OTRA PERSPECTIVA

¿Hacia la Democradura? Transparencia y el Futuro de la Rendición de Cuentas en México

Por Jose Rafael Moya Saavedra

Introducción

En un contexto político marcado por promesas de transformación profunda, México enfrenta un debate crucial sobre la transparencia gubernamental y el acceso ciudadano a la información. La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las implicaciones sobre la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no solo representan un retroceso en términos de rendición de cuentas, sino que plantean dudas inquietantes sobre el rumbo democrático del país. Como lo señaló Claudia Sheinbaum, "el tema de la transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad." Esta declaración, aunque busca justificar un enfoque más centralizado, ha generado críticas sobre la independencia y efectividad de los mecanismos propuestos para garantizar el derecho ciudadano a la información.

La Transparencia: Pilar de la Democracia

Durante décadas, la lucha por el acceso a la información pública fue clave para debilitar los cimientos del régimen autoritario del siglo XX. El INAI y la PNT nacieron como herramientas fundamentales para permitir que los ciudadanos cuestionaran al poder, investigaran actos de corrupción y exigieran cuentas claras.

Núñez subraya que la PNT almacena cerca de 15 mil millones de documentos que documentan cómo se gastan los recursos públicos y quiénes toman decisiones clave. Este archivo ha permitido destapar casos emblemáticos como La Estafa Maestra y el desfalco en Segalmex. Sin embargo, con la desaparición del INAI, toda esta información podría quedar inaccesible, debilitando los mecanismos de control ciudadano.

¿Hacia un modelo de Democradura?

El concepto de democradura describe sistemas donde persisten las formas democráticas —como elecciones y parlamentos— pero se erosionan los contrapesos al poder, dando lugar a una concentración autoritaria. Al analizar el desmantelamiento de la transparencia, es válido preguntarse si México está transitando hacia este modelo.

El actual gobierno ha promovido una narrativa de transparencia, pero Núñez expone cómo esta es contradicha por los hechos. Según sus datos, los recursos de revisión al INAI han crecido un 231% durante el sexenio de López Obrador, reflejando una mayor resistencia del gobierno a entregar información. Casos como el de Ayotzinapa y los datos ocultos en CompraNet revelan que, en lugar de abrirse al escrutinio, el gobierno prefiere blindarse frente a las críticas.

Las Consecuencias de la Opacidad

La desaparición del INAI y la fragmentación de la PNT tendrán impactos devastadores en la capacidad ciudadana para vigilar al poder. Núñez destaca que sin un organismo autónomo que exija transparencia, la información será controlada por el propio gobierno. Esto plantea un claro conflicto de interés, ya que los vigilados también serán los guardianes de los archivos que podrían incriminarlos.

 Además, la opacidad no solo afecta al presente, sino que dificulta la construcción de memoria histórica. Casos como los vuelos de la muerte en los años 70 o los desvíos de recursos en sexenios recientes demuestran cómo la información pública puede ser clave para revelar abusos y exigir justicia.

La Cuarta Transformación y sus Promesas

La autodenominada "Cuarta Transformación" se presentó como un movimiento destinado a regenerar las instituciones y erradicar la corrupción. Sin embargo, el debilitamiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas parece contradecir sus promesas.

La desaparición del INAI, la inoperancia de plataformas como CompraNet y el abandono de 7 de cada 10 bases de datos públicas son síntomas de una transformación que, lejos de democratizar el poder, lo centraliza. ¿Estamos, entonces, avanzando hacia una democradura bajo la apariencia de un gobierno democrático?

Finalmente, el desmantelamiento del INAI y el debilitamiento de los mecanismos de transparencia son más que decisiones administrativas; son señales de un cambio profundo en la relación entre el poder y la ciudadanía. Como advierte Leonardo Núñez, "la noche se acerca," y con ella, el riesgo de retroceder a épocas donde el acceso a la información estaba controlado por quienes tenían más que perder al revelarla.

La Cuarta Transformación se ha presentado como un movimiento regenerador, pero sus acciones dejan dudas inquietantes sobre su compromiso con la rendición de cuentas. Al concentrar el control de la transparencia en el gobierno, ¿estamos avanzando hacia un modelo donde las formas democráticas se mantienen mientras los contrapesos se debilitan? ¿Estamos transitando, sin darnos cuenta, hacia una democradura que centraliza el poder y silencia las críticas bajo el discurso de transformación?

La transparencia no es solo un derecho, sino una herramienta que empodera a los ciudadanos y fortalece la democracia. Perderla significa despojar a la sociedad de su capacidad de exigir un gobierno abierto y responsable. El desafío ahora es evitar que estas decisiones sean el preludio de un régimen más autoritario, donde la oscuridad se convierta en la norma y la vigilancia ciudadana en un eco del pasado.

Cita del Autor Original

"Basado en el análisis y reflexiones presentadas por Leonardo Núñez González en su artículo 'Réquiem por el Instituto Nacional de Transparencia,' publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)." https://contralacorrupcion.mx/cronica-de-una-opacidad-anunciada-el-vigilante-asesinado-por-el-vigilado/

 

 

 

OTRA PERSPECTIVA

Un Paso Hacia la Democradura: Control del Poder Judicial y la Erosión Democrática

Sandra Garibay Esquivel: de la Inocencia a la sospecha…

Por Jose Rafael Moya Saavedra

El caso de la diputada Sandra Garibay Esquivel, aunque pueda parecer un incidente aislado, debe ser analizado en el contexto más amplio de los intentos por influir en las instituciones clave de México, particularmente el Poder Judicial. La acción de "acarrear" aspirantes para registrarse en procesos judiciales podría interpretarse como un esfuerzo por politizar y controlar una de las columnas vertebrales de la democracia: un Poder Judicial independiente.

El Papel del Poder Judicial en una Democracia Saludable

En cualquier democracia consolidada, el Poder Judicial actúa como un contrapeso esencial frente a los otros poderes del Estado. Su independencia garantiza la imparcialidad en la resolución de conflictos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, cuando esta independencia se ve comprometida por injerencias políticas, como la selección de jueces y magistrados bajo criterios partidistas, el sistema democrático comienza a erosionarse.

El audio atribuido a la diputada Garibay refleja cómo una aparente convocatoria inocente podría derivar en una estrategia más amplia para influir en el proceso de selección judicial, un paso que encaja dentro del patrón de una democradura, donde las instituciones son cooptadas para servir a los intereses del poder político predominante.

La Democradura y el Control del Poder Judicial

La "democradura" no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso gradual en el que se socavan las instituciones democráticas a través de reformas legales, narrativas polarizantes y el debilitamiento de los contrapesos. En México, la creciente militarización, el discurso oficialista polarizante y los cambios en las instituciones autónomas (como el INE) son claros indicadores de esta transición.

El caso de Garibay, en este sentido, es más que un escándalo político; es una muestra de cómo ciertos actores buscan moldear el Poder Judicial para alinearlo con los intereses del Ejecutivo o del partido gobernante. Si el proceso de selección de jueces se contamina con favoritismos o “acarreos,” el Poder Judicial pierde su capacidad de ser imparcial y se convierte en un brazo más del poder político, tal como se ha visto en regímenes híbridos como Venezuela o Nicaragua.

¿Qué Significa para México?

Este caso no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón donde el Poder Judicial se ve cada vez más expuesto a presiones externas que buscan convertirlo en una herramienta política. En el contexto actual, donde el gobierno de AMLO ha promovido reformas polémicas, como la militarización de funciones civiles y la reducción de contrapesos institucionales, la independencia judicial se presenta como el último bastión de la democracia mexicana.

Si bien la diputada Garibay insiste en su inocencia, el caso pone en evidencia un problema sistémico: la necesidad de garantizar que los procesos de selección judicial sean verdaderamente transparentes, imparciales y alejados de influencias partidistas. De lo contrario, México podría estar avanzando un paso más hacia una "línea roja" que amenaza con transformar su democracia en una democradura.

Conclusión

El caso de Sandra Garibay no solo debe ser visto como una polémica local, sino como un microcosmos de los desafíos que enfrenta la democracia mexicana. El control del Poder Judicial, ya sea a través de la manipulación de procesos o de la narrativa pública, es una herramienta clave en los regímenes híbridos. Si no se toman medidas para reforzar la independencia judicial y frenar estas prácticas, México corre el riesgo de cruzar la frontera hacia un sistema donde las instituciones son democráticas solo en apariencia, pero autoritarias en su esencia.

 

 OTRA PERSPECTIVA

El Senado Avala la Extinción de 7 Órganos Autónomos: ¿Simplificación Administrativa o Democradura?

Por Jose Rafael Moya Saavedra

El Senado de la República, mediante las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, aprobó la extinción de siete organismos autónomos, entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta decisión, respaldada por Morena y sus aliados con 23 votos a favor, busca concentrar las funciones de estos organismos en dependencias del gobierno federal, argumentando una supuesta eficiencia administrativa y un ahorro de recursos.

La reforma plantea la desaparición de otros entes clave como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Estas instituciones desempeñaban funciones críticas en transparencia, evaluación de políticas públicas, regulación económica y protección de derechos fundamentales.

El Debate en el Senado: Posturas Contrapuestas

El dictamen aprobado ha generado un intenso debate entre los legisladores. Por un lado, los senadores de Morena argumentan que estas instituciones, creadas principalmente durante el auge del modelo neoliberal, han servido más a intereses económicos y de la oligarquía que al bienestar de la población. Según el senador Ignacio Mier, la extinción de estos organismos representa un paso hacia la recuperación del patrimonio nacional y la eliminación de "simulaciones" que beneficiaban a las élites económicas.

Por otro lado, la oposición advierte que esta decisión representa un grave retroceso democrático. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, calificó como falsa la narrativa de ahorro presupuestario, al señalar que el costo del proceso de elección judicial supera por mucho el presupuesto asignado a los siete organismos que desaparecerán. En la misma línea, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, alertó sobre el impacto negativo de esta reforma tanto dentro como fuera del país, subrayando que "retrocedemos enormemente" y que la desaparición de estos órganos envía un pésimo mensaje a nivel internacional.

¿Qué Implica la Extinción de los Organismos Autónomos?

La extinción de estos organismos implica una reconfiguración significativa en la administración pública. Según el dictamen, las funciones de las entidades eliminadas serán asumidas por dependencias gubernamentales:

INAI: Sus atribuciones en transparencia y protección de datos personales se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, el órgano de control del Poder Judicial y las contralorías del Congreso.

Cofece e IFT: Serán reemplazados por una nueva autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, adscrita a la Secretaría de Economía.

Coneval: Sus labores de evaluación de la política social pasarán al INEGI.

CRE y CNH: Sus funciones en regulación técnica y económica de hidrocarburos se integrarán a la Secretaría de Energía.

Mejoredu: Su tarea de evaluar la educación básica y media superior se integrará a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunque se garantiza el respeto a los derechos laborales de los empleados de estas instituciones, el impacto en su independencia operativa y técnica ha sido uno de los puntos más criticados. La centralización de sus funciones en dependencias gubernamentales plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar la imparcialidad y efectividad en áreas clave como la transparencia, la competencia económica y la medición de la pobreza.

Redistribución de Recursos: ¿Ahorro o Estrategia Política?

Uno de los argumentos principales de Morena para justificar la desaparición de los organismos autónomos es la promesa de ahorro y la redirección de estos recursos a sectores prioritarios. Según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, los 4,422.2 millones de pesos solicitados por estos organismos para 2025 serán destinados a programas sociales, educación, cultura, agua y seguridad. Además, se informó que los ahorros generados contribuirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, reforzando el enfoque social del gobierno.

Sin embargo, esta estrategia también ha levantado sospechas. La concentración de recursos en áreas vinculadas a la base electoral del gobierno sugiere una lógica más política que administrativa. Aunque los programas sociales son fundamentales para reducir la desigualdad, su uso como herramienta para garantizar lealtades políticas recuerda a prácticas clientelares. En este sentido, el gobierno centraliza funciones y recursos bajo la justificación de eficiencia, pero al mismo tiempo debilita los contrapesos democráticos y fomenta la dependencia de sectores vulnerables hacia el aparato estatal.

Simplificación o Democradura: Las Implicaciones

La desaparición de estos organismos no solo impacta en su autonomía técnica, sino que refuerza un modelo político que algunos críticos han calificado como una "democradura." Este término, que describe un régimen que opera dentro de las formas democráticas mientras centraliza el poder y limita los contrapesos, parece resonar con las decisiones recientes. El uso de los ahorros generados para fortalecer programas sociales clave para la base electoral del gobierno refuerza la narrativa de un Estado paternalista que, aunque legítimo en sus objetivos, concentra el poder en el Ejecutivo y debilita las instituciones independientes.

El Futuro de la Reforma

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será discutido en el Pleno del Senado, donde se espera un debate aún más acalorado. La reforma plantea un desafío importante para la democracia mexicana: equilibrar la eficiencia administrativa con la necesidad de mantener instituciones sólidas e independientes que actúen como contrapesos al poder gubernamental.

En un país donde la construcción de organismos autónomos ha sido un avance democrático gradual, su eliminación plantea una pregunta crucial: ¿es este un paso hacia una administración más eficiente o el inicio de un retroceso que centraliza el poder y debilita las instituciones democráticas? La redirección de recursos hacia áreas sociales puede beneficiar a sectores vulnerables en el corto plazo, pero, ¿a qué costo en términos de institucionalidad, transparencia y equilibrio de poderes? El desenlace de esta reforma marcará un momento clave en el rumbo político de México.

 

OTRA PERSPECTIVA

"La Democracia en la Cuerda Floja: El Asalto al Poder Judicial en México"

Por José Rafael Moya Saavedra

En un acto que en cualquier manual de gobernanza se calificaría como un atentado contra la independencia judicial, el proceso de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en México está generando profundas inquietudes. El supuesto objetivo de democratizar y renovar el sistema judicial del país ha derivado en un espectáculo de opacidad, manipulación política y simulación, características propias de una democradura, ese híbrido que combina formas democráticas con prácticas autoritarias.

El “milagro histórico” de los registros masivos

El cierre del registro para aspirantes a jueces, magistrados y ministros fue descrito por el oficialismo como un "éxito democrático". En realidad, fue un despliegue caótico. Apenas una semana antes, se contaban mil inscritos. Pero, como si se tratara de una multiplicación de los panes, más de 18 mil personas se registraron en los últimos días. Legisladores de Morena promovieron registros masivos a través de correos electrónicos habilitados de última hora y contactos políticos.

Una grabación, atribuida a una diputada local de Morena en Michoacán, expone la naturaleza del proceso: "Si tienes amigos que quieran ser juez federal, mándales esta convocatoria." En segundos, la convocatoria perdió todo carácter meritocrático.

 https://x.com/CiroGomezL/status/1861399051716960574

Este incremento milagroso no es nuevo en las democracias manipuladas de América Latina. Venezuela y Nicaragua nos enseñaron cómo los gobiernos pueden utilizar reformas judiciales para consolidar el poder. En Venezuela, Hugo Chávez convirtió al Tribunal Supremo de Justicia en un brazo ejecutor de su gobierno. Daniel Ortega, en Nicaragua, hizo lo propio para perpetuarse en el poder. México parece estar siguiendo ese camino.

El costo de la reforma judicial

La "democratización" del Poder Judicial no solo amenaza su independencia; también implica un costo multimillonario. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado 13,205 millones de pesos para coordinar esta elección extraordinaria, de los cuales más de la mitad se destinarán a personal temporal.

Mientras tanto, las dinámicas del proceso dejan más preguntas que respuestas. Apenas el 10% de los aspirantes optaron por registrarse a través del Poder Judicial, mientras que el 90% lo hizo mediante los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos controlados por Morena. La falta de transparencia en estos registros alimenta sospechas de manipulación política.

Una tómbola judicial bajo control político

Los registros masivos y opacos no son el único problema. El control de los comités de evaluación por parte de Morena y aliados del oficialismo ha generado preocupación en diversos sectores. Estos comités definirán quiénes aparecerán en la boleta de 2025, y todo indica que los perfiles seleccionados serán afines al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

 La senadora priista Claudia Anaya no duda en calificar este proceso como un mecanismo de cooptación: “Los poderes Legislativo y Ejecutivo se han convertido en órganos de corte político, usados para movilizar bases y asegurar el control del Poder Judicial.”

Por su parte, legisladores del PAN denuncian que este procedimiento es una farsa, una simulación que pone en juego la independencia del Poder Judicial. Federico Döring, vicecoordinador del PAN, lo sintetizó con crudeza: "Estamos en una tómbola judicial de Morena. Este proceso no garantiza justicia; garantiza sumisión al Ejecutivo."

Paralelismos con las democraduras de América Latina

El caso mexicano encuentra ecos en regímenes autoritarios de la región:

Venezuela: Chávez usó reformas judiciales para desmantelar los contrapesos y convertir al Tribunal Supremo en un aliado incondicional.

Nicaragua: Ortega reestructuró el sistema judicial para perseguir a opositores y perpetuar su gobierno.

Bolivia: Morales impulsó la elección de jueces por voto popular, pero en la práctica, solo se promovieron candidatos afines a su partido.

La estrategia es clara: manipular las instituciones democráticas para concentrar el poder, disfrazando la erosión institucional como reformas democráticas.

Un peligroso retroceso

La reforma judicial mexicana, lejos de fortalecer el Estado de derecho, parece estar diseñando un sistema de justicia subordinado al poder político. Este modelo amenaza con convertir al Poder Judicial en un brazo ejecutor del Ejecutivo, eliminando su capacidad de actuar como contrapeso.

A medida que avanzamos hacia las elecciones de 2025, es crucial reconocer que los riesgos van más allá del Poder Judicial. Lo que está en juego es la esencia misma de la democracia mexicana. Si el oficialismo logra controlar este proceso, habremos dado un paso más hacia una democradura, ese sistema que utiliza los mecanismos democráticos para perpetuar prácticas autoritarias.

¿Es posible evitar la caída?

La historia reciente de América Latina muestra que revertir el curso es posible, pero requiere una sociedad informada, una oposición organizada y una comunidad internacional vigilante. México aún está a tiempo de detener esta deriva autoritaria, pero la ventana de oportunidad se cierra rápidamente.

La independencia judicial no es solo una formalidad; es el pilar que sostiene cualquier democracia. Si dejamos que la reforma judicial se convierta en una herramienta de control político, México estará hipotecando no solo su presente, sino su futuro como una nación verdaderamente libre y democrática.

 

OTRA PERSPECTIVA

México en Tiempos de Incertidumbre: Retos y Estrategias para su Estabilidad Económica

Por Jose Rafael Moya Saavedra

En un contexto global marcado por la incertidumbre, la economía mexicana enfrenta desafíos complejos que requieren un análisis profundo y estrategias bien definidas. Enrique Quintana, en su presentación titulada "Las perspectivas económicas de México en tiempos de incertidumbre", expuso los principales factores que moldean el panorama actual y las posibles soluciones para impulsar el crecimiento económico del país.

El Contexto Económico Actual

El entorno global se caracteriza por la volatilidad económica, tensiones geopolíticas y transformaciones en los mercados. En México, factores como la inflación persistente, la desaceleración de la inversión productiva y un nivel moderado de confianza empresarial limitan el potencial de crecimiento. En paralelo, el Paquete Económico 2025 refleja un enfoque fiscal prudente, pero la estructura del gasto público y los ingresos programados deben ser evaluados cuidadosamente para garantizar sostenibilidad y equidad.

Variables Económicas Clave

El consumo familiar y el empleo formal muestran señales de crecimiento moderado, sirviendo como pilares de estabilidad. Sin embargo, la caída en las remesas y un crédito al consumo en desaceleración podrían impactar el dinamismo económico. Estas tendencias subrayan la importancia de políticas que refuercen el poder adquisitivo y la creación de empleo de calidad.

Nearshoring: Oportunidad Estratégica

El fenómeno del nearshoring, impulsado por la reconfiguración de cadenas globales de suministro, representa una oportunidad invaluable para México, dada su cercanía con Estados Unidos. Sin embargo, factores como la desconfianza empresarial y la infraestructura insuficiente dificultan su aprovechamiento. Para capitalizar este fenómeno, México debe:

Invertir en Infraestructura: Mejorar las redes logísticas y de transporte.

Capacitar a la Fuerza Laboral: Desarrollar competencias específicas demandadas por sectores estratégicos.

Dependencia del Mercado Estadounidense

La economía mexicana sigue estando altamente ligada al mercado estadounidense. Si bien esta relación ofrece beneficios, también representa vulnerabilidades significativas ante posibles cambios en políticas comerciales. Es fundamental diversificar mercados a través de nuevos acuerdos comerciales con Asia, Europa y América Latina, y reforzar los lazos existentes con socios estratégicos.

Impacto de las Reformas Judiciales

El fortalecimiento del Estado de Derecho es esencial para atraer inversión extranjera y fomentar un ambiente de negocios confiable. Reformas que agilicen la resolución de litigios, promuevan la mediación y garanticen la protección de derechos son necesarias para mejorar la percepción del sistema judicial mexicano.

Desafíos Geopolíticos y su Impacto

Conflictos internacionales, como la guerra en Medio Oriente, y tensiones comerciales con Estados Unidos añaden una capa de incertidumbre al panorama económico. México debe priorizar la diversificación energética y la autosuficiencia en sectores clave para mitigar los riesgos asociados a estos eventos impredecibles.

Recomendaciones para Estabilidad y Crecimiento

Ante este complejo panorama, es imperativo que el gobierno implemente medidas efectivas, tales como:

1.- Fomentar la Inversión Productiva:

·       Incentivos fiscales para sectores estratégicos.

·       Diálogo constante con el sector privado para eliminar barreras regulatorias.

Diversificación de Mercados:

·       Explorar nuevos mercados mediante acuerdos comerciales.

·       Promoción internacional para destacar las ventajas competitivas de México.

Reformas Judiciales:

·       Fortalecer el Estado de Derecho con mayor eficiencia judicial.

·       Promover métodos alternativos de resolución de conflictos.

Estabilidad Macroeconómica:

·       Políticas monetarias prudentes para controlar la inflación.

·       Un equilibrio fiscal sostenible que priorice la inversión social.

Preparación Geopolítica:

·       Monitorear riesgos globales para anticipar impactos económicos.

·       Invertir en energías renovables para reducir la dependencia del petróleo.

El futuro económico de México está lleno de retos y oportunidades. El éxito dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar las interrelaciones entre las variables económicas, las reformas estructurales y los factores globales. Si se toman decisiones estratégicas para fortalecer la confianza empresarial, diversificar mercados y mejorar la estabilidad macroeconómica, México no solo podrá superar las adversidades actuales, sino también establecer una base sólida para un crecimiento sostenible.

La clave está en actuar con visión, pragmatismo y un enfoque en las fortalezas internas del país para convertir los desafíos en oportunidades reales.

 

 

OTRA PERSPECTIVA

El Paquete Económico 2025: Entre Promesas Sociales, Recortes Estratégicos y una Estrategia Política Velada

Por Jose Rafael Moya Saavedra

El "Paquete Económico 2025" y el "Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación" llegan en un momento crítico para México: una transición gubernamental que define el rumbo del país en medio de desafíos fiscales, económicos y sociales. Este presupuesto no es solo un ejercicio administrativo, sino un manifiesto político, una declaración de prioridades y, quizás, una herramienta para consolidar el poder en un contexto electoral competitivo.

Entre la Esperanza y la Realidad: Las Promesas del Paquete

El discurso oficial presenta un paquete económico que busca equilibrar sostenibilidad fiscal, inversión estratégica y justicia social. Sin embargo, entre las cifras y los recortes, emerge una narrativa diferente: un gobierno que apuesta por programas sociales masivos mientras sacrifica sectores esenciales como salud e infraestructura.

Cifras Clave y Realidades Ocultas

·       Crecimiento Económico: Con una proyección optimista del 2%-3%, este presupuesto parece aferrarse a la esperanza más que a la evidencia, especialmente cuando organismos internacionales como el FMI apuntan a un crecimiento de apenas 1.2%-1.3%. ¿Es esto una visión optimista o un maquillaje político para encubrir una economía estancada?

·       Inflación y Tipo de Cambio: La inflación proyectada del 3.5% y el tipo de cambio de 18.5 MXN/USD parecen más un deseo que una realidad, dado el contexto económico global y las presiones internas. Estas proyecciones, aunque esperanzadoras, enfrentan el desafío de un mercado incierto.

Prioridades en el Gasto:

·       Pensiones y Deuda: Absorben casi el 40% del presupuesto total, dejando poco margen para inversión en sectores críticos.

·       Recortes en Salud e Infraestructura: Una reducción del 11% y 14%, respectivamente, podría significar hospitales menos equipados y carreteras inconclusas, sacrificando el desarrollo futuro en favor de políticas populistas del presente.

·       Incrementos en Energía: Aunque se destina un 6% adicional, las dudas persisten sobre la eficacia de estas inversiones en un sector históricamente opaco y politizado.

Los Programas Sociales: ¿Compromiso o Clientelismo?

El aumento exponencial en programas sociales, como las Becas Benito Juárez (+105%) y la Beca Universal de Educación Básica (+494%), parece diseñado para generar titulares favorables. Sin embargo, esta generosidad presupuestaria despierta sospechas de un clientelismo electoral descarado.

Una Estrategia Bien Calculada

Consolidar Bases Electorales: Las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, con incrementos del 3.95%, apuntan a mantener satisfecho a un electorado clave. Estos grupos han sido pilares de apoyo para el gobierno actual y, sin duda, son cruciales para el futuro político de su sucesor.

Prioridades Sospechosas: Mientras que programas como "La Escuela es Nuestra" enfrentan recortes del 11.84%, las becas y transferencias directas aumentan. La pregunta no es si estas medidas son necesarias, sino si están diseñadas para garantizar votos en lugar de generar un impacto estructural a largo plazo.

El Precio de la Austeridad Selectiva

El "Paquete Económico 2025" se presenta como un acto de equilibrio entre austeridad y gasto social, pero su impacto real revela un enfoque cortoplacista que podría hipotecar el futuro de México:

Sacrificar lo Esencial: Los recortes en salud (-11%) e infraestructura (-14%) afectan directamente la calidad de vida de los mexicanos y el desarrollo económico del país. ¿Qué mensaje envía un gobierno que prioriza propaganda política sobre hospitales funcionales y carreteras seguras?

Sostenibilidad Fiscal en Riesgo: Con ingresos tributarios estimados en 5.3 billones de pesos (14.6% del PIB) y un gasto total de 9.2 billones, el déficit fiscal sigue siendo una sombra amenazante. ¿Cuánto tiempo más puede México sostener este modelo sin caer en una crisis financiera?

Una Herramienta Política en Año Electoral

En el fondo, este paquete económico no es solo un plan fiscal; es una estrategia política cuidadosamente diseñada. Cada peso asignado a programas sociales, cada recorte en sectores menos visibles, parece responder a un cálculo electoral, más que a una visión de largo plazo para el país.

Clientelismo y Polarización

El aumento en programas sociales puede interpretarse como un intento de consolidar el apoyo popular, especialmente en los sectores más vulnerables. Pero este enfoque tiene un costo: polariza aún más al país y alimenta las críticas de la oposición, que denuncia un uso descarado de los recursos públicos para fines políticos.

Un Legado Ambivalente

"Con una narrativa centrada en la justicia social, pero con una ejecución que prioriza la ganancia política inmediata, el gobierno  que encabeza Claudia Sheinbaum corre el riesgo de ser recordado no por sus logros, sino por haber hipotecado el futuro de México en nombre de su continuidad política.".

Un País en la Encrucijada

El "Paquete Económico 2025" es más que un presupuesto; es una declaración de intenciones de un gobierno que busca cerrar su ciclo con una narrativa de éxito social, aunque esto implique dejar heridas abiertas en sectores estratégicos. En un año electoral, este presupuesto será tanto un arma como un blanco: arma para consolidar votos y blanco de críticas que lo señalan como una herramienta de manipulación política.

México se encuentra en una encrucijada. Mientras que las becas y las pensiones ofrecen alivio inmediato a millones, el costo de esta estrategia podría ser una economía debilitada, sectores esenciales desatendidos y un país más dividido. El verdadero reto no será solo enfrentar el 2025, sino reparar las fracturas que estas decisiones podrían dejar en el tejido económico y social del país.

 

OTRA PERSPECTIVA

Un paso más hacia la Democradura : “Morena Vota por Extinguir Órganos Autónomos”

Por José Rafael Moya Saavedra

Hoy, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 347 votos a favor y 128 en contra, la desaparición de siete órganos autónomos, en un paso que marcará un antes y un después en el panorama institucional del país. Con el respaldo de Morena y sus aliados, esta reforma constitucional trasladará las funciones de organismos clave, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a diversas dependencias del gobierno federal.

La votación, que dividió a la Cámara entre quienes defienden la centralización como una medida de eficiencia y quienes la ven como un ataque a la democracia, refleja el nivel de polarización que atraviesa México. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación las implicaciones de esta decisión para la transparencia, la competencia económica y los derechos fundamentales.

¿Qué está en juego?

La propuesta plantea la desaparición de los siguientes organismos:

1.    INAI y 32 institutos locales de transparencia.

2.    Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

3.    Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

4.    Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

5.    Comisión Reguladora de Energía (CRE).

6.    Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

7.    Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Tras su aprobación, sus funciones serán absorbidas por dependencias federales como las secretarías de Energía, Economía y Educación Pública. Los recursos ahorrados serán redirigidos al Fondo de Pensiones del Bienestar

.¿Qué dicen quienes apoyan la reforma? Desde el oficialismo, Morena y sus aliados aseguran que esta medida permitirá:

·       Eliminar duplicidades y gastos innecesarios.

·       Hacer más eficientes los servicios públicos.

·       Fortalecer al Estado para que tome decisiones con mayor rapidez.

 

¿Y quienes están en contra? La oposición, compuesta por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, advierte que esta reforma:

·       Centraliza el poder en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos.

·       Pone en riesgo derechos ciudadanos como la transparencia y el acceso a la información.

·       Podría fomentar monopolios y debilitar la competitividad económica.

¿Qué implicaciones tiene esta reforma?

Si miramos con detenimiento, la desaparición de estos órganos autónomos no es solo un cambio administrativo. Representa un cambio estructural en cómo funciona el gobierno y en cómo los ciudadanos podemos exigir transparencia y rendición de cuentas. Los riesgos no son menores:

Pérdida de independencia: Estas instituciones eran espacios donde se tomaban decisiones técnicas, sin la influencia del poder político.

Mayor opacidad: La desaparición del INAI, por ejemplo, limitaría el acceso a información pública.

Impacto económico: Sin reguladores fuertes, sectores clave como las telecomunicaciones o la energía quedarían vulnerables a prácticas monopólicas.

Tres posibles futuros: Escenarios para México

1. Escenario Optimista: “Un gobierno más eficiente y funcional”

En este escenario, el gobierno logra aprovechar la reforma para reducir gastos innecesarios y centralizar funciones de manera efectiva.

Lo positivo: Las dependencias receptoras operan con eficiencia, se eliminan redundancias y los recursos ahorrados benefician a programas sociales.

Lo negativo: Este escenario requiere una capacidad técnica y organizativa que no siempre está garantizada.

Probabilidad: Baja, porque históricamente, estas transiciones suelen enfrentarse a problemas operativos y de ejecución.

2. Escenario Realista: “Concentración de poder con consecuencias mixtas”

Aquí, las funciones se integran a las dependencias, pero con dificultades operativas y una creciente influencia del Ejecutivo en áreas clave.

Lo positivo: Algunas funciones continúan, aunque de manera menos eficiente.

Lo negativo: La centralización del poder debilita los contrapesos democráticos y fomenta la desconfianza ciudadana.

Probabilidad: Alta, considerando el contexto político actual y los retos que enfrentan las dependencias federales.

3. Escenario Pesimista: “Un retroceso en la democracia”

En el peor de los casos, esta reforma lleva a una erosión de las instituciones y derechos que hoy consideramos fundamentales.

Lo positivo: Prácticamente inexistente, más allá de posibles ahorros marginales.

Lo negativo: Se consolida un modelo autoritario, la inversión extranjera se ve afectada y los derechos ciudadanos se vulneran.

Probabilidad: Media, dependiendo de la resistencia de la sociedad civil y el escrutinio internacional.

¿Qué señales debemos vigilar?

1.    Cómo operan las dependencias receptoras: ¿Pueden asumir las nuevas funciones con éxito?

2.    Reacción ciudadana y social: ¿Habrá movimientos que exijan revertir la decisión?

3.    Impacto en los mercados: ¿Cómo responden sectores clave como telecomunicaciones o energía?

4.    Acciones internacionales: ¿Habrá presión o sanciones de organismos internacionales?

5.    Estado de la transparencia: ¿Se mantendrán accesibles los datos y la información pública?

¿Qué sigue para México?

La desaparición de estos órganos autónomos no solo representa una transformación administrativa; es un golpe directo a los pilares de la democracia. Al debilitar los contrapesos y centralizar el poder, se abre la puerta a un régimen que favorece el control unipersonal y limita la pluralidad. Este no es un tema menor ni una cuestión de eficiencia gubernamental, sino un paso más hacia la consolidación de una democradura, donde los derechos y las libertades de los ciudadanos están supeditados a los intereses del poder central. La historia nos ha enseñado que el silencio frente a estas decisiones puede ser el preludio de la pérdida de nuestra democracia. Por ello, el momento de actuar es ahora: alzar la voz, exigir rendición de cuentas y defender los espacios que garantizan nuestra libertad y participación..

 

OTRA PERSPECTIVA

Rosario Piedra Ibarra y la CNDH: ¿Autonomía o Cercanía al Poder?

Por José Rafael Moya Saavedra

La reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha generado un intenso debate público, evidenciando las tensiones entre quienes defienden su gestión como un avance en derechos humanos y quienes critican su cercanía al poder político.

La reelección y su justificación

El Senado de la República aprobó la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, asegurando su permanencia hasta 2029. Desde la institución, este hecho ha sido presentado como un "triunfo del pueblo mexicano" y un avance en la autonomía del organismo. En un comunicado, la CNDH argumentó que la elección popular de juzgadores, derivada de la reforma judicial, fortalece la independencia del Poder Judicial al desligarlo de influencias partidistas.

La institución defendió su enfoque preventivo y conciliador, resaltando que el 86.7% de las peticiones han sido resueltas mediante orientación, conciliación o durante el trámite, una cifra que, según la CNDH, supera significativamente a gestiones anteriores. Además, destacó que el 1.5% de recomendaciones emitidas representa el mayor índice en los últimos 18 años.

Críticas a la gestión de Rosario Piedra

A pesar de los datos presentados, las críticas no se han hecho esperar. Intelectuales, periodistas y diversos sectores de la sociedad han señalado que la CNDH bajo la dirección de Piedra Ibarra prioriza la protección al poder político en lugar de defender a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entre las voces más destacadas se encuentra la de la escritora Sabina Berman, quien en su artículo “Tropezar dos veces con la señora Piedra” cuestionó la independencia del organismo y acusó a la ombudsperson de proteger al gobierno en turno.

Berman señaló que la gestión de la CNDH "defiende al poder y no a las víctimas", argumentando que el enfoque preventivo ha dejado en segundo plano la función esencial del organismo como contrapeso crítico en un contexto marcado por la militarización y los cuestionamientos sobre derechos humanos en México.

La defensa institucional

La respuesta de la CNDH a las críticas fue contundente, calificando los señalamientos de “infundios” y “narrativas fantasiosas”. La institución argumentó que los datos sobre las quejas y recomendaciones han sido malinterpretados de manera tendenciosa, y que su enfoque actual prioriza resolver las peticiones antes de que se consumen violaciones, beneficiando directamente a los quejosos.

En un tono desafiante, el organismo cuestionó a Berman y otros críticos, exigiendo pruebas de sus acusaciones y rechazando las insinuaciones de que el Ejército sea el mayor violador de derechos humanos. “A lo mejor les gustaría ver al Ejército señalado como el mayor violador, pero eso no es así”, señaló el comunicado.

Datos y comparaciones

La CNDH utilizó cifras históricas para reforzar su postura:

Durante el sexenio de Felipe Calderón, sólo el 31.4% de los expedientes se resolvieron mediante conciliación u orientación.

En el periodo de Enrique Peña Nieto, la cifra aumentó a 41.2%.

En la gestión de Piedra Ibarra, el porcentaje asciende al 86.7%.

Sin embargo, los críticos argumentan que estas cifras no reflejan necesariamente una mejora en el desempeño del organismo, sino un cambio de enfoque que podría minimizar la gravedad de violaciones sistemáticas.

¿Autonomía o cercanía al poder?

La controversia sobre la CNDH y Rosario Piedra trasciende los datos. En un contexto político donde la militarización y la concentración de poder son temas sensibles, la percepción de que la CNDH opera en favor del gobierno erosiona su legitimidad como organismo autónomo.

Para algunos, la postura defensiva de la institución refleja un intento de proteger su gestión ante ataques mediáticos. Para otros, representa una señal preocupante de que el organismo podría estar actuando más como un aliado político que como un defensor de los derechos humanos.

La reelección de Rosario Piedra Ibarra plantea preguntas fundamentales sobre el papel de la CNDH en el panorama político y social de México. Si bien la prevención y conciliación son herramientas valiosas, el organismo enfrenta el desafío de demostrar su independencia y eficacia en un entorno polarizado. La legitimidad de la CNDH dependerá no solo de sus cifras, sino de su capacidad para actuar como un verdadero contrapeso en defensa de las víctimas, incluso frente al poder político

 

OTRA PERSPECTIVA

De la Economía Moral a la Realidad Financiera: Un Análisis del Proyecto de la 4T

Por José Rafael Moya Saavedra

En un contexto marcado por desafíos económicos, políticos y sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso su primer paquete económico para 2025. Este incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, que será discutido y aprobado exclusivamente por la Cámara de Diputados. Este ejercicio fiscal llega en un momento crucial para el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), en el que sus decisiones económicas impactarán no solo la viabilidad de sus programas sociales, sino también la relación entre los poderes del Estado y las entidades federativas.

¿Qué es la Economía Moral?

La "economía moral" defendida por Claudia Sheinbaum pretende romper con las prácticas del neoliberalismo, priorizando a las personas sobre el mercado. Sus principios incluyen:

·       Finanzas Públicas Sanas: Mantener la estabilidad macroeconómica mientras se expande el gasto social.

·       Reducción de la Pobreza: Promover programas sociales redistributivos que permitan un acceso más equitativo a los recursos.

·       Bienestar Social: Diseñar políticas económicas que coloquen el bienestar humano como eje rector de las decisiones gubernamentales.

Sin embargo, esta visión, aunque prometedora, enfrenta tensiones significativas entre su aspiracionalidad teórica y las limitaciones prácticas del contexto actual.

Logros y Desafíos: La Dicotomía de la 4T

1. Reducción de la Pobreza:

·       El gobierno ha celebrado una reducción histórica de la pobreza gracias a los programas sociales. Sin embargo, estos logros descansan en transferencias directas que son efectivas en el corto plazo pero no garantizan sostenibilidad a largo plazo. La falta de inversión en sectores productivos limita el impacto estructural de estas políticas, perpetuando una dependencia económica y no fomentando la generación de empleos de calidad.

2. Obras Faraónicas y Presión Financiera:

·       Proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería Dos Bocas han sido promovidos como motores de desarrollo. No obstante, los sobrecostos, problemas de ejecución y cuestionada rentabilidad ponen en riesgo la estabilidad financiera del país. La insistencia en estas megaobras refleja un desequilibrio entre la visión de infraestructura como motor de desarrollo y la necesidad de garantizar eficiencia y resultados medibles.

3. Crisis de Recursos y Fideicomisos:

La lucha para eliminar fideicomisos clave, como los del Poder Judicial y diversos organismos autónomos, ilustra la urgencia del gobierno por encontrar recursos adicionales para financiar sus prioridades económicas. Esta estrategia, presentada como un acto de justicia económica, ha generado un debate intenso debido a sus implicaciones legales, sociales y políticas. Si bien el discurso oficial la justifica como un esfuerzo para combatir la opacidad y el despilfarro, en la práctica, debilita la autonomía de instituciones clave y centraliza recursos en el Ejecutivo, consolidando su poder y erosionando los contrapesos democráticos esenciales.

La desaparición de fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ha dejado un vacío significativo en la capacidad de respuesta a emergencias y en los procesos de reconstrucción tras eventos catastróficos. Este fondo no solo representaba una herramienta clave para atender desastres naturales, sino que también proporcionaba certidumbre financiera y operativa en momentos críticos.

Adicionalmente, la reducción drástica del tamaño de fondos esenciales, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF), anteriormente diseñados como colchones financieros para enfrentar crisis económicas o caídas en los ingresos, ha limitado la capacidad del país para mitigar impactos adversos en la economía nacional y estatal.

Este enfoque, aunque en teoría busca redirigir recursos hacia programas prioritarios, ha generado centralización excesiva y debilitado el rol de las instituciones autónomas y de los estados en la gestión de recursos estratégicos. La acumulación de poder en el Ejecutivo compromete no solo la capacidad de respuesta ante contingencias, sino también la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de estos fondos.

4. Carencias en el Seguimiento de Recursos:

·       Aunque el paquete económico tiene como objetivo fortalecer los programas sociales y promover un crecimiento inclusivo, uno de los principales retos sigue siendo la falta de seguimiento y evaluación de los recursos asignados a estos programas. La Cuarta Transformación ha sido criticada por no implementar mecanismos efectivos para medir el impacto y la eficiencia de estas inversiones, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

5. Militarización y Concentración del Poder:

·       La creciente militarización de la vida pública ha transferido funciones civiles a las fuerzas armadas. Desde la gestión de infraestructura estratégica hasta la administración de proyectos económicos, este proceso incrementa el poder militar y centraliza el control en el Ejecutivo, erosionando la gobernanza democrática y debilitando los equilibrios institucionales.

Desaparición de Órganos Autónomos: Consecuencias y Riesgos

En los últimos meses, la discusión sobre el posible debilitamiento o desaparición de órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha generado gran preocupación en el debate público. Estos organismos, diseñados para operar sin intervención de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, garantizan la transparencia, la protección de derechos fundamentales y la supervisión del poder público.

La propuesta de eliminarlos o absorberlos en dependencias del gobierno central tiene implicaciones profundas:

·       Pérdida de Independencia: La absorción de estas funciones por secretarías federales centraliza el poder alrededor del Ejecutivo, comprometiendo la imparcialidad y autonomía necesarias para una fiscalización efectiva.

·       Riesgo de Ser Juez y Parte: La desaparición de contrapesos genera incertidumbre sobre la fiscalización de recursos públicos y la protección de derechos ciudadanos, ya que el gobierno sería responsable tanto de la ejecución como de la supervisión de sus propias acciones.

·       Impacto en la Democracia: La erosión de instituciones autónomas amenaza la confianza pública y consolida un modelo de gobernanza menos transparente, afectando los principios democráticos fundamentales.

 Un Paquete Económico en Tiempos de Ajustes

La administración Sheinbaum busca proyectar un presupuesto alineado con los principios de austeridad republicana, pero enfrenta el desafío de equilibrar la reducción del gasto con las necesidades urgentes en infraestructura, salud, educación y seguridad. La desaparición de fideicomisos y la centralización de recursos han generado cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para responder de manera oportuna y eficiente a contingencias nacionales.

El equilibrio entre austeridad y gasto necesario plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas públicas y la capacidad de enfrentar los desafíos económicos en el mediano y largo plazo. Además, la falta de mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación dificulta medir el impacto real de las inversiones y ajustar estrategias conforme a resultados tangibles.

Propuestas para un Enfoque Equilibrado

Reforma Fiscal Progresiva:

·       Incrementar la recaudación mediante un sistema tributario equitativo que reduzca la evasión fiscal y fomente la sostenibilidad financiera, permitiendo un mayor margen de maniobra para inversiones a largo plazo.

Fomento a la Inversión Productiva:

·       Priorizar proyectos que generen empleo de calidad y diversifiquen la economía, en lugar de depender exclusivamente de transferencias y megaproyectos de cuestionable rentabilidad.

Fortalecimiento Institucional:

·       Garantizar la independencia de los organismos autónomos y su capacidad para actuar como contrapesos efectivos al poder público, fortaleciendo la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.

Transparencia y Rendición de Cuentas:

·       Implementar mecanismos claros de supervisión para las fuerzas armadas y otros actores clave en la administración pública, asegurando que operen bajo estándares de transparencia y sean sujetos a escrutinio público.

Equilibrio entre Estado y Mercado:

·       Construir un modelo económico mixto que combine regulación estatal con incentivos al sector privado, promoviendo el crecimiento sostenible y la innovación, y evitando la excesiva centralización del poder económico.

Seguimiento y Evaluación de Programas Sociales:

·       Establecer sistemas robustos de monitoreo y evaluación para los programas sociales, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva, y permitiendo ajustes basados en evidencia para maximizar el impacto en la reducción de la pobreza.

Una Economía Moral con Bases Reales

El reto de la 4T no es solo sostener una retórica transformadora, sino convertir esta narrativa en políticas públicas efectivas que impulsen el desarrollo y preserven la democracia. La "economía moral" necesita cimentarse en reformas estructurales y decisiones equilibradas para trascender del discurso a la realidad.

Con ajustes estratégicos y un enfoque integral que considere la sostenibilidad financiera, la transparencia institucional y la participación de diversos actores económicos, esta visión puede evolucionar hacia un modelo viable y sostenible, capaz de enfrentar los desafíos de México en el futuro inmediato y mejorar el bienestar de su población.