscarla en serio.

No es solo una falla.
Es una forma de operar.

Y mientras eso no cambie, las cámaras seguirán grabando...
pero la justicia seguirá llegando tarde.

 

 

Referencias

Martínez, B. (2026, 18 de abril). Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción El Universal. (16 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: cronología del caso que ha sacudido a la CDMX. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción El Universal. (18 de abril de 2026). En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Gutiérrez, N. (19 de abril de 2026). Las horas perdidas para resolver el crimen de Edith Guadalupe. El País. https://elpais.com/

Redacción El País. (17 de abril de 2026). La Fiscalía de Ciudad de México detiene a un probable responsable del feminicidio de Edith Guadalupe. El País. https://elpais.com/

Redacción Infobae. (17 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: cámaras "inservibles" y sobornos, las irregularidades de la Fiscalía de CDMX que denuncia su mamá. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Fiscalía CDMX revela nuevos detalles de cómo habría ocurrido el feminicidio de Edith Guadalupe. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: revelan causa de muerte. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (16 de abril de 2026). Edith Guadalupe acudió a pedir trabajo en edificio de la CDMX, pero no salió; hoy hallaron su cuerpo en el sótano. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Proceso. (17 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe expone deficiencias y corrupción en la Fiscalía de CDMX. Proceso. https://www.proceso.com.mx/

Redacción Milenio. (17 de abril de 2026). Edith Guadalupe: cronología del feminicidio en Benito Juárez, CdMx. Milenio. https://www.milenio.com/

Redacción N+. (16 de abril de 2026). Hallan sin vida a Edith Guadalupe Valdés: esta es la cronología del caso. N+. https://www.nmas.com.mx/

Redacción Excélsior. (18 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe exhibe el riesgo por falsas vacantes laborales en redes sociales. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/

Redacción Excélsior. (18 de abril de 2026). Ofertas laborales en Torre Murano buscaban "puras jovencitas"; ofrecían salarios de hasta 12 mil pesos. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/

García Soto, S. (19 de abril de 2026). Caso Edith Guadalupe: la Fiscalía de la CDMX, en entredicho. Serpientes y Escaleras. https://serpientesyescaleras.mx/

De Mauleón, H. (2026, 19 de abril). Edith Guadalupe: la crisis mayor para Bertha Luján. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción Noroeste. (2019, 26 de marzo). Segob de EPN empleó a polémica empresa para cuidar a periodistas y aun así la recontrató 6 veces. Noroeste. https://www.noroeste.com.mx/

Redacción SinEmbargo. (2019, 26 de marzo). RCU Sistemas, deficiente para Mecanismo de Protección. SinEmbargo. https://www.sinembargo.mx/

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). (2021, 28 de febrero). Mecanismo de Protección de la Ciudad de México. Puntal. https://hchr.org.mx/

 

OTRA PERSPECTIVA

La vieja gloria en tiempo presente

Estados Unidos: la potencia que aún tiene fuerza… pero perdió el rumbo

Por Jose Rafael Moya Saavedra

Hubo un tiempo en que Estados Unidos no necesitaba explicarse.
Era la referencia.

El modelo económico, la democracia funcional, el poder militar, la innovación tecnológica.
El mundo no solo lo miraba: lo seguía.

Hoy, en cambio, empieza a parecer otra cosa: una potencia que todavía tiene fuerza... pero que ya no tiene rumbo.

Una vieja gloria en tiempo presente.

Primer momento: el enemigo interno

Todo imperio comienza a cambiar cuando deja de mirar hacia afuera… y empieza a desconfiar de lo que tiene dentro.

La política migratoria del segundo mandato de Donald Trump marcó ese giro. La emergencia nacional en la frontera, la restricción del asilo, las redadas masivas y la militarización del control migratorio no fueron medidas aisladas, sino parte de una estrategia que redefinió la relación del Estado con quienes sostenían, silenciosamente, buena parte de su economía.

Los arrestos se multiplicaron en espacios públicos y tribunales, con una presión sistemática sobre la población migrante. Al mismo tiempo, las muertes en custodia de ICE comenzaron a acumularse, evidenciando fallas estructurales en el sistema.

Pero el impacto no fue solo humano.

Fue estructural.

En estados como California, las redadas redujeron de manera significativa la fuerza laboral agrícola, afectando producción y precios. Lo que parecía una política de control terminó golpeando directamente a los sectores que dependen de esa mano de obra: agricultura, construcción, servicios.

La ecuación era simple: perseguir al trabajador… termina por debilitar al sistema que depende de él.

Segundo momento: el poder que se impone... pero no convence

Estados Unidos no solo endureció su política interna.
También cambió su forma de relacionarse con el mundo.

La presión arancelaria, la declaración de múltiples emergencias nacionales, la designación de actores como terroristas y una política exterior cada vez más coercitiva marcaron el tono.

La lógica dejó de ser cooperación… y empezó a ser imposición.

En América Latina, esto se tradujo en una relación cada vez más unilateral. En Europa, en tensiones con aliados históricos.

La OTAN dejó de ser una alianza sólida para convertirse en una relación incómoda, atravesada por desconfianzas y diferencias estratégicas.

Cuando una potencia necesita imponer su liderazgo… es porque ya no lo tiene garantizado.

Tercer momento: el mundo como campo de batalla

La escalada con Irán terminó de cerrar el círculo.

En 2026, Estados Unidos no solo tensó la relación: entró en un conflicto abierto. Ataques coordinados, respuestas con misiles y drones, el riesgo sobre el estrecho de Ormuz y el impacto en el comercio energético global volvieron a colocar al mundo en un escenario de alta incertidumbre.

El discurso volvió a ser el de siempre: seguridad, defensa, control.

Pero el contexto ya no era el mismo.

Hoy, cada intervención genera más inestabilidad, más costos, más enemigos.
Y menos capacidad de control.

Cuarto momento: la democracia fatigada

Mientras Estados Unidos multiplica frentes externos, su frente interno se va desgastando.

La democracia que alguna vez se presentó como modelo comienza a parecer un sistema exhausto, atrapado en una confrontación permanente.

Las elecciones dejaron de ser un ritual de consenso para convertirse en un campo de batalla donde cada resultado se sospecha, se litiga y se denuncia antes incluso de terminar el conteo.

Las instituciones que antes fungían como árbitros pasan a ser vistas como parte del conflicto, alineadas con uno u otro bando.

El asalto al Capitolio no fue un episodio aislado, sino el síntoma más visible de una polarización que convirtió al adversario político en enemigo existencial.

La desconfianza se alimenta en redes, medios y discursos oficiales que hablan más de fraude, conspiraciones y traición que de proyecto compartido.

Y cuando una democracia se vive como guerra interna, deja de ser referente para otros… y empieza a convertirse en advertencia.

Quinto momento: la fractura silenciosa

Mientras todo esto ocurre, hay algo más profundo que se está rompiendo: la narrativa de excepcionalidad.

Estados Unidos ya no es el modelo al que se aspira, sino un caso más en un mundo donde otros actores —China, Rusia, potencias regionales e incluso corporaciones tecnológicas— disputan el relato de futuro posible.

La idea de que “no hay alternativa” al modelo estadounidense se resquebraja al tiempo que se multiplican otros órdenes, otras formas de poder, otros centros de decisión.

Estados Unidos deja de ser la referencia inevitable y pasa a ser una opción más en un tablero cada vez más fragmentado.

Esa transformación no es abstracta. Se expresa en decisiones concretas: políticas migratorias que generan rechazo interno, tensiones crecientes con aliados históricos y una política exterior que, más que estabilizar, ha contribuido a abrir nuevos frentes de incertidumbre.

Incluso dentro de su propio sistema, el consenso se erosiona.

Y cuando una potencia pierde legitimidad… su poder empieza a ser cuestionado, incluso si sigue siendo fuerte.

Sexto momento: la potencia endeudada

Mientras la política se radicaliza y la narrativa de liderazgo se desgasta, hay un dato frío que atraviesa todo: la deuda.

El país que durante décadas financió guerras, rescates financieros y recortes fiscales a gran escala, hoy vive con un nivel de endeudamiento que condiciona cada decisión de gobierno.

El techo de la deuda se volvió una escena recurrente: plazos al límite, amenazas de cierre, negociaciones frenéticas en el Congreso.

Cada episodio no solo inquieta a los mercados, también exhibe que el corazón financiero del imperio late con arritmia.

Estados Unidos sigue siendo el emisor de la moneda de reserva global, pero necesita renovar constantemente la confianza de quienes compran sus bonos para sostener un modo de vida que ya no se paga solo.

La potencia que antes prestaba al mundo ahora depende de que el mundo le siga prestando a ella.

Cuando el poder se sostiene tanto de la fuerza como del crédito, cualquier fisura en la confianza termina siendo también una fisura en el relato de grandeza.

La vieja gloria ya no solo se mide en portaaviones y Silicon Valley, sino en cuánto tiempo más podrá seguir pateando hacia adelante la factura de su propio modelo.

Cierre

Lo que estamos viendo no es una caída inmediata.
Es algo más complejo… y más peligroso.

Estados Unidos no ha caído.
No ha dejado de ser poderoso.
No ha desaparecido del tablero.

Pero algo cambió.

Ya no marca el rumbo con claridad.
Ya no convence como antes.
Ya no representa lo que solía representar.

Y eso, en términos históricos, es más importante que cualquier crisis.

Porque los imperios no terminan cuando pierden poder.
Terminan cuando dejan de ser referencia.

Dios bendiga a América.
La va a necesitar.

 

OTRA PERSPECTIVA

Combatíamos la pobreza, no a los pobres

Por José Rafael Moya Saavedra

"Combatíamos la pobreza, no a los pobres". La frase parece un juego de palabras, pero en realidad condensa una disputa de fondo sobre qué entendemos por pobreza y, sobre todo, sobre cómo miramos a quienes la padecen. Durante décadas, buena parte de las políticas públicas se diseñaron como si la pobreza fuera un rasgo de ciertas personas y no una condición producida por decisiones económicas, arreglos institucionales y jerarquías sociales.

Se construyó así una mirada clínica sobre "los pobres": se les clasifica, se les mide, se les focaliza, se les interviene, con la misma frialdad con que se corrige una variable en una hoja de cálculo. En ese tránsito silencioso, el combate a la pobreza terminó muchas veces convertido en otra cosa: un combate contra los pobres, contra sus supuestos vicios, carencias y "malas decisiones".

Con el tiempo, empecé a leer el lenguaje de los derechos humanos y algo hizo clic. Si aceptamos que la pobreza no es solo falta de dinero, sino una violación cotidiana de derechos —a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, a la participación—, entonces ya no alcanza con "ayudar" cuando hay presupuesto o voluntad política.

Vista así, la pobreza deja de ser un accidente individual y aparece como resultado de desigualdades estructurales que se reproducen en el tiempo. El problema ya no es la gente pobre, sino las reglas del juego que la empujan y la mantienen en esa posición.

Desde esa perspectiva, la frase deja de ser un eslogan amable y se vuelve un test ético y político. La pregunta ya no es solo cuánto dinero se transfiere, sino qué tan lejos se llega en desmontar las barreras que sostienen la pobreza.

De combatir a “los pobres” a combatir la pobreza

Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que muchas políticas que aprendí a admirar en los libros tenían una cara mucho menos amable en la calle. En los diagnósticos se hablaba de "pobreza multidimensional", de "exclusión", de "falta de oportunidades"; pero al momento de bajar la política al territorio, la conversación cambiaba de tono.

De pronto, las personas tenían que demostrar que eran suficientemente pobres, suficientemente vulnerables, suficientemente obedientes para recibir lo que, en teoría, era un derecho. Había que traer papeles, constancias, firmas; había que exhibir la carencia casi como si fuera un delito.

En lugar de combatir la pobreza como sistema, se desplegaban dispositivos para administrar, clasificar y corregir a los pobres.

A fuerza de repetir esos rituales, se instala una lógica perversa: pareciera que el problema no es el salario que no alcanza, la vivienda que se cae o el hospital sin medicinas, sino la familia que "no sabe ahorrar" o el joven que "no se esfuerza". Cambiamos preguntas estructurales por juicios morales.

La pobreza deja de ser una responsabilidad colectiva… y se convierte en una culpa individual.

Ese enfoque tiene consecuencias concretas. Cuando el centro está en “corregir” a las personas, proliferan mecanismos de control: transferencias condicionadas, filtros burocráticos, visitas domiciliarias, vigilancia cotidiana. El mensaje implícito es claro: te damos algo, pero a cambio te observamos.

México: un laboratorio de políticas… y de ambigüedades

La primera vez que vi de cerca un operativo de programas sociales fue en una cancha techada. Hacía calor, alguien gritaba nombres desde una lista interminable y las personas avanzaban con carpetas llenas de documentos. Mientras escuchaba promesas de que “ahora sí” se combatiría la pobreza de raíz, pensaba en la historia de la política social en México.

Cuando intento aterrizar todo esto en cifras, lo primero que encuentro es que la pobreza en México no es un fenómeno marginal: es estructural. De acuerdo con el INEGI (2024), el 29.6% de la población vive en pobreza y el 5.3% en pobreza extrema.

Pero lo que más me inquieta no es solo el tamaño del problema, sino su distribución. La pobreza tiene geografía, historia y, en muchos casos, destino heredado.

La tabla siguiente no busca saturar de datos, sino mostrar con claridad esa desigualdad territorial que ya dice mucho sobre las estructuras que sostienen la pobreza en el país.

Pobreza multidimensional en México (2024)

Indicadores nacionales
Indicador	Valor
Población en situación de pobreza	29.6% (≈ 38.5 millones)
Población en pobreza extrema	5.3% (≈ 7 millones)
Población no pobre y no vulnerable	42.30%
Estados con mayor pobreza
Entidad	% de población en pobreza
Chiapas	66.00%
Guerrero	58.10%
Oaxaca	51.60%
Veracruz	44.50%
Puebla	43.40%
Estados con menor pobreza
Entidad	% de población en pobreza
Baja California	9.90%
Baja California Sur	~13% (pobreza laboral)
Nuevo León	<20%
Coahuila	~12.4%
Colima	~15.0%

INEGI, Medición de la pobreza multidimensional 2024.

México ha sido, durante décadas, un laboratorio de políticas sociales. Pasamos de la asistencia discrecional a programas emblemáticos y luego a transferencias condicionadas que, en el papel, representaban modernización. En la práctica, muchas comunidades aprendieron que la permanencia en los programas dependía no solo de cumplir condiciones, sino de la marea política.

Lo que más me inquieta no es el cambio de siglas, sino la relación que se ha construido entre el Estado y quienes viven en pobreza. Los programas se diseñan desde arriba; en el territorio, la pregunta sigue siendo la misma: “¿a mí me toca?”

Más que derechos, predomina el lenguaje del favor.

Las raíces que no queremos tocar

Cuando miro las cifras, hay algo evidente: la mayoría de las personas pobres trabaja. No estamos frente a una población ociosa, sino frente a millones cuyos ingresos no alcanzan.

Si el mercado laboral sigue basado en salarios insuficientes e informalidad, la pobreza se reproduce por debajo de la mesa.

El segundo tema incómodo son los impuestos. Mientras el sistema fiscal siga cargando más sobre quienes menos tienen, cualquier discurso sobre combate a la pobreza queda incompleto.

El tercero es el territorio. La pobreza en México tiene código postal. Sin embargo, seguimos diseñando políticas para “hogares pobres” aislados, en lugar de transformar territorios abandonados.

Y hay un cuarto elemento que atraviesa todo: la violencia. Una violencia que convierte la pobreza en una jaula. ¿De qué sirve un apoyo si alguien lo arrebata al salir del cajero?

El problema de fondo: el poder

Cuando junto estos elementos —trabajo, impuestos, territorio, violencia— entiendo por qué tantas políticas se quedan a medio camino. Es más sencillo administrar la pobreza que transformarla.

Combatir la pobreza no es solo un asunto técnico: es una disputa de poder.

Implica redistribuir recursos, modificar reglas, tocar intereses. Implica que quienes concentran riqueza cedan parte de ella. Implica que el Estado deje de usar la pobreza como herramienta de control.

Colofón

Al final, vuelvo a la frase que lo inició todo. No la leo como descripción del presente, sino como promesa incumplida.

Si este ensayo sirve de algo, me gustaría que fuera para eso: para hacernos preguntas más incómodas la próxima vez que escuchemos “combate a la pobreza”.

Distinguir entre lo que alivia y lo que transforma. Entre lo que administra a los pobres… y lo que se atreve a disputar la pobreza.

Tal vez entonces, algún día, podamos decirlo sin matices: que de verdad combatíamos la pobreza… y no a quienes viven en ella.

Referencias

• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. (2024). Ir a la raíz de la pobreza: Cinco propuestas para erradicar la pobreza en México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
• Banco Mundial. (2025). México puede erradicar la pobreza con políticas adecuadas y crecimiento inclusivo.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Pobreza y derechos humanos en las Américas.
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Derechos humanos y pobreza: Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1º constitucional.
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2013). Principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Naciones Unidas.
• Oxfam México. (2022). México justo: Políticas públicas contra la desigualdad. Oxfam México.
• Pérez, A., y coautores. (2020). Política social y combate a la pobreza en México: Análisis de la cartilla social. Gestión y Política Pública, 29(2), 355–386.
• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza & CNDH. (2017). Derechos humanos y pobreza: Estudio exploratorio con enfoque de derechos humanos sobre políticas públicas frente a la pobreza en México.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Medición de la pobreza multidimensional en México 2024. INEGI.