OTRA PERSPECTIVA

 

OTRA PERSPECTIVA

Noventa minutos de orden

El Plan Kukulkán busca garantizar un Mundial sin sobresaltos en un país donde la violencia no se resuelve, solo se administra fuera de cámara.

Por Jose Rafael Moya Saavedra

A los pocos días de que el gobierno federal confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y mientras Jalisco lidiaba todavía con los ecos de narcobloqueos y quemas de vehículos, una pequeña delegación de la FIFA aterrizó en México para revisar algo que oficialmente "no estaba en duda": la viabilidad de las sedes mexicanas del Mundial de 2026. La administración federal respondió con escenografía: en conferencia de prensa presentó el Plan Kukulkán, un operativo de seguridad hecho a la medida de la Copa del Mundo, con cifras estratosféricas de elementos desplegados, mención especial de inteligencia artificial, sistemas antidrones y vigilancia en la dark web. La escena parecía de manual: al mismo tiempo que los inspectores recorren estadios y despachos, el gobierno despliega en público un músculo que no solo pretende disuadir a criminales, sino convencer a socios y organizadores.

La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿el Estado mexicano se está preparando para proteger a los aficionados o, más bien, para blindar sus sedes frente a quienes quisieran llevárselas a Houston bajo el argumento de la inseguridad?

La respuesta corta es que intenta hacer ambas cosas a la vez. La larga tiene que ver con entender al Mundial como un campo de negociación discreta, donde la seguridad se convierte en diplomacia, la geopolítica se cuela por las puertas de los vestidores y el mapa de sedes refleja tanto la calidad de las defensas como el peso político de cada gobierno frente a la FIFA y frente a Washington.

El Mundial como prueba de estrés

Desde el arranque, el Mundial de 2026 se vendió como la gran vitrina del "nuevo" México: un país capaz de organizar junto con Estados Unidos y Canadá el primer torneo expandido a 48 selecciones, con la joya simbólica del Estadio Azteca recibiendo por tercera vez una Copa del Mundo. Pero la realidad se encargó de recordar que la geografía del futbol coincide con la geografía del crimen organizado: Guadalajara es territorio históricamente disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación; Monterrey es un nodo logístico y financiero; la Ciudad de México es, desde hace años, refugio y centro de operaciones de grupos que aprendieron a moverse con sigilo.

Cuando se confirma la muerte de "El Mencho" y los reacomodos violentos posteriores en Jalisco, la preocupación deja de ser un tema abstracto de percepciones y se vuelve pregunta operativa: ¿puede México garantizar que no habrá un ataque, un secuestro masivo, una demostración de fuerza del crimen que avergüence al país en cadena mundial? La FIFA responde pidiendo informes urgentes, enviando delegaciones, revisando planes. El gobierno responde bautizando un megaoperativo con nombre de deidad maya y presentándolo como remedio técnico.

En el fondo, el Mundial funciona como una prueba de estrés institucional. No solo se evalúa si el país puede organizar un evento deportivo; se mide si puede administrar su violencia crónica hasta mantenerla lejos de los reflectores, si puede coordinar a fuerzas armadas, guardias nacionales y policías estatales sin que el andamiaje se caiga a pedazos, si el Estado sigue siendo, al menos en apariencia, quien decide dónde y cuándo se ejerce la fuerza.

La presión que viene de fuera

Pero el examen no se hace en el vacío. La cancha tampoco está nivelada. Desde hace meses circulan versiones periodísticas de presiones para que ciertos partidos originalmente asignados a México se muden a ciudades estadounidenses, en particular a Houston. No es un secreto que, para intereses políticos y empresariales en Estados Unidos, cualquier pretexto es bueno para capturar más juegos, más turistas, más derrama económica. Y la inseguridad en México es un pretexto perfecto.

En columnas políticas mexicanas han circulado versiones que apuntan a grupos empresariales y políticos en el entorno de Donald Trump interesados en que partidos programados en México se reubiquen en ciudades como Houston, usando la inseguridad como argumento central. No hay evidencia pública de una operación coordinada para "reventar" sedes, pero la sola posibilidad aparece en estas lecturas geopolíticas como un escenario rentable para quienes quisieran concentrar más juegos y recursos del lado estadounidense. En ese guion, primero se siembra la duda sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad; luego se dramatizan episodios reales de violencia, se responsabiliza al gobierno local por su "debilidad" y se presenta como "inevitable" el rescate de partidos hacia plazas más "confiables".

El regreso de Trump a la Casa Blanca le agrega otro nivel de complejidad a esa trama. No se trata solo de la presión de empresas, televisoras o gobiernos locales en Texas: hablamos de una administración que ha hecho del discurso antiinmigrante y de la demonización de México uno de sus pilares retóricos. Para el trumpismo, cualquier tropiezo de México en materia de seguridad es combustible discursivo. Un episodio grave durante el Mundial se convertiría, al menos en la narrativa de ciertos actores en Washington, en la prueba de que "se los advertimos, no se puede confiar en México para algo de esta magnitud".

En ese tablero, cada conferencia sobre seguridad, cada cifra de despliegue, cada declaración de la FIFA respaldando a las sedes mexicanas forma parte de una negociación más amplia, aunque se hable de ella solo en clave de "garantías técnicas".

México, Sudáfrica, Brasil: la comparación incómoda

Es cierto que México enfrenta un problema grave y territorializado de violencia, pero también lo es que no es el primer país con altos índices de homicidios que organiza un Mundial. Sudáfrica llegó a 2010 con cerca de 50 asesinatos diarios en un país de poco más de 50 millones de habitantes, y Brasil recibió la Copa de 2014 con más de 58 mil muertes violentas al año, es decir, cerca de 160 homicidios al día en un país de más de 200 millones de personas. En ambos casos, la violencia urbana, el crimen organizado y la debilidad institucional eran preocupaciones reales, no inventadas para la ocasión.

La respuesta fue un blindaje masivo: Sudáfrica desplegó unos 55 mil policías para el torneo, mientras que Brasil montó un operativo de alrededor de 150 mil agentes entre soldados, policías y seguridad privada, prácticamente el triple de Sudáfrica. Hubo críticas duras —militarización de espacios públicos, denuncias de abusos, expansión de leyes de vigilancia—, pero lo cierto es que ambas ediciones se realizaron sin incidentes graves contra aficionados en los perímetros mundialistas.

Ese contraste no es menor: muestra que el problema no es exclusivo de México, sino la forma en que cada Estado administra la violencia cuando el mundo está mirando.

No es el primer Mundial en un país violento… pero cada uno lo administra distinto

Mundial / país	Homicidios (aprox.)	Efectivos de seguridad	Notas clave
Sudáfrica 2010	≈50 homicidios diarios en un país de ~56 millones	≈55,000 policías desplegados	Alta criminalidad urbana; blindaje de zonas mundialistas; sin incidentes graves contra aficionados
Brasil 2014	>58,000 muertes violentas al año (≈160 al día) en un país de >200 millones	≈150,000 agentes (70,000 soldados, 60,000 policías, 20,000 seguridad privada)	Críticas por militarización y expansión de leyes de vigilancia
México 2026	Tasas de homicidio de dos dígitos en sedes clave (Jalisco, Nuevo León, CDMX)	≈100,000 elementos previstos en el Plan Kukulkán	Violencia territorializada conviviendo con un blindaje intensivo de sedes y uso de tecnología de vigilancia

En los tres casos, la violencia no desapareció durante el torneo: se contuvo, se desplazó o se administró en torno a las sedes.

México llega con una fotografía distinta, pero igual de inquietante. Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León albergarán 13 partidos y esperan millones de visitantes, pero los tres estados arrastran tasas de homicidio de dos dígitos, con Jalisco a la cabeza. En el entorno del Estadio Akron, sede de Guadalajara, colectivos de búsqueda han documentado hallazgos de cientos de bolsas con restos humanos y fosas clandestinas a pocos kilómetros de donde se jugarán partidos de élite. En Nuevo León, la autopista Monterrey–Laredo acumula casos de secuestros y robos cometidos por grupos que se hacen pasar por policías, mientras que en la capital del país persisten extorsiones y homicidios selectivos.

Frente a ese escenario, el Plan Kukulkán promete cerca de 100 mil elementos, anillos de seguridad, tecnologías antidrones, inteligencia artificial y monitoreo digital. Si uno se queda solo con la numeralia, el despliegue mexicano es comparable al de las sedes anteriores: menos efectivos que Brasil, más que Sudáfrica y con un uso más intensivo de tecnología que muchos de sus predecesores.

El problema, sin embargo, no es el tamaño del operativo. Es el territorio sobre el que se monta: un país donde un estadio mundialista convive, en el mismo corredor metropolitano, con escenas de violencia extrema y con instituciones locales crónicamente rebasadas.

Plan Kukulkán: golpe de efecto

Es en ese contexto donde hay que leer el Plan Kukulkán. Sobre el papel, se trata de una estrategia integral para "blindar" la Copa del Mundo: casi 100 mil elementos sumando fuerzas armadas, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, seguridad privada; anillos de seguridad alrededor de estadios, hoteles, aeropuertos y zonas turísticas; dispositivos de vigilancia aérea, herramientas de inteligencia artificial para detectar amenazas, sistemas antidrones, monitoreo de la dark web, coordinación con agencias de Estados Unidos y Canadá.

El mensaje es claro: México no solo pondrá policías en las calles, también desplegará tecnología de punta y una cooperación internacional aparentemente fluida. El gobierno subraya, además, que todo esto se hará con respeto a los derechos humanos, casi como si quisiera conjurar de antemano el fantasma de militarizaciones anteriores asociadas a violaciones sistemáticas. Un recuadro con los componentes básicos del plan (número de efectivos, anillos, tecnologías, dependencias involucradas) puede ayudar a separar lo que está realmente comprometido en papel de la narrativa épica que se construye alrededor.

Pero más allá del contenido técnico, el Plan Kukulkán es un golpe de efecto comunicacional. Responde a una lógica de vitrina: no basta con hacer el operativo, hay que nombrarlo, presentarlo, crear una narrativa de control. En ese sentido, funciona también como pliego de descargos anticipado frente a la FIFA y frente a Washington: miren el tamaño del esfuerzo, miren el número de efectivos, miren el entramado institucional; a partir de aquí, si alguien intenta llevarse partidos a otra parte, ya no podrá alegar falta de voluntad o de capacidades desplegadas.

Por eso, la puesta en escena importa tanto como los protocolos. El día del anuncio, las imágenes de mapas, uniformados, comandantes y funcionarios cruzan los noticieros al mismo tiempo que se discute en columnas y mesas de análisis si el país "aguanta" un Mundial. Una cronología breve —desde los hallazgos de restos en Jalisco, pasando por la confirmación de la muerte de El Mencho y la solicitud de informes de la FIFA, hasta la presentación del plan— ayudaría a ver que nada de esto ocurre en el vacío temporal.

Blindar el estadio, ignorar la ciudad

Sin embargo, hay una cara menos luminosa de esta historia. Varias voces críticas han subrayado que un megaoperativo como el de Kukulkán corre el riesgo de convertirse en una burbuja impecable alrededor de los estadios, mientras la ciudad real —la de los desplazados por violencia, los transportistas extorsionados, las colonias controladas por grupos criminales— permanece igual o incluso más vulnerable.

Es decir: se blindan las avenidas que usarán las delegaciones oficiales, se saturan de fuerzas los alrededores de los recintos mundialistas, se revisan con lupa aeropuertos y hoteles de cuatro estrellas para arriba, pero más allá de ese perímetro la vida continúa bajo la misma precariedad de siempre. Para quien ve el Mundial por televisión, la operación es un éxito; para quien vive en los márgenes urbanos de Guadalajara o Monterrey, quizá solo signifique más retenes, más cateos selectivos, más presencia militar sin que disminuyan los homicidios o las desapariciones.

Ese contraste se vuelve más evidente cuando se observa la realidad de las propias sedes mundialistas.

Dónde se jugará… y cuánta violencia hay

Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León albergarán 13 partidos del Mundial 2026 y esperan alrededor de tres millones de turistas.

En 2025, los tres estados registraron reducciones en delitos de alto impacto respecto a 2024 (CDMX −6.9%, Jalisco −33.3%, Nuevo León −52.7%), pero mantienen retos severos en materia de violencia.

Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (2025):

• Jalisco: 13.46
• Nuevo León: 11.32
• Ciudad de México: 9.24

En el entorno del Estadio Akron, sede de Guadalajara, colectivos de búsqueda han documentado la localización de 456 bolsas con restos humanos entre 2022 y 2025, en zonas ubicadas a pocos kilómetros de donde se disputarán partidos del Mundial.

Las cifras muestran una reducción relativa de delitos, pero no una transformación estructural del entorno de seguridad en las sedes mundialistas.

Además, la narrativa de alta tecnología y cooperación internacional puede ocultar preguntas básicas que, en términos de seguridad ciudadana, siguen abiertas: ¿cómo se va a coordinar ese ejército de instituciones en un país donde la información entre cuerpos de seguridad no fluye de manera confiable? ¿Qué pasa con los riesgos de corrupción y filtración desde adentro? ¿Qué controles habrá sobre el uso de tecnologías de vigilancia para que, después del Mundial, no se conviertan en herramientas de espionaje político?

En otras palabras, el Plan Kukulkán exhibe la paradoja del Estado mexicano contemporáneo: puede movilizar recursos enormes para asegurar unas cuantas semanas de “normalidad” en zonas específicas, pero tiene enormes dificultades para garantizar derechos y seguridad elementales en el día a día de millones de personas.

La Copa del Mundo, entonces, hace visible ese contraste de forma brutal: estadios blindados en ciudades donde la violencia no desaparece, solo cambia de lugar.

Un Mundial condicionado

Hoy, la posición oficial es que las sedes mexicanas no corren peligro y que cualquier rumor sobre cambios obedecería a mala fe o a desinformación. Formalmente, es cierto: no hay una decisión en la mesa para quitarle partidos a México. Pero sería ingenuo pensar que eso significa que el tema está cerrado.

En la práctica, México tendrá durante todo el ciclo mundialista un Mundial condicionado. Las fechas del calendario, los avances en infraestructura y, sobre todo, la violencia en el territorio serán monitoreados de cerca. Un ataque espectacular, un episodio de violencia que involucre aficionados extranjeros o un hecho que exhiba fallas graves en la coordinación del Plan Kukulkán pueden reabrir, en cuestión de horas, la discusión sobre mover partidos a otras sedes. No hace falta una conspiración elaborada para que eso ocurra: basta con que el crimen organizado haga lo que ya sabe hacer y que la respuesta estatal sea percibida como insuficiente.

En ese sentido, el despliegue de seguridad no solo es una herramienta de prevención, sino una especie de seguro contra decisiones adversas. El gobierno sabe que no puede controlar todos los factores, pero intenta reducir al máximo las excusas que podrían usar quienes quisieran recortar la presencia de México en el Mundial. Si pese a todo eso se reactivara la presión para reubicar partidos, el costo político se desplazaría hacia la FIFA o hacia Washington, no tanto hacia la administración mexicana. Es una forma de blindarse también en el terreno de la narrativa.

Lo que queda cuando se apagan las luces

La pregunta de fondo, sin embargo, no es qué pasará con el calendario del Mundial, sino qué quedará en el país cuando el último aficionado abandone el estadio y las cámaras internacionales se apaguen. Los megaoperativos para eventos globales han dejado una larga estela de experiencias en América Latina: de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro al Mundial de Brasil, muchas ciudades han visto cómo la lógica de "blindar" áreas turísticas y recintos deportivos se desvanece rápidamente, mientras persisten la militarización selectiva y el uso discrecional de nuevas tecnologías de vigilancia.

En México, el riesgo es doble. Por un lado, que el Plan Kukulkán se traduzca en una normalización aún mayor de la presencia militar y para-militar en tareas de seguridad pública, bajo el argumento de que "funcionó" durante el Mundial. Por otro, que la infraestructura tecnológica construida para monitorear amenazas asociadas al evento se convierta después en herramienta útil para monitorear opositores, periodistas, activistas o comunidades incómodas.

La gran incógnita es si el gobierno está dispuesto a aprovechar el empuje del Mundial para corregir algo de fondo en su modelo de seguridad —fortalecer policías civiles, mejorar inteligencia financiera, recomponer ministerios públicos, atender las causas estructurales de la violencia— o si se conformará con haber sorteado sin sobresaltos un examen de unas cuantas semanas. En el primer escenario, el plan podría ser el inicio de una reconstrucción institucional largamente postergada. En el segundo, quedará como un montaje caro para convencer a la FIFA y a la Casa Blanca de que "México sí puede", aunque solo sea de vez en cuando y de cara al espectáculo.

Por ahora, lo que vemos es un Estado que convierte la Copa del Mundo en un laboratorio de diplomacia de seguridad: habla el lenguaje de la cooperación internacional, de la tecnología de punta y de los derechos humanos, mientras negocia en silencio la permanencia de sus sedes con una FIFA que mira de reojo los índices de homicidio y con una administración Trump que ya ha demostrado que sabe capitalizar cualquier tropiezo mexicano en su Relato político interno.

Cuando termine el Mundial, la pregunta no será cuántos partidos se jugaron en el Azteca, en Guadalajara o en Monterrey, sino cuánta de esta estrategia sobrevivirá una vez que la vitrina global se retire. Si el Plan Kukulkán se desmonta junto con las vallas y los espectaculares, habrá sido, en el mejor de los casos, un paréntesis vistoso. Si, en cambio, se queda como un modelo de "seguridad de evento" aplicado a la vida cotidiana, entonces la negociación silenciosa de hoy puede tener efectos mucho más largos de lo que estamos dispuestos a admitir.

México no está organizando un Mundial: está intentando demostrar que, al menos durante 90 minutos, puede comportarse como Estado