OtTRA PERSPECTIVA
Mundial 2026: cuando las
banderas históricas incomodan
Por Jose Rafael Moya Saavedra
En
vísperas del Mundial 2026, las marchas anunciadas por la CNTE, madres
buscadoras, campesinos, transportistas y colectivos urbanos en la
Ciudad de México no introducen demandas nuevas, sino que reactivan agendas
históricas —pensiones magisteriales, verdad y justicia por desapariciones,
seguridad en carreteras, defensa del territorio y de la vivienda— que durante
años fueron reconocidas por Morena como parte del repertorio legítimo de las
luchas populares contra el neoliberalismo. El punto de quiebre aparece
cuando esas agendas desbordan los canales de interlocución que el gobierno
considera aceptables y se colocan en el corazón del gran escaparate político
del sexenio: la inauguración del Mundial. Allí, el lenguaje oficial cambia
de registro y comienza a describir las mismas protestas como “provocaciones”
e incluso como acciones que “parecen de ultraderecha”, no porque
sus causas hayan perdido legitimidad, sino porque cuestionan el monopolio
gubernamental sobre la administración del conflicto y sobre la imagen
internacional del país.
La ciudad partida en dos
La
escena del Mundial en la capital condensa dos relatos incompatibles. Por un
lado, el gobierno federal y el gobierno capitalino presentan la inauguración
como prueba de orden, modernización y capacidad de gestión; por otro, diversos
movimientos sociales anuncian que usarán exactamente ese momento para exhibir
que debajo de la vitrina persisten conflictos no resueltos por la propia Cuarta
Transformación. Esa simultaneidad no es un accidente de calendario, sino
una disputa por el significado del espacio público y por el derecho a ocupar el
instante de máxima visibilidad.
La
CNTE ha llamado a paro nacional y ha invitado a buscadoras, padres de
Ayotzinapa y campesinos a converger en un boicot político al Mundial, mientras
otros grupos preparan movilizaciones hacia el Centro y las inmediaciones del
estadio. Las autoridades capitalinas, en respuesta, insisten en que habrá
diálogo y en que la movilidad y la logística del torneo están garantizadas,
subrayando que también debe protegerse el derecho de la población a disfrutar
el evento. En esa formulación ya se advierte un desplazamiento del
problema: el conflicto deja de leerse desde sus causas de fondo y empieza a
formularse como una amenaza al funcionamiento de la ciudad-espectáculo.
Demandas anteriores al Mundial
Magisterio
Las
exigencias de la CNTE no surgieron con el torneo. Sus reclamos actuales remiten
a una secuencia histórica identificable: rechazo a la Ley del ISSSTE de 2007,
oposición a la reforma educativa, demanda de mejores condiciones salariales y
objeciones al régimen de promoción y permanencia docente. El Mundial opera
aquí como amplificador, no como origen; la organización ya había anunciado
movilizaciones y el propio gobierno reconocía que existían temas pendientes en
la interlocución con el magisterio.
El
dato políticamente relevante es que Morena llegó al poder denunciando la
reforma educativa del ciclo anterior y presentándose como interlocutor de un
magisterio agraviado. Por eso el giro discursivo actual resulta tan
significativo: cuando la CNTE amenaza con trasladar su presión al escenario del
Mundial, la respuesta presidencial ya no se limita al reconocimiento de la
legitimidad de las demandas, sino que incorpora la idea de “provocación” y la
sospecha de conductas que “parecen de ultraderecha”.
Buscadoras y víctimas
La
agenda de los colectivos de búsqueda y de los familiares de víctimas también
precede ampliamente al Mundial. La exigencia de verdad, justicia, búsqueda
efectiva y reparación se consolidó desde la etapa de militarización iniciada en
los sexenios anteriores, y la 4T asumió desde su arranque que la escucha a las
víctimas sería uno de sus sellos distintivos. La presencia de buscadoras y
padres de Ayotzinapa en las convocatorias actuales responde a la percepción de
que las mesas y los mecanismos institucionales no han producido resultados
suficientes frente a la magnitud de la crisis.
Lo
decisivo es que estas demandas fueron incorporadas por Morena a su léxico moral
y político. En sus documentos básicos, el partido se presenta como instrumento
de lucha de los sectores agraviados por el régimen neoliberal y reivindica
explícitamente una agenda de derechos, justicia social y defensa de las
mayorías. Cuando las víctimas colocan esa deuda en el centro del
escaparate mundialista, dejan de ser únicamente el símbolo ético del cambio
prometido y se convierten en una perturbación del guion gubernamental.
Campesinos y transportistas
Las
organizaciones campesinas y de transportistas que anuncian movilizaciones
durante la inauguración han planteado demandas de larga duración: seguridad en
carreteras, freno al robo de carga, protección a granos básicos, precios de
garantía y financiamiento al campo. También en este caso la oportunidad
política del Mundial sirve para nacionalizar el conflicto y elevar el costo de
ignorarlo, con acciones anunciadas no solo en la capital sino en las otras
sedes mexicanas.
Estas
agendas se inscriben de manera directa en el propio programa de acción de
Morena, que habla de defensa de la soberanía alimentaria, de justicia social
para productores y de fortalecimiento de los sectores populares frente a los
efectos del modelo neoliberal. Sin embargo, al trasladarse del expediente
administrativo a la calle y al calendario FIFA, los actores que encarnan esas
causas pasan a ser descritos primordialmente como generadores de caos vial y
afectación a terceros.
Colectivos urbanos y vivienda
La
crítica a la turistificación, al encarecimiento de la vivienda y al
desplazamiento asociado a grandes eventos forma parte de una agenda urbana
preexistente en la capital. La llegada del Mundial intensifica ese
repertorio de agravios porque las zonas aledañas al estadio y los corredores de
movilidad se vuelven objeto de operativos, restricciones y presiones para
producir una postal ordenada de la ciudad.
El
problema de fondo es que Morena también construyó parte de su legitimidad en la
capital denunciando el despojo inmobiliario y defendiendo el derecho a la
ciudad de sectores populares y comerciantes. Cuando esos mismos sujetos
rechazan ser desplazados en nombre del espectáculo global, la reacción
institucional tiende a representarlos como obstáculos para que “a la ciudad le
vaya bien”, en vez de tratarlos como portadores de una crítica consistente con
el archivo político del propio partido.
El archivo de Morena: cuando
las banderas históricas incomodan
Morena
no solo convivió discursivamente con estas causas; buena parte de su identidad
pública se organizó alrededor de la idea de representar al “pueblo” agraviado
por las políticas del viejo régimen. En sus documentos básicos, el partido se
define como “instrumento de lucha del pueblo” contra el neoliberalismo y
reivindica explícitamente a trabajadores, campesinos, pueblos indígenas,
víctimas de violencia y sectores populares como sujetos centrales de su
proyecto. En esa gramática política, los plantones, bloqueos y boicots formaban
parte del repertorio legítimo de resistencia frente a la injusticia
estructural, no de un catálogo de anomalías morales.
Ese
archivo doctrinario resulta relevante porque explica por qué múltiples
movimientos sociales consideraron durante años que existía una afinidad
política natural entre sus demandas y el proyecto de la Cuarta Transformación.
La defensa de la educación pública, la justicia para las víctimas, la soberanía
alimentaria, el derecho a la ciudad y la protección de los sectores populares
no aparecieron como causas externas al discurso de Morena, sino como parte de
su identidad fundacional.
La
novedad del momento actual es que esa gramática parece invertirse cuando el
conflicto toca el corazón simbólico del nuevo poder. En la conferencia matutina
de inicios de junio de 2026, ya con el Mundial encima y con la CNTE instalada
en la capital, Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no caería en la
“provocación” de reprimir las protestas magisteriales, pero al mismo tiempo
sostuvo que ciertos actos de violencia en esas movilizaciones “parecen de
ultraderecha”. En declaraciones posteriores insistió en que algunos grupos
dentro del magisterio “están haciendo juego a la ultraderecha” y que existen
sectores interesados en proyectar una imagen de caos en México a las puertas de
la Copa del Mundo.
Aquí
aparece el punto más duro del argumento. Las demandas no son nuevas, tampoco lo
son sus protagonistas. Lo que cambia es el marco desde el cual son observados.
Mientras las exigencias permanecen dentro de las mesas de diálogo y los
mecanismos institucionales que el gobierno administra, continúan formando parte
del universo de las “banderas históricas”. Cuando esas mismas
causas deciden utilizar el mayor escaparate político y mediático del sexenio
para aumentar su visibilidad, comienzan a ser descritas como provocaciones,
riesgos para la gobernabilidad o acciones funcionales a intereses ajenos.
La
categoría “ultraderecha” cumple entonces una función política
específica. Permite reconocer en abstracto que existen agravios legítimos y, al
mismo tiempo, cuestionar las formas concretas mediante las cuales esos agravios
buscan hacerse visibles. También ofrece una protección discursiva frente a la
crítica por izquierda: si el conflicto puede atribuirse a infiltraciones,
provocadores o intereses externos, el gobierno evita reconocer que algunos de
los mismos actores sociales que durante años reivindicó como fuente de
legitimidad hoy expresan frustración frente a promesas incumplidas.
El
resultado es una transformación en la percepción pública. El maestro que exige
una pensión digna, la madre que busca a su hijo desaparecido, el campesino que
reclama condiciones para producir o el comerciante que se resiste al
desplazamiento dejan de aparecer únicamente como portadores de demandas
históricas y comienzan a ser representados como quienes amenazan con alterar la
celebración nacional. Esa es quizá la paradoja más significativa del Mundial
2026: las mismas luchas que ayudaron a construir la legitimidad política de la
Cuarta Transformación son las que, en determinadas circunstancias, terminan
siendo presentadas como una incomodidad para el poder.
Mesas de diálogo y promesas
incumplidas
Las
mesas de diálogo han sido una herramienta central del estilo político de los
gobiernos morenistas frente a conflictos sociales. En el caso del magisterio,
la interlocución con SEGOB y SEP ha sido presentada reiteradamente como
prueba de apertura gubernamental, aun cuando la CNTE sostiene que sus
demandas centrales siguen irresueltas y por eso exige diálogo directo con la
presidencia. En el caso de otros colectivos, el patrón es similar:
reconocimiento público de la legitimidad de los reclamos, apertura de canales
institucionales y, al mismo tiempo, persistencia de los agravios que originaron
la movilización.
Desde
una perspectiva analítica, esto permite leer las mesas no solo como espacios de
negociación, sino como mecanismos de contención del conflicto. Mientras
las demandas se mantienen dentro de esos circuitos, el gobierno puede
reivindicar la escucha como parte de su legitimidad democrática. Pero
cuando los movimientos deciden alterar la normalidad de un evento estratégico
como el Mundial, el desborde se vuelve intolerable precisamente porque
cuestiona la capacidad del gobierno para regular los tiempos, los formatos y la
visibilidad de la protesta.
La función política de la
acusación de ultraderecha
La
categoría “ultraderecha” cumple aquí una función defensiva. Permite al
gobierno reconocer en abstracto que existen agravios reales y, al mismo tiempo,
deslegitimar las formas concretas de protesta que cuestionan su narrativa de
orden y transformación. También le permite blindarse frente a la crítica
por izquierda: si el desborde puede ser atribuido a provocadores o infiltrados,
entonces se evita admitir que los propios sujetos históricos que el partido
invocó como fuente de legitimidad hoy expresan frustración frente a promesas incumplidas.
Este
desplazamiento no elimina la legitimidad de las demandas, pero sí reorganiza el
terreno de la percepción pública. El maestro precarizado, la madre
buscadora, el campesino endeudado o el comerciante desplazado dejan de aparecer
ante la opinión pública como portadores de un reclamo justo y pasan a ser
representados como quienes “casi arruinan el Mundial”. Esa es,
probablemente, la operación política más importante del momento: no la
resolución del conflicto, sino la reescritura del sentido de quienes lo encarnan.
Conclusión
El
conflicto en torno al Mundial 2026 no enfrenta simplemente el derecho a la
protesta con el derecho al espectáculo. En el fondo pone en cuestión si un
gobierno que se definió, en sus propios documentos básicos, como “instrumento
de lucha del pueblo” contra el neoliberalismo y que hizo suyos los reclamos de
maestros, víctimas, campesinos y barrios populares, puede seguir hablando en
nombre de esas luchas cuando son ellas mismas las que irrumpen en el corazón de
su celebración nacional.
Las
movilizaciones de la CNTE, de las madres buscadoras, de los campesinos y de los
colectivos urbanos no cambian de naturaleza cuando pasan por Reforma rumbo al
Estadio: siguen siendo demandas de pensiones dignas, verdad y justicia,
soberanía alimentaria y derecho a la ciudad, las mismas que Morena reivindicó
como banderas históricas para llegar al poder. Lo que sí cambia es el encuadre
oficial: en la víspera del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum describe
ciertos actos de protesta como “provocaciones” que “parecen de ultraderecha” y
advierte que algunos grupos están “haciendo juego” a un bloque conservador que
busca sembrar una imagen de caos en México.
Integrar
esta secuencia en una bibliografía clara no es un adorno académico, sino una
forma de documentar la paradoja política del momento: las mismas luchas que el
partido‑movimiento inscribió en su relato fundacional como prueba de la
dignidad popular son hoy recodificadas desde el poder como amenazas funcionales
a la ultraderecha cuando se niegan a aceptar los límites del diálogo
administrado y usan el Mundial —la vitrina más cara del sexenio— para
recordarle al gobierno lo que todavía no ha cumplido.
Fuentes consultadas
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- Movimiento
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- Movimiento
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- Movimiento
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en Instagram del CEN de Morena].
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Político. (2026, 2 de junio). Sheinbaum descarta encuentro con la
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Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA
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(2026, 29 de mayo). Protesta social en riesgo durante el Mundial
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- Zepeda, R.
(2011). Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque de la
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