El caso del adulto mayor despojado en Paseos de
Churubusco, Iztapalapa, forma parte de los expedientes que dieron origen al
Gabinete contra el Despojo del Gobierno de la Ciudad de México (FGJCDMX, 2024;
Gobierno de la CDMX, 2023).
OTRA PERSPECTIVA
SERIE: Gobernar limpiando 2
La ciudad que expulsa
Por Jose Rafael Moya Saavedra
En la Ciudad de México, perder la
casa no siempre empieza con un juicio. A veces comienza de madrugada, con
golpes en la puerta, hombres armados, gritos, violencia y la certeza de que, al
amanecer, ya no habrá a dónde volver.
En noviembre de 2025, un edificio
en la colonia San Rafael fue tomado por un grupo de choque que irrumpió de
noche, golpeó a los habitantes, robó pertenencias y expulsó a más de diez
familias. La policía no llegó a tiempo. El gobierno capitalino apareció
después, cuando el daño ya estaba hecho, ofreciendo hotel por unos días y
apoyos mínimos, mientras el inmueble quedaba en manos de los agresores.
Ese mismo año, en agosto, en
menos de 48 horas, más de 40 familias fueron desalojadas en Roma
Norte y el Centro Histórico. Los testimonios coincidieron: violencia
física, amenazas, saqueo y una presencia policial ambigua, a veces ausente, a
veces funcional. No hubo restitución inmediata. Hubo silencio.
Pero estos no son episodios aislados.
Cuando el Estado llega tarde… y se queda
Hay un caso que condensa esta
lógica con crudeza quirúrgica: el despojo violento de un adulto mayor en la
colonia Paseos de Churubusco, en Iztapalapa. El hombre fue sacado por la fuerza
de su vivienda en el contexto de una disputa familiar. Varias personas
irrumpieron en el inmueble, lo desalojaron violentamente y tomaron control de
la casa. El patrón es conocido: víctima sola, títulos frágiles, redes de
protección inexistentes.
La diferencia vino después.
Tras la denuncia pública, el
llamado Gabinete contra Despojos, creado durante la gestión de Clara
Brugada, coordinó un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la
Secretaría de Gobierno y la Fiscalía capitalina. Se aseguró el inmueble, se
colocaron sellos y se anunció la apertura de una investigación contra una
presunta red dedicada al despojo de propiedades en Iztapalapa y el oriente de
la ciudad.
El caso se convirtió en vitrina.
En los comunicados oficiales, la
vivienda sigue siendo formalmente propiedad del adulto mayor. Sin embargo, en
la práctica, la casa quedó “enjaulada”: bajo custodia del Estado, con accesos
inhabilitados y posesión material suspendida mientras avanza un proceso legal
opaco y lento. La restitución se promete, pero no se documenta públicamente.
Aquí la paradoja es brutal. El
Estado no impidió el despojo, llegó después del daño y, al hacerlo, tomó
control del inmueble. El adulto mayor no recuperó su vida cotidiana ni su
hogar; recuperó, en el mejor de los casos, un expediente.
El caso sirve al gobierno como
ejemplo de acción y protección. Pero también revela algo más inquietante: la
protección llega tarde y se ejerce como control, no como restitución
inmediata. La violencia patrimonial no se revierte; se administra.
En Cuauhtémoc, vecinos han
denunciado desalojos exprés ejecutados con documentos dudosos y grupos armados
que actúan antes de que exista resolución judicial firme. En Gustavo A.
Madero, adultos mayores han sido expulsados de viviendas heredadas bajo
esquemas de despojo que combinan falsificación, violencia y lentitud
institucional.
En Iztapalapa, las
denuncias por despojo se acumulan desde hace años. Hasta mediados de 2025, la
Fiscalía capitalina había registrado más de 1,500 casos de despojo en toda
la ciudad, concentrados precisamente en alcaldías como Iztapalapa,
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. La cifra no es solo un dato: es un mapa del
conflicto urbano.
Frente a estos casos, la
respuesta institucional suele ser la misma: “conflicto entre particulares”.
El gobierno se declara incompetente, reduce la violencia a un trámite civil y
administra la emergencia cuando la expulsión ya ocurrió. La legalidad aparece
solo para cerrar el expediente, no para proteger el derecho a la vivienda.
El método se repite
Los desalojos humanos siguen una
secuencia inquietantemente similar a los operativos contra animales.
Primero, alguien estorba.
Familias sin escrituras claras, inquilinos antiguos, adultos mayores solos,
viviendas en zonas codiciadas.
Luego, llega la fuerza.
Madrugada, sorpresa, golpes, amenazas, saqueo.
Después, la fragmentación.
Familias separadas, pertenencias perdidas, redes comunitarias rotas, personas
desplazadas a hoteles o casas de familiares.
Finalmente, el cierre administrativo.
No hay responsables visibles. No hay restitución inmediata. Solo apoyos
temporales, carpetas abiertas y promesas.
No es improvisación. Es procedimiento.
La ciudad como mercancía
La expulsión no ocurre al azar.
Se concentra en zonas donde el suelo se ha vuelto un activo financiero. Roma,
Centro, San Rafael, partes de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa
aparecen una y otra vez en los registros y denuncias.
En este modelo de ciudad, el
derecho a la vivienda se vuelve un obstáculo cuando choca con el mercado
inmobiliario. Y cuando estorba, se gestiona como problema. No se previene, no
se media, no se protege: se desplaza.
Como con los animales, el
problema no es la ilegalidad, sino la falta de control estatal sobre el
territorio. Cuando el control falla, se tolera la violencia privada y se
legitima después.
Cuando vivir también estorba
Las familias desalojadas no son
daños colaterales. Son parte de una lógica que convierte a personas sin
propiedad blindada en excedentes urbanos. Se les atiende cuando ya fueron
expulsadas, nunca antes. Se les acompaña unos días, no se les restituye.
Aquí, como con los perros, no
hace falta delinquir para perderlo todo. Basta con ocupar un espacio que
alguien más quiere, en una ciudad que decidió gobernar desplazando.
Cierre: el patrón se consolida
La ciudad que expulsa a sus
habitantes más vulnerables es la misma que captura animales incómodos en nombre
del bienestar. Cambia el sujeto, no el método. En ambos casos, se gobierna
limpiando: retirando de en medio aquello que desordena la ciudad deseada.
En la siguiente entrega, el
círculo se cierra. Iztapalapa no fue una excepción. Fue el laboratorio
donde este modelo se normalizó antes de escalar a toda la ciudad.
Referencias
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México. (2024). Acciones institucionales contra el
delito de despojo de inmuebles en la Ciudad de México. FGJCDMX.
https://www.fgjcdmx.gob.mx
Gobierno de la Ciudad de
México. (2023). Gabinete contra el Despojo: estrategia
interinstitucional para la recuperación de inmuebles. Gobierno de la Ciudad
de México.
https://www.cdmx.gob.mx
Procuraduría Social de la
Ciudad de México. (2024). Diagnóstico sobre despojo y violencia
patrimonial en personas adultas mayores. PROSOC.
https://www.prosoc.cdmx.gob.mx
Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México. (2023). Informe especial sobre desalojos
forzados y derecho a la vivienda en la Ciudad de México. CDHCM.
https://www.cdhcm.org.mx
Muy lamentables hechos y la falta de gobernanza visibilizada.
ResponderBorrarASI ES.. hay areas de oportunidad..
ResponderBorrar