OTRA PERSPECTIVA
"La Democracia en la Cuerda Floja: El Asalto al
Poder Judicial en México"
Por José Rafael Moya Saavedra
En un acto que en cualquier manual de gobernanza se
calificaría como un atentado contra la independencia judicial, el proceso de
reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en México está generando
profundas inquietudes. El supuesto objetivo de democratizar y renovar el
sistema judicial del país ha derivado en un espectáculo de opacidad,
manipulación política y simulación, características propias de una democradura,
ese híbrido que combina formas democráticas con prácticas autoritarias.
El “milagro histórico” de los registros masivos
El cierre del registro para aspirantes a jueces, magistrados
y ministros fue descrito por el oficialismo como un "éxito
democrático". En realidad, fue un despliegue caótico. Apenas una semana
antes, se contaban mil inscritos. Pero, como si se tratara de una
multiplicación de los panes, más de 18 mil personas se registraron en los
últimos días. Legisladores de Morena promovieron registros masivos a través de
correos electrónicos habilitados de última hora y contactos políticos.
Una grabación, atribuida a una diputada local de Morena en Michoacán, expone la naturaleza del proceso: "Si tienes amigos que quieran ser juez federal, mándales esta convocatoria." En segundos, la convocatoria perdió todo carácter meritocrático.
https://x.com/CiroGomezL/status/1861399051716960574
Este incremento milagroso no es nuevo en las democracias
manipuladas de América Latina. Venezuela y Nicaragua nos enseñaron cómo los
gobiernos pueden utilizar reformas judiciales para consolidar el poder. En
Venezuela, Hugo Chávez convirtió al Tribunal Supremo de Justicia en un brazo
ejecutor de su gobierno. Daniel Ortega, en Nicaragua, hizo lo propio para
perpetuarse en el poder. México parece estar siguiendo ese camino.
El costo de la reforma judicial
La "democratización" del Poder Judicial no
solo amenaza su independencia; también implica un costo multimillonario. El
Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado 13,205 millones de pesos para
coordinar esta elección extraordinaria, de los cuales más de la mitad se destinarán
a personal temporal.
Mientras tanto, las dinámicas del proceso dejan más
preguntas que respuestas. Apenas el 10% de los aspirantes optaron por
registrarse a través del Poder Judicial, mientras que el 90% lo hizo mediante
los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos controlados por Morena. La falta de
transparencia en estos registros alimenta sospechas de manipulación política.
Una tómbola judicial bajo control político
Los registros masivos y opacos no son el único problema. El
control de los comités de evaluación por parte de Morena y aliados del
oficialismo ha generado preocupación en diversos sectores. Estos comités
definirán quiénes aparecerán en la boleta de 2025, y todo indica que los
perfiles seleccionados serán afines al proyecto político de la llamada Cuarta
Transformación.
Por su parte, legisladores del PAN denuncian que este
procedimiento es una farsa, una simulación que pone en juego la independencia
del Poder Judicial. Federico Döring, vicecoordinador del PAN, lo sintetizó con
crudeza: "Estamos en una tómbola judicial de Morena. Este proceso no
garantiza justicia; garantiza sumisión al Ejecutivo."
Paralelismos con las democraduras de América Latina
El caso mexicano encuentra ecos en regímenes autoritarios de
la región:
Venezuela: Chávez usó reformas judiciales para
desmantelar los contrapesos y convertir al Tribunal Supremo en un aliado
incondicional.
Nicaragua: Ortega reestructuró el sistema judicial
para perseguir a opositores y perpetuar su gobierno.
Bolivia: Morales impulsó la elección de jueces por
voto popular, pero en la práctica, solo se promovieron candidatos afines a su
partido.
La estrategia es clara: manipular las instituciones
democráticas para concentrar el poder, disfrazando la erosión institucional
como reformas democráticas.
Un peligroso retroceso
La reforma judicial mexicana, lejos de fortalecer el Estado
de derecho, parece estar diseñando un sistema de justicia subordinado al poder
político. Este modelo amenaza con convertir al Poder Judicial en un brazo
ejecutor del Ejecutivo, eliminando su capacidad de actuar como contrapeso.
A medida que avanzamos hacia las elecciones de 2025, es
crucial reconocer que los riesgos van más allá del Poder Judicial. Lo que está
en juego es la esencia misma de la democracia mexicana. Si el oficialismo logra
controlar este proceso, habremos dado un paso más hacia una democradura, ese
sistema que utiliza los mecanismos democráticos para perpetuar prácticas
autoritarias.
¿Es posible evitar la caída?
La historia reciente de América Latina muestra que revertir
el curso es posible, pero requiere una sociedad informada, una oposición
organizada y una comunidad internacional vigilante. México aún está a tiempo de
detener esta deriva autoritaria, pero la ventana de oportunidad se cierra
rápidamente.
La independencia judicial no es solo una formalidad; es el
pilar que sostiene cualquier democracia. Si dejamos que la reforma judicial se
convierta en una herramienta de control político, México estará hipotecando no
solo su presente, sino su futuro como una nación verdaderamente libre y
democrática.
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