OTRA PERSPECTIVA

 

Un edificio lleno de cámaras y un Estado que no miró
Las horas perdidas en el feminicidio de Edith y la fractura de la justicia en la Ciudad de MÉXICO
Por José Rafael Moya Saavedra

La desaparición en un espacio vigilado

Edith no desapareció en la oscuridad.
Desapareció en un edificio lleno de cámaras.

Salió a buscar trabajo.
Entró a un inmueble con vigilancia, controles de acceso y registro de movimientos.
Y durante más de veinticuatro horas, nadie —absolutamente nadie— quiso entrar a buscarla.

Las horas perdidas

Desde las primeras horas, la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México quedó marcada por lo que en estos casos suele ser decisivo: las horas perdidas.

La familia de Edith relata que, al acudir al Ministerio Público, les sugirieron esperar setenta y dos horas porque la joven "podía haberse ido con el novio o con las amigas", pese a que los protocolos obligan a activar de inmediato la búsqueda de mujeres desaparecidas. Mientras ellos reconstruían la ruta de la motocicleta solicitada por aplicación, tocaban puertas para conseguir videos y señalaban una y otra vez el edificio de Avenida Revolución ochocientos veintinueve como el último punto donde se congeló la ubicación del teléfono, las autoridades tardaron alrededor de veinticuatro horas y media en catear el inmueble.

En ese lapso —según las denuncias públicas de la madre y la tía de Edith— hubo desdén, comentarios revictimizantes y hasta solicitudes de dinero para "agilizar" diligencias que la Fiscalía estaba obligada a realizar de oficio. No se trató solo de lentitud: fue una cadena de omisiones en un momento en que cada minuto contaba.

La trampa laboral

Pero la historia no empieza ahí.

Empieza antes, en la trampa.

La oferta de trabajo que llevó a Edith a ese edificio no era un hecho aislado. Respondía a un patrón que se repite con inquietante regularidad: vacantes difundidas en redes sociales, sueldos atractivos, requisitos mínimos, citas rápidas y la condición implícita de acudir sola. Limpieza, cuidado de niñas y niños, modelaje. Promesas distintas, mecanismo similar.

No era solo una oportunidad laboral.
Era un filtro.

En un país donde la precariedad empuja, donde el empleo formal escasea y donde miles de mujeres jóvenes buscan sostener su vida con ingresos inestables, estas ofertas no son excepcionales: son funcionales. Operan en una zona gris donde lo digital no se regula y lo presencial no se supervisa.

En ese contexto, la pregunta no es por qué Edith fue.
La pregunta es por qué estos esquemas siguen existiendo sin control.

La familia que investiga

Mientras la Fiscalía dudaba, la familia actuaba.

Rastrearon cámaras públicas y privadas.
Reconstruyeron la ruta de la motocicleta.
Ubicaron el edificio.
Presionaron.
Insistieron.

No solo buscaron a Edith.
Tuvieron que aprender a investigar.

Ese desplazamiento —de familia a buscadores— no es nuevo en México. Es, de hecho, uno de los rasgos más duros de la crisis: cuando el Estado llega tarde, las familias llenan el vacío. Pero ese esfuerzo tiene un costo: emocional, económico, humano.

Y también revela algo más profundo: la normalización de la ausencia institucional.

Revela lo que se le ha venido señalando a este país desde hace tiempo: no días, sino años.

Un pasado que no se cerró

La desaparición forzada de personas en México no es un fenómeno nuevo ni aislado, sino un delito de lesa humanidad con raíces profundas en la llamada "guerra sucia". Uno de los casos más emblemáticos es el de Rosendo Radilla Pacheco, detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974. Décadas después, la perseverancia de su familia llevó el caso hasta el sistema interamericano: primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 declaró responsable al Estado mexicano por violar derechos a la libertad, a la integridad, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima, así como los derechos de sus familiares.

Esa sentencia obligó al Estado a reconocer jurídicamente la desaparición forzada y a adecuar su marco legal, proceso que terminó por cristalizarse en 2017 con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Sobre el papel, esa arquitectura normativa exige respuestas inmediatas, eficaces y exhaustivas, bajo el principio de no repetición. Lo que la sentencia Radilla exigía que no volviera a ocurrir es precisamente lo que vemos, con otros mecanismos, en el caso Edith: omisión, demora, minimización inicial y resistencia institucional a reconocer el riesgo en tiempo real, ahora no en un cuartel, sino en un edificio lleno de cámaras donde la ley se escribió para que el Estado llegara a tiempo... y volvió a llegar tarde.

México sigue teniendo una deuda profunda con sus desaparecidos.
Y ese pasado no está cerrado.

Se repite.

Porque lo que ocurrió con Rosendo Radilla Pacheco no pertenece únicamente a la "guerra sucia". Pertenece a una forma de operar que, con matices distintos, sigue presente: la omisión, la demora, la minimización inicial, la resistencia institucional a reconocer el problema en tiempo real.

La diferencia es el contexto.

Hoy no siempre hay retenes militares ni operativos clandestinos.

Hoy hay edificios con cámaras.
Hay registros de acceso.
Hay protocolos escritos.

Y aun así, una joven puede desaparecer en un espacio controlado... y pasar más de veinticuatro horas antes de que la autoridad decida actuar con la urgencia que la ley exige.

Por eso, el caso de Edith no es una excepción.

Es una continuidad.

Una que ya no puede explicarse solo por el crimen... sino por la forma en que el Estado llega tarde, duda primero y actúa después.

Y en ese intervalo —ese que la ley dice que debe ser inmediato— es donde la realidad vuelve a romper la promesa de no repetición.

Edith y la aquiescencia del Estado

El consentimiento implícito o tolerancia del Estado ante la vulneración de un derecho humano sucede cuando las autoridades, por acción u omisión, no actúan, guardan silencio o no investigan frente a abusos de agentes estatales o de terceros, convirtiéndose en cómplices.

La inacción o el silencio de la Fiscalía —desde el momento mismo en que la familia acudió a denunciar y en el que la ley obligaba a intervenir de inmediato— no es un detalle menor. No se trata solo de una demora administrativa ni de un error de procedimiento.

Puede configurar, al menos, una forma de responsabilidad estatal por omisión, al incumplir el deber de proteger, investigar y actuar con debida diligencia frente a una posible desaparición.

Las coberturas en tiempo real, los testimonios de la familia y la reconstrucción de los hechos muestran que ese tiempo —el más crítico— se perdió.

Y eso cambia todo.

Porque entonces la pregunta deja de ser únicamente qué ocurrió dentro del edificio.

Pasa a ser otra: qué ocurrió —o qué dejó de ocurrir— en la institución encargada de actuar cuando una vida estaba en riesgo.

Y eso, más que un error operativo, apunta a un problema estructural.

La mentira de las setenta y dos horas

La idea de esperar setenta y dos horas no es solo un error. Es una práctica que sigue costando vidas.

Los protocolos existen precisamente porque las primeras horas son críticas. Sin embargo, en la práctica, esa narrativa persiste como un reflejo burocrático que minimiza, retrasa y, en muchos casos, condena.

El cambio de narrativa oficial

Solo cuando el cuerpo de Edith apareció en el sótano de la Torre Murano y el caso se volvió tema nacional, la Fiscalía cambió de tono. La titular, Bertha Alcalde Luján, anunció que el feminicidio se investigaría bajo protocolo, reprobó la conducta de servidores públicos que atendieron a la familia y prometió sanciones administrativas y penales para quienes hubieran cometido omisiones, demoras injustificadas o incluso actos de corrupción. Al mismo tiempo, la dependencia informó que tenía identificado a un probable responsable —el vigilante del edificio—, detalló que en la caseta se hallaron manchas de sangre y abrió una carpeta por la presunta solicitud de dinero a los familiares.

La narrativa oficial comenzó entonces a insistir en que desde el primer momento se activaron los protocolos.

Pero esa afirmación choca con otra realidad: la de quienes buscaron solas a Edith mientras el tiempo pasaba.

Conforme creció el escrutinio público, la Fiscalía entró en una fase defensiva: reiteró en comunicados y entrevistas que no fabrica culpables y que la imputación por feminicidio contra el vigilante se sustenta en datos de prueba sólidos, como indicios biológicos y evidencia de que las cámaras del edificio estaban desconectadas en el periodo en que Edith ingresó, con acceso del propio vigilante para manipularlas.

La disputa por la verdad

El caso no solo se disputa en los hechos.
Se disputa en las declaraciones.

De un lado, la Fiscalía construye una narrativa de certeza: sostiene que el ataque ocurrió en la caseta de vigilancia, que existen pruebas periciales suficientes y que el proceso penal se sostendrá tanto en tribunales como ante la opinión pública. Reitera que se actuó bajo protocolo, con perspectiva de género, y que mantiene comunicación permanente con la familia.

Del otro lado, la familia de Edith describe una experiencia radicalmente distinta: búsqueda iniciada por cuenta propia desde las primeras horas, negativas institucionales, la insistencia en esperar setenta y dos horas y un entorno de desdén y revictimización. A ello se suma la acusación de solicitudes de dinero para activar diligencias, que derivó en la separación de un funcionario y en la apertura de una investigación interna.

Entre ambas versiones hay un punto de quiebre evidente.

Mientras la autoridad afirma que los protocolos se activaron desde el primer momento, la reconstrucción de los hechos —y el propio testimonio de la familia— señala un vacío crítico de más de veinticuatro horas antes de intervenir el inmueble que había sido identificado desde el inicio.

Esa contradicción no es menor.

Porque obliga a preguntarse no solo qué ocurrió en el edificio, sino qué ocurrió en la institución encargada de actuar cuando una persona desaparece.

La propia fiscal, Bertha Alcalde Luján, ha reconocido que se investigan posibles retrasos, actos de corrupción y conductas indebidas dentro de la Fiscalía, al tiempo que promete que el caso no quedará impune y que se agotarán líneas de investigación como el posible esquema de reclutamiento de mujeres a través de vacantes engañosas.

Sin embargo, incluso esas declaraciones están marcadas por matices: se admite la posibilidad de irregularidades internas, pero se insiste en la solidez del caso; se abre la puerta a investigar redes de captación, pero se señala que no existen denuncias previas relacionadas con el inmueble.

En paralelo, analistas y medios han leído estas posturas como parte de una estrategia defensiva. La frase "no fabricamos culpables" no aparece en el vacío: surge en un contexto de desconfianza acumulada, donde otros casos han dejado una huella difícil de borrar.

Un patrón que se repite

No es la primera vez que una autoridad afirma tener pruebas sólidas mientras enfrenta cuestionamientos por omisiones iniciales. Tampoco es nuevo que el reconocimiento de fallas llegue después de que la presión pública escala, ni que las investigaciones internas convivan con una narrativa oficial que insiste en la corrección del procedimiento.

Ese patrón —respuesta tardía, defensa institucional, admisión parcial de errores y concentración en un responsable individual— se repite con variaciones en distintos casos. No siempre implica la inexistencia de culpables, pero sí revela una constante: la dificultad del sistema para reconocer, de inicio, sus propias fallas estructurales.

Y es ahí donde el caso de Edith deja de ser solo un expediente.

El edificio que debía proteger

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado justamente para impedir que quienes ya han sido amenazados o desplazados vuelvan a quedar expuestos. En Ciudad de México, esa política pública se traduce en medidas como escoltas, botones de pánico y refugios temporales arrendados a través de empresas de seguridad que operan en la frontera entre lo público y lo privado.

El edificio donde Edith fue localizada —la Torre Murano— tampoco es un escenario neutro. Durante años funcionó como conjunto habitacional de nivel medio-alto y, al mismo tiempo, como espacio utilizado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según relató el periodista desplazado Luis Cardona, quien vivió ahí como beneficiario de ese programa. Un lugar con controles de acceso, monitoreo constante y sistemas de videovigilancia. Un espacio diseñado, en teoría, para proteger vidas. Esa doble condición vuelve más incómoda la pregunta de fondo.

Tecnología sin protección

Porque tener cámaras no es lo mismo que tener seguridad.
Y tener protocolos no es lo mismo que aplicarlos.

Responsabilidades abiertas

En un entorno así, la pregunta no es solo qué falló, sino quién responde por la cadena completa: quién administra el inmueble, quién controla las grabaciones, quién supervisa el uso de los espacios y quién permite que se convierta en punto de citas laborales opacas. En el caso de la Torre Murano, el propio Cardona apunta a la empresa privada RCU Sistemas como intermediaria del Mecanismo en la renta y operación de los refugios, una compañía que ya había sido cuestionada por deficiencias en su desempeño y por la forma en que obtuvo contratos para proteger a periodistas, según documentaron medios como Noroeste y SinEmbargo.

Más allá de un culpable

Reducir el caso a un solo responsable es, en el fondo, una forma de cerrar demasiado pronto preguntas que siguen abiertas.

Una falla estructural

Porque el problema no se agota en la responsabilidad individual.

Es estructural.

Es la trampa laboral sin regulación.
Es la precariedad que empuja.
Es la tecnología que observa pero no protégé.
Es la burocracia que espera cuando debería actuar.
Es la institución que reacciona solo cuando la presión la alcanza.

La pregunta de fondo

Porque al final, la pregunta no es solo quién la mató. Ni siquiera cómo ocurrió dentro de un espacio que, en teoría, estaba diseñado para vigilarlo todo.

La pregunta de fondo es otra: qué tipo de sistema permite que una joven entre a un edificio controlado, desaparezca ahí mismo y pase más de un día antes de que alguien decida buscarla en serio.

No es solo una falla.
Es una forma de operar.

Y mientras eso no cambie, las cámaras seguirán grabando...
pero la justicia seguirá llegando tarde.

 

 

Referencias

Martínez, B. (2026, 18 de abril). Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción El Universal. (16 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: cronología del caso que ha sacudido a la CDMX. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

Redacción El Universal. (18 de abril de 2026). En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/

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Redacción El País. (17 de abril de 2026). La Fiscalía de Ciudad de México detiene a un probable responsable del feminicidio de Edith Guadalupe. El País. https://elpais.com/

Redacción Infobae. (17 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: cámaras "inservibles" y sobornos, las irregularidades de la Fiscalía de CDMX que denuncia su mamá. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Fiscalía CDMX revela nuevos detalles de cómo habría ocurrido el feminicidio de Edith Guadalupe. Infobae. https://www.infobae.com/

Redacción Infobae. (18 de abril de 2026). Feminicidio de Edith Guadalupe: revelan causa de muerte. Infobae. https://www.infobae.com/

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Redacción Excélsior. (18 de abril de 2026). Ofertas laborales en Torre Murano buscaban "puras jovencitas"; ofrecían salarios de hasta 12 mil pesos. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/

García Soto, S. (19 de abril de 2026). Caso Edith Guadalupe: la Fiscalía de la CDMX, en entredicho. Serpientes y Escaleras. https://serpientesyescaleras.mx/

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