OTRA PERSPECTIVA

 

OTRA PERSPECTIVA

¿Quién decidió que “estamos mejor”?

Por José Rafael Moya Saavedra

Decir “estamos mejor” no es una constatación neutra. Es un acto de poder simbólico.

No describe la realidad: la ordena. No abre un debate: lo clausura. Funciona como una frase totalizante que pretende resolver, en cuatro palabras, discusiones complejas sobre violencia, economía, bienestar y futuro. Y, sobre todo, define quién tiene la autoridad para decir cómo estamos y quién debe limitarse a aceptar esa definición.

Ese es el verdadero fondo del problema.

Del eslogan al diagnóstico forzado

En la política contemporánea, “estamos mejor” opera como un atajo discursivo. Después de enumerar ciertos logros —programas sociales, aumentos salariales, caídas parciales en algunos delitos— se llega a una conclusión general que no admite matices: el país avanza, el rumbo es correcto, la crítica es exagerada o interesada.

El eslogan sustituye al diagnóstico.

El problema no es que se presenten avances reales —los hay—, sino que se use esa selección de datos para imponer una lectura total de la realidad, como si los indicadores favorables anularan automáticamente todo lo demás.

La realidad que no cabe en la consigna

No se trata de percepciones vagas. Hay hechos difíciles de reconciliar con la idea de una normalidad superada.

En 2024, México registró alrededor de 26 700 personas asesinadas, con tasas que siguen ubicando al país en rangos de violencia sostenida incompatibles con cualquier estándar democrático estable. Puede haber descensos respecto a picos previos, pero hablar de superación es, como mínimo, prematuro.

En pobreza ocurre algo similar. Las mediciones oficiales muestran una reducción significativa: cerca de 29.6 % de la población en situación de pobreza, una caída relevante frente a 2018. Sin embargo, eso convive con más de 46 millones de personas pobres, casi la mitad del país sin acceso a seguridad social y amplios sectores sin servicios de salud funcionales.

En el bolsillo familiar el contraste es aún más claro. El salario mínimo ha tenido una recuperación histórica, un logro real y medible. Pero el costo de la canasta alimentaria recomendable pasó de alrededor de 9 500 pesos mensuales en 2018 a más de 14 500 en 2024. Aun con los aumentos, una persona que gana el mínimo no cubre sus necesidades básicas sin endeudarse o precarizarse.

¿Estamos mejor?
¿Mejor que quién, mejor para quién, mejor en qué?

El mecanismo: selección interesada de indicadores

Aquí aparece el mecanismo central.

Se eligen los datos que confirman el relato y se silencian los que lo incomodan. Se presume la reducción parcial de homicidios, pero se omite que los niveles siguen siendo históricamente altos. Se celebra la salida de personas de la pobreza, pero se minimiza la persistencia de la pobreza laboral y la fragilidad del empleo.

Es una forma de sesgo de confirmación institucional: al discurso público solo entran los indicadores que permiten decir “estamos mejor”. Los demás se tratan como ruido, exageración o ataque político.

Quién controla el micrófono

La disputa ya no es solo económica o social. Es epistemológica.

¿Quién decide qué cuenta como prueba legítima?
¿Quién define qué datos importan y cuáles pueden descartarse?
¿Y qué lugar ocupa la experiencia cotidiana frente al boletín oficial?

Cuando el gobierno afirma que “estamos mejor”, no solo informa: delimita la realidad aceptable. Se configura un monopolio de la interpretación donde la estadística seleccionada vale más que la colonia sin agua, el hospital saturado o el miedo a salir de noche.

Cuando quienes dicen “yo no veo que estemos mejor” son descalificados como conservadores, desinformados o ingratos, el problema deja de ser político y se vuelve una forma de violencia epistemológica: invalidar la percepción de ciertos grupos sobre su propia vida para imponerles cómo deberían sentirse.

Cantinflas y el desfase permanente

No es casual que, frente a este tipo de discursos, resurja una y otra vez la ironía atribuida a Cantinflas:

“Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira…”

La frase circula hoy como un dicho popular canonizado más que como una cita filológicamente verificable. Su fuerza no está en el guion original, sino en su capacidad para capturar una forma de hacer política en América Latina.

La ironía describe un desfase: la distancia entre lo que se vive y lo que se dice desde el poder. Hoy ese desfase se parece peligrosamente a lo que en psicología se llama gaslighting: insistir en una versión oficial de la realidad hasta que las personas duden de su propia percepción.

Cuando se repite que “estamos mejor” pese a violencia persistente, economías familiares al límite y servicios públicos deteriorados, el mensaje implícito es claro: si no lo ves, el problema eres tú.

El riesgo democrático

Aceptar sin debate la frase “estamos mejor” tiene un costo alto. Se deja de medir, de comparar y de corregir.

El eslogan ocupa el lugar del diagnóstico, y sin diagnóstico no hay política pública seria: solo administración de la inercia y propaganda. Una democracia madura no necesita que le repitan que va bien; necesita datos discutibles, discrepancias legítimas y capacidad de corrección cuando la realidad lo exige.

La pregunta incómoda

Tal vez la pregunta correcta no sea solo si estamos mejor o peor, sino quién puede decirlo sin ser cuestionado.

¿Gobiernos? ¿Consultoras? ¿Medios? ¿Organismos autónomos? ¿La calle?

Disputar la frase “estamos mejor” no es un ejercicio de pesimismo. Es un acto de responsabilidad pública. Porque cada vez que dejamos pasar un eslogan sin pedirle evidencia, cedemos un pedazo del derecho colectivo a nombrar nuestra propia realidad.

Y ese derecho, una vez entregado, rara vez se recupera intacto.