OTRA PERSPECTIVA

 

OTRA PERSPECTIVA

Mundial 2025, cierto olor a podrido

El otro Mundial: desplazamiento, fosas y marbetes en las ciudades que México quiere mostrar al mundo

Por Jose Rafael Moya Saavedra

México se prepara para el Mundial 2026 con la mirada puesta en el turismo, la inversión y la proyección internacional. Sin embargo, diversos conflictos sociales y demandas pendientes mantienen abierto el debate sobre los retos internos que el país enfrenta mientras busca mostrar una imagen de estabilidad y desarrollo.

En las tres ciudades sede mexicanas el mismo patrón se repite con variaciones locales: obras faraónicas conviven con vecinos expulsados de sus barrios, colectivos que buscan a sus muertos mientras la maquinaria pesada levanta estadios, y comunidades que recibirán marbetes para entrar a sus propias casas durante los días de partido. El espectáculo que FIFA venderá al mundo durará 39 días. Las crisis que lo rodean llevan décadas.

La ciudad que se embellece expulsando a sus habitantes

En Santa Úrsula Coapa, a pocas cuadras del Estadio Azteca —rebautizado Estadio Ciudad de México para el torneo—, María Estela no celebra el Mundial. Lo teme. El agua ya escasea en su barrio y el desarrollo inmobiliario ha duplicado los alquileres en la zona. "También nos preocupa que el predial suba hasta el punto de no poderlo pagar y que nos veamos obligados a irnos", dice. No quiere vender. Quiere quedarse. Pero el mercado tiene otros planes.

Su caso no es aislado. Entre julio y octubre de 2025 se registraron unas 2,600 denuncias por despojo en la Ciudad de México, frente a 3,300 en todo 2019 — casi el mismo volumen en cuatro meses — según datos citados por colectivos ante el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat. El mismo foro donde el gobierno capitalino, con llamativa ironía, defendía su "agenda anti-gentrificación".

El corredor de Calzada Tlalpan — desde Doctores hasta Santa Úrsula Coapa — es hoy el epicentro del desplazamiento. Según la consultora 4S Real Estate, existen 400,000 unidades de renta temporal frente a apenas 10,000 de renta permanente en la zona. El especialista Leonardo González Tejeda lo califica sin rodeos: "el desplazamiento de los locales es un juego de discriminación", según Mi Bolsillo. La consultora Deloitte proyecta además que el número de anfitriones en Airbnb subirá un 61% como consecuencia directa del torneo.

El Frente Antigentrificación lo nombra sin eufemismos: "limpieza social". En un comunicado de diciembre de 2025 advertían que "las personas de la tercera edad son las principales víctimas de los diversos eventos de despojo cobijados por proyectos urbanos que potencialmente benefician intereses inmobiliarios privados".

La gentrificación tiene otra cara menos discutida: la del trabajo. La jefa de Gobierno Clara Brugada declaró que 2026 sería "el año del reordenamiento del comercio informal" y fijó como meta retirar a 4,500 comerciantes de la vía pública. Jairo Geovanni acomoda su pequeña parrilla desde el zaguán de su casa. El negocio que antes operaba en la banqueta quedó reducido a su domicilio por las nuevas regulaciones. Patricia Carrillo, vecina de Santa Úrsula Coapa, lo dice sin ambages: "No sé qué vamos a hacer los comerciantes... no va a haber nada de puestos", según reportó CNN en Español. La alternativa oficial — un nuevo mercado público en la zona — sigue en construcción. Nadie sabe cuándo estará listo.

El problema estructural es más profundo. Más del 55% de los trabajadores en México están en la economía informal, según la ENOE. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano alertó en mayo que los aproximadamente 112,000 empleos temporales que generará el torneo — según Deloitte — corren el riesgo de reproducir la informalidad estructural del país, según Yahoo Noticias/EFE. En otras palabras: el Mundial podría generar trabajos que se parezcan exactamente a los que está desplazando.

La advertencia más contundente llegó desde afuera. Human Rights Watch advirtió en mayo que el torneo podría convertirse en "un posible desastre en materia de derechos humanos". La directora Minky Worden fue categórica: "aunque la Copa del Mundo siga siendo la más grande, no será la mejor en términos de derechos humanos", según KCH Comunicación. Lo que ocurre al sur de la Ciudad de México le da contenido concreto a esa advertencia.

Guadalajara: la ciudad que busca entre fosas mientras construye estadios

La contradicción más brutal del Mundial 2026 en México tiene coordenadas precisas: el municipio de El Salto, Jalisco, a unos cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y a pocos más del Estadio Akron, sede de cuatro partidos del torneo. Ahí, desde el 25 de abril, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco excava un predio que operó como sitio de inhumación clandestina desde 2010. El hallazgo: más de 60 bolsas con restos humanos, cuerpos completos y personas calcinadas. "No ha habido un día que no sea positivo", dijo Cecilia Flores a los medios, según EFE.

La fosa de El Salto no es un caso excepcional sino un episodio más de una geografía del horror. El grupo Buscadores Guerreros de Jalisco localiza un promedio de dos fosas al mes en el área metropolitana. Algunas contienen un solo cuerpo, otras más de 40, otras 95 o más, según El País. Mientras la maquinaria pesada trabajaba sin parar en las obras mundialistas, Jaime Aguilar, vocero de los Buscadores Guerreros, lanzó la acusación más incómoda: "Cuando pedimos una retroexcavadora para que nos ayude en nuestras búsquedas, nunca hay ninguna disponible".

El contraste entre la maquinaria disponible para los estadios y la que falta para encontrar a los muertos sintetiza la jerarquía de prioridades del Estado mexicano frente al evento. Jalisco es el estado con más personas desaparecidas de todo México: más de 16,000 carpetas de investigación abiertas al 30 de abril de 2026. A nivel nacional, la cifra supera las 130.000 personas.

Frente a ese volumen, el Colectivo Luz de Esperanza eligió el lenguaje del torneo para hablar del dolor. Convirtió fichas de búsqueda en cromos al estilo Panini, con los rostros de desaparecidos vistiendo la camiseta de la selección mexicana. La pregunta debajo de cada estampa: "El balón vuelve a la cancha... ¿nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?", según El País. Más de 120 familias tienen previsto viajar a la Ciudad de México para protestar durante el partido inaugural del 11 de junio.

El tema del crimen organizado es inseparable de cualquier análisis de la seguridad en las sedes mexicanas, pero en Guadalajara adquiere su dimensión más documentada. Dos funcionarios y dos integrantes del CJNG confirmaron por separado al periodista Ioan Grillo que los cárteles ordenaron a sus operadores "no meterse con el Mundial". La Policía de Jalisco está más pendiente de las células criminales menores que podrían no acatar la tregua informal, según El Financiero. Que la seguridad de un evento FIFA descanse, en parte, sobre la palabra de un cártel resume la paradoja de la Guadalajara mundialista.

El operativo "Última Milla" restringe la movilidad en un radio de tres kilómetros alrededor del estadio los días de partido. El regidor de Morena Chema Martínez cuestionó el modelo en términos duros: "Toda la inversión tiene que ver con obras fachada. No tenemos agua para la gente, pero sí la vamos a garantizar para millones de turistas", según Página 24 Jalisco. La queja conecta directamente con la de María Estela en Santa Úrsula Coapa: el agua escasea para los de siempre, pero no escaseará para el espectáculo.

Monterrey: marbetes para entrar a casa propia y promesas incumplidas

A diferencia de las otras dos sedes, Monterrey ha recibido menor cobertura mediática sobre sus fricciones mundialistas. Pero las tensiones existen y tienen nombre de colonia: La Quinta, en el municipio de Guadalupe, aledaña al Estadio BBVA. El operativo vial para los días de partido incluye un detalle que generó indignación entre los residentes: recibirán marbetes para poder ingresar a sus propios barrios.

El símbolo es elocuente. Cruz Rolando de la Fuente lo dijo en reunión con autoridades: "Desde la construcción del estadio se han realizado múltiples promesas que nunca se cumplieron", según Milenio. En una ciudad que lleva décadas construyendo su imagen de metrópoli empresarial y ordenada, el Mundial expone una relación entre el Estado y sus ciudadanos que no admite parafraseo: los vecinos necesitan un permiso para volver a casa.

En materia de infraestructura, Monterrey comparte con la Ciudad de México el mismo diagnóstico: compromisos anunciados que no se materializaron. El analista Javier Tejado Dondé señaló que los anuncios del gobernador de Nuevo León — ampliación del metro, más de mil camiones para mover aficionados — "quedaron en datos y ruedas de prensa". En esa lectura, Guadalajara fue la sede que mejor cumplió sus preparativos porque "prácticamente ya tenía todo listo". Las otras dos llegaron al torneo con deudas pendientes hacia sus propios habitantes.

En el plano del crimen organizado, el patrón es el mismo que en Jalisco. El Cártel del Noreste opera activamente en la zona metropolitana de Monterrey, y la instrucción a sus operadores también fue "no meterse con el Mundial". La tregua informal — no firmada, no negociada por el Estado, no verificable — opera como un acuerdo tácito entre el mundo del espectáculo global y el crimen local. Lo que eso revela sobre la arquitectura real del poder en las ciudades sede es una pregunta que los comunicados oficiales de seguridad prefieren no formular.

39 días de espectáculo, décadas de deuda: lo que el Mundial no puede tapar

Una queja recorre con "gran vehemencia" las calles de las ciudades sede: que el gobierno mexicano ha priorizado la seguridad de los extranjeros sobre la de su propia población. El Mundial dura 39 días. Las crisis de desapariciones, desplazamiento y precariedad laboral llevan décadas.

Lo que los tres casos revelan en conjunto no es una serie de problemas locales mal gestionados, sino la lógica interna de los grandes eventos deportivos cuando se instalan sobre territorios con deudas estructurales sin resolver. El modelo FIFA no aterriza en un vacío: aterriza sobre geografías marcadas por la expulsión de los pobres de sus barrios, la búsqueda de muertos que el crimen organizado acumula, y la promesa reiterada — y sistemáticamente incumplida — de que el desarrollo llegará para todos.

La gentrificación del sur de la Ciudad de México, las fosas de El Salto y los marbetes de La Quinta no son episodios separados. Son expresiones distintas del mismo principio: frente al evento de escala global, los derechos cotidianos de los habitantes se vuelven un problema logístico a administrar, no una obligación a garantizar. El comerciante desplazado, la madre buscadora sin retroexcavadora, el vecino que necesita un permiso para entrar a su casa — todos quedan fuera del encuadre oficial.

La pregunta periodística que el Mundial 2026 deja abierta no es si México puede organizar un torneo de ese tamaño. Puede, y lo hará. La pregunta es qué precio pagan quienes viven donde se instala el espectáculo, y qué queda cuando los turistas se van: si las fosas siguen sin cerrarse, si los comerciantes siguen sin mercado, si los alquileres no bajan y los marbetes no desaparecen. El balón siempre vuelve a la cancha. La deuda social, en cambio, no tiene árbitro que pite el final.