Un edificio lleno de cámaras y un Estado que no miró
Las horas perdidas en el feminicidio de Edith y la fractura de la justicia en la Ciudad de MÉXICO
Por José Rafael Moya Saavedra

La desaparición en un espacio vigilado

Edith no desapareció en la oscuridad.
Desapareció en un edificio lleno de cámaras.

Salió a buscar trabajo.
Entró a un inmueble con vigilancia, controles de acceso y registro de movimientos.
Y durante más de veinticuatro horas, nadie —absolutamente nadie— quiso entrar a buscarla.

Las horas perdidas

Desde las primeras horas, la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México quedó marcada por lo que en estos casos suele ser decisivo: las horas perdidas.

La familia de Edith relata que, al acudir al Ministerio Público, les sugirieron esperar setenta y dos horas porque la joven "podía haberse ido con el novio o con las amigas", pese a que los protocolos obligan a activar de inmediato la búsqueda de mujeres desaparecidas. Mientras ellos reconstruían la ruta de la motocicleta solicitada por aplicación, tocaban puertas para conseguir videos y señalaban una y otra vez el edificio de Avenida Revolución ochocientos veintinueve como el último punto donde se congeló la ubicación del teléfono, las autoridades tardaron alrededor de veinticuatro horas y media en catear el inmueble.

En ese lapso —según las denuncias públicas de la madre y la tía de Edith— hubo desdén, comentarios revictimizantes y hasta solicitudes de dinero para "agilizar" diligencias que la Fiscalía estaba obligada a realizar de oficio. No se trató solo de lentitud: fue una cadena de omisiones en un momento en que cada minuto contaba.

La trampa laboral

Pero la historia no empieza ahí.

Empieza antes, en la trampa.

La oferta de trabajo que llevó a Edith a ese edificio no era un hecho aislado. Respondía a un patrón que se repite con inquietante regularidad: vacantes difundidas en redes sociales, sueldos atractivos, requisitos mínimos, citas rápidas y la condición implícita de acudir sola. Limpieza, cuidado de niñas y niños, modelaje. Promesas distintas, mecanismo similar.

No era solo una oportunidad laboral.
Era un filtro.

En un país donde la precariedad empuja, donde el empleo formal escasea y donde miles de mujeres jóvenes buscan sostener su vida con ingresos inestables, estas ofertas no son excepcionales: son funcionales. Operan en una zona gris donde lo digital no se regula y lo presencial no se supervisa.

En ese contexto, la pregunta no es por qué Edith fue.
La pregunta es por qué estos esquemas siguen existiendo sin control.

La familia que investiga

Mientras la Fiscalía dudaba, la familia actuaba.

Rastrearon cámaras públicas y privadas.
Reconstruyeron la ruta de la motocicleta.
Ubicaron el edificio.
Presionaron.
Insistieron.

No solo buscaron a Edith.
Tuvieron que aprender a investigar.

Ese desplazamiento —de familia a buscadores— no es nuevo en México. Es, de hecho, uno de los rasgos más duros de la crisis: cuando el Estado llega tarde, las familias llenan el vacío. Pero ese esfuerzo tiene un costo: emocional, económico, humano.

Y también revela algo más profundo: la normalización de la ausencia institucional.

Revela lo que se le ha venido señalando a este país desde hace tiempo: no días, sino años.

Un pasado que no se cerró

La desaparición forzada de personas en México no es un fenómeno nuevo ni aislado, sino un delito de lesa humanidad con raíces profundas en la llamada "guerra sucia". Uno de los casos más emblemáticos es el de Rosendo Radilla Pacheco, detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974. Décadas después, la perseverancia de su familia llevó el caso hasta el sistema interamericano: primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 declaró responsable al Estado mexicano por violar derechos a la libertad, a la integridad, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima, así como los derechos de sus familiares.

Esa sentencia obligó al Estado a reconocer jurídicamente la desaparición forzada y a adecuar su marco legal, proceso que terminó por cristalizarse en 2017 con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Sobre el papel, esa arquitectura normativa exige respuestas inmediatas, eficaces y exhaustivas, bajo el principio de no repetición. Lo que la sentencia Radilla exigía que no volviera a ocurrir es precisamente lo que vemos, con otros mecanismos, en el caso Edith: omisión, demora, minimización inicial y resistencia institucional a reconocer el riesgo en tiempo real, ahora no en un cuartel, sino en un edificio lleno de cámaras donde la ley se escribió para que el Estado llegara a tiempo... y volvió a llegar tarde.

México sigue teniendo una deuda profunda con sus desaparecidos.
Y ese pasado no está cerrado.

Se repite.

Porque lo que ocurrió con Rosendo Radilla Pacheco no pertenece únicamente a la "guerra sucia". Pertenece a una forma de operar que, con matices distintos, sigue presente: la omisión, la demora, la minimización inicial, la resistencia institucional a reconocer el problema en tiempo real.

La diferencia es el contexto.

Hoy no siempre hay retenes militares ni operativos clandestinos.

Hoy hay edificios con cámaras.
Hay registros de acceso.
Hay protocolos escritos.

Y aun así, una joven puede desaparecer en un espacio controlado... y pasar más de veinticuatro horas antes de que la autoridad decida actuar con la urgencia que la ley exige.

Por eso, el caso de Edith no es una excepción.

Es una continuidad.

Una que ya no puede explicarse solo por el crimen... sino por la forma en que el Estado llega tarde, duda primero y actúa después.

Y en ese intervalo —ese que la ley dice que debe ser inmediato— es donde la realidad vuelve a romper la promesa de no repetición.

Edith y la aquiescencia del Estado

El consentimiento implícito o tolerancia del Estado ante la vulneración de un derecho humano sucede cuando las autoridades, por acción u omisión, no actúan, guardan silencio o no investigan frente a abusos de agentes estatales o de terceros, convirtiéndose en cómplices.

La inacción o el silencio de la Fiscalía —desde el momento mismo en que la familia acudió a denunciar y en el que la ley obligaba a intervenir de inmediato— no es un detalle menor. No se trata solo de una demora administrativa ni de un error de procedimiento.

Puede configurar, al menos, una forma de responsabilidad estatal por omisión, al incumplir el deber de proteger, investigar y actuar con debida diligencia frente a una posible desaparición.

Las coberturas en tiempo real, los testimonios de la familia y la reconstrucción de los hechos muestran que ese tiempo —el más crítico— se perdió.

Y eso cambia todo.

Porque entonces la pregunta deja de ser únicamente qué ocurrió dentro del edificio.

Pasa a ser otra: qué ocurrió —o qué dejó de ocurrir— en la institución encargada de actuar cuando una vida estaba en riesgo.

Y eso, más que un error operativo, apunta a un problema estructural.

La mentira de las setenta y dos horas

La idea de esperar setenta y dos horas no es solo un error. Es una práctica que sigue costando vidas.

Los protocolos existen precisamente porque las primeras horas son críticas. Sin embargo, en la práctica, esa narrativa persiste como un reflejo burocrático que minimiza, retrasa y, en muchos casos, condena.

El cambio de narrativa oficial

Solo cuando el cuerpo de Edith apareció en el sótano de la Torre Murano y el caso se volvió tema nacional, la Fiscalía cambió de tono. La titular, Bertha Alcalde Luján, anunció que el feminicidio se investigaría bajo protocolo, reprobó la conducta de servidores públicos que atendieron a la familia y prometió sanciones administrativas y penales para quienes hubieran cometido omisiones, demoras injustificadas o incluso actos de corrupción. Al mismo tiempo, la dependencia informó que tenía identificado a un probable responsable —el vigilante del edificio—, detalló que en la caseta se hallaron manchas de sangre y abrió una carpeta por la presunta solicitud de dinero a los familiares.

La narrativa oficial comenzó entonces a insistir en que desde el primer momento se activaron los protocolos.

Pero esa afirmación choca con otra realidad: la de quienes buscaron solas a Edith mientras el tiempo pasaba.

Conforme creció el escrutinio público, la Fiscalía entró en una fase defensiva: reiteró en comunicados y entrevistas que no fabrica culpables y que la imputación por feminicidio contra el vigilante se sustenta en datos de prueba sólidos, como indicios biológicos y evidencia de que las cámaras del edificio estaban desconectadas en el periodo en que Edith ingresó, con acceso del propio vigilante para manipularlas.

La disputa por la verdad

El caso no solo se disputa en los hechos.
Se disputa en las declaraciones.

De un lado, la Fiscalía construye una narrativa de certeza: sostiene que el ataque ocurrió en la caseta de vigilancia, que existen pruebas periciales suficientes y que el proceso penal se sostendrá tanto en tribunales como ante la opinión pública. Reitera que se actuó bajo protocolo, con perspectiva de género, y que mantiene comunicación permanente con la familia.

Del otro lado, la familia de Edith describe una experiencia radicalmente distinta: búsqueda iniciada por cuenta propia desde las primeras horas, negativas institucionales, la insistencia en esperar setenta y dos horas y un entorno de desdén y revictimización. A ello se suma la acusación de solicitudes de dinero para activar diligencias, que derivó en la separación de un funcionario y en la apertura de una investigación interna.

Entre ambas versiones hay un punto de quiebre evidente.

Mientras la autoridad afirma que los protocolos se activaron desde el primer momento, la reconstrucción de los hechos —y el propio testimonio de la familia— señala un vacío crítico de más de veinticuatro horas antes de intervenir el inmueble que había sido identificado desde el inicio.

Esa contradicción no es menor.

Porque obliga a preguntarse no solo qué ocurrió en el edificio, sino qué ocurrió en la institución encargada de actuar cuando una persona desaparece.

La propia fiscal, Bertha Alcalde Luján, ha reconocido que se investigan posibles retrasos, actos de corrupción y conductas indebidas dentro de la Fiscalía, al tiempo que promete que el caso no quedará impune y que se agotarán líneas de investigación como el posible esquema de reclutamiento de mujeres a través de vacantes engañosas.

Sin embargo, incluso esas declaraciones están marcadas por matices: se admite la posibilidad de irregularidades internas, pero se insiste en la solidez del caso; se abre la puerta a investigar redes de captación, pero se señala que no existen denuncias previas relacionadas con el inmueble.

En paralelo, analistas y medios han leído estas posturas como parte de una estrategia defensiva. La frase "no fabricamos culpables" no aparece en el vacío: surge en un contexto de desconfianza acumulada, donde otros casos han dejado una huella difícil de borrar.

Un patrón que se repite

No es la primera vez que una autoridad afirma tener pruebas sólidas mientras enfrenta cuestionamientos por omisiones iniciales. Tampoco es nuevo que el reconocimiento de fallas llegue después de que la presión pública escala, ni que las investigaciones internas convivan con una narrativa oficial que insiste en la corrección del procedimiento.

Ese patrón —respuesta tardía, defensa institucional, admisión parcial de errores y concentración en un responsable individual— se repite con variaciones en distintos casos. No siempre implica la inexistencia de culpables, pero sí revela una constante: la dificultad del sistema para reconocer, de inicio, sus propias fallas estructurales.

Y es ahí donde el caso de Edith deja de ser solo un expediente.

El edificio que debía proteger

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado justamente para impedir que quienes ya han sido amenazados o desplazados vuelvan a quedar expuestos. En Ciudad de México, esa política pública se traduce en medidas como escoltas, botones de pánico y refugios temporales arrendados a través de empresas de seguridad que operan en la frontera entre lo público y lo privado.

El edificio donde Edith fue localizada —la Torre Murano— tampoco es un escenario neutro. Durante años funcionó como conjunto habitacional de nivel medio-alto y, al mismo tiempo, como espacio utilizado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según relató el periodista desplazado Luis Cardona, quien vivió ahí como beneficiario de ese programa. Un lugar con controles de acceso, monitoreo constante y sistemas de videovigilancia. Un espacio diseñado, en teoría, para proteger vidas. Esa doble condición vuelve más incómoda la pregunta de fondo.

Tecnología sin protección

Porque tener cámaras no es lo mismo que tener seguridad.
Y tener protocolos no es lo mismo que aplicarlos.

Responsabilidades abiertas

En un entorno así, la pregunta no es solo qué falló, sino quién responde por la cadena completa: quién administra el inmueble, quién controla las grabaciones, quién supervisa el uso de los espacios y quién permite que se convierta en punto de citas laborales opacas. En el caso de la Torre Murano, el propio Cardona apunta a la empresa privada RCU Sistemas como intermediaria del Mecanismo en la renta y operación de los refugios, una compañía que ya había sido cuestionada por deficiencias en su desempeño y por la forma en que obtuvo contratos para proteger a periodistas, según documentaron medios como Noroeste y SinEmbargo.

Más allá de un culpable

Reducir el caso a un solo responsable es, en el fondo, una forma de cerrar demasiado pronto preguntas que siguen abiertas.

Una falla estructural

Porque el problema no se agota en la responsabilidad individual.

Es estructural.

Es la trampa laboral sin regulación.
Es la precariedad que empuja.
Es la tecnología que observa pero no protégé.
Es la burocracia que espera cuando debería actuar.
Es la institución que reacciona solo cuando la presión la alcanza.

La pregunta de fondo

Porque al final, la pregunta no es solo quién la mató. Ni siquiera cómo ocurrió dentro de un espacio que, en teoría, estaba diseñado para vigilarlo todo.

La pregunta de fondo es otra: qué tipo de sistema permite que una joven entre a un edificio controlado, desaparezca ahí mismo y pase más de un día antes de que alguien decida buscarla en serio.

No es solo una falla.
Es una forma de operar.

Y mientras eso no cambie, las cámaras seguirán grabando...
pero la justicia seguirá llegando tarde.

 

 

Referencias

Martínez, B. (2026, 18 de abril). Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción El Universal. (16 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: cronología del caso que ha sacudido a la CDMX. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción El Universal. (18 de abril de 2026). En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Gutiérrez, N. (19 de abril de 2026). Las horas perdidas para resolver el crimen de Edith Guadalupe. El País. https://elpais.com/

Redacción El País. (17 de abril de 2026). La Fiscalía de Ciudad de México detiene a un probable responsable del feminicidio de Edith Guadalupe. El País. https://elpais.com/

Redacción Infobae. (17 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: cámaras "inservibles" y sobornos, las irregularidades de la Fiscalía de CDMX que denuncia su mamá. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Fiscalía CDMX revela nuevos detalles de cómo habría ocurrido el feminicidio de Edith Guadalupe. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: revelan causa de muerte. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (16 de abril de 2026). Edith Guadalupe acudió a pedir trabajo en edificio de la CDMX, pero no salió; hoy hallaron su cuerpo en el sótano. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Proceso. (17 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe expone deficiencias y corrupción en la Fiscalía de CDMX. Proceso. https://www.proceso.com.mx/

Redacción Milenio. (17 de abril de 2026). Edith Guadalupe: cronología del feminicidio en Benito Juárez, CdMx. Milenio. https://www.milenio.com/

Redacción N+. (16 de abril de 2026). Hallan sin vida a Edith Guadalupe Valdés: esta es la cronología del caso. N+. https://www.nmas.com.mx/

Redacción Excélsior. (18 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe exhibe el riesgo por falsas vacantes laborales en redes sociales. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/

Redacción Excélsior. (18 de abril de 2026). Ofertas laborales en Torre Murano buscaban "puras jovencitas"; ofrecían salarios de hasta 12 mil pesos. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/

García Soto, S. (19 de abril de 2026). Caso Edith Guadalupe: la Fiscalía de la CDMX, en entredicho. Serpientes y Escaleras. https://serpientesyescaleras.mx/

De Mauleón, H. (2026, 19 de abril). Edith Guadalupe: la crisis mayor para Bertha Luján. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción Noroeste. (2019, 26 de marzo). Segob de EPN empleó a polémica empresa para cuidar a periodistas y aun así la recontrató 6 veces. Noroeste. https://www.noroeste.com.mx/

Redacción SinEmbargo. (2019, 26 de marzo). RCU Sistemas, deficiente para Mecanismo de Protección. SinEmbargo. https://www.sinembargo.mx/

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). (2021, 28 de febrero). Mecanismo de Protección de la Ciudad de México. Puntal. https://hchr.org.mx/

 

OTRA PERSPECTIVA

La vieja gloria en tiempo presente

Estados Unidos: la potencia que aún tiene fuerza… pero perdió el rumbo

Por Jose Rafael Moya Saavedra

Hubo un tiempo en que Estados Unidos no necesitaba explicarse.
Era la referencia.

El modelo económico, la democracia funcional, el poder militar, la innovación tecnológica.
El mundo no solo lo miraba: lo seguía.

Hoy, en cambio, empieza a parecer otra cosa: una potencia que todavía tiene fuerza... pero que ya no tiene rumbo.

Una vieja gloria en tiempo presente.

Primer momento: el enemigo interno

Todo imperio comienza a cambiar cuando deja de mirar hacia afuera… y empieza a desconfiar de lo que tiene dentro.

La política migratoria del segundo mandato de Donald Trump marcó ese giro. La emergencia nacional en la frontera, la restricción del asilo, las redadas masivas y la militarización del control migratorio no fueron medidas aisladas, sino parte de una estrategia que redefinió la relación del Estado con quienes sostenían, silenciosamente, buena parte de su economía.

Los arrestos se multiplicaron en espacios públicos y tribunales, con una presión sistemática sobre la población migrante. Al mismo tiempo, las muertes en custodia de ICE comenzaron a acumularse, evidenciando fallas estructurales en el sistema.

Pero el impacto no fue solo humano.

Fue estructural.

En estados como California, las redadas redujeron de manera significativa la fuerza laboral agrícola, afectando producción y precios. Lo que parecía una política de control terminó golpeando directamente a los sectores que dependen de esa mano de obra: agricultura, construcción, servicios.

La ecuación era simple: perseguir al trabajador… termina por debilitar al sistema que depende de él.

Segundo momento: el poder que se impone... pero no convence

Estados Unidos no solo endureció su política interna.
También cambió su forma de relacionarse con el mundo.

La presión arancelaria, la declaración de múltiples emergencias nacionales, la designación de actores como terroristas y una política exterior cada vez más coercitiva marcaron el tono.

La lógica dejó de ser cooperación… y empezó a ser imposición.

En América Latina, esto se tradujo en una relación cada vez más unilateral. En Europa, en tensiones con aliados históricos.

La OTAN dejó de ser una alianza sólida para convertirse en una relación incómoda, atravesada por desconfianzas y diferencias estratégicas.

Cuando una potencia necesita imponer su liderazgo… es porque ya no lo tiene garantizado.

Tercer momento: el mundo como campo de batalla

La escalada con Irán terminó de cerrar el círculo.

En 2026, Estados Unidos no solo tensó la relación: entró en un conflicto abierto. Ataques coordinados, respuestas con misiles y drones, el riesgo sobre el estrecho de Ormuz y el impacto en el comercio energético global volvieron a colocar al mundo en un escenario de alta incertidumbre.

El discurso volvió a ser el de siempre: seguridad, defensa, control.

Pero el contexto ya no era el mismo.

Hoy, cada intervención genera más inestabilidad, más costos, más enemigos.
Y menos capacidad de control.

Cuarto momento: la democracia fatigada

Mientras Estados Unidos multiplica frentes externos, su frente interno se va desgastando.

La democracia que alguna vez se presentó como modelo comienza a parecer un sistema exhausto, atrapado en una confrontación permanente.

Las elecciones dejaron de ser un ritual de consenso para convertirse en un campo de batalla donde cada resultado se sospecha, se litiga y se denuncia antes incluso de terminar el conteo.

Las instituciones que antes fungían como árbitros pasan a ser vistas como parte del conflicto, alineadas con uno u otro bando.

El asalto al Capitolio no fue un episodio aislado, sino el síntoma más visible de una polarización que convirtió al adversario político en enemigo existencial.

La desconfianza se alimenta en redes, medios y discursos oficiales que hablan más de fraude, conspiraciones y traición que de proyecto compartido.

Y cuando una democracia se vive como guerra interna, deja de ser referente para otros… y empieza a convertirse en advertencia.

Quinto momento: la fractura silenciosa

Mientras todo esto ocurre, hay algo más profundo que se está rompiendo: la narrativa de excepcionalidad.

Estados Unidos ya no es el modelo al que se aspira, sino un caso más en un mundo donde otros actores —China, Rusia, potencias regionales e incluso corporaciones tecnológicas— disputan el relato de futuro posible.

La idea de que “no hay alternativa” al modelo estadounidense se resquebraja al tiempo que se multiplican otros órdenes, otras formas de poder, otros centros de decisión.

Estados Unidos deja de ser la referencia inevitable y pasa a ser una opción más en un tablero cada vez más fragmentado.

Esa transformación no es abstracta. Se expresa en decisiones concretas: políticas migratorias que generan rechazo interno, tensiones crecientes con aliados históricos y una política exterior que, más que estabilizar, ha contribuido a abrir nuevos frentes de incertidumbre.

Incluso dentro de su propio sistema, el consenso se erosiona.

Y cuando una potencia pierde legitimidad… su poder empieza a ser cuestionado, incluso si sigue siendo fuerte.

Sexto momento: la potencia endeudada

Mientras la política se radicaliza y la narrativa de liderazgo se desgasta, hay un dato frío que atraviesa todo: la deuda.

El país que durante décadas financió guerras, rescates financieros y recortes fiscales a gran escala, hoy vive con un nivel de endeudamiento que condiciona cada decisión de gobierno.

El techo de la deuda se volvió una escena recurrente: plazos al límite, amenazas de cierre, negociaciones frenéticas en el Congreso.

Cada episodio no solo inquieta a los mercados, también exhibe que el corazón financiero del imperio late con arritmia.

Estados Unidos sigue siendo el emisor de la moneda de reserva global, pero necesita renovar constantemente la confianza de quienes compran sus bonos para sostener un modo de vida que ya no se paga solo.

La potencia que antes prestaba al mundo ahora depende de que el mundo le siga prestando a ella.

Cuando el poder se sostiene tanto de la fuerza como del crédito, cualquier fisura en la confianza termina siendo también una fisura en el relato de grandeza.

La vieja gloria ya no solo se mide en portaaviones y Silicon Valley, sino en cuánto tiempo más podrá seguir pateando hacia adelante la factura de su propio modelo.

Cierre

Lo que estamos viendo no es una caída inmediata.
Es algo más complejo… y más peligroso.

Estados Unidos no ha caído.
No ha dejado de ser poderoso.
No ha desaparecido del tablero.

Pero algo cambió.

Ya no marca el rumbo con claridad.
Ya no convence como antes.
Ya no representa lo que solía representar.

Y eso, en términos históricos, es más importante que cualquier crisis.

Porque los imperios no terminan cuando pierden poder.
Terminan cuando dejan de ser referencia.

Dios bendiga a América.
La va a necesitar.

 

OTRA PERSPECTIVA

Combatíamos la pobreza, no a los pobres

Por José Rafael Moya Saavedra

"Combatíamos la pobreza, no a los pobres". La frase parece un juego de palabras, pero en realidad condensa una disputa de fondo sobre qué entendemos por pobreza y, sobre todo, sobre cómo miramos a quienes la padecen. Durante décadas, buena parte de las políticas públicas se diseñaron como si la pobreza fuera un rasgo de ciertas personas y no una condición producida por decisiones económicas, arreglos institucionales y jerarquías sociales.

Se construyó así una mirada clínica sobre "los pobres": se les clasifica, se les mide, se les focaliza, se les interviene, con la misma frialdad con que se corrige una variable en una hoja de cálculo. En ese tránsito silencioso, el combate a la pobreza terminó muchas veces convertido en otra cosa: un combate contra los pobres, contra sus supuestos vicios, carencias y "malas decisiones".

Con el tiempo, empecé a leer el lenguaje de los derechos humanos y algo hizo clic. Si aceptamos que la pobreza no es solo falta de dinero, sino una violación cotidiana de derechos —a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, a la participación—, entonces ya no alcanza con "ayudar" cuando hay presupuesto o voluntad política.

Vista así, la pobreza deja de ser un accidente individual y aparece como resultado de desigualdades estructurales que se reproducen en el tiempo. El problema ya no es la gente pobre, sino las reglas del juego que la empujan y la mantienen en esa posición.

Desde esa perspectiva, la frase deja de ser un eslogan amable y se vuelve un test ético y político. La pregunta ya no es solo cuánto dinero se transfiere, sino qué tan lejos se llega en desmontar las barreras que sostienen la pobreza.

De combatir a “los pobres” a combatir la pobreza

Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que muchas políticas que aprendí a admirar en los libros tenían una cara mucho menos amable en la calle. En los diagnósticos se hablaba de "pobreza multidimensional", de "exclusión", de "falta de oportunidades"; pero al momento de bajar la política al territorio, la conversación cambiaba de tono.

De pronto, las personas tenían que demostrar que eran suficientemente pobres, suficientemente vulnerables, suficientemente obedientes para recibir lo que, en teoría, era un derecho. Había que traer papeles, constancias, firmas; había que exhibir la carencia casi como si fuera un delito.

En lugar de combatir la pobreza como sistema, se desplegaban dispositivos para administrar, clasificar y corregir a los pobres.

A fuerza de repetir esos rituales, se instala una lógica perversa: pareciera que el problema no es el salario que no alcanza, la vivienda que se cae o el hospital sin medicinas, sino la familia que "no sabe ahorrar" o el joven que "no se esfuerza". Cambiamos preguntas estructurales por juicios morales.

La pobreza deja de ser una responsabilidad colectiva… y se convierte en una culpa individual.

Ese enfoque tiene consecuencias concretas. Cuando el centro está en “corregir” a las personas, proliferan mecanismos de control: transferencias condicionadas, filtros burocráticos, visitas domiciliarias, vigilancia cotidiana. El mensaje implícito es claro: te damos algo, pero a cambio te observamos.

México: un laboratorio de políticas… y de ambigüedades

La primera vez que vi de cerca un operativo de programas sociales fue en una cancha techada. Hacía calor, alguien gritaba nombres desde una lista interminable y las personas avanzaban con carpetas llenas de documentos. Mientras escuchaba promesas de que “ahora sí” se combatiría la pobreza de raíz, pensaba en la historia de la política social en México.

Cuando intento aterrizar todo esto en cifras, lo primero que encuentro es que la pobreza en México no es un fenómeno marginal: es estructural. De acuerdo con el INEGI (2024), el 29.6% de la población vive en pobreza y el 5.3% en pobreza extrema.

Pero lo que más me inquieta no es solo el tamaño del problema, sino su distribución. La pobreza tiene geografía, historia y, en muchos casos, destino heredado.

La tabla siguiente no busca saturar de datos, sino mostrar con claridad esa desigualdad territorial que ya dice mucho sobre las estructuras que sostienen la pobreza en el país.

Pobreza multidimensional en México (2024)

Indicadores nacionales
Indicador	Valor
Población en situación de pobreza	29.6% (≈ 38.5 millones)
Población en pobreza extrema	5.3% (≈ 7 millones)
Población no pobre y no vulnerable	42.30%
Estados con mayor pobreza
Entidad	% de población en pobreza
Chiapas	66.00%
Guerrero	58.10%
Oaxaca	51.60%
Veracruz	44.50%
Puebla	43.40%
Estados con menor pobreza
Entidad	% de población en pobreza
Baja California	9.90%
Baja California Sur	~13% (pobreza laboral)
Nuevo León	<20%
Coahuila	~12.4%
Colima	~15.0%

INEGI, Medición de la pobreza multidimensional 2024.

México ha sido, durante décadas, un laboratorio de políticas sociales. Pasamos de la asistencia discrecional a programas emblemáticos y luego a transferencias condicionadas que, en el papel, representaban modernización. En la práctica, muchas comunidades aprendieron que la permanencia en los programas dependía no solo de cumplir condiciones, sino de la marea política.

Lo que más me inquieta no es el cambio de siglas, sino la relación que se ha construido entre el Estado y quienes viven en pobreza. Los programas se diseñan desde arriba; en el territorio, la pregunta sigue siendo la misma: “¿a mí me toca?”

Más que derechos, predomina el lenguaje del favor.

Las raíces que no queremos tocar

Cuando miro las cifras, hay algo evidente: la mayoría de las personas pobres trabaja. No estamos frente a una población ociosa, sino frente a millones cuyos ingresos no alcanzan.

Si el mercado laboral sigue basado en salarios insuficientes e informalidad, la pobreza se reproduce por debajo de la mesa.

El segundo tema incómodo son los impuestos. Mientras el sistema fiscal siga cargando más sobre quienes menos tienen, cualquier discurso sobre combate a la pobreza queda incompleto.

El tercero es el territorio. La pobreza en México tiene código postal. Sin embargo, seguimos diseñando políticas para “hogares pobres” aislados, en lugar de transformar territorios abandonados.

Y hay un cuarto elemento que atraviesa todo: la violencia. Una violencia que convierte la pobreza en una jaula. ¿De qué sirve un apoyo si alguien lo arrebata al salir del cajero?

El problema de fondo: el poder

Cuando junto estos elementos —trabajo, impuestos, territorio, violencia— entiendo por qué tantas políticas se quedan a medio camino. Es más sencillo administrar la pobreza que transformarla.

Combatir la pobreza no es solo un asunto técnico: es una disputa de poder.

Implica redistribuir recursos, modificar reglas, tocar intereses. Implica que quienes concentran riqueza cedan parte de ella. Implica que el Estado deje de usar la pobreza como herramienta de control.

Colofón

Al final, vuelvo a la frase que lo inició todo. No la leo como descripción del presente, sino como promesa incumplida.

Si este ensayo sirve de algo, me gustaría que fuera para eso: para hacernos preguntas más incómodas la próxima vez que escuchemos “combate a la pobreza”.

Distinguir entre lo que alivia y lo que transforma. Entre lo que administra a los pobres… y lo que se atreve a disputar la pobreza.

Tal vez entonces, algún día, podamos decirlo sin matices: que de verdad combatíamos la pobreza… y no a quienes viven en ella.

Referencias

• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. (2024). Ir a la raíz de la pobreza: Cinco propuestas para erradicar la pobreza en México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
• Banco Mundial. (2025). México puede erradicar la pobreza con políticas adecuadas y crecimiento inclusivo.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Pobreza y derechos humanos en las Américas.
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Derechos humanos y pobreza: Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1º constitucional.
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2013). Principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Naciones Unidas.
• Oxfam México. (2022). México justo: Políticas públicas contra la desigualdad. Oxfam México.
• Pérez, A., y coautores. (2020). Política social y combate a la pobreza en México: Análisis de la cartilla social. Gestión y Política Pública, 29(2), 355–386.
• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza & CNDH. (2017). Derechos humanos y pobreza: Estudio exploratorio con enfoque de derechos humanos sobre políticas públicas frente a la pobreza en México.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Medición de la pobreza multidimensional en México 2024. INEGI.

 

Otra Perspectiva

El Mundial sobre fosas

Por José Rafael Moya Saavedra

La tarde de la reinauguración del Estadio Banorte, mientras las cámaras seguían la entrada de las selecciones, una mujer levantaba una cartulina con el rostro de su hijo desaparecido. No estaba ahí por México ni por Portugal. Estaba ahí porque entendió que, para que alguien mire lo que falta, a veces hay que plantarse justo donde todos los demás quieren ver un espectáculo.

Mientras México se prepara para recibir al mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay lugares donde el aplauso no alcanza a tapar el ruido de la tierra removida. El país se alista para mostrarse moderno, capaz, hospitalario: estadios renovados, operativos de seguridad, inversiones millonarias, discursos de orgullo nacional. Todo parece indicar que estamos listos para el espectáculo.

Pero hay otra escena.

Afuera del recién rebautizado Estadio Banorte, en la Ciudad de México, y en los alrededores del Estadio Akron, en Guadalajara, no solo hay banderas y filtros de acceso. También hay madres con fichas de búsqueda, colectivos que denuncian desplazamiento y territorios marcados por hallazgos de restos humanos: en el entorno de Akron, por ejemplo, las autoridades han contabilizado cientos de bolsas con restos en distintos puntos desde hace años.

El contraste no es menor. Es estructural.

El Mundial no es solo un torneo. Es un dispositivo que reordena prioridades, redefine territorios y decide, muchas veces sin decirlo, qué historias se vuelven visibles y cuáles se empujan fuera de cuadro. Bajo la lógica del megaevento, la ciudad se vuelve escaparate: se limpia, se embellece, se reorganiza para ser vista.

Pero lo que no desaparece... Insiste.

En el sur de la capital, la reapertura del estadio vino acompañada de protestas vecinales por agua, vivienda y presión inmobiliaria. La palabra "gentrificación" dejó de ser un concepto académico para convertirse en experiencia cotidiana de quienes ven cómo su barrio empieza a encarecerse y transformarse para otros: renta turística, obras que no consultan a nadie, negocios pensados más para el visitante que para el vecino.

Y junto a esa disputa urbana, otra mucho más profunda: la de las desapariciones.

Madres buscadoras se hicieron presentes en los alrededores del estadio no para boicotear el partido, sino para algo más elemental: ser vistas. Recordarle al país —y al mundo— que hay una crisis que no se suspende por calendario deportivo.

En Guadalajara, el panorama es aún más brutal. En las inmediaciones del Estadio Akron, sede mundialista, colectivos han documentado durante años la localización de cientos de bolsas con restos humanos. La geografía del entretenimiento convive, literalmente, con la geografía del hallazgo forense.

Dos realidades superpuestas.

Dentro del estadio: luces, pantallas, narrativa global.
Fuera: duelo, búsqueda, memoria.

Lo ocurrido recientemente en la reinauguración del Estadio Banorte lo dejó claro: el espectáculo puede estar listo, pero la gestión integral del riesgo —social, urbano, humano— sigue siendo el eslabón más débil. Porque aquí no hablamos solo de logística, accesos o seguridad privada. Hablamos de un sistema de riesgos superpuestos: multitudes, consumo de alcohol, tensiones sociales acumuladas, protestas, violencia estructural y una narrativa oficial que intenta mantener todo bajo control.

Pero no todo cabe en el control.

Ni en el encuadre.

El Mundial, en este contexto, se convierte en algo más que un evento deportivo: es una vitrina que pone a prueba la capacidad del país para sostener una narrativa sin que la realidad la fracture. Y la realidad ya está hablando.

No en los discursos, sino en los márgenes.
No en la transmisión oficial, sino en las calles que rodean los estadios.

Banorte y Akron son hoy dos laboratorios de la misma paradoja: estadios de clase mundial montados sobre ciudades atravesadas por desapariciones, fosas y procesos de gentrificación que amenazan con expulsar a quienes les dieron vida a esos barrios mucho antes de que la FIFA se fijara en ellos.

La pregunta, entonces, no es si México está listo para organizar una Copa del Mundo. La pregunta es otra, más incómoda:

¿Qué significa celebrar un Mundial en un país donde hay que ir a los estadios para que alguien mire lo que falta?

Porque si el legado del 2026 se mide solo en infraestructura, turismo, plusvalía y rentas al alza alrededor de los estadios, será un éxito parcial... y una omisión profunda. Un verdadero legado tendría que incluir algo más difícil de mostrar en pantalla: memoria, justicia y el derecho de las personas a no desaparecer... ni de la ciudad, ni del país, ni de la historia.

 

Otra Perspectiva

La ciudad sin cuerpos

Asistencia, expulsión y mercado en la ciudad vitrina

Por Jose Rafael Moya Saavedra

La Ciudad de México presume una infraestructura pública de cuidados. Protocolos, programas, brigadas y albergues conforman una narrativa institucional que habla de derechos, atención integral y justicia territorial. Sin embargo, bajo esa capa asistencial opera otro dispositivo menos visible, pero constante: la expulsión de cuerpos vulnerables del territorio.

No se trata de errores aislados ni de contradicciones menores. Es un doble dispositivo que funciona como manual: cara blanda para legitimar, cara dura para reordenar el espacio. El resultado es una ciudad que cuida en el discurso y limpia en la práctica.

La promesa: cuidar sin desplazar

El marco normativo es claro. El Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle prohíbe expresamente el desplazamiento forzado, la reclusión y cualquier internamiento sin consentimiento. La Constitución de la ciudad reconoce a esta población como grupo de atención prioritaria y obliga a garantizar sus derechos.

El gobierno capitalino refuerza esa promesa con albergues, Centros de Atención e Integración Social, brigadas nocturnas, atención médica, vacunación y programas como Transición entre la Calle y el Hogar. La narrativa es impecable: nadie debe ser movido contra su voluntad; nadie debe ser tratado como estorbo.

La práctica: retirar para ordenar

Pero la ciudad que se vive cuenta otra historia. En camellones, parques, banquetas y bajo puentes se ejecutan operativos para “recuperar espacios públicos”. Se desmontan campamentos, se retiran pertenencias y se presiona a las personas a trasladarse a albergues. Formalmente no hay detención; materialmente hay desplazamiento.

Lo mismo ocurre con campamentos de migrantes: se anuncian desmantelamientos por “seguridad” o “conflictos vecinales” y se ofrecen traslados que, en la práctica, no siempre son voluntarios. La asistencia funciona como cobertura de un control territorial que limpia zonas centrales y corredores de alta visibilidad.

El cuerpo no se encierra. Se mueve.
El espacio no se discute. Se despeja.

El nudo: animales, personas y territorio

Este patrón no es exclusivo de la población en calle. Es la misma lógica que atraviesa otros conflictos urbanos recientes. Animales de refugio, adultos mayores despojados, familias desalojadas y personas sin techo comparten un destino común: su expulsión permite reordenar territorio.

Los animales “rescatados” vacían predios estratégicos. Los adultos mayores “restituidos en proceso” ven su vida suspendida mientras el inmueble queda bajo custodia. Las familias desalojadas liberan edificios para la reconversión. Las personas en calle son retiradas para sostener la imagen de ciudad segura y turística.

El mercado no aparece en el operativo. Aparece después.

La ciudad vitrina

Aquí el objetivo no es solo el suelo privatizable. Es el orden visual, la circulación limpia, la reputación urbana. En el Centro Histórico y zonas céntricas, la presencia de cuerpos que no consumen, no pagan renta y no encajan en la postal se vuelve un problema de gestión.

La asistencia legitima la expulsión.
La legalidad amortigua el conflicto.
El mercado capitaliza el resultado.

Cierre: gobernar sin cuerpos

La ciudad no está fallando en su promesa de cuidado. Está funcionando bajo otra lógica. Una donde los cuerpos vulnerables son fricciones que deben retirarse para que el territorio circule como activo.

No se les priva de derechos en el papel.
Se les priva de lugar.

Así se construye una ciudad sin cuerpos: ordenada, rentable y limpia, pero cada vez menos habitable.

 

🧩 Tabla final definitiva — Matriz Animales–Territorio–Mercado

Caso	Cuerpo vulnerable	Territorio en disputa	Lógica de mercado / beneficiarios
Franciscanitos (Cuajimalpa)	Perros y gatos viejos, enfermos o difíciles de adoptar; víctimas reales y dispositivo emocional del “rescate”.	Predio de 160–165 ha en corredor Cuajimalpa–Santa Fe, con cambio de uso de suelo.	Fundación y fideicomiso; potenciales desarrolladores. El vaciamiento facilita la operación inmobiliaria.
Adulto mayor (Paseos de Churubusco, Iztapalapa)	Persona mayor sola, con defensa limitada; vida suspendida.	Vivienda en zona con alta incidencia de despojo.	Redes de despojo; el inmueble queda bajo custodia estatal mientras el valor se preserva.
Familias desalojadas (Roma / Centro Histórico)	Familias con niños y personas mayores; expulsión violenta.	Edificios en zonas de alta plusvalía y gentrificación.	Reconversión a renta turística/comercial; incremento de valor tras “liberar” el inmueble.
Personas en calle / migrantes (CDMX)	Personas sin techo y migrantes; visibles, no rentables.	Espacio público central y corredores turísticos.	Ciudad vitrina: turismo, eventos, comercio formal; orden visual y reputación urbana.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado 4

¿Quién gana cuando se rescata?

Los beneficiarios finales

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En los operativos de rescate —animal o humano— hay una pregunta que rara vez se formula en voz alta: ¿quién gana cuando todo termina? No quién actúa, no quién ejecuta, no quién aparece en el boletín. Quién se beneficia, cuando el conflicto ya fue neutralizado y el territorio quedó libre.

La respuesta casi nunca está en el lugar del operativo. Aparece después. A distancia. En silencio.

El rescate como etapa, no como fin

El rescate no es el final del proceso, sino una fase intermedia. Una transición entre un espacio conflictivo y un territorio disponible. Primero se retiran los cuerpos vulnerables; luego se estabiliza jurídicamente el predio; finalmente, el suelo entra en otra lógica.

En el caso de los franciscanitos, los animales fueron trasladados, dispersados y colocados bajo custodia institucional. El predio, en cambio, quedó desocupado de vida, pero no de valor. Su destino ya no se discute en términos de cuidado animal, sino de escrituras, fideicomisos y proyectos.

El rescate cumple así una función clave: despejar el terreno sin asumir el costo político de un desalojo inmobiliario directo.

Beneficiarios que no salen en la foto

Los beneficiarios finales no participan en el operativo ni aparecen en las conferencias. No cargan jaulas ni colocan sellos. Esperan. Y cuando el espacio está listo, avanzan.

Fundaciones que concentran propiedad, fideicomisos que administran activos, despachos que litigan con paciencia, desarrolladores que proyectan a largo plazo. Ninguno necesita intervenir en el momento del conflicto. El sistema trabaja para ellos.

En los desalojos de Roma Norte y el Centro Histórico, el patrón es idéntico: familias expulsadas, edificios “liberados”, procesos legales lentos para los expulsados y rápidos para la reconversión. En Iztapalapa, la casa de un adulto mayor queda bajo custodia estatal mientras el tiempo corre a favor del valor del inmueble, no de la vida suspendida de su propietario.

El Estado como facilitador involuntario

El Estado no siempre actúa como beneficiario directo, pero sí como facilitador estructural. No compra, no vende, no desarrolla. Asegura, custodia, congela. Administra el conflicto hasta que deja de ser visible.

La legalidad funciona aquí como amortiguador. Protege el activo mientras dilata la restitución. Garantiza orden, no justicia plena. El territorio queda a salvo; la vida, en pausa.

La ganancia que no se declara

La ganancia no siempre se mide en efectivo inmediato. Se mide en tiempo ganado, en suelo reordenado, en conflictos desactivados. Se mide en la posibilidad de convertir un espacio incómodo en un proyecto rentable.

Cuando nadie parece ganar, alguien ya ganó.
Cuando el rescate se celebra, el negocio apenas empieza.

Cierre: la pregunta que incomoda

Por eso, frente a cada operativo presentado como ejemplar, la pregunta no debería ser solo si se actuó conforme a la ley o con buena intención. La pregunta real es otra:

¿Quién gana cuando se rescata?

Porque en la ciudad que se gobierna limpiando, el rescate rara vez es el final de la historia. Es, casi siempre, el principio de otra.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado 3

La ciudad como activo financiero

Despojo, gentrificación y mercado

Por Jose Rafael Moya Saavdedra

En la Ciudad de México, el conflicto urbano ya no se resuelve: se capitaliza. El suelo dejó de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero que debe liberarse de todo lo que lo frena: personas pobres, animales incómodos, comunidades organizadas, usos no rentables.

Nada de esto ocurre por accidente.

Cuando una vivienda, un refugio o un edificio estorban al valor potencial del suelo, se activa una secuencia conocida: primero la omisión, luego la violencia privada, después la intervención estatal y finalmente la reconversión del territorio. El resultado no es justicia ni bienestar: es revalorización.

Del hogar al activo

Una casa deja de ser hogar en el momento en que se vuelve rentable para otros. Un edificio deja de ser comunidad cuando su ubicación permite multiplicar la renta. Un predio deja de ser refugio o corredor ecológico cuando el cambio de uso de suelo lo convierte en proyecto inmobiliario.

En Roma Norte y el Centro Histórico, familias completas fueron expulsadas de edificios que, semanas después, comenzaron procesos de remodelación, renta turística o reconversión comercial. En Paseos de Churubusco, la casa de un adulto mayor quedó bajo custodia institucional mientras el litigio avanzaba lentamente, congelando la vida del propietario pero preservando el valor del inmueble.

En Cuajimalpa, el Refugio Franciscano ocupaba un predio estratégico en un corredor de altísima plusvalía. Una vez retirados los animales y desarticulada la comunidad que le daba sentido al lugar, el conflicto dejó de ser social y se volvió estrictamente civil. El suelo quedó listo.

Gentrificación operativa

La gentrificación no siempre llega con cafeterías y galerías. A veces llega con golpes, sellos y carpetas de investigación. La violencia no es una anomalía del mercado inmobiliario urbano: es una de sus herramientas menos visibles.

Los desalojos violentos “liberan” inmuebles. Los operativos de rescate “despejan” predios. Las custodias prolongadas “congelan” territorios mientras se decide su futuro. En todos los casos, el tiempo juega a favor del capital: quien puede esperar gana; quien necesita vivir pierde.

El Estado no aparece como desarrollador, pero sí como facilitador involuntario. No compra, no construye, no vende. Permite que el terreno llegue limpio, jurídicamente ordenado y socialmente desactivado al mercado.

Legalidad selectiva, mercado eficaz

La ley actúa con una asimetría brutal. Es lenta para restituir posesiones, pero rápida para asegurar inmuebles. Es garantista en el discurso, pero pragmática en los hechos. No corrige la violencia patrimonial; la encapsula.

Mientras los litigios avanzan, el suelo no pierde valor. Al contrario: se protege como activo. La ciudad aprende así a separar la vida del territorio, conservando uno y sacrificando la otra.

La ciudad que se vende

Este modelo produce una ciudad que se puede ofertar, rentar y financiar, pero cada vez menos habitar. Una ciudad donde el derecho a la vivienda, al arraigo o al cuidado animal se vuelve un obstáculo para la rentabilidad.

Los cuerpos vulnerables —animales viejos, adultos mayores, familias pobres— no son errores del sistema. Son fricciones que deben eliminarse para que el activo circule. Por eso aparecen siempre al inicio del conflicto y desaparecen antes de que el negocio se cierre.

Cierre: cuando el suelo vale más que la vida

La Ciudad de México no está fallando en proteger a sus habitantes. Está funcionando bajo una lógica distinta: la de la ciudad como portafolio. En ella, el suelo importa más que quien lo habita y el mercado decide qué vidas pueden quedarse.

Cuando la ciudad se piensa como activo financiero, la expulsión deja de ser tragedia y se vuelve costo operativo.

Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién fue desalojado o rescatado, sino quién gana cuando el territorio queda libre.