OTRA PERSPECTIVA

Matar sin Tocarlos: Crónica de un Exterminio Silencioso

Opinion de Jose Rafael Moya Saavedra

 

En un país donde las desapariciones no siempre implican capuchas ni camionetas, miles mueren sin tumba ni expediente, víctimas de un sistema de salud que extingue por omisión. Esto también es lesa humanidad, aunque llegue sin balas, solo con recetas vacías.

Introducción

México está sumido en una crisis humanitaria doblemente invisible. Por un lado, la tragedia de las desapariciones forzadas ha alcanzado niveles alarmantes: más de 126,000 personas han sido reportadas como desaparecidas, muchas de ellas con participación directa de agentes del Estado o bajo su aquiescencia. Recientemente, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional, señalando la existencia de una práctica sistemática y generalizada en el país, lo cual constituye un posible crimen de lesa humanidad. A pesar de ello, el Estado mexicano ha negado que exista una política deliberada detrás de estas desapariciones, apelando a su supuesta colaboración internacional y su "compromiso con los derechos humanos".

Sin embargo, más allá del secuestro y la tortura física, existe otra forma de desaparición más discreta, pero igualmente letal: el exterminio por omisión del sistema de salud público. Millones de mexicanos enfrentan diariamente un Estado que no los desaparece en un operativo nocturno, pero los condena lentamente al deterioro y la muerte al negarles medicamentos, cirugías, quimioterapias o tratamientos básicos. Esta forma de violencia estructural no deja huellas en fosas clandestinas, pero sí en estadísticas de mortalidad, en salas de espera vacías, en recetas sin surtir, en la mirada de una madre que pierde a su hijo por falta de insulina o asparaginasa.

Entre 2021 y 2025, el sistema de salud mexicano ha fallado en surtir hasta 70,000 recetas diarias, especialmente de medicamentos vitales como insulina, anticonvulsivos y tratamientos oncológicos infantiles. La tasa de sobrevida de niños con cáncer cayó del 80% al 52%, una cifra brutal en cualquier país que se diga democrático y justo. Casos documentados muestran cómo la corrupción, el desvío de recursos, y la operación de redes como el llamado "Cártel de las Medicinas" han convertido la salud pública en un campo de exterminio burocrático.

En este contexto, el presente ensayo propone un Paralelismo necesario entre las desapariciones forzadas —ya reconocidas por instancias internacionales como crímenes de lesa humanidad— y las muertes provocadas por la negligencia sistemática en el sector salud. Ambos fenómenos comparten rasgos definitorios: privación de derechos fundamentales, participación o aquiescencia estatal, invisibilización de las víctimas y continuidad del daño. Ambas formas de exterminio son silenciosas, estructurales y profundamente impunes.

Hoy, en México se mata sin tocar, desde la ventanilla que no entrega medicamentos hasta el quirófano cerrado por falta de equipo. El cuerpo no desaparece, pero el ciudadano es borrado de su derecho a vivir. Y eso, también, es lesa humanidad.

Capítulo 1: México ante el Espejo de la ONU

Desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad

En abril de 2025, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) dio un paso inédito: activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo reservado para casos extremos en los que existe evidencia sólida de prácticas sistemáticas y generalizadas por parte de un Estado. Esta decisión colocó a México bajo una lupa internacional, al considerar que las desapariciones forzadas en el país no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural con posible responsabilidad estatal directa o por omisión.

La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata y frontal: negó categóricamente la existencia de una política de Estado que permitiera, tolerara o promoviera dichas prácticas. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmaron que México "no consiente ni ordena desapariciones forzadas", y que mantiene una colaboración activa con mecanismos internacionales de derechos humanos. Paralelamente, figuras del oficialismo, como el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, desacreditaron públicamente el informe de la ONU, tildándolo de "infundado" y "sesgado".

Pero las cifras son difíciles de ignorar: más de 126,000 personas permanecen desaparecidas en México, según el Registro Nacional. Tan solo Jalisco concentra más de 15,000 casos, mientras estados como Tamaulipas, Guerrero, Sonora y la Ciudad de México presentan niveles igualmente alarmantes. Si bien muchos casos están ligados al crimen organizado, múltiples investigaciones académicas y peritajes judiciales confirman la implicación activa de policías municipales, estatales, militares y otros funcionarios públicos. En al menos 25 estados, se ha documentado la participación directa de agentes del Estado entre diciembre de 2018 y agosto de 2023, afectando a al menos 141 víctimas.

Casos como el de Claudia Uruchurtu Cruz, activista desaparecida en Oaxaca tras denunciar corrupción municipal, o el de José Alberto Serna Rojas, detenido por policías y posteriormente asesinado en la Ciudad de México, ilustran la dimensión política y estructural de estas prácticas. Incluso con sentencias judiciales que reconocen estos crímenes como desapariciones forzadas agravadas, el gobierno federal ha evitado incorporar estos casos en sus registros oficiales, perpetuando un manto de negación institucional.

La activación del artículo 34 por parte del CED constituye un parteaguas. De mantenerse la negativa mexicana a reconocer y corregir esta realidad, la ONU puede llevar el caso a la Asamblea General, abriendo la puerta a medidas de presión diplomática internacional más contundentes.

Al mismo tiempo, mientras las instituciones se repliegan, los colectivos civiles se organizan. Grupos como "Hasta Encontrarte", "Buscadoras de Guanajuato" o "Madres Buscadoras de Sonora" han localizado restos humanos, descubierto fosas clandestinas y hasta confrontado directamente al crimen organizado, todo ante la pasividad —y en ocasiones hostilidad— del Estado. Su labor, aunque heroica, revela el abandono institucional y el profundo dolor de una sociedad que debe buscar a sus muertos sin apoyo, sin justicia y sin verdad.

México se ha convertido, así, en un país donde la desaparición es parte de lo cotidiano, donde los delitos son persistentes, y donde el crimen se viste de uniforme o de burócrata. La violación continua, uno de los elementos definitorios del delito de desaparición forzada, se extiende desde el momento en que se arrebata la libertad de una persona hasta la eterna incertidumbre de sus familiares.

La ONU ha hablado. Los números gritan. Las familias marchan con palas, no con pancartas. Y el Estado, entre tecnicismos y excusas, se niega a escuchar el eco de sus propios desaparecidos.

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Capítulo 2: El Otro Exterminio

El sistema de salud como mecanismo de muerte

No todos los desaparecidos en México han sido secuestrados con violencia o trasladados a fosas clandestinas. Algunos simplemente no recibieron su medicina a tiempo. Otros murieron esperando una cirugía. Muchos más se extinguieron en vida, empujados al abismo por una burocracia que niega tratamientos, cierra quirófanos o distribuye placebos con logos oficiales.

En un país donde el Estado se escuda en tecnicismos, el derecho a la salud ha sido vaciado de contenido y transformado en un simulacro. Las cifras no mienten: en 2025, entre 28,000 y 70,000 recetas no se surten diariamente en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE y el sector salud de las Fuerzas Armadas. Entre 2021 y 2023, el país acumuló más de 44 millones de recetas no surtidas, muchas de ellas relacionadas con enfermedades crónicas, neurodivergencias, epilepsia, cáncer y salud mental.

La tragedia es particularmente brutal en el caso de la oncología pediátrica. La tasa de sobrevida de niños con cáncer, que en 2018 era del 80%, cayó al 52% en 2025. El motivo no es médico ni científico: es político. La falta de medicamentos esenciales como L-Asparaginasa, Metrotexato o Daunorubicina ha dejado a miles de familias en la disyuntiva de morir en silencio o hipotecar su futuro en el mercado negro de la esperanza. La falta de acceso a la salud ha dejado más tumbas que el crimen organizado.

El sistema no colapsó: fue saboteado desde adentro. Casos de corrupción como la licitación anulada por 13 mil millones de pesos en medicamentos revelan un entramado donde la negligencia es política de Estado. Empresas como Birmex, Laboratorios Pisa y Romedic (vinculada al llamado "Clan" cercano al expresidente López Obrador) han sido señaladas por vender medicamentos con sobreprecios de hasta 1,000%, entregas incompletas, o insumos que simplemente nunca llegaron a su destino.

La corrupción no sólo es un delito administrativo: es una sentencia de muerte para miles.

En paralelo, hospitales públicos enfrentan quirófanos cerrados por falta de personal, equipo o energía eléctrica. En 2025, aunque se reabrieron 99 quirófanos en zonas marginadas, los tiempos de espera para cirugías no urgentes subieron a una media de 121 días, y hasta 236 días en cirugía plástica reconstructiva. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa perder órganos, movilidad o la vida misma, mientras se espera un turno que nunca llega.

El desabasto también es sistemático en áreas como salud mental: medicamentos como el Metilfenidato (para TDAH) o antiepilépticos como Levetiracetam han desaparecido del cuadro básico, obligando a los pacientes a caer en crisis, recaídas o aislamiento social. Las familias de personas con trastornos mentales han sido invisibilizadas, ignoradas y reducidas a números en hojas de Excel que no reflejan el sufrimiento humano.

El Estado ha respondido con promesas: producción local mediante Birmex, reactivación de importaciones, y plataformas públicas para "transparentar" precios. Pero la muerte no espera a que lleguen las licitaciones. La Megafarmacia del Bienestar —proyecto estrella del gobierno— ha fracasado en surtir miles de recetas. A cambio, ha surtido indignación, protesta y duelo.

Lo más escalofriante es que esta tragedia ocurre sin necesidad de una pistola ni una orden de aprehensión. No hay capuchas ni camionetas sin placas. Solo hay sellos de "fuera de servicio", listas de espera, recetas con tachones y padres que venden el coche para intentar salvar a sus hijos. Y cuando todo falla, una muerte sin nombre, sin expediente, sin justicia.

Este capítulo del exterminio no tiene fosas...

Tiene archivos clínicos vacíos.

 

Capítulo 3: Paralelismo Analítico

Cuando la muerte se administra desde escritorios

A primera vista, la desaparición forzada y la muerte por falta de atención médica parecen fenómenos distintos. Una es brutal, inmediata, ejecutada con violencia directa. La otra es lenta, burocrática, ejecutada con sellos, recortes y omisiones. Pero al observarlas detenidamente, se revelan como hermanas del mismo crimen estructural: la negación sistemática de los derechos fundamentales por parte del Estado.

Ambos procesos comparten un mismo origen: la indiferencia deliberada y la impunidad institucionalizada. Uno actúa en las sombras con la complicidad de uniformes; el otro opera bajo la luz fluorescente de un hospital sin insumos. Ambos exterminan.

A continuación, se establece un paralelismo detallado que desmonta la falsa dicotomía entre el acto directo y la omisión criminal:

 

·       Lo que se niega con un balazo, también puede negarse con unas palabras “no tenemos su medicamento”

·       Lo que se borra con cal sobre una fosa, también puede borrarse con una carpeta médica sin tratamiento.

·       Lo que se ejecuta con violencia física, también se perpetra con omisión estructural.

Este paralelismo no busca banalizar la desaparición forzada, sino visibilizar el otro rostro del exterminio, ese que no genera marchas masivas, pero sí funerales silenciosos. Ese que no aparece en la prensa internacional, pero sí en las listas de espera de un hospital público.

La omisión dolosa también es violencia, y su sistematicidad exige una revisión profunda de su calificación jurídica: cuando miles mueren por decisiones administrativas deliberadas, por corrupción normalizada, o por desprecio institucional a los más vulnerables, estamos frente a una nueva forma de crimen de lesa humanidad.

Y el verdugo, esta vez, no lleva pasamontañas.

Lleva credencial institucional, escritorio y sello oficial.

Capítulo 4: ¿Es el Exterminio Silencioso un Crimen de Lesa Humanidad?

La omisión mortal bajo el escrutinio del derecho internacional

Desde Nuremberg hasta La Haya, la historia del derecho internacional ha reconocido que no todo crimen requiere una bala. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, establece una categoría de delitos que trascienden fronteras, ideologías y gobiernos: los Crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, figuran no solo asesinatos y torturas, sino también actos "inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de una persona", cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Esta definición, por sí sola, ya encaja con muchas de las prácticas documentadas en el colapso estructural del sistema de salud en México.

El exterminio —según el artículo 7.1.b del Estatuto de Roma— no implica únicamente el asesinato masivo en campos de concentración. También puede ser cometido "mediante la imposición intencional de condiciones de vida, como la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población".

Esto ya no es solo teoría jurídica. En 2023, la Corte Penal Internacional consideró admisible una denuncia contra el gobierno de Etiopía por su rol en la crisis de Tigré, donde el bloqueo de asistencia médica y alimentos a civiles fue interpretado como una forma moderna de exterminio. Un precedente claro que abre la puerta a revisar otras omisiones estructurales bajo la misma lupa.

En México, los elementos están presentes:

·       Ataque generalizado: El desbasto afecta a millones en todo el país, con mayor intensidad en sectores vulnerables (pobres, enfermos crónicos, personas con discapacidad, menores).

·       Conocimiento del ataque: Las autoridades tienen información clara y sistemática desde al menos 2019 sobre las fallas del sistema de distribución de medicamentos, y no han corregido el problema.

·       Participación estatal: No se trata de una falla privada, sino de un entramado estatal donde intervienen directamente instituciones como el IMSS, ISSSTE, CEAV, Birmex, la Secretaría de Salud y Hacienda.

·       Impunidad estructural: A pesar de investigaciones periodísticas, que documentan desvíos, sobreprecios y negligencia criminal, no hay sanciones contra funcionarios de alto nivel. Solo despidos tácticos de mandos medios. Nadie asume responsabilidad por los muertos.

El caso de los niños con cáncer es paradigmático. Desde 2019, asociaciones civiles han denunciado la falta de quimioterapias, y el gobierno ha respondido con minimización, propaganda o acusaciones de golpismo mediático. La tasa de sobrevida infantil cayó casi 30 puntos, y los padres han sido criminalizados o ignorados.

Si en el ámbito internacional se ha comenzado a calificar el "homicidio por omisión estructural" como crimen de lesa humanidad, ¿por qué seguir negando esa categoría al contexto mexicano?

La negligencia sistemática no es una falla de gestión.

·       Es una estrategia de exterminio cuando persiste, se conoce y no se corrige.

·       Es violencia cuando no se entrega una medicina y se conoce el resultado: la muerte.

·       Es un crimen cuando el Estado decide que una vida cuesta menos que una licitación.

La comunidad internacional debe dejar de ver el exterminio solo como algo que ocurre con bayonetas y hornos. Hoy, también se perpetra con oficios, licitaciones, omisiones y excusas.

Y si el crimen cambia de rostro, el derecho debe cambiar de espejo.

 

Capítulo 5: Lo que el Estado borra, la sociedad recuerda

Resistencia civil y memoria frente al exterminio silencioso

Cuando el Estado desaparece, niega y omite, algo más poderoso emerge desde abajo: la resistencia organizada y la memoria de los que no olvidan. En todo México, mientras los escritorios acumulan expedientes con tratamientos inconclusos y las autoridades ensayan comunicados vacíos, la sociedad civil se ha convertido en el verdadero rostro del Estado que debería ser.

Los colectivos de búsqueda —como Hasta Encontrarte, Buscadoras de Guanajuato, Madres Buscadoras de Sonora— ya no solo excavan en tierra, también excavan en archivos, en instituciones, en la verdad. Armadas con palas y fotografías, enfrentan no solo al crimen organizado, sino a la indiferencia institucional que mata dos veces: al desaparecido y a quien lo busca.

Pero hay otro tipo de búsqueda que también arde en las salas de espera de hospitales: padres que recorren farmacias, madres que venden autos para pagar quimioterapias, activistas que documentan las fallas del sistema de salud como si fueran peritos del abandono.

Esas luchas se cruzan. Porque en el fondo, ambas son luchas por lo mismo: por la vida frente a un Estado que ha renunciado a protegerla.

La sociedad mexicana ya no solo exige justicia, exige algo más radical: que se nombre lo innombrable, que se reconozca que el dolor tiene causa, rostro y responsables. Que el olvido no sea política de gobierno, y que el silencio no siga siendo el único lenguaje permitido para los que mueren sin diagnóstico, sin medicina, sin justicia.

Periodistas, médicos en resistencia, enfermeras sin insumos, colectivos, académicos y pacientes han levantado una red de testimonios, datos y verdades incómodas. En ellos vive la dignidad de un país que se resiste a ser sepultado bajo excusas presupuestales.

Porque hay algo que ni la desaparición ni la negligencia pueden borrar:

la memoria de los que insisten, los que escriben, los que gritan por los que ya no están.

Conclusión General

Matar sin tocarlos también es matar

En México, la desaparición ya no requiere violencia física. Puede ejecutarse con sellos, contratos amañados, discursos vacíos y excusas técnicas. Lo vimos en los campos de exterminio clandestino del crimen organizado, y lo vemos en las salas vacías del sistema de salud pública.

Ambos escenarios tienen algo en común: el Estado no solo falla, elude responsabilizarse

Sea con uniformes y armas, o con escritorios y omisiones, se trata del mismo crimen: la negación estructural del derecho a vivir. La diferencia no está en los métodos, sino en el nivel de hipocresía. Uno mata con saña, el otro con sellos. Uno con fosas, el otro con recetas vencidas.

Y si el Estatuto de Roma nos dice que exterminar es imponer condiciones de vida destinadas a destruir parte de una población, entonces hay que decirlo con todas sus letras:

El exterminio por omisión también es crimen de lesa humanidad.

·       No basta con reconocer el dolor. Hay que denunciar la política que lo produce.

·       No basta con llorar a los muertos. Hay que exigir justicia por los asesinados sin bala.

·       No basta con reformar el sistema. Hay que nombrar el crimen y a sus cómplices.

Porque matar sin tocarlos, también es matar.