OTRA PERSPECTIVA
Venezuela: cuando la caída del tirano no es sinónimo de
libertad
Soberanía, petróleo y el costo de una transición impuesta
Por José Rafael Moya Saavedra
La salida de Nicolás Maduro del
poder era, para amplios sectores de la sociedad venezolana, una necesidad
histórica. No se trataba ya de una disputa ideológica, sino de la constatación
de un agotamiento político, económico y moral que había convertido al Estado en
un aparato de control, exclusión y supervivencia para una élite cada vez más
reducida. Sin embargo, el modo en que ese desenlace se produjo —mediante una
operación militar extranjera encabezada por Estados Unidos— plantea una
paradoja profunda: la caída de un régimen ilegítimo no garantiza una
transición legítima cuando el método anula la soberanía popular.
El caso venezolano obliga a
sostener dos ideas simultáneas, incómodas pero necesarias: el madurismo debía
terminar, pero su caída por intervención extranjera abre un escenario
igualmente problemático, marcado por tutelaje externo, disputa por recursos estratégicos
y una democracia naciente con cimientos frágiles.
I. El agotamiento del madurismo: una caída anunciada
desde dentro
Mucho antes de la intervención
militar estadounidense de enero de 2026, el régimen de Nicolás Maduro ya había
perdido sus principales fuentes de legitimidad. El fraude electoral de 2024,
ampliamente denunciado por observadores independientes y organizaciones de
derechos humanos, terminó de clausurar la posibilidad de una continuidad
democrática. A ello se sumaron años de represión sistemática, encarcelamiento
de opositores, cierre del espacio cívico y uso del aparato estatal para
perpetuarse en el poder.
El colapso económico fue el telón
de fondo permanente: hiperinflación sostenida, depreciación extrema del
bolívar, dolarización de facto sin protección social, destrucción del salario y
una economía incapaz de generar bienestar mínimo. El éxodo de casi ocho
millones de venezolanos desde 2015 no fue una conspiración externa, sino la
expresión más clara de un contrato social roto.
En este contexto, existía un
consenso amplio —transversal ideológicamente— sobre la ilegitimidad del
gobierno de Maduro. La pregunta no era si debía terminar, sino cómo.
II. La intervención estadounidense: de la retórica
antinarcóticos al cambio de régimen
El 3 de enero de 2026, Estados
Unidos lanzó la operación militar “Absolute Resolve”, con ataques
aéreos en el norte de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, trasladado
fuera del país bajo custodia estadounidense. Washington presentó la acción como
parte de la “guerra contra el narco-terrorismo”, acusando al mandatario de
encabezar redes criminales vinculadas al tráfico de drogas y a grupos armados.
Sin embargo, los hechos
desbordaron rápidamente ese marco retórico. La captura de un jefe de Estado,
los bombardeos en zonas urbanas, la declaración pública de Donald Trump
afirmando que Estados Unidos “va a dirigir Venezuela hasta una
transición” y la insinuación de un posible despliegue de tropas
colocaron la operación en otro terreno: el de un cambio de régimen impuesto
por la fuerza.
Juristas, expertos en derecho
internacional y el propio secretario general de la ONU advirtieron que se
trataba de un precedente peligroso, al margen del sistema multilateral y sin
autorización expresa del Consejo de Seguridad. Incluso gobiernos aliados al fin
del madurismo expresaron preocupación por la ruptura del principio de no
intervención.
Desde el punto de vista del
derecho internacional, el problema no es solo político, sino normativo. La
Carta de las Naciones Unidas establece, en su artículo 2(4), la prohibición
casi absoluta del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, salvo en
dos supuestos estrechos: la legítima defensa ante un ataque armado o una
autorización expresa del Consejo de Seguridad. La operación contra Venezuela no
encaja limpiamente en ninguno de esos marcos. La invocación de una supuesta
lucha contra el “narco-terrorismo” no convierte automáticamente
una campaña de bombardeos y la captura de un jefe de Estado en legítima
defensa, y tampoco existió una resolución del Consejo de Seguridad que
habilitara el uso de la fuerza.
En paralelo, algunos defensores
de la intervención intentaron apoyarse en la retórica de la responsabilidad
de proteger, una doctrina diseñada para prevenir genocidios y crímenes
masivos cuando los Estados no protegen a su población. Pero uno de los
consensos mínimos en torno a este principio es que no puede convertirse en
coartada para cambios de régimen unilaterales ni para acciones militares
decididas por una sola potencia en función de sus intereses estratégicos. Al
aplicar de manera extensiva y oportunista lenguajes antiterroristas y
humanitarios a un caso atravesado por petróleo, geopolítica y cálculo
electoral, la operación contra Venezuela no fortalece el derecho internacional:
lo erosiona.
III. Petróleo: el eje estructural que ordena el conflicto
Ningún análisis serio sobre
Venezuela puede eludir el papel central del petróleo. El país posee las mayores
reservas probadas del mundo, pero llega a esta coyuntura con una
infraestructura devastada por años de mala gestión, sanciones y corrupción.
Donald Trump fue explícito: las
grandes petroleras estadounidenses entrarían a Venezuela, invertirían miles de
millones, repararían la infraestructura y recuperarían su inversión con el
propio petróleo venezolano. Según sus palabras, “no costará nada”
a Estados Unidos.
Esta franqueza, lejos de disipar
sospechas, confirmó que el control político del país está indisolublemente
ligado a la reorganización del control energético. No se trata solo de
democracia, sino de quién administra y se beneficia de la renta petrolera
futura.
IV. No solo Estados Unidos: los otros beneficiarios del
petróleo venezolano
Sería un error reducir la
historia reciente de Venezuela a un esquema simplista de expoliación unilateral
por parte de Washington. Antes de la intervención, el madurismo ya había
comprometido severamente la soberanía petrolera del país.
China se convirtió en el
principal comprador de crudo venezolano tras el endurecimiento de sanciones,
absorbiendo en algunos periodos cerca de dos tercios de las exportaciones
mediante esquemas opacos y pagos en especie vinculados a deuda. Rusia operó como
socio logístico y financiero clave, facilitando triangulaciones para colocar
crudo en Asia y suministrando insumos esenciales. Irán aportó asistencia
técnica para sortear sanciones, mientras Cuba recibió volúmenes menores pero
estratégicos para su sistema eléctrico.
El resultado fue que el régimen
hipotecó porciones crecientes de la renta petrolera futura, reduciendo el
margen de decisión soberana. La intervención estadounidense no “libera” el
petróleo: lo disputa y lo reordena.
V. ¿Fin necesario o camino equivocado?
Desde dentro de Venezuela, muchas
voces sostuvieron una posición clara y compleja: rechazo simultáneo a Maduro y
a la intervención extranjera. Colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos
humanos e incluso sectores de izquierda crítica coincidieron en que el
autoritarismo debía terminar, pero no mediante una operación militar externa.
Esa tensión se veía con nitidez
en la llamada oposición social venezolana: redes de organizaciones de
base, sindicatos, movimientos estudiantiles, comunidades populares y colectivos
de derechos humanos que durante años enfrentaron al madurismo sin alinearse con
agendas de cambio de régimen dictadas desde Washington. En barrios del oeste de
Caracas, en ciudades fronterizas como San Cristóbal o en las zonas petroleras
de Anzoátegui y Zulia, abundaban testimonios que resumían una posición tan
sencilla como incómoda: “Maduro tiene que irse” y “no queremos
marines ni bombas decidiendo por nosotros”. Esa mezcla de cansancio,
dignidad y desconfianza hacia cualquier forma de tutela externa estructura
buena parte del sentido común popular.
Colectivos de familiares de
presos políticos, gremios de salud y educación, así como articulaciones de
trabajadores petroleros críticos del chavismo, insistían justamente en esa
doble línea: exigían el fin de la represión y el autoritarismo, pero rechazaban
que la salida llegara en forma de operación militar extranjera. Para ellos, la
intervención no solo violaba la soberanía nacional, sino que además ponía en
riesgo lo poco que quedaba de tejido social y capacidad organizativa autónoma.
Una transición nacida bajo tutela externa corre el riesgo de intercambiar una
élite cerrada por otra, dejando intacta la exclusión de quienes han sostenido,
con su migración y su sobrevivencia cotidiana, el peso real de la crisis.
Al mismo tiempo, sería ingenuo
ignorar que una parte de la oposición política, especialmente sus sectores más
alineados con Washington y con ciertas diásporas en Estados Unidos y Europa,
celebró abiertamente la intervención y la captura de Maduro. Para esos actores,
la operación militar aparece como la consumación de una estrategia de años:
sanciones, aislamiento diplomático y, finalmente, un desenlace forzado desde
afuera. El problema es que cuanto más central sea ese sector en la
reconfiguración del poder post-Maduro, más difícil será sostener que la nueva
arquitectura política nace de la voluntad popular y no de un acuerdo entre
élites locales y potencias externas. La transición corre así el riesgo de
arrastrar, desde su origen, un déficit profundo de legitimidad.
VI. La factura humana: el costo que nunca se negocia
Mientras se discuten doctrinas,
recursos y equilibrios geopolíticos, la población paga el precio inmediato. Los
bombardeos nocturnos en Caracas y otras ciudades dejaron muertos y heridos,
daños a infraestructura urbana, apagones y miedo generalizado. Hospitales ya
colapsados enfrentan la crisis con menos insumos, mientras aumentan los riesgos
para la niñez, las mujeres y los grupos indígenas.
El deterioro económico acelerado
y la incertidumbre política auguran nuevas olas migratorias hacia países
vecinos, profundizando una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Ningún
cambio de régimen es limpio cuando se hace desde el aire.
VII. Conclusión: la libertad no se exporta en aviones
Venezuela necesitaba salir del
madurismo. Esa afirmación no admite ya demasiada discusión. Pero la forma en
que ese final ocurrió abre un dilema más profundo sobre soberanía, democracia y
recursos estratégicos.
La historia latinoamericana
ofrece suficientes ejemplos de transiciones tuteladas que derivaron en nuevas
dependencias. La democracia no nace de custodias extranjeras ni de
protectorados de facto. Sin soberanía popular, no hay reconstrucción
legítima, solo administración del daño.
Cuando la caída del tirano no la
decide el pueblo, la libertad llega hipotecada. Y el petróleo, una vez más,
aparece como el hilo conductor de una tragedia que todavía está lejos de
cerrarse.
Epílogo regional
El precedente que no se detiene en Venezuela
Lo ocurrido en Venezuela no puede
leerse como un episodio aislado ni como una excepción histórica. El verdadero
alcance de esta intervención está en el precedente que establece: la idea de
que los recursos naturales pueden convertirse en justificación flexible para
presiones extremas y acciones de fuerza.
En un mundo atravesado por la
disputa energética, el acceso a hidrocarburos, minerales críticos y recursos
estratégicos vuelve a ocupar un lugar central en la definición de amenazas y
aliados. Cuando la narrativa de seguridad se combina con la geopolítica de los
recursos, la soberanía deja de ser un principio incondicional y pasa a
convertirse en una variable negociable.
Para América Latina, la señal es
clara y perturbadora. Países con grandes reservas energéticas, minerales
estratégicos o posiciones geopolíticas relevantes observan ahora cómo el umbral
del uso de la fuerza se ha desplazado. Lo que ayer era disputa diplomática o
presión económica, mañana puede ser reencuadrado como problema de seguridad
hemisférica.
La pregunta que deja Venezuela
abierta ya no es solo cómo reconstruir un país devastado, sino cómo evitar
que la región entera vuelva a convertirse en escenario de tutelajes,
intervenciones y guerras por recursos. Esa discusión —sobre soberanía,
energía y poder— no ha hecho más que comenzar.
(Continuará en la segunda entrega de esta serie.)
Referencias
Amnesty
International. (2024). Venezuela: Human rights crisis deepens amid political
repression. https://www.amnesty.org
Human
Rights Watch. (2024). Venezuela: Events of 2023–2024. https://www.hrw.org
International
Crisis Group. (2024). Venezuela’s authoritarian entrenchment and regional
risks. https://www.crisisgroup.org
Corrales, J., & Penfold, M. (2023). Dragon in the tropics: Venezuela and the legacy
of Hugo Chávez (2nd
ed.). Brookings Institution Press.
Freedom
House. (2024). Freedom in the World 2024: Venezuela. https://freedomhouse.org
United Nations. (2026). Statement by the Secretary-General on the situation in
Venezuela. https://www.un.org
Akande, D.
(2021). The legality of foreign intervention and regime change. European
Journal of International Law, 32(1), 1–25. https://doi.org/10.1093/ejil/chab001
International Monetary Fund. (2024). World Economic Outlook: Venezuela
country data. https://www.imf.org
World Bank.
(2024). Macro poverty outlook: Venezuela. https://www.worldbank.org
United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2024). Venezuela situation:
Regional refugee and migrant response. https://www.unhcr.org
International
Organization for Migration (IOM). (2024). Venezuelan displacement crisis.
https://www.iom.int
UNICEF.
(2024). Children affected by Venezuela’s prolonged crisis. https://www.unicef.org
U.S. Energy Information Administration. (2024). Venezuela country analysis brief.
https://www.eia.gov
Monaldi, F.
(2023). The political economy of oil in Venezuela. Baker Institute for
Public Policy, Rice University. https://www.bakerinstitute.org
International
Energy Agency. (2023). Oil market report. https://www.iea.org
Ellis, E.
(2022). China’s engagement with Venezuela and implications for the region.
Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org
Reuters.
(2023). Venezuela oil exports surge to China via shadow fleet. https://www.reuters.com
U.S.
Department of Justice. (2020). United States v. Nicolás Maduro Moros
et al. https://www.justice.gov
Transparency
International. (2023). Corruption perceptions index: Venezuela. https://www.transparency.org
Insight
Crime. (2023). Venezuela: Organized crime and state capture. https://insightcrime.org
International
Commission of Jurists. (2022). Counter-terrorism and international law:
misuse of legal frameworks. https://www.icj.org
Levitsky,
S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown
Publishing Group.
