lunes, 19 de enero de 2026

 

El caso del adulto mayor despojado en Paseos de Churubusco, Iztapalapa, forma parte de los expedientes que dieron origen al Gabinete contra el Despojo del Gobierno de la Ciudad de México (FGJCDMX, 2024; Gobierno de la CDMX, 2023).


OTRA PERSPECTIVA

SERIE: Gobernar limpiando 2

La ciudad que expulsa

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En la Ciudad de México, perder la casa no siempre empieza con un juicio. A veces comienza de madrugada, con golpes en la puerta, hombres armados, gritos, violencia y la certeza de que, al amanecer, ya no habrá a dónde volver.

En noviembre de 2025, un edificio en la colonia San Rafael fue tomado por un grupo de choque que irrumpió de noche, golpeó a los habitantes, robó pertenencias y expulsó a más de diez familias. La policía no llegó a tiempo. El gobierno capitalino apareció después, cuando el daño ya estaba hecho, ofreciendo hotel por unos días y apoyos mínimos, mientras el inmueble quedaba en manos de los agresores.

Ese mismo año, en agosto, en menos de 48 horas, más de 40 familias fueron desalojadas en Roma Norte y el Centro Histórico. Los testimonios coincidieron: violencia física, amenazas, saqueo y una presencia policial ambigua, a veces ausente, a veces funcional. No hubo restitución inmediata. Hubo silencio.

Pero estos no son episodios aislados.

Cuando el Estado llega tarde… y se queda

Hay un caso que condensa esta lógica con crudeza quirúrgica: el despojo violento de un adulto mayor en la colonia Paseos de Churubusco, en Iztapalapa. El hombre fue sacado por la fuerza de su vivienda en el contexto de una disputa familiar. Varias personas irrumpieron en el inmueble, lo desalojaron violentamente y tomaron control de la casa. El patrón es conocido: víctima sola, títulos frágiles, redes de protección inexistentes.

La diferencia vino después.

Tras la denuncia pública, el llamado Gabinete contra Despojos, creado durante la gestión de Clara Brugada, coordinó un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía capitalina. Se aseguró el inmueble, se colocaron sellos y se anunció la apertura de una investigación contra una presunta red dedicada al despojo de propiedades en Iztapalapa y el oriente de la ciudad.

El caso se convirtió en vitrina.

En los comunicados oficiales, la vivienda sigue siendo formalmente propiedad del adulto mayor. Sin embargo, en la práctica, la casa quedó “enjaulada”: bajo custodia del Estado, con accesos inhabilitados y posesión material suspendida mientras avanza un proceso legal opaco y lento. La restitución se promete, pero no se documenta públicamente.

Aquí la paradoja es brutal. El Estado no impidió el despojo, llegó después del daño y, al hacerlo, tomó control del inmueble. El adulto mayor no recuperó su vida cotidiana ni su hogar; recuperó, en el mejor de los casos, un expediente.

El caso sirve al gobierno como ejemplo de acción y protección. Pero también revela algo más inquietante: la protección llega tarde y se ejerce como control, no como restitución inmediata. La violencia patrimonial no se revierte; se administra.

En Cuauhtémoc, vecinos han denunciado desalojos exprés ejecutados con documentos dudosos y grupos armados que actúan antes de que exista resolución judicial firme. En Gustavo A. Madero, adultos mayores han sido expulsados de viviendas heredadas bajo esquemas de despojo que combinan falsificación, violencia y lentitud institucional.

En Iztapalapa, las denuncias por despojo se acumulan desde hace años. Hasta mediados de 2025, la Fiscalía capitalina había registrado más de 1,500 casos de despojo en toda la ciudad, concentrados precisamente en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. La cifra no es solo un dato: es un mapa del conflicto urbano.

Frente a estos casos, la respuesta institucional suele ser la misma: “conflicto entre particulares”. El gobierno se declara incompetente, reduce la violencia a un trámite civil y administra la emergencia cuando la expulsión ya ocurrió. La legalidad aparece solo para cerrar el expediente, no para proteger el derecho a la vivienda.

El método se repite

Los desalojos humanos siguen una secuencia inquietantemente similar a los operativos contra animales.

Primero, alguien estorba.
Familias sin escrituras claras, inquilinos antiguos, adultos mayores solos, viviendas en zonas codiciadas.

Luego, llega la fuerza.
Madrugada, sorpresa, golpes, amenazas, saqueo.

Después, la fragmentación.
Familias separadas, pertenencias perdidas, redes comunitarias rotas, personas desplazadas a hoteles o casas de familiares.

Finalmente, el cierre administrativo.
No hay responsables visibles. No hay restitución inmediata. Solo apoyos temporales, carpetas abiertas y promesas.

No es improvisación. Es procedimiento.

La ciudad como mercancía

La expulsión no ocurre al azar. Se concentra en zonas donde el suelo se ha vuelto un activo financiero. Roma, Centro, San Rafael, partes de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa aparecen una y otra vez en los registros y denuncias.

En este modelo de ciudad, el derecho a la vivienda se vuelve un obstáculo cuando choca con el mercado inmobiliario. Y cuando estorba, se gestiona como problema. No se previene, no se media, no se protege: se desplaza.

Como con los animales, el problema no es la ilegalidad, sino la falta de control estatal sobre el territorio. Cuando el control falla, se tolera la violencia privada y se legitima después.

Cuando vivir también estorba

Las familias desalojadas no son daños colaterales. Son parte de una lógica que convierte a personas sin propiedad blindada en excedentes urbanos. Se les atiende cuando ya fueron expulsadas, nunca antes. Se les acompaña unos días, no se les restituye.

Aquí, como con los perros, no hace falta delinquir para perderlo todo. Basta con ocupar un espacio que alguien más quiere, en una ciudad que decidió gobernar desplazando.

Cierre: el patrón se consolida

La ciudad que expulsa a sus habitantes más vulnerables es la misma que captura animales incómodos en nombre del bienestar. Cambia el sujeto, no el método. En ambos casos, se gobierna limpiando: retirando de en medio aquello que desordena la ciudad deseada.

En la siguiente entrega, el círculo se cierra. Iztapalapa no fue una excepción. Fue el laboratorio donde este modelo se normalizó antes de escalar a toda la ciudad.

Referencias

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2024). Acciones institucionales contra el delito de despojo de inmuebles en la Ciudad de México. FGJCDMX.
https://www.fgjcdmx.gob.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (2023). Gabinete contra el Despojo: estrategia interinstitucional para la recuperación de inmuebles. Gobierno de la Ciudad de México.
https://www.cdmx.gob.mx

Procuraduría Social de la Ciudad de México. (2024). Diagnóstico sobre despojo y violencia patrimonial en personas adultas mayores. PROSOC.
https://www.prosoc.cdmx.gob.mx

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2023). Informe especial sobre desalojos forzados y derecho a la vivienda en la Ciudad de México. CDHCM.
https://www.cdhcm.org.mx

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