OTRA PERSPECTIVA

 

OTRA PERSPECTIVA

Parte 3

Venezuela: el laboratorio de la transición tutelada

Por jose Rafael Moya Saavedra

Durante años, Venezuela fue presentada como el caso emblemático de una lucha entre autoritarismo y democracia. Un relato claro, casi pedagógico: un régimen agotado, una oposición democrática, una presión internacional creciente y, al final del camino, una transición encabezada por fuerzas legítimas que devolverían el poder al voto ciudadano.

Ese relato hoy se ha fracturado.

No porque el régimen haya recuperado legitimidad, sino porque el diseño de salida que comienza a perfilarse ya no coloca a la democracia como punto de partida, sino como una posibilidad futura, condicionada a la estabilidad, al control y a los intereses estratégicos.

El desplazamiento del liderazgo opositor

En ese contexto, el distanciamiento público del presidente estadounidense Donald Trump respecto de María Corina Machado marcó un punto de inflexión. Más allá del tono o de la literalidad de sus declaraciones, el mensaje político fue inequívoco para amplios sectores de la oposición venezolana: Machado dejó de ser considerada una opción central para gobernar Venezuela en un escenario de transición.

Trump cuestionó su capacidad de representación y dejó claro que no existía interlocución directa ni reconocimiento explícito de su liderazgo como eje del poder post-Maduro. Para una oposición que había construido buena parte de su narrativa internacional en torno a figuras como Machado o Edmundo González, el giro fue leído como una ruptura con la promesa de una transición democrática liderada desde dentro.

No se trató solo de una desautorización personal, sino de algo más profundo: la señal de que el liderazgo opositor podía ser instrumental, útil como presión política, pero prescindible en el momento de diseñar el poder real.

Negociar sin el régimen… pero no sin el sistema

Paralelamente, comenzaron a aparecer señales de apertura a un esquema distinto: una transición sin Nicolás Maduro, pero no necesariamente sin chavismo. La disposición a dialogar con figuras del aparato gobernante —en particular con la vicepresidenta Delcy Rodríguez— apuntó a un modelo pragmático: preservar estructuras institucionales existentes para evitar el colapso total del Estado, aunque ello implique reciclar cuadros del régimen.

Este enfoque no es novedoso en la historia de las intervenciones internacionales. Estados Unidos ha recurrido en otras ocasiones a transiciones híbridas, donde se combina tutela externa, élites locales funcionales y un discurso de estabilización gradual. La democracia, en estos casos, no desaparece del todo, pero queda postergada, supeditada a condiciones de seguridad, gobernabilidad y control territorial.

El mensaje implícito es claro: el problema ya no es la legitimidad de origen, sino la capacidad de administrar el país sin que se desborde.

¿Gobernar, administrar o tutelar?

La polémica en torno a las palabras exactas utilizadas desde Washington —si se habló de “gobernar”, “administrar” o “encargarse” de Venezuela durante la transición— es relevante, pero no decisiva. Lo central no es la semántica, sino la idea que se normaliza: la posibilidad de una tutela externa indefinida, sin calendario claro de devolución del poder y sin un rol protagónico garantizado para las fuerzas democráticas venezolanas.

En este esquema, la soberanía deja de ser un principio inmediato y se convierte en una meta condicional. Primero el orden, luego la política. Primero la estabilidad, después las elecciones. Primero la administración del problema, más adelante —quizá— la restitución plena del poder al pueblo venezolano.

Reacciones internas: alivio, rechazo y fractura

Las reacciones dentro de Venezuela y en su diáspora han sido profundamente ambivalentes. Para algunos sectores, la caída de Maduro y la promesa de reconstrucción bajo tutela extranjera representan un mal necesario, una salida pragmática tras años de colapso. Para otros, la idea de que un país sea dirigido desde fuera resulta inaceptable, incluso si el régimen autoritario ha sido derrotado.

La oposición democrática enfrenta así un dilema severo: apoyar un proceso que puede sacar al chavismo duro del poder, pero que al mismo tiempo deslegitima la lucha por la soberanía, o rechazarlo y arriesgarse a quedar marginada de un rediseño político ya en marcha.

Del lado del chavismo, la narrativa es previsible: denuncias de colonialismo y llamados a la resistencia nacional. Sin embargo, incluso dentro de ese campo se abren fisuras entre quienes ven en la tutela externa una amenaza absoluta y quienes la consideran una vía de supervivencia política.

Riesgos internos: seguridad, gobernabilidad y economía

En el plano interno, el escenario es frágil. Expertos plantean al menos tres trayectorias posibles: una transición relativamente ordenada con élites negociando su salida; un protectorado de facto con chavismo “reciclado”; o una deriva hacia la violencia irregular si sectores armados del régimen resisten y el control territorial se fragmenta.

El riesgo de una “iraquización” —milicias, economías criminales, territorios fuera de control— no es una exageración retórica, sino una posibilidad real si la tutela se prolonga sin legitimidad social ni hoja de ruta clara.

En lo económico, la administración directa o indirecta por parte de Washington abre la puerta al retorno acelerado de petroleras estadounidenses y a una reactivación parcial de PDVSA. Esto podría generar ingresos y cierta estabilización macroeconómica. Pero sin mecanismos claros de redistribución y reparación social, el discurso de reconstrucción puede transformarse rápidamente en percepción de saqueo, alimentando nuevas tensiones.

El papel bisagra de las Fuerzas Armadas venezolanas

Más que un actor más dentro del juego de élites, las Fuerzas Armadas venezolanas operan como bisagra entre una transición contenida y una deriva hacia la guerra irregular. El desenlace dependerá en buena medida de si la cúpula militar opta por pactar una salida negociada, aceptar un esquema de administración tutelada desde el exterior o, por acción u omisión, permitir la fragmentación del mando.

En un extremo del espectro, una cadena de mando relativamente cohesionada podría facilitar un reordenamiento institucional controlado, reduciendo el riesgo de violencia abierta. En el otro, la combinación de colectivos armados, mandos regionales autónomos y economías ilícitas abriría la puerta a un escenario de conflicto de baja intensidad, con territorios disputados y autoridad difusa.

En el cálculo de diversos centros de estudio, los militares no son solo ejecutores del poder, sino árbitro armado de la transición: pueden funcionar como garante de un pacto de salida o como multiplicador de la violencia si se fracturan en facciones rivales.

Venezuela como precedente regional

Más allá de sus fronteras, Venezuela se convierte en un caso de estudio inquietante para América Latina. La combinación de crisis institucional, crimen organizado y recursos estratégicos ofrece el marco perfecto para justificar esquemas de “estabilización” que relativizan la soberanía en nombre del orden.

Otros gobiernos de la región observan con atención —y con inquietud— el efecto demostración. La idea de que un país pueda ser tutelado “por su propio bien” reabre fantasmas históricos y redefine los límites de la intervención en el siglo XXI.

Un linaje incómodo de transiciones tuteladas

Lo que hoy se perfila en Venezuela no es una anomalía histórica. Se inscribe en un linaje de experiencias donde la comunidad internacional —o una potencia en particular— administró, de facto, el poder político en nombre de la estabilización.

En Bosnia y Herzegovina, tras los Acuerdos de Dayton de 1995, se instauró la figura del Alto Representante internacional, con facultades para vetar leyes, destituir autoridades electas y dirigir la reconstrucción institucional. La democracia existía en las urnas, pero las decisiones estratégicas residían fuera de Sarajevo.

En Kosovo, después de la intervención de la OTAN en 1999, Naciones Unidas asumió la administración civil mientras fuerzas internacionales garantizaban la seguridad. Durante años, la soberanía fue más una promesa que una realidad, subordinada a la lógica de estabilidad.

En ambos casos, la tutela se presentó como temporal, pero tendió a prolongarse. La promesa de transición chocó con las necesidades de control del actor externo, generando tensiones persistentes entre gobernabilidad y soberanía plena.

Venezuela se inserta así en ese linaje de arreglos donde gobernar “por ahora” corre el riesgo de convertirse en una normalidad difícil de revertir.

Cierre

El problema ya no es quién gobierna Venezuela, sino desde cuándo aceptamos que gobernar “por ahora” sea una forma legítima de hacerlo.

Referencias

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• Krasner, S. D. (2004). Sharing Sovereignty: New Institutions for Collapsed and Failing States. International Security, 29(2).

Nota editorial

Las interpretaciones aquí expuestas se apoyan en análisis comparados y fuentes académicas y periodísticas de referencia. El texto no afirma planes formales de ocupación o gobierno directo, sino examina escenarios plausibles derivados de discursos, antecedentes históricos y patrones de intervención observados.