OTRA PERSPECTIVA

Combatíamos la pobreza, no a los pobres

Por José Rafael Moya Saavedra

"Combatíamos la pobreza, no a los pobres". La frase parece un juego de palabras, pero en realidad condensa una disputa de fondo sobre qué entendemos por pobreza y, sobre todo, sobre cómo miramos a quienes la padecen. Durante décadas, buena parte de las políticas públicas se diseñaron como si la pobreza fuera un rasgo de ciertas personas y no una condición producida por decisiones económicas, arreglos institucionales y jerarquías sociales.

Se construyó así una mirada clínica sobre "los pobres": se les clasifica, se les mide, se les focaliza, se les interviene, con la misma frialdad con que se corrige una variable en una hoja de cálculo. En ese tránsito silencioso, el combate a la pobreza terminó muchas veces convertido en otra cosa: un combate contra los pobres, contra sus supuestos vicios, carencias y "malas decisiones".

Con el tiempo, empecé a leer el lenguaje de los derechos humanos y algo hizo clic. Si aceptamos que la pobreza no es solo falta de dinero, sino una violación cotidiana de derechos —a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, a la participación—, entonces ya no alcanza con "ayudar" cuando hay presupuesto o voluntad política.

Vista así, la pobreza deja de ser un accidente individual y aparece como resultado de desigualdades estructurales que se reproducen en el tiempo. El problema ya no es la gente pobre, sino las reglas del juego que la empujan y la mantienen en esa posición.

Desde esa perspectiva, la frase deja de ser un eslogan amable y se vuelve un test ético y político. La pregunta ya no es solo cuánto dinero se transfiere, sino qué tan lejos se llega en desmontar las barreras que sostienen la pobreza.

De combatir a “los pobres” a combatir la pobreza

Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que muchas políticas que aprendí a admirar en los libros tenían una cara mucho menos amable en la calle. En los diagnósticos se hablaba de "pobreza multidimensional", de "exclusión", de "falta de oportunidades"; pero al momento de bajar la política al territorio, la conversación cambiaba de tono.

De pronto, las personas tenían que demostrar que eran suficientemente pobres, suficientemente vulnerables, suficientemente obedientes para recibir lo que, en teoría, era un derecho. Había que traer papeles, constancias, firmas; había que exhibir la carencia casi como si fuera un delito.

En lugar de combatir la pobreza como sistema, se desplegaban dispositivos para administrar, clasificar y corregir a los pobres.

A fuerza de repetir esos rituales, se instala una lógica perversa: pareciera que el problema no es el salario que no alcanza, la vivienda que se cae o el hospital sin medicinas, sino la familia que "no sabe ahorrar" o el joven que "no se esfuerza". Cambiamos preguntas estructurales por juicios morales.

La pobreza deja de ser una responsabilidad colectiva… y se convierte en una culpa individual.

Ese enfoque tiene consecuencias concretas. Cuando el centro está en “corregir” a las personas, proliferan mecanismos de control: transferencias condicionadas, filtros burocráticos, visitas domiciliarias, vigilancia cotidiana. El mensaje implícito es claro: te damos algo, pero a cambio te observamos.

México: un laboratorio de políticas… y de ambigüedades

La primera vez que vi de cerca un operativo de programas sociales fue en una cancha techada. Hacía calor, alguien gritaba nombres desde una lista interminable y las personas avanzaban con carpetas llenas de documentos. Mientras escuchaba promesas de que “ahora sí” se combatiría la pobreza de raíz, pensaba en la historia de la política social en México.

Cuando intento aterrizar todo esto en cifras, lo primero que encuentro es que la pobreza en México no es un fenómeno marginal: es estructural. De acuerdo con el INEGI (2024), el 29.6% de la población vive en pobreza y el 5.3% en pobreza extrema.

Pero lo que más me inquieta no es solo el tamaño del problema, sino su distribución. La pobreza tiene geografía, historia y, en muchos casos, destino heredado.

La tabla siguiente no busca saturar de datos, sino mostrar con claridad esa desigualdad territorial que ya dice mucho sobre las estructuras que sostienen la pobreza en el país.

Pobreza multidimensional en México (2024)

Indicadores nacionales
Indicador	Valor
Población en situación de pobreza	29.6% (≈ 38.5 millones)
Población en pobreza extrema	5.3% (≈ 7 millones)
Población no pobre y no vulnerable	42.30%
Estados con mayor pobreza
Entidad	% de población en pobreza
Chiapas	66.00%
Guerrero	58.10%
Oaxaca	51.60%
Veracruz	44.50%
Puebla	43.40%
Estados con menor pobreza
Entidad	% de población en pobreza
Baja California	9.90%
Baja California Sur	~13% (pobreza laboral)
Nuevo León	<20%
Coahuila	~12.4%
Colima	~15.0%

INEGI, Medición de la pobreza multidimensional 2024.

México ha sido, durante décadas, un laboratorio de políticas sociales. Pasamos de la asistencia discrecional a programas emblemáticos y luego a transferencias condicionadas que, en el papel, representaban modernización. En la práctica, muchas comunidades aprendieron que la permanencia en los programas dependía no solo de cumplir condiciones, sino de la marea política.

Lo que más me inquieta no es el cambio de siglas, sino la relación que se ha construido entre el Estado y quienes viven en pobreza. Los programas se diseñan desde arriba; en el territorio, la pregunta sigue siendo la misma: “¿a mí me toca?”

Más que derechos, predomina el lenguaje del favor.

Las raíces que no queremos tocar

Cuando miro las cifras, hay algo evidente: la mayoría de las personas pobres trabaja. No estamos frente a una población ociosa, sino frente a millones cuyos ingresos no alcanzan.

Si el mercado laboral sigue basado en salarios insuficientes e informalidad, la pobreza se reproduce por debajo de la mesa.

El segundo tema incómodo son los impuestos. Mientras el sistema fiscal siga cargando más sobre quienes menos tienen, cualquier discurso sobre combate a la pobreza queda incompleto.

El tercero es el territorio. La pobreza en México tiene código postal. Sin embargo, seguimos diseñando políticas para “hogares pobres” aislados, en lugar de transformar territorios abandonados.

Y hay un cuarto elemento que atraviesa todo: la violencia. Una violencia que convierte la pobreza en una jaula. ¿De qué sirve un apoyo si alguien lo arrebata al salir del cajero?

El problema de fondo: el poder

Cuando junto estos elementos —trabajo, impuestos, territorio, violencia— entiendo por qué tantas políticas se quedan a medio camino. Es más sencillo administrar la pobreza que transformarla.

Combatir la pobreza no es solo un asunto técnico: es una disputa de poder.

Implica redistribuir recursos, modificar reglas, tocar intereses. Implica que quienes concentran riqueza cedan parte de ella. Implica que el Estado deje de usar la pobreza como herramienta de control.

Colofón

Al final, vuelvo a la frase que lo inició todo. No la leo como descripción del presente, sino como promesa incumplida.

Si este ensayo sirve de algo, me gustaría que fuera para eso: para hacernos preguntas más incómodas la próxima vez que escuchemos “combate a la pobreza”.

Distinguir entre lo que alivia y lo que transforma. Entre lo que administra a los pobres… y lo que se atreve a disputar la pobreza.

Tal vez entonces, algún día, podamos decirlo sin matices: que de verdad combatíamos la pobreza… y no a quienes viven en ella.

Referencias

• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. (2024). Ir a la raíz de la pobreza: Cinco propuestas para erradicar la pobreza en México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
• Banco Mundial. (2025). México puede erradicar la pobreza con políticas adecuadas y crecimiento inclusivo.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Pobreza y derechos humanos en las Américas.
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Derechos humanos y pobreza: Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1º constitucional.
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2013). Principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Naciones Unidas.
• Oxfam México. (2022). México justo: Políticas públicas contra la desigualdad. Oxfam México.
• Pérez, A., y coautores. (2020). Política social y combate a la pobreza en México: Análisis de la cartilla social. Gestión y Política Pública, 29(2), 355–386.
• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza & CNDH. (2017). Derechos humanos y pobreza: Estudio exploratorio con enfoque de derechos humanos sobre políticas públicas frente a la pobreza en México.
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Medición de la pobreza multidimensional en México 2024. INEGI.

 

Otra Perspectiva

El Mundial sobre fosas

Por José Rafael Moya Saavedra

La tarde de la reinauguración del Estadio Banorte, mientras las cámaras seguían la entrada de las selecciones, una mujer levantaba una cartulina con el rostro de su hijo desaparecido. No estaba ahí por México ni por Portugal. Estaba ahí porque entendió que, para que alguien mire lo que falta, a veces hay que plantarse justo donde todos los demás quieren ver un espectáculo.

Mientras México se prepara para recibir al mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay lugares donde el aplauso no alcanza a tapar el ruido de la tierra removida. El país se alista para mostrarse moderno, capaz, hospitalario: estadios renovados, operativos de seguridad, inversiones millonarias, discursos de orgullo nacional. Todo parece indicar que estamos listos para el espectáculo.

Pero hay otra escena.

Afuera del recién rebautizado Estadio Banorte, en la Ciudad de México, y en los alrededores del Estadio Akron, en Guadalajara, no solo hay banderas y filtros de acceso. También hay madres con fichas de búsqueda, colectivos que denuncian desplazamiento y territorios marcados por hallazgos de restos humanos: en el entorno de Akron, por ejemplo, las autoridades han contabilizado cientos de bolsas con restos en distintos puntos desde hace años.

El contraste no es menor. Es estructural.

El Mundial no es solo un torneo. Es un dispositivo que reordena prioridades, redefine territorios y decide, muchas veces sin decirlo, qué historias se vuelven visibles y cuáles se empujan fuera de cuadro. Bajo la lógica del megaevento, la ciudad se vuelve escaparate: se limpia, se embellece, se reorganiza para ser vista.

Pero lo que no desaparece... Insiste.

En el sur de la capital, la reapertura del estadio vino acompañada de protestas vecinales por agua, vivienda y presión inmobiliaria. La palabra "gentrificación" dejó de ser un concepto académico para convertirse en experiencia cotidiana de quienes ven cómo su barrio empieza a encarecerse y transformarse para otros: renta turística, obras que no consultan a nadie, negocios pensados más para el visitante que para el vecino.

Y junto a esa disputa urbana, otra mucho más profunda: la de las desapariciones.

Madres buscadoras se hicieron presentes en los alrededores del estadio no para boicotear el partido, sino para algo más elemental: ser vistas. Recordarle al país —y al mundo— que hay una crisis que no se suspende por calendario deportivo.

En Guadalajara, el panorama es aún más brutal. En las inmediaciones del Estadio Akron, sede mundialista, colectivos han documentado durante años la localización de cientos de bolsas con restos humanos. La geografía del entretenimiento convive, literalmente, con la geografía del hallazgo forense.

Dos realidades superpuestas.

Dentro del estadio: luces, pantallas, narrativa global.
Fuera: duelo, búsqueda, memoria.

Lo ocurrido recientemente en la reinauguración del Estadio Banorte lo dejó claro: el espectáculo puede estar listo, pero la gestión integral del riesgo —social, urbano, humano— sigue siendo el eslabón más débil. Porque aquí no hablamos solo de logística, accesos o seguridad privada. Hablamos de un sistema de riesgos superpuestos: multitudes, consumo de alcohol, tensiones sociales acumuladas, protestas, violencia estructural y una narrativa oficial que intenta mantener todo bajo control.

Pero no todo cabe en el control.

Ni en el encuadre.

El Mundial, en este contexto, se convierte en algo más que un evento deportivo: es una vitrina que pone a prueba la capacidad del país para sostener una narrativa sin que la realidad la fracture. Y la realidad ya está hablando.

No en los discursos, sino en los márgenes.
No en la transmisión oficial, sino en las calles que rodean los estadios.

Banorte y Akron son hoy dos laboratorios de la misma paradoja: estadios de clase mundial montados sobre ciudades atravesadas por desapariciones, fosas y procesos de gentrificación que amenazan con expulsar a quienes les dieron vida a esos barrios mucho antes de que la FIFA se fijara en ellos.

La pregunta, entonces, no es si México está listo para organizar una Copa del Mundo. La pregunta es otra, más incómoda:

¿Qué significa celebrar un Mundial en un país donde hay que ir a los estadios para que alguien mire lo que falta?

Porque si el legado del 2026 se mide solo en infraestructura, turismo, plusvalía y rentas al alza alrededor de los estadios, será un éxito parcial... y una omisión profunda. Un verdadero legado tendría que incluir algo más difícil de mostrar en pantalla: memoria, justicia y el derecho de las personas a no desaparecer... ni de la ciudad, ni del país, ni de la historia.

 

Otra Perspectiva

La ciudad sin cuerpos

Asistencia, expulsión y mercado en la ciudad vitrina

Por Jose Rafael Moya Saavedra

La Ciudad de México presume una infraestructura pública de cuidados. Protocolos, programas, brigadas y albergues conforman una narrativa institucional que habla de derechos, atención integral y justicia territorial. Sin embargo, bajo esa capa asistencial opera otro dispositivo menos visible, pero constante: la expulsión de cuerpos vulnerables del territorio.

No se trata de errores aislados ni de contradicciones menores. Es un doble dispositivo que funciona como manual: cara blanda para legitimar, cara dura para reordenar el espacio. El resultado es una ciudad que cuida en el discurso y limpia en la práctica.

La promesa: cuidar sin desplazar

El marco normativo es claro. El Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle prohíbe expresamente el desplazamiento forzado, la reclusión y cualquier internamiento sin consentimiento. La Constitución de la ciudad reconoce a esta población como grupo de atención prioritaria y obliga a garantizar sus derechos.

El gobierno capitalino refuerza esa promesa con albergues, Centros de Atención e Integración Social, brigadas nocturnas, atención médica, vacunación y programas como Transición entre la Calle y el Hogar. La narrativa es impecable: nadie debe ser movido contra su voluntad; nadie debe ser tratado como estorbo.

La práctica: retirar para ordenar

Pero la ciudad que se vive cuenta otra historia. En camellones, parques, banquetas y bajo puentes se ejecutan operativos para “recuperar espacios públicos”. Se desmontan campamentos, se retiran pertenencias y se presiona a las personas a trasladarse a albergues. Formalmente no hay detención; materialmente hay desplazamiento.

Lo mismo ocurre con campamentos de migrantes: se anuncian desmantelamientos por “seguridad” o “conflictos vecinales” y se ofrecen traslados que, en la práctica, no siempre son voluntarios. La asistencia funciona como cobertura de un control territorial que limpia zonas centrales y corredores de alta visibilidad.

El cuerpo no se encierra. Se mueve.
El espacio no se discute. Se despeja.

El nudo: animales, personas y territorio

Este patrón no es exclusivo de la población en calle. Es la misma lógica que atraviesa otros conflictos urbanos recientes. Animales de refugio, adultos mayores despojados, familias desalojadas y personas sin techo comparten un destino común: su expulsión permite reordenar territorio.

Los animales “rescatados” vacían predios estratégicos. Los adultos mayores “restituidos en proceso” ven su vida suspendida mientras el inmueble queda bajo custodia. Las familias desalojadas liberan edificios para la reconversión. Las personas en calle son retiradas para sostener la imagen de ciudad segura y turística.

El mercado no aparece en el operativo. Aparece después.

La ciudad vitrina

Aquí el objetivo no es solo el suelo privatizable. Es el orden visual, la circulación limpia, la reputación urbana. En el Centro Histórico y zonas céntricas, la presencia de cuerpos que no consumen, no pagan renta y no encajan en la postal se vuelve un problema de gestión.

La asistencia legitima la expulsión.
La legalidad amortigua el conflicto.
El mercado capitaliza el resultado.

Cierre: gobernar sin cuerpos

La ciudad no está fallando en su promesa de cuidado. Está funcionando bajo otra lógica. Una donde los cuerpos vulnerables son fricciones que deben retirarse para que el territorio circule como activo.

No se les priva de derechos en el papel.
Se les priva de lugar.

Así se construye una ciudad sin cuerpos: ordenada, rentable y limpia, pero cada vez menos habitable.

 

🧩 Tabla final definitiva — Matriz Animales–Territorio–Mercado

Caso	Cuerpo vulnerable	Territorio en disputa	Lógica de mercado / beneficiarios
Franciscanitos (Cuajimalpa)	Perros y gatos viejos, enfermos o difíciles de adoptar; víctimas reales y dispositivo emocional del “rescate”.	Predio de 160–165 ha en corredor Cuajimalpa–Santa Fe, con cambio de uso de suelo.	Fundación y fideicomiso; potenciales desarrolladores. El vaciamiento facilita la operación inmobiliaria.
Adulto mayor (Paseos de Churubusco, Iztapalapa)	Persona mayor sola, con defensa limitada; vida suspendida.	Vivienda en zona con alta incidencia de despojo.	Redes de despojo; el inmueble queda bajo custodia estatal mientras el valor se preserva.
Familias desalojadas (Roma / Centro Histórico)	Familias con niños y personas mayores; expulsión violenta.	Edificios en zonas de alta plusvalía y gentrificación.	Reconversión a renta turística/comercial; incremento de valor tras “liberar” el inmueble.
Personas en calle / migrantes (CDMX)	Personas sin techo y migrantes; visibles, no rentables.	Espacio público central y corredores turísticos.	Ciudad vitrina: turismo, eventos, comercio formal; orden visual y reputación urbana.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado 4

¿Quién gana cuando se rescata?

Los beneficiarios finales

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En los operativos de rescate —animal o humano— hay una pregunta que rara vez se formula en voz alta: ¿quién gana cuando todo termina? No quién actúa, no quién ejecuta, no quién aparece en el boletín. Quién se beneficia, cuando el conflicto ya fue neutralizado y el territorio quedó libre.

La respuesta casi nunca está en el lugar del operativo. Aparece después. A distancia. En silencio.

El rescate como etapa, no como fin

El rescate no es el final del proceso, sino una fase intermedia. Una transición entre un espacio conflictivo y un territorio disponible. Primero se retiran los cuerpos vulnerables; luego se estabiliza jurídicamente el predio; finalmente, el suelo entra en otra lógica.

En el caso de los franciscanitos, los animales fueron trasladados, dispersados y colocados bajo custodia institucional. El predio, en cambio, quedó desocupado de vida, pero no de valor. Su destino ya no se discute en términos de cuidado animal, sino de escrituras, fideicomisos y proyectos.

El rescate cumple así una función clave: despejar el terreno sin asumir el costo político de un desalojo inmobiliario directo.

Beneficiarios que no salen en la foto

Los beneficiarios finales no participan en el operativo ni aparecen en las conferencias. No cargan jaulas ni colocan sellos. Esperan. Y cuando el espacio está listo, avanzan.

Fundaciones que concentran propiedad, fideicomisos que administran activos, despachos que litigan con paciencia, desarrolladores que proyectan a largo plazo. Ninguno necesita intervenir en el momento del conflicto. El sistema trabaja para ellos.

En los desalojos de Roma Norte y el Centro Histórico, el patrón es idéntico: familias expulsadas, edificios “liberados”, procesos legales lentos para los expulsados y rápidos para la reconversión. En Iztapalapa, la casa de un adulto mayor queda bajo custodia estatal mientras el tiempo corre a favor del valor del inmueble, no de la vida suspendida de su propietario.

El Estado como facilitador involuntario

El Estado no siempre actúa como beneficiario directo, pero sí como facilitador estructural. No compra, no vende, no desarrolla. Asegura, custodia, congela. Administra el conflicto hasta que deja de ser visible.

La legalidad funciona aquí como amortiguador. Protege el activo mientras dilata la restitución. Garantiza orden, no justicia plena. El territorio queda a salvo; la vida, en pausa.

La ganancia que no se declara

La ganancia no siempre se mide en efectivo inmediato. Se mide en tiempo ganado, en suelo reordenado, en conflictos desactivados. Se mide en la posibilidad de convertir un espacio incómodo en un proyecto rentable.

Cuando nadie parece ganar, alguien ya ganó.
Cuando el rescate se celebra, el negocio apenas empieza.

Cierre: la pregunta que incomoda

Por eso, frente a cada operativo presentado como ejemplar, la pregunta no debería ser solo si se actuó conforme a la ley o con buena intención. La pregunta real es otra:

¿Quién gana cuando se rescata?

Porque en la ciudad que se gobierna limpiando, el rescate rara vez es el final de la historia. Es, casi siempre, el principio de otra.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado 3

La ciudad como activo financiero

Despojo, gentrificación y mercado

Por Jose Rafael Moya Saavdedra

En la Ciudad de México, el conflicto urbano ya no se resuelve: se capitaliza. El suelo dejó de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero que debe liberarse de todo lo que lo frena: personas pobres, animales incómodos, comunidades organizadas, usos no rentables.

Nada de esto ocurre por accidente.

Cuando una vivienda, un refugio o un edificio estorban al valor potencial del suelo, se activa una secuencia conocida: primero la omisión, luego la violencia privada, después la intervención estatal y finalmente la reconversión del territorio. El resultado no es justicia ni bienestar: es revalorización.

Del hogar al activo

Una casa deja de ser hogar en el momento en que se vuelve rentable para otros. Un edificio deja de ser comunidad cuando su ubicación permite multiplicar la renta. Un predio deja de ser refugio o corredor ecológico cuando el cambio de uso de suelo lo convierte en proyecto inmobiliario.

En Roma Norte y el Centro Histórico, familias completas fueron expulsadas de edificios que, semanas después, comenzaron procesos de remodelación, renta turística o reconversión comercial. En Paseos de Churubusco, la casa de un adulto mayor quedó bajo custodia institucional mientras el litigio avanzaba lentamente, congelando la vida del propietario pero preservando el valor del inmueble.

En Cuajimalpa, el Refugio Franciscano ocupaba un predio estratégico en un corredor de altísima plusvalía. Una vez retirados los animales y desarticulada la comunidad que le daba sentido al lugar, el conflicto dejó de ser social y se volvió estrictamente civil. El suelo quedó listo.

Gentrificación operativa

La gentrificación no siempre llega con cafeterías y galerías. A veces llega con golpes, sellos y carpetas de investigación. La violencia no es una anomalía del mercado inmobiliario urbano: es una de sus herramientas menos visibles.

Los desalojos violentos “liberan” inmuebles. Los operativos de rescate “despejan” predios. Las custodias prolongadas “congelan” territorios mientras se decide su futuro. En todos los casos, el tiempo juega a favor del capital: quien puede esperar gana; quien necesita vivir pierde.

El Estado no aparece como desarrollador, pero sí como facilitador involuntario. No compra, no construye, no vende. Permite que el terreno llegue limpio, jurídicamente ordenado y socialmente desactivado al mercado.

Legalidad selectiva, mercado eficaz

La ley actúa con una asimetría brutal. Es lenta para restituir posesiones, pero rápida para asegurar inmuebles. Es garantista en el discurso, pero pragmática en los hechos. No corrige la violencia patrimonial; la encapsula.

Mientras los litigios avanzan, el suelo no pierde valor. Al contrario: se protege como activo. La ciudad aprende así a separar la vida del territorio, conservando uno y sacrificando la otra.

La ciudad que se vende

Este modelo produce una ciudad que se puede ofertar, rentar y financiar, pero cada vez menos habitar. Una ciudad donde el derecho a la vivienda, al arraigo o al cuidado animal se vuelve un obstáculo para la rentabilidad.

Los cuerpos vulnerables —animales viejos, adultos mayores, familias pobres— no son errores del sistema. Son fricciones que deben eliminarse para que el activo circule. Por eso aparecen siempre al inicio del conflicto y desaparecen antes de que el negocio se cierre.

Cierre: cuando el suelo vale más que la vida

La Ciudad de México no está fallando en proteger a sus habitantes. Está funcionando bajo una lógica distinta: la de la ciudad como portafolio. En ella, el suelo importa más que quien lo habita y el mercado decide qué vidas pueden quedarse.

Cuando la ciudad se piensa como activo financiero, la expulsión deja de ser tragedia y se vuelve costo operativo.

Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién fue desalojado o rescatado, sino quién gana cuando el territorio queda libre.

 

OTRA PERSPECTIVA

Serie: Animales–Territorio–Mercado

Cuando proteger vacía el suelo (cuerpos vulnerables como bisagra)

Por Jose Rafael Moya Saavdedra

Proteger no siempre significa cuidar. A veces significa retirar. Quitar de en medio aquello que estorba para que el territorio pueda reordenarse sin conflicto visible. En la Ciudad de México, los cuerpos vulnerables —animales viejos, personas mayores, familias pobres— se han convertido en bisagras: su desplazamiento permite que el suelo cambie de manos.

El mecanismo es conocido. Primero aparece una causa moral incuestionable: bienestar animal, derecho a la vivienda, protección de víctimas. Luego viene la intervención estatal, casi siempre tardía, casi siempre espectacular. Al final, lo que queda no es restitución plena, sino un espacio despejado y un expediente abierto.

La bisagra humana y animal

En Cuajimalpa, los franciscanitos fueron presentados como víctimas de maltrato. En Iztapalapa, un adulto mayor fue reconocido como propietario despojado. En Roma y el Centro Histórico, familias enteras fueron tratadas como daños colaterales. Los sujetos cambian; la función es la misma: permitir que el conflicto se traslade del espacio público al terreno técnico.

Una vez fuera los animales, el refugio deja de ser un problema social y se convierte en un litigio civil. Una vez expulsada la familia, el edificio deja de ser hogar y se vuelve activo. Una vez asegurada la casa del adulto mayor, la vida queda en pausa mientras el inmueble entra en custodia.

La protección no devuelve la vida anterior. Administra la pérdida.

El lenguaje que limpia

“Rescate”, “aseguramiento”, “custodia”, “restitución en proceso”. El vocabulario institucional suaviza la violencia y legitima la espera. No hay urgencia para devolver posesiones, vínculos o rutinas. Hay tiempo para sellos, peritajes y fideicomisos.

Ese tiempo es clave. Porque mientras el cuerpo vulnerable espera, el territorio se revaloriza.

Cierre

Cuando proteger implica retirar cuerpos del espacio, el suelo queda libre para otras lógicas. La bisagra cumple su función: el conflicto se desactiva, la indignación se enfría y el mercado entra sin hacer ruido.

Proteger, así, vacía el suelo.

 

OTRA PERSPECTIVA

El verdadero botín no eran los animales

Serie: Animales, territorio y mercado en la ciudad que se reordena (1)

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En el caso de los franciscanitos, la imagen más visible fue la de cientos de perros y gatos “rescatados” por el Estado. Jaulas, traslados, comunicados oficiales y un discurso cerrado: se actuó para proteger a seres sintientes frente al maltrato. Pero esa escena, tan poderosa como emotiva, ocultó el conflicto central.

El verdadero botín no eran los animales.
Era el territorio.

Los perros y gatos funcionaron como el pretexto sensible, el detonador jurídico y emocional que permitió vaciar un predio estratégico en una de las zonas más caras de la ciudad. Una vez retirados los animales y rota la relación entre comunidad, refugio y espacio, el conflicto dejó de ser público, moral y debatible. Se volvió técnico. Civil. Silencioso.

Y ahí, casi siempre, gana el mercado.

Animales: víctimas reales y dispositivo útil

No hay que minimizar el sufrimiento animal. Los franciscanitos —muchos viejos, enfermos o difíciles de adoptar— fueron víctimas reales de estrés, dispersión y posible desaparición. Pero al mismo tiempo, su condición de seres vulnerables fue utilizada como dispositivo legitimador.

La denuncia por maltrato y el lenguaje del “rescate de seres sintientes” abrieron la puerta a un operativo espectacular que permitió retirar cuerpos vivos incómodos del territorio. Una vez fuera los animales, el problema dejó de ser visible como bienestar animal y se trasladó a expedientes, escrituras, fideicomisos y juicios civiles, donde casi nadie puede intervenir salvo las partes involucradas y sus abogados.

El conflicto se desanimalizó.
Y al hacerlo, se despolitizó.

Territorio: el botín silencioso

El predio del Refugio Franciscano no es menor. Se trata de alrededor de 160–165 hectáreas en la zona Cuajimalpa–Santa Fe, un corredor inmobiliario de altísimo valor. Según cálculos del propio equipo legal del refugio, el terreno podría valer entre 1,500 y 2,000 millones de pesos en el mercado actual.

En 2020, la Fundación Haghenbeck se hizo con la propiedad y posteriormente la vendió a un fideicomiso de Banco Ve por Más por aproximadamente 650 millones de pesos, una operación cuestionada por posible subvaluación y por contradecir la voluntad original del benefactor. El mismo mes en que se pacta la venta, se autoriza un cambio de uso de suelo para vivienda y oficinas.

Nada de esto es anecdótico.
Es el corazón del conflicto.

Mercado: el motor que no sale en la foto

Una vez vaciado el predio —sin animales, sin personal del refugio, sin conflicto visible— el terreno queda listo para su reconversión. El operativo de “rescate” cumple así una función clave: despejar el espacio sin asumir el costo político de un desalojo directo por intereses inmobiliarios.

El mercado no aparece con uniformes ni comunicados. No necesita hacerlo. Se beneficia del resultado: un territorio liberado, jurídicamente reordenado y socialmente neutralizado. El bienestar animal funciona como envoltura moral de una operación civil–inmobiliaria mucho más amplia.

El patrón se repite

Lo ocurrido en Cuajimalpa no es único. El mismo nudo aparece en otros casos de la ciudad: un cuerpo vulnerable sirve como bisagra para reordenar territorio en función del mercado.

Un adulto mayor despojado en Paseos de Churubusco, en Iztapalapa, cuya casa queda bajo custodia del Estado mientras avanza un proceso legal interminable.

Familias expulsadas de edificios en Roma Norte y el Centro Histórico, donde la violencia “libera” inmuebles para reinsertarlos en el mercado con rentas mucho más altas.

Cambian los sujetos. No cambia la lógica.

Cierre: cuando el conflicto se vuelve técnico

Cuando los animales desaparecen del escenario, el conflicto deja de ser ético y se vuelve técnico. Y cuando se vuelve técnico, deja de interpelar a la sociedad. Se resuelve en oficinas, juzgados y consejos fiduciarios. Ahí donde el mercado se mueve con comodidad.

Por eso el caso de los franciscanitos no es solo un escándalo de bienestar animal. Es una ventana a una forma de reordenar la ciudad donde los cuerpos vulnerables —animales o personas— funcionan como llaves para abrir territorios valiosos.

En la ciudad que se reconfigura, proteger puede ser también una forma de vaciar.
Y muchas veces, el rescate solo es el primer paso del negocio.

Referencias 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. (2023). Informe anual de denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México 2021–2023. PAOT.
https://www.paot.org.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (2024). Plan integral de bienestar animal de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.cdmx.gob.mx

Congreso de la Ciudad de México. (2023). Ley de protección y bienestar de los animales de la Ciudad de México (última reforma). Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
https://www.congresocdmx.gob.mx

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2023). Informe especial sobre desalojos forzados y derecho a la vivienda en la Ciudad de México. CDHCM.
https://www.cdhcm.org.mx

Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso.

Nota editorial

Referencias: PAOT (2023); Gobierno de la CDMX (2024); CDHCM (2023); Harvey (2012).