OTRA PERSPECTIVA

 

OTRA PERSPECTIVA

Cuando el “rescate” se parece al castigo: animales como rehenes del poder

El caso del Refugio Franciscano y la deuda estructural del Estado con los animales

Por Jose Rafael Moya Saavedra

 Introducción | El hecho que quiebra el relato

Más de 80 horas en una kennel.

No en un sitio clandestino, no en manos del crimen organizado, sino bajo custodia institucional, después de un operativo presentado por las autoridades como un “rescate histórico”

Las imágenes son contundentes: perros hacinados en transportadoras, sin camas, expuestos al frío, con signos visibles de estrés y enfermedad, resguardados en instalaciones improvisadas como el Deportivo Galeana, en la Ciudad de México. Algunos de ellos llevaban días sin condiciones mínimas de bienestar. Ese solo dato basta para romper la narrativa oficial.

Porque cuando un acto que se anuncia como salvación produce más sufrimiento del que dice combatir, la pregunta deja de ser únicamente administrativa o judicial para convertirse en una cuestión ética y de responsabilidad política.

El llamado “rescate” del Refugio Franciscano no puede analizarse únicamente como un conflicto entre una fundación patrimonial, un refugio privado y una orden judicial. Tampoco como un simple caso de bienestar animal. Es, en realidad, una radiografía incómoda de un problema más profundo: la incapacidad estructural del Estado para asumir, sin improvisación ni propaganda, la protección de los animales, y la tentación permanente de convertir esa causa en instrumento de poder, control narrativo y legitimación política.

Este ensayo no parte de una defensa automática del Refugio Franciscano ni de una condena acrítica a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. Mucho menos se inscribe en la lógica del linchamiento digital. Parte de los hechos visibles, documentados y verificables, y de una pregunta central que sigue sin respuesta clara:

¿Cómo puede llamarse rescate a un operativo que deriva en hacinamiento prolongado, opacidad sobre el paradero de cientos de animales y muertes sin peritajes públicos?

Desde la madrugada del 3 de diciembre, cuando un despliegue policial sorpresivo irrumpió en el refugio, detuvo a responsables y voluntarios y trasladó a más de 900 perros y gatos en condiciones caóticas, cada paso posterior ha ido profundizando la desconfianza. Muertes atribuidas genéricamente a “enfermedades avanzadas” sin informes periciales difundidos, animales repartidos en albergues sin capacidad previa ni consentimiento expreso, y otros cuyo paradero aún no ha sido esclarecido con precisión.

En paralelo, el gobierno de la Ciudad de México asumió la narrativa del “rescate histórico”, se colocó como garante del bienestar animal y anunció, a posteriori, una agenda integral de protección que evidencia una paradoja central: primero se actuó y después se intentó construir el marco legal, técnico y material que debió existir desde antes.

El caso se volvió rápidamente un espectáculo mediático. Influencers, comunicados oficiales, videos emotivos y declaraciones cruzadas desplazaron el foco esencial: los animales dejaron de ser sujetos de protección para convertirse en piezas de una disputa de poder, donde se cruzan intereses patrimoniales, agendas políticas, protagonismo digital y vacíos históricos de política pública.

Este texto propone una lectura distinta. Sostiene que el verdadero conflicto no es sólo el predio, ni siquiera la legalidad del comodato o del testamento. El conflicto de fondo es que, en México, el Estado llegó tarde al bienestar animal, y cuando intenta intervenir lo hace muchas veces sin infraestructura suficiente, sin protocolos claros y con una peligrosa dependencia del impacto mediático.

Cuando eso ocurre, los animales —seres sintientes, vulnerables por definición— se convierten en rehenes. Rehenes del litigio, de la narrativa oficial, del prestigio institucional y, en el peor de los casos, de intereses económicos que jamás deberían rozar una causa ética.

A partir de este punto, el ensayo recorre cinco capas: los hechos del operativo y sus consecuencias; el legado moral de Antonio Haghenbeck y de la Lama como marco ético; la deuda estructural del Estado con la protección animal; el papel corrosivo del activismo sin responsabilidad; y, finalmente, las alternativas reales que pudieron —y aún pueden— evitar que este “rescate” siga pareciéndose, cada día más, a un castigo.

El interés de este análisis no radica en adjudicar culpas individuales, sino en examinar un caso de alto impacto público que involucra el uso de la fuerza institucional, la custodia de seres sintientes y la coherencia entre discurso y capacidad del Estado.

II. El rescate que no fue rescate

La madrugada del 3 de diciembre, alrededor de las 3:00 a.m., un operativo sorpresivo irrumpió en el Refugio Franciscano. No fue una visita de inspección ordinaria ni una intervención gradual. Fue un despliegue policial inusual para un procedimiento de protección animal, con agentes encapuchados, detenciones de responsables y voluntarios, y el aseguramiento inmediato del inmueble. La escena se ejecutó con lógica de cateo, no de protección animal.

Si el objetivo declarado era rescatar a los animales de presuntas condiciones de maltrato, la forma del operativo plantea la primera contradicción: ¿por qué actuar como si se tratara de delincuentes y no de un refugio que operaba desde 1977? La protección de seres sintientes exige procedimientos técnicos, sanitarios y logísticos; no tácticas de sorpresa ni coerción.

En las horas y días posteriores, más de 900 perros y gatos fueron retirados del lugar. El traslado se realizó de manera masiva e improvisada, utilizando transportadoras en número insuficiente y, según múltiples testimonios visuales, con hasta tres animales por caja. En el proceso, varias transportadoras cayeron durante la carga y descarga. Posteriormente se reportó públicamente la muerte de 23 perros, sin que hasta el momento se hayan difundido peritajes veterinarios individuales o necropsias que permitan verificar las causas específicas

La explicación oficial fue genérica: enfermedades avanzadas y malos cuidados previos. Sin embargo, no se hicieron públicos peritajes veterinarios individuales ni resultados de necropsias que permitieran verificar esa versión. En un caso de esta magnitud, la ausencia de informes técnicos transparentes no es un detalle menor: es una falla grave de rendición de cuentas.

La dispersión posterior de los animales profundizó el problema. Ante la falta de infraestructura pública suficiente para alojar a cientos de animales de manera inmediata, el gobierno optó por repartirlos en distintas sedes: instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, espacios de la Secretaría del Medio Ambiente, el albergue del Ajusco y, de forma particularmente preocupante, instalaciones deportivas habilitadas de manera emergente, como el Deportivo Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ahí, días después del operativo, se documentaron perros que llevaban más de 80 horas continuas dentro de kennels y transportadoras, sin camas, con exposición al frío, con signos de estrés severo y sin condiciones mínimas de bienestar. El encierro prolongado en transportadoras —más allá de traslados breves— resulta incompatible con estándares mínimos de bienestar animal reconocidos por autoridades y especialistas, aun cuando se alegue un carácter temporal.

Al mismo tiempo, comenzó a instalarse otra opacidad: el paradero exacto de todos los animales. A la fecha de redacción de este ensayo, no existe un censo público, único y verificable que detalle cuántos animales fueron retirados, cuántos están en cada sede, cuántos han sido trasladados, dados en adopción, eutanasiados o permanecen bajo observación médica. Se habla de más de 300 animales sin localización clara, una cifra incompatible con cualquier operación que se autodenomine “rescate”.

La respuesta institucional ha sido insistir en el carácter “histórico” del operativo y en la buena voluntad de las autoridades. Sin embargo, la acumulación de hechos apunta en otra dirección: no hubo planeación previa suficiente, no existían espacios adecuados listos para recibir a los animales, no se activaron protocolos de rescate masivo y no se estableció desde el primer día un sistema de trazabilidad individual.

La secuencia observada sugiere que la intervención precedió a la definición pública de un plan operativo integral.

Este capítulo no pretende idealizar al Refugio Franciscano ni negar la necesidad de supervisión y mejora en cualquier albergue de gran escala. Pero sí establece un punto ineludible: sacar a los animales de un lugar cuestionado para colocarlos en condiciones peores no es rescate; es traslado del sufrimiento.

Aquí se quiebra definitivamente el relato oficial. Porque cuando el Estado asume la custodia, la responsabilidad ya no es compartida ni difusa. Es directa, total y exigible. Y en este caso, los hechos muestran que la custodia se ejerció sin las garantías mínimas que la propia autoridad exige a los particulares.

El “rescate” dejó de ser una acción de protección para convertirse en el primer acto de un conflicto mayor, donde los animales pasaron a ocupar el lugar más peligroso posible: el de botín simbólico y rehén operativo de una disputa que, desde ese momento, dejó de tenerlos como prioridad real.

La exposición de estos hechos no prejuzga responsabilidades penales ni administrativas, cuya determinación corresponde a las autoridades competentes. El análisis se limita a las consecuencias materiales observables de la intervención y a la información pública disponible hasta el momento de redacción de este ensayo.

III. El legado que obliga

Hablar del Refugio Franciscano sin mencionar a Antonio Haghenbeck y de la Lama es perder el eje moral del conflicto. No porque su nombre otorgue razón automática a alguna de las partes, sino porque su legado establece un parámetro ético frente al cual lo ocurrido hoy puede —y debe— ser evaluado.

Haghenbeck fue un filántropo atípico para su tiempo, con una visión que anticipó debates hoy centrales en el bienestar animal. En una época en la que el trato a perros y gatos callejeros se resolvía con redadas, sacrificios masivos y antirrábicos convertidos en espacios de exterminio, él apostó por una idea entonces marginal: la protección animal como política de largo plazo, basada en esterilización, rescate y cuidado digno hasta el final de la vida. No era sentimentalismo; era estrategia y responsabilidad.

Su patrimonio no se concibió como un capital para acumular prestigio ni como una plataforma de poder. Fue pensado como instrumento de mitigación del sufrimiento, con reglas claras. De ahí que los predios destinados a refugios, como el ocupado por el Refugio Franciscano, no fueran simples activos inmobiliarios, sino espacios con vocación ética específica. Su sentido no residía en la plusvalía, sino en el uso.

Este punto es crucial. Incluso aceptando —en el plano estrictamente jurídico— la discusión sobre si el predio fue donado de manera plena o entregado en comodato condicionado, hay algo que no se diluye: la voluntad expresa del fundador de que ese espacio se destinara exclusivamente a la protección animal. Ese mandato, expresado en vida y en su testamento, ha sido interpretado históricamente como una obligación ética que trasciende la letra estricta de los instrumentos jurídicos Es una obligación moral que debería orientar cualquier decisión posterior.

Por eso, la pregunta central no es únicamente si la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama tiene hoy la propiedad legal del inmueble. La pregunta más incómoda es otra:

¿Las decisiones tomadas pueden considerarse coherentes con el espíritu de la filantropía…?

Cuando un conflicto patrimonial deriva en un operativo que produce sufrimiento adicional a los animales, cuando se prioriza el control del inmueble por encima del bienestar efectivo de quienes supuestamente se busca proteger, el legado se vacía de contenido. Y cuando se invoca el nombre del fundador para justificar acciones que contradicen su filosofía, el problema deja de ser técnico y se configura una ruptura simbólica con el sentido original de esa filantropía.

Haghenbeck entendía que la filantropía no sustituye al Estado, pero tampoco puede ser absorbida por él sin deformarse. Su obra surgió precisamente porque el Estado era incapaz —o indiferente— ante la magnitud del abandono animal. En ese vacío crecieron refugios, redes de voluntarios y proyectos que, con todas sus imperfecciones, sostuvieron durante décadas una tarea que hoy se pretende resolver a golpe de operativo.

Desde esa perspectiva, el legado no obliga a defender ciegamente a ningún refugio ni a negar la necesidad de supervisión y mejora. Obliga a algo más exigente: a no convertir la protección animal en un daño colateral de disputas institucionales, y a no usar el lenguaje del bienestar para legitimar prácticas que generan sufrimiento.

Hay una diferencia profunda entre corregir y arrasar, entre intervenir y desalojar, entre supervisar y humillar. El legado de Haghenbeck se sitúa claramente del lado de la primera opción. Su visión anticipó lo que hoy el discurso oficial apenas comienza a nombrar: los animales no son objetos ni recursos narrativos; son seres cuya dignidad impone límites a la acción humana, incluso —y sobre todo— cuando esa acción proviene del poder.

Este legado funciona, entonces, como espejo incómodo. No para absolver ni condenar automáticamente, sino para recordar que no toda decisión legal resulta automáticamente legítima desde una perspectiva ética y de bienestar animal: si después de la intervención hay más dolor, algo se hizo mal.

La referencia al legado de Antonio Haghenbeck y de la Lama se utiliza como marco histórico y ético de análisis, no como argumento de autoridad jurídica ni como imputación de intenciones a actores contemporáneos.

IV. El Estado que llegó tarde

El caso del Refugio Franciscano no puede entenderse sin asumir una verdad incómoda: El Estado mexicano incorporó de manera tardía y fragmentaria el bienestar animal como política pública.

Durante décadas, la sobrepoblación de perros y gatos, el abandono sistemático y la crueldad institucionalizada en antirrábicos fueron realidades toleradas, cuando no normalizadas. En ese vacío surgieron refugios privados, protectoras independientes y redes ciudadanas que hicieron, con recursos precarios, lo que el poder público no quiso o no supo hacer.

Esa genealogía importa. Porque explica por qué hoy existen refugios de gran escala operados por particulares y por qué muchos de ellos crecieron sin acompañamiento técnico suficiente, sin marcos normativos claros y sin apoyos públicos estables. No fue una anomalía: fue una respuesta ética a vacíos históricos en la acción pública.

Cuando el Estado decide intervenir décadas después, lo hace desde una posición paradójica. Por un lado, asume —correctamente— que el bienestar animal es una responsabilidad pública. Por otro, carece de la infraestructura, los protocolos y la capacidad instalada para absorber de manera inmediata y digna a cientos de animales. Esa tensión explica la improvisación observada en el operativo y sus consecuencias.

La evidencia es clara: no existían espacios públicos diseñados para recibir, en cuestión de horas, a más de 900 animales. No había un protocolo público de rescate masivo activado con antelación. No se presentó un plan de transición que garantizara trazabilidad, condiciones mínimas y continuidad del cuidado. El resultado fue previsible: reparto forzado, sedes improvisadas, encierros prolongados y opacidad informativa.

Este patrón no es exclusivo de este caso. Responde a una lógica recurrente: en distintos momentos, la lógica del evento visible ha tendido a sustituir procesos sostenidos de política pública. Se actúa sobre un caso emblemático, altamente visible, y luego se anuncia —como respuesta— la construcción de leyes, hospitales, clínicas y sistemas que debieron existir antes. El orden se invierte: primero la acción mediática, después el andamiaje institucional.

Desde esta perspectiva, el “rescate histórico” funciona más como acto de afirmación del poder que como intervención técnica cuidadosamente planificada. El gobierno se presenta como garante moral frente a un refugio cuestionado, pero esa posición se vuelve frágil cuando las condiciones posteriores no cumplen los estándares que la propia autoridad exige a los particulares.

Aquí emerge una segunda contradicción: el Estado fiscaliza, sanciona y clausura refugios por hacinamiento o malas condiciones, pero termina reproduciendo esas mismas condiciones bajo su custodia, aunque sea de manera temporal. La diferencia es que, en este caso, el daño ocurre bajo una narrativa de salvación que dificulta la crítica y diluye responsabilidades.

Este capítulo no niega la facultad del Estado para intervenir ni la necesidad de regular refugios y albergues. Al contrario: reconoce esa necesidad como urgente. Pero subraya que la intervención sin capacidad real puede traducirse en afectaciones institucionales graves sobre poblaciones vulnerables.

El problema de fondo no es que el Estado haya actuado, sino cómo lo hizo y desde qué lógica. Llegó tarde, sin preparación suficiente y con una carga simbólica que otorgó al operativo una alta centralidad mediática, desplazando la discusión técnica que el caso exigía. En ese contexto, los animales dejaron de ser el centro y se convirtieron en la evidencia visible de una autoridad que buscaba proyectar eficacia, aun cuando su capacidad material era claramente insuficiente.

Este retraso histórico explica también por qué el conflicto se desplazó rápidamente al terreno mediático y judicial. Sin protocolos claros ni canales técnicos de resolución, la disputa se resolvió a través de narrativas enfrentadas, influencers alineados, comunicados oficiales y desmentidos, mientras la situación material de los animales seguía deteriorándose.

La deuda estructural del Estado con el bienestar animal no se salda con operativos espectaculares ni con discursos de ocasión. Se salda con planeación, inversión sostenida, regulación gradual y colaboración real con quienes, durante décadas, sostuvieron esta tarea desde la sociedad civil. Cuando eso no ocurre, cada intervención corre el riesgo de repetir el mismo patrón: mucho poder, poca capacidad y demasiadas vidas en medio.

V. Influencers, narrativa y miseria moral

En este caso se hizo visible un fenómeno cada vez más presente en los conflictos públicos contemporáneos: la intermediación del debate social a través de figuras con alta visibilidad digital. Su presencia no es en sí negativa. El problema surge cuando la visibilidad desplaza la responsabilidad y el alcance digital se confunde con capacidad técnica o rendición de cuentas.

Las redes sociales permiten hoy instalar narrativas en cuestión de horas. Un video emotivo, una transmisión en vivo o una denuncia viral pueden movilizar indignación legítima. Pero también pueden simplificar conflictos complejos, presionar decisiones precipitadas y, en el peor de los casos, legitimar acciones que producen más daño del que corrigen.

En este caso, varios perfiles con alta visibilidad participaron activamente en la construcción del relato del “rescate”. Hubo imágenes de perros en brazos, discursos de salvación, llamados a confiar en la autoridad y descalificaciones inmediatas al refugio intervenido. Lo que no hubo, al menos de forma proporcional, fue exigencia pública de planes, protocolos, capacidad instalada ni rendición de cuentas posterior.

Aquí se revela una distinción fundamental:

No todo el que denuncia protege.
No todo el que graba rescata.

La visibilidad inicial no sustituye el seguimiento responsable de las consecuencias que una denuncia pública puede detonar. Empieza ahí. Implica acompañar procesos, verificar condiciones, exigir información técnica y, sobre todo, asumir las consecuencias de haber impulsado una acción de alto impacto. Cuando la intervención se limita a generar contenido y luego se delega todo al Estado sin seguimiento crítico, el activismo se convierte en protagonismo.

Más grave aún es cuando esa visibilidad se utiliza para blindar narrativas oficiales, minimizar críticas legítimas o desacreditar a quienes señalan fallas evidentes. En ese punto, el influencer deja de ser un contrapeso ciudadano puede terminar reforzando narrativas institucionales sin los contrapesos ni responsabilidades propias de los canales formales.

El problema no es individual, sino estructural. Las redes premian la indignación inmediata, no la complejidad; la acusación, no la verificación; el gesto simbólico, no el trabajo silencioso. Bajo esa lógica, la protección animal corre el riesgo de convertirse en escenografía moral: algo que se muestra, se monetiza y se abandona cuando deja de ser rentable o popular.

En el caso del Refugio Franciscano, esta dinámica contribuyó a desplazar el foco. La pregunta dejó de ser cómo garantizar el bienestar efectivo de más de 900 animales y pasó a ser quién ganaba el relato. Mientras tanto, los animales seguían encerrados, dispersos, sin censo público ni trazabilidad clara.

Hablar de miseria moral no es exagerado cuando se constata esta desconexión entre discurso y consecuencias. Miseria moral no es equivocarse; es no hacerse cargo. Es celebrar un “rescate” sin verificar dónde duermen los rescatados. Es callar cuando las condiciones empeoran. Es optar por mecanismos de control del intercambio público, en lugar de abrir espacios de contraste, verificación y rendición de cuentas.

El término “miseria moral” se utiliza aquí en sentido analítico, para describir la brecha entre la intensidad del discurso público y la ausencia de corresponsabilidad frente a sus consecuencias materiales, no como una descalificación personal.

Este fenómeno no absuelve al Estado ni a las fundaciones involucradas. Pero sí agrava el daño. Porque cuando el activismo abdica de su función crítica y se limita a amplificar versiones convenientes, los animales quedan doblemente desprotegidos: primero por las limitaciones institucionales y luego por la ausencia de un seguimiento crítico sostenido desde quienes contribuyeron a legitimar la intervención inicial.

El resultado es perverso: una causa justa utilizada como combustible narrativo, mientras las vidas concretas que la originaron quedan atrapadas en una disputa ajena a ellas. En ese punto, la protección animal deja de ser un fin y se convierte en un medio.

VI. Animales como rehenes

El uso del término “rehén” se emplea en sentido analítico y ético, no penal, para describir la condición de vulnerabilidad de los animales dentro de un conflicto institucional y narrativo ajeno a ellos.

En este punto, el caso del Refugio Franciscano deja de ser una suma de errores, omisiones o excesos aislados. Lo que emerge es una figura más grave y precisa: los animales como rehenes de una disputa de poder.

Rehenes no en sentido metafórico ligero, sino en su acepción más dura: vidas vulnerables retenidas, trasladadas, dispersadas y administradas de facto como elementos subordinados dentro de un conflicto que no les pertenece. Rehenes de una narrativa, de un litigio patrimonial, de una estrategia política y de una economía simbólica que convierte el sufrimiento en argumento.

El conflicto se estructuró con rapidez en varios frentes. Por un lado, la disputa jurídica sobre la propiedad y el uso del predio. Por otro, la necesidad del gobierno de afirmar autoridad moral y capacidad de acción. A ello se sumó la intervención de fundaciones y actores con alta visibilidad que buscaron incidir de manera decisiva en la narrativa pública del caso, junto con la presión de una opinión pública legítimamente indignada, pero informada de manera parcial y acelerada.

En medio de todo eso, los animales dejaron de ser el centro. Pasaron a ser la justificación.

Cada actor comenzó a hablar en nombre de los animales, pero no desde su situación concreta. Diversos actores enunciaron decisiones y posturas en nombre de la protección animal, aunque sin garantizar simultáneamente mecanismos claros de verificación. Se hablaba de rescate, de legalidad, de testamentos, de convenios y de agendas de bienestar animal; lo que no se garantizaba era algo elemental: saber con precisión dónde estaba cada animal, en qué condiciones se encontraba, bajo la responsabilidad de quién y con qué plan concreto de corto, mediano y largo plazo.

Cuando no existe censo público, cuando no hay trazabilidad verificable, cuando se normaliza el encierro prolongado “temporal”, cuando las muertes se explican sin peritajes visibles y cuando el acceso a los espacios se restringe a observadores independientes, el concepto de rescate se vacía. En su lugar aparece otra lógica: administrar el daño mientras se disputa el control.

La figura del rehén es incómoda porque rompe con el lenguaje heroico. El rehén no es salvado; es retenido mientras se negocia algo más. En este caso, lo que se negocia no es explícito, pero es evidente: legitimidad política, control del predio, prestigio institucional, narrativa de eficacia y, eventualmente, intereses económicos que permanecen en la penumbra.

Nada de esto requiere afirmar culpabilidades penales para ser señalado. Basta observar los incentivos. Para el poder, reconocer errores materiales en un “rescate histórico” tiene un costo reputacional alto. Para las fundaciones involucradas, admitir improvisación o daño contradice su razón de ser. Para los influencers, asumir corresponsabilidad erosiona su capital simbólico. Así, nadie quiere soltar, aunque hacerlo aliviaría de inmediato la situación de los animales.

El resultado es un estancamiento peligroso. Los animales quedan atrapados en una suerte de limbo administrativo: ni plenamente rescatados ni formalmente restituidos; ni invisibles ni realmente protegidos. expuestos selectivamente en la comunicación pública, mientras otros aspectos relevantes permanecieron sin información verificable. Exactamente la condición del rehén.

Este capítulo obliga a una afirmación dura pero necesaria: cuando la protección animal queda subordinada a disputas institucionales, jurídicas o narrativas, deja de cumplir su función primaria y se transforma en un factor adicional de daño.. No importa cuántas veces se repita la palabra “bienestar” si las prácticas concretas lo contradicen.

Nombrar a los animales como rehenes no es retórica excesiva. Es un intento de devolverles centralidad moral. Porque mientras sigan ocupando ese lugar —el de moneda simbólica— ninguna de las partes podrá proclamarse vencedora sin cargar con una responsabilidad ética profunda.

VII. ¿Había alternativas? Sí.

Sostener que el desenlace del caso del Refugio Franciscano era inevitable equivale a renunciar a la política pública y a la ética Existían alternativas razonables y conocidas en el ámbito de la gestión pública del bienestar animal. No perfectas ni exentas de conflicto, pero con menor probabilidad de generar daño adicional que las decisiones finalmente adoptadas.

La primera alternativa era la más elemental: definir previamente un esquema básico de planeación operativa, consistente con experiencias documentadas de intervenciones de gran escala. Un rescate masivo de más de 900 animales no puede ejecutarse como una operación de sorpresa. Requiere diagnóstico previo, infraestructura lista, personal capacitado y protocolos claros. Nada de eso aparece documentado públicamente antes del operativo. Se actuó primero y se improvisó después.

Una segunda alternativa era la gradualidad. Incluso si existían condiciones que ameritaban intervención, ésta pudo haberse realizado por etapas, con supervisión técnica, correcciones en sitio y acompañamiento veterinario reforzado, la adopción de esquemas graduales de intervención, utilizados en otros contextos de rescate masivo, reduce riesgos sanitarios, logísticos y de trazabilidad

La tercera alternativa era la mediación temprana. Antes de judicializar y politizar el conflicto, era viable la instalación temprana de un espacio técnico de mediación con mandato acotado al bienestar animal, independiente de la resolución patrimonial o judicial: garantizar el bienestar animal durante cualquier disputa patrimonial o administrativa. Esa mesa debió incluir a las autoridades ambientales, a la fundación propietaria, al refugio, a especialistas en derecho animal y a observadores independientes. No para resolver el predio, sino para sacar a los animales del campo de batalla.

Otra alternativa concreta era la adopción de una figura de tutela o custodia temporal. Este mecanismo, empleado en otros sistemas de protección, permite que un tercero supervisado asuma la custodia provisional de los animales mientras se resuelve el conflicto de fondo. Su ventaja es clara: asigna responsabilidad directa y exigible, evita la dispersión caótica y establece obligaciones verificables durante controversias institucionales.

También era posible —y sigue siéndolo— implementar un censo único, público y actualizado. Cada animal debería contar con una ficha individual que incluyera fotografía, ubicación, estado de salud y responsable directo. Esta herramienta no es un lujo técnico, sino la base mínima de cualquier política de bienestar animal. Su ausencia no sólo impide una supervisión ciudadana efectiva, sino que abre la puerta a pérdidas, abusos y decisiones irreversibles sin control. Por ello, la construcción de un censo único y público constituye un requisito mínimo de gobernanza en cualquier intervención que involucre la custodia masiva de seres sintientes.

En el plano operativo, existían alternativas para evitar el hacinamiento prolongado: convenios temporales con refugios con capacidad real, adecuación previa de espacios con estándares mínimos, movilización de redes veterinarias universitarias y privadas, y apoyo logístico transparente. Nada de esto requería heroísmo, sólo coordinación y humildad institucional.

Finalmente, existía la alternativa más difícil, pero más necesaria: renunciar al control total del relato. Reconocer límites, aceptar errores, abrir espacios a la verificación independiente y corregir sobre la marcha no debilita al Estado ni a las fundaciones. Al contrario, los fortalece. La negativa a hacerlo convierte cualquier acción en sospechosa, incluso cuando parte de una intención legítima.

Estas alternativas no son ocurrencias retrospectivas. Son prácticas conocidas en gestión de riesgos, protección de poblaciones vulnerables y políticas públicas complejas. Su ausencia en este caso confirma que el problema no fue la falta de opciones, sino la prioridad otorgada a la velocidad, al impacto simbólico y al control narrativo.

Este capítulo no pretende reescribir el pasado, sino delimitar responsabilidades. Porque cuando se demuestra que había caminos menos dañinos, el argumento de la inevitabilidad se derrumba. Y con él, la coartada ética.

Este texto se inscribe en el género de análisis crítico de interés público. No pretende sustituir procesos judiciales ni emitir sentencias, sino contribuir al debate informado sobre protección animal, políticas públicas y responsabilidad institucional.

VIII. Conclusión

La pregunta que queda

El caso del Refugio Franciscano no admite un cierre cómodo. No hay final edificante ni moraleja simple. Lo que deja es una interpelación directa al poder público, a las instituciones filantrópicas, al activismo y a la sociedad que observa, comparte y olvida.

Si después de un operativo presentado como “rescate histórico” no existe un censo público completo, si no se sabe con certeza dónde está cada animal, en qué condiciones vive ni quién responde legal y éticamente por él, entonces el problema no fue un refugio en particular. El problema es un modelo de intervención que privilegia el control, la velocidad y la narrativa por encima del cuidado efectivo.

Este ensayo no sostiene que el Estado no deba intervenir. Sostiene algo más exigente: que intervenir sin capacidad real también es una forma de violencia. Cuando la autoridad sustituye planeación por fuerza, protocolo por espectáculo y rendición de cuentas por discurso, los más vulnerables pagan el costo. En este caso, animales que no pueden hablar, denunciar ni votar.

Tampoco absuelve a las organizaciones privadas ni al activismo digital. La filantropía sin coherencia traiciona su origen. El activismo sin responsabilidad se convierte en ornamento moral. Y ambos, cuando renuncian a la autocrítica, contribuyen a un mismo resultado: vidas usadas como argumento.

El legado de Antonio Haghenbeck y de la Lama no obliga a defender estructuras perfectas —nunca existieron—, pero sí impone un límite claro: la protección animal no puede convertirse en daño colateral de disputas patrimoniales, políticas o simbólicas. Cuando eso ocurre, no importa cuántas veces se repita la palabra “bienestar”; su sentido se ha perdido.

Este caso revela, con crudeza, la deuda estructural del Estado con los animales. Una deuda que no se salda con operativos nocturnos ni con influencers alineados, sino con políticas públicas serias: infraestructura suficiente, protocolos de rescate masivo, regulación gradual, colaboración con la sociedad civil y, sobre todo, humildad para reconocer límites y corregir errores.

La pregunta final no es quién ganó el pleito.
La pregunta es otra, y permanece abierta:

¿Estamos dispuestos a aceptar que llamar “rescate” a lo que genera más sufrimiento nos degrada como sociedad?

Porque un Estado —y una comunidad— se miden no por la fuerza con la que irrumpen, sino por la forma en que cuidan a quienes no pueden defenderse.
Si después de todo esto los animales siguen siendo rehenes, entonces el verdadero abandono no fue el de un refugio, sino el de nuestra responsabilidad colectiva.