OTRA PERSPECTIVA
Estado Desaparecedor: Cuando la Ley se
Convierte en Fosa
Ensayo sobre la omisión estructural y la
memoria vigilante
José Rafael Moya Saavedra
Prólogo
El rostro que borra la ley
Del Estado garante al Estado que desaparece...
legalmente
Todo Estado nace con una promesa: proteger a sus
ciudadanos, garantizar sus derechos y hacer justicia en nombre del bien común.
Pero hay momentos —como el que
vive México hoy— en los que esa promesa no solo se rompe: se revierte.
El Estado deja de ser
protector para convertirse en verdugo. Y la ley, que debería ser escudo, se
convierte en pala.
La realidad detrás del discurso
México
vive una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente.
Al 11 de marzo de 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)
registró 123,808 personas desaparecidas y no localizadas.
En morgues y laboratorios
forenses del país se acumulan más de 72,000 cuerpos sin identificar,
según informes de IDHEAS y Fundar.
El 99% de los casos permanece impune.
Entre noviembre de 2024 y
marzo de 2025, 8,000 nuevas desapariciones fueron reportadas —un
promedio de 56 por día—, la mayoría de jóvenes entre 10 y 29 años.
En marzo de 2025, el Comité
contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó por primera vez en la
historia el Artículo 34 de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El motivo:
México. El Comité considera que existen indicios fundados de desapariciones
sistemáticas y generalizadas y ha iniciado un procedimiento internacional
que podría escalar a la Asamblea General de Naciones Unidas.
No se trata de un fenómeno aislado. Ni de una percepción
mediática. Se trata de una práctica extendida —por acción o por omisión— dentro
de la estructura estatal.
Del desamparo legal al desamparo sanitario
El rostro del Estado
desaparecedor no se agota en las fosas.También se manifiesta en los
hospitales vacíos, en las recetas sin surtir, en los quirófanos cerrados.
Entre 2021 y 2025, el
sistema público de salud mexicano ha fallado en surtir hasta 70,000 recetas
diarias, especialmente de medicamentos vitales como insulina,
anticonvulsivos y quimioterapias pediátricas.
La tasa de sobrevida
infantil con cáncer cayó del 80% al 52%.
El Estado no desaparece solo cuerpos: también borra el derecho a vivir.
La falta de medicamentos no es
un accidente. Es el resultado de decisiones administrativas, licitaciones
fallidas y negligencia presupuestal.
Mientras las familias recorren
farmacias buscando una ampolleta, el Estado promete transparencia y entrega
estadísticas parciales. El resultado es el mismo: la vida fuera del amparo
de la ley.
Así, la omisión sanitaria
y la desaparición forzada son rostros distintos del mismo crimen
estructural: la negación deliberada del ciudadano por parte del poder público.
Ambas eliminan a la persona
—por el silencio o por el abandono— y revelan que el Estado mexicano ha
aprendido a desaparecer sin ensuciarse las manos.
La desaparición del poder local: alcaldes en la
línea del fuego
La desaparición no solo se mide en víctimas civiles. También
ha alcanzado al propio Estado a través de sus representantes.
Entre 2017 y 2025, al
menos 106 presidentes municipales han sido asesinados en México, según
recuentos hemerográficos y organismos de seguridad local.
Solo en 2025, una decena de alcaldes ha sido ejecutada, principalmente
en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, estados marcados por la disputa
territorial entre crimen organizado y estructuras políticas debilitadas.
El 1 de noviembre de 2025,
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan,
Michoacán, fue asesinado durante un acto público del Día de Muertos.
El ataque dejó varios heridos,
entre ellos un regidor. El crimen no solo evidencia la vulnerabilidad de los
alcaldes mexicanos: revela que la autoridad local también desaparece,
borrada del mapa institucional por acción criminal o por omisión del Estado que
debía protegerla.
El poder municipal, que
debería ser la primera línea del gobierno ante la ciudadanía, se ha convertido
en zona de sacrificio. Entre el miedo, la extorsión y la indiferencia
federal, muchos municipios viven bajo un doble secuestro: el del crimen
organizado y el del abandono institucional. Así, la desaparición del Estado no
solo se refleja en los desaparecidos, sino también en los gobiernos locales
que gobiernan con la mitad del poder y el doble del miedo.
La desaparición como diseño institucional
El Estado desaparecedor no se presenta como dictador. Se
presenta como Estado de derecho. Firma acuerdos, asiste a cumbres,
legisla.
· Pero
cuando una madre denuncia la desaparición de su hija, le piden esperar 72
horas.
· Cuando un enfermo necesita su tratamiento, le
dicen que “no hay clave disponible”.
· Cuando
un alcalde solicita protección, no llega el refuerzo.
· Y
cuando los colectivos encuentran restos, no hay fiscal, ni protocolo, ni
voluntad.
Así actúa el nuevo rostro del poder:
· No tortura, archiva. No mata, omite. No protege, abandona. Y cuando responde, ya es demasiado tarde.
De la ley viva a la fosa legal
En este ensayo veremos cómo la
desaparición ocurre tanto en el desierto como en el formulario, en
la fosa clandestina y en el hospital sin insumos,en la trinchera
municipal abandonada y en el oficio con sello oficial.
El cuerpo ya no está. El Estado ya no busca. Y
la ley no protege: cubre.
·
Cada carpeta sin seguimiento, cada
registro sin interoperabilidad,
·
cada alcalde asesinado sin justicia,
·
cada receta no surtida,
·
es parte de la arquitectura del olvido.
Por qué escribir este texto
Porque callar es aceptar. Y porque hay que escribir
mientras se pueda, para que nadie diga después: “no sabíamos.” Este
texto no es solo una denuncia. Es un acto de memoria y una advertencia:
Un Estado que desaparece a su
gente —por acción o por omisión— no puede llamarse democracia. Y
una ley que no protege es una fosa disfrazada de código.
Capítulo 1
Del Estado protector al Estado ausente
Cuando el derecho prometido se convierte en
simulación institucional
Durante siglos, el Estado fue
concebido como la figura que media entre el caos y el orden. Su razón de ser
era proteger la vida, garantizar la justicia y mantener la paz social.
Desde Hobbes hasta Rousseau,
el contrato social descansaba en un principio sencillo: “Tú me entregas
parte de tu libertad, y yo te garantizo seguridad y derechos.”
En México, ese contrato está
roto. No por catástrofe natural ni por guerra civil, sino por diseño: por
omisión planificada, por impunidad legalizada y por un abandono que ya se
volvió estructura.
De garante de derechos a cómplice por omisión
El Estado mexicano ha
transitado de ser un garante fallido a convertirse en una estructura
que tolera y reproduce la desaparición de sus propios ciudadanos.
La crisis actual no es una anomalía: es un patrón institucional.
Según la Comisión Nacional
de Búsqueda (CNB), hasta marzo de 2025 123,808 personas permanecen
desaparecidas y no localizadas.
De ellas, más del 99%
de los casos continúa sin sentencia. No hay responsables. No hay justicia. Solo
ausencias acumuladas.
¿Cómo se pasa del error estructural a la
estrategia de desaparición?
· Cuando
una madre reporta la desaparición de su hijo y ningún protocolo se activa.
· Cuando
un expediente reposa meses en una fiscalía sin diligencias.
· Cuando
una autoridad local pide ayuda y no recibe refuerzo.
· Cuando
un hospital público responde “no hay clave disponible”.
No estamos ante una falla del
sistema: estamos ante un sistema de fallas normalizadas.
El Estado ha aprendido a desaparecer sin ensuciarse las
manos:
· Archiva,
posterga, silencia.
· Legisla con vacíos.
· Opera con descoordinación crónica.
· Responde tarde, mal y sin responsabilidad.
La dimensión nacional del abandono
Jalisco encabeza con más de 15,000
personas desaparecidas. Le siguen el Estado de México y Tamaulipas,
ambos con más de 13,000.
El 75% de los municipios
del país tiene al menos un caso documentado.
Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 se reportaron 8,000 nuevas
desapariciones, un promedio de 56.6 diarias. La mayoría de las
víctimas tiene entre 10 y 29 años.
Esta no es una cifra fría: es un
mapa del abandono institucional. Los jóvenes, las mujeres y los sectores más
pobres son los primeros en caer fuera del radar del Estado.
El Estado que abandona hasta a sus autoridades
La ausencia no solo afecta a
los ciudadanos. También alcanza a los propios representantes del poder
público.
Entre 2017 y 2025, más de
cien presidentes municipales han sido asesinados en México; diez de
ellos solo en 2025.
El caso más reciente, el de Carlos
Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1
de noviembre de 2025, ilustra la vulnerabilidad del poder local.
Los municipios se convirtieron
en franjas de riesgo, donde el crimen organizado impone su ley y el
gobierno federal responde con silencio o tardanza.
La autoridad municipal —que
debería ser la primera línea de protección del ciudadano— es hoy la primera
víctima del vacío de Estado. Cada alcalde asesinado o intimidado representa
una institución que desaparece.
La impunidad de estos
crímenes, sumada a la indiferencia burocrática, erosiona el rostro político
del país.
El poder local se desvanece, y
con él desaparece la posibilidad de proximidad, justicia y gobierno real.
La omisión sanitaria como nueva forma de
desaparición
Mientras en unas regiones se
excavan fosas, en otras se llenan las salas de espera. El desabasto
médico, la falta de personal y los quirófanos cerrados son parte del mismo
patrón de abandono.
Entre 2021 y 2025, hasta
70,000 recetas diarias quedaron sin surtir en el sistema público de salud.
El desabasto de
quimioterapias y anticonvulsivos, la carencia de anestésicos, y el colapso
hospitalario en estados del sur son formas de desaparición sin violencia
física.
·
La víctima no es levantada en la calle: es
omitida en la ventanilla.
· Su
expediente se archiva bajo el sello de “pendiente por abasto”.
· El
resultado es el mismo: la persona deja de existir para el sistema.
La omisión también mata. Y
cada muerte por desabasto es una forma de desaparición administrativa. Sin
fosas, sin balas, sin cuerpo visible.
Un Estado que se borra a sí mismo
Ya no hay rostro protector. No
hay nombres. Las instituciones no comparecen.
El poder judicial se ha convertido en un muro de contención más que en una
puerta de justicia.
· Cuando
las familias se organizan, son revictimizadas.
· Cuando
los periodistas investigan, son perseguidos.
· Cuando
los alcaldes piden ayuda, son ignorados.
· Y
cuando la sociedad exige respuestas, se le acusa de “politizar el dolor”.
El Estado mexicano no está ausente por accidente. Está ausente porque le conviene. Le resulta más fácil gestionar la desaparición que asumir su responsabilidad.
Una promesa que solo existe en papel
México cuenta con leyes avanzadas: la Ley General en
Materia de Desaparición,
la Ley General de Salud, la Ley de Fiscalías, y los protocolos
homologados.
Pero en la práctica:
- No
hay voluntad política ni presupuesto suficiente.
- La
coordinación entre la CNB, la FGR y los servicios
forenses es deficiente.
- Las
leyes se cumplen en apariencia, no en resultados.
El Estado desaparecedor se disfraza de legalidad. Su
arma no es la represión abierta, sino la simulación burocrática. Su
mayor victoria no es el control, sino la indiferencia.
Cierre del capítulo
El Estado mexicano ha
aprendido a desaparecer de todas las formas posibles:
Desaparece personas, desaparece medicinas, desaparece autoridades
locales, y desaparece su propio deber moral.
No lo hace siempre con
violencia directa, sino con una eficiencia fría que borró la empatía del
sistema.
La ciudadanía no solo está sola. Está invisibilizada por
quienes juraron protegerla.
Y así, el Estado —que debía ser presencia— se ha vuelto una
sombra con embrete,
un poder que archiva lo que no quiere ver y que ya no busca, porque ha
dejado de recordar.
Capítulo 2
La desaparición como política
El poder que silencia a través del vacío
Cuando una práctica se repite
durante años, en múltiples regiones, bajo distintos gobiernos, y deja a decenas
de miles de víctimas sin justicia, ya no estamos frente a una crisis aislada.
Estamos frente a una política
pública no reconocida, pero efectiva:
la política del olvido.
En México, desaparecer
se ha convertido en una estrategia de control, de administración del miedo y de
protección institucional.
Y el Estado, lejos de
detenerla, la permite, la tolera o la gestiona.
Cifras que rompen el silencio
Hasta marzo de 2025, existen 123,808
personas desaparecidas y no localizadas, según la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB).
Desde 2006, más de 72,000
cuerpos permanecen sin identificar en instituciones forenses desbordadas.
Entre noviembre de 2024 y
marzo de 2025 se reportaron casi 8,000 nuevas desapariciones.
El 75% de los municipios
del país tiene al menos una persona desaparecida.
El 99% de los casos permanece en impunidad.
Esto no es un accidente: es el reflejo de un sistema que
ya no protege, sino que administra el abandono.
El patrón es claro: sistemático y generalizado
La ONU, a través del Comité
contra la Desaparición Forzada (CED), ha advertido que las desapariciones
en México son “sistemáticas y generalizadas”, con participación o
aquiescencia de autoridades en distintos niveles.
Por eso, el 2025 quedará
marcado como el año en que se activó el Artículo 34 de la Convención
Internacional, un procedimiento reservado a los Estados donde existen indicios
bien fundados de desaparición generalizada.
No es un error.
No es una coincidencia.
Es una decisión institucional sostenida en el tiempo.
Casos emblemáticos, heridas abiertas
- Ayotzinapa
(2014): 43 normalistas desaparecidos;
participación documentada de autoridades municipales, estatales, federales
y militares.
- La
Bartolina, Tamaulipas: más de una tonelada de restos
humanos en una fosa clandestina.
- San
Fernando: migrantes masacrados y enterrados
masivamente con complicidad de fuerzas de seguridad.
- Jalisco:
cuerpos almacenados en tráileres ante el colapso forense.
Cada caso no es una excepción: es un eslabón en la
cadena de impunidad.
El encubrimiento como protocolo
· Se
abren carpetas sin seguimiento.
· Se
declaran incompetencias entre fiscalías.
· Se
archivan cuerpos sin identificación.
· Se
criminaliza a las víctimas.
Las instituciones no investigan, no sancionan, no reparan.
Y cuando lo hacen, es solo
para protegerse entre ellas. La desaparición deja de ser un fracaso
judicial y se convierte en una técnica administrativa de invisibilización.
La desaparición por omisión sanitaria
El exterminio que no necesita balas
No todas las desapariciones se
producen con violencia directa. Algunas ocurren en hospitales, farmacias y
ventanillas. El desabasto prolongado de medicamentos, la negación de
cirugías o la clausura de quirófanos constituyen una forma moderna de
desaparición: la desaparición por omisión sanitaria.
Entre 2021 y 2025, México ha
registrado fallas diarias de hasta 70,000 recetas no surtidas en el
sistema público.
La tasa de sobrevida
infantil con cáncer cayó del 80% al 52%, según asociaciones médicas
y organizaciones civiles.
El IMSS, ISSSTE y Birmex
han reconocido interrupciones logísticas, retrasos en licitaciones y pérdida de
trazabilidad en insumos críticos.
En hospitales públicos,
pacientes de epilepsia, VIH, cáncer o diabetes han desaparecido del sistema,
no porque los hayan secuestrado, sino porque fueron omitidos de la atención
médica garantizada por ley.
· No
hubo secuestradores, hubo sellos de “agotado”.
·
No hubo fosa, hubo archivos clínicos vacíos.
· No
hubo balas, pero sí una cadena de negligencias que mata sin dejar huella.
Paralelismos del mismo crimen
Lo que se borra con cal en una fosa, también puede borrarse
con un sello administrativo.
“No tenemos su medicamento” es, en
su contexto, una frase tan letal como un disparo.
El Estado que calla ante el
crimen organizado es el mismo que omite ante la enfermedad. Ambos
silencios destruyen vidas, ambos protegen intereses y ambos perpetúan el
abandono.
La omisión sistemática —cuando
es conocida, repetida y no corregida—
también constituye una forma de violencia de Estado.
El lenguaje como arma
· “Riesgo
colateral.”
· “Víctima
sin signos de criminalidad.”
· “Desabasto
temporal.”
· “Cirugía
reprogramada.”
Cada eufemismo borra una
vida y encubre una responsabilidad. El Estado no solo desaparece cuerpos: desaparece
palabras. Y con ellas, la verdad.
El Estado que fabrica silencio
La desaparición como política
no requiere dictaduras. Puede ejecutarse desde oficinas climatizadas y
conferencias matutinas. Solo necesita tres ingredientes: omisión, control
narrativo y burocracia impune.
Así opera el Estado desaparecedor:
- Registra
para aparentar transparencia.
- Archiva
para no actuar.
- Niega
para sobrevivir políticamente.
La ley, en su forma más
perversa, se convierte en escudo de la impunidad.
Y la estadística, en su versión más cínica, sirve para administrar el
olvido.
Cierre del capítulo
En México, la desaparición es política.
Es parte de una lógica de control, de disuasión, de abandono selectivo.
Un mecanismo silencioso que borra no solo a las personas, sino también al
sentido mismo del Estado.
Mientras no se reformen las estructuras, mientras no se
castigue a los responsables,
mientras el poder siga confundiendo “no ver” con “no existir”, la
desaparición seguirá operando desde las sombras...
· Con
uniforme.
· Con
sello oficial.
· Con
membrete institucional.
Porque en este país, desaparecer no es una falla. Es
una decisión.
Capítulo 3
La fosa legal
Donde la justicia no muere… se archiva
En México, las fosas
clandestinas esconden cuerpos. Pero las fosas legales entierran verdades.
Mientras unas se excavan con
palas y rastros de sangre, las otras se abren con firmas, carpetas, oficios
y excusas.
El problema ya no es solo la
violencia física que desaparece cuerpos, sino la violencia institucional que desaparece
la justicia.
Del expediente a la fosa: cómo desaparece una
persona por segunda vez
1. La
primera desaparición es física.
2. La
segunda, procesal.
3. La
tercera, administrativa.
4. La
cuarta, simbólica.
Todas ocurren dentro del Estado.
Y todas comparten un mismo patrón: son lentas,
burocráticas… y deliberadas.
· Una
carpeta de investigación que nunca avanza.
· Un
dictamen médico sin firma.
· Un
protocolo de búsqueda que no se activa.
· Un
oficio que se “extravía”.
· Una
denuncia que se “vuelve estadística”.
Cada omisión tiene un número,
un folio, una fecha. Cada silencio tiene membrete. Así se construye una fosa
legal: no bajo tierra, sino en los archivos del poder.
La dimensión forense del colapso
Desde 2006, México ha
acumulado más de 72,000 cuerpos sin identificar.
El Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de
Personas Fallecidas No Identificadas siguen incompletos y sin
interoperabilidad.
Las fiscalías estatales operan
con sistemas fragmentados, y los colectivos encuentran cuerpos más rápido
que las instituciones.
La fosa legal no está en el
campo: está en el escritorio. Y su tierra son los papeles: informes mal
llenados, oficios pendientes, sellos vencidos.
Cada cuerpo sin nombre es una
biografía suspendida. Cada archivo sin respuesta, una tumba sin cruz.
El expediente como lápida
En México, un expediente puede convertirse en una forma
de sepultura.
- Carpeta
abierta sin diligencias.
- Dictamen
incompleto.
- Oficio
“en revisión”.
- Protocolo
sin ejecutar.
- Informe
forense sin cotejo.
La ley promete justicia, pero
la práctica solo ofrece formularios. Y el funcionario que debería
investigar se convierte en sepulturero de la verdad.
La impunidad tiene firma y sello. La justicia, solo copia
simple.
La fosa médica: la muerte por trámite
La misma lógica opera en el
sistema de salud. Allí, las fosas no se excavan: se registran en listas de
espera.
Cada cirugía cancelada, cada
receta no surtida, cada hospital sin insumos es una tumba administrativa.
Entre 2021 y 2025, hasta
70,000 recetas diarias quedaron sin surtir;
miles de pacientes murieron esperando tratamientos oncológicos o de
epilepsia.
El expediente clínico —como el
judicial— se convierte en lápida.
Y los hospitales, en silenciosas fosas legales de la salud pública.
· Nadie
dispara, pero alguien no firma.
· Nadie
entierra, pero alguien no entrega.
· Nadie
ordena, pero todos callan.
El resultado es el mismo: la
muerte por omisión, la impunidad por protocolo.
La norma que simula y encubre
México presume un marco jurídico robusto:
- Ley
General en Materia de Desaparición Forzada (2017)
- Ley
de la fiscalía general de la República
- Protocolos
Homologados de Búsqueda
- Ley
General de Salud
- Normas
de Transparencia y Rendición de Cuentas
Pero en la práctica:
- Las
leyes no se aplican.
- Los
registros no se cruzan.
- Los
procesos no son públicos.
- Los
presupuestos no se ejecutan o se subejercen.
La ley que no se cumple se
convierte en simulacro. Y el simulacro, en mecanismo de impunidad.
El Estado desaparecedor
usa la legalidad como disfraz de legitimidad.
La ley deja de ser un camino a la justicia para convertirse en una trampa
circular,
donde la víctima entra buscando verdad y sale con un oficio de archivo.
Propuestas para revertir la fosa legal
1. Eliminación del requisito de 72 horas para
iniciar búsquedas de personas desaparecidas.
2. Protocolos de activación inmediata en salud y justicia (sin excusas
administrativas).
3. Consolidación de una Base Nacional Forense interoperable, con
datos abiertos y verificados.
4. Participación ciudadana y de familiares en la supervisión de carpetas
y registros.
5. Publicación mensual obligatoria de cifras desagregadas por
estado, fiscalía y tipo de caso.
6. Creación de un Registro Nacional de Víctimas por Omisión Sanitaria,
con mecanismos de reparación del daño.
7. Auditorías cívicas a fiscalías y hospitales, para identificar
cuellos de botella y responsabilidades directas.
Estas no son sugerencias: son condiciones mínimas de
dignidad.
La fosa política: cuando el Estado se sepulta a
sí mismo
La impunidad no solo sepulta expedientes. También entierra
instituciones.
Cada alcalde asesinado sin
justicia, cada periodista silenciado, cada médico que renuncia por miedo, cada
funcionario honesto que se queda solo, forma parte de una fosa política más
amplia: la del Estado que cava su propio descrédito.
La autoridad que no protege ni
a sus servidores, termina siendo un cadáver moral con investidura legal.
Cierre del capítulo
La fosa legal no necesita
sangre. Le bastan sellos, plazos vencidos y excusas en papel membretado. Allí
la justicia no muere: se archiva. Y el olvido se vuelve oficio.
Mientras el Estado siga
escondiendo sus crímenes detrás del lenguaje jurídico y la burocracia, seguiremos
caminando sobre un país lleno de tumbas invisibles: tumbas con número de
oficio, con número de caso, con número de expediente.
Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos sabemos que esa
tierra también está removida.
Capítulo 4
Víctimas sin nombre, Estado sin rostro
Cuando el lenguaje mata y el expediente borra
En México, no todas las
desapariciones ocurren en una noche. Muchas comienzan en el lenguaje. Otras, en
el archivo. Algunas, en la ventanilla del hospital.
Desaparecer no siempre
significa quitarle el cuerpo a alguien. A veces, basta con quitarle el
nombre, la historia, el expediente, el derecho a ser buscado o atendido.
Y eso lo hace el Estado todos los días… con palabras.
La despersonalización institucional
· “NN.”
· “No
identificado.”
· “Persona
ausente.”
· “Sin
signos visibles de violencia.”
· “Desabasto
temporal.”
· “Cirugía
diferida.”
Cada frase tiene un peso que excede su apariencia técnica. No son expresiones neutras. Son mecanismos de desresponsabilización.
El Estado, cuando nombra así, borra. Cada palabra
despoja a la víctima de su condición de sujeto y la reduce a una variable,
un número, una incidencia estadística.
Según el último informe de la Comisión
Nacional de Búsqueda (2025), más del 40% de los cuerpos recuperados
siguen sin ser identificados. Cada uno de ellos representa una biografía
suspendida. Y cada vez que el Estado oculta un nombre, se consuma una
segunda desaparición.
El Estado sin rostro
En la práctica, la justicia y
la salud pública se parecen: ambas se esconden detrás de escritorios
impersonales.
· No hay
responsables visibles.
· Los
expedientes rebotan entre fiscalías.
· Los
protocolos no se activan.
· Las
recetas se marcan “no surtidas”.
· Las
familias reciben excusas, no respuestas.
Y los funcionarios, amparados
en el anonimato institucional, evaden la mirada.
El Estado —que debería tener
rostro, palabra y voz— se ha disuelto en un sistema de responsabilidades
difusas y silencios compartidos. Ya no es un gobierno ausente: es una
maquinaria sin rostro, sin voz y sin vergüenza.
Rostros colgados en la plaza
Cada semana, en distintas
plazas del país, madres y familiares cuelgan lonas con los rostros de sus
desaparecidos.
· Son
imágenes con sonrisas, fechas, colores, historias.
· Ninguno
de ellos aparece en los boletines oficiales.
· Ninguno
tiene sentencia.
· Ninguno
ha sido reparado.
Pero allí, en esas lonas
colgadas bajo el sol, vuelven a tener rostro.
Porque el amor no archiva. El Estado sí.
Y mientras la institución
entierra expedientes, las madres levantan altares, siembran girasoles, pintan
murales.
Transforman el dolor en presencia.
Cada fotografía colgada en una
plaza es una denuncia pública contra la desmemoria oficial.
La memoria como resistencia
Frente al silencio institucional, la sociedad crea
memoria. Esa es su forma de justicia.
- Murales
con nombres.
- Bordados
que narran ausencias.
- Mapas
de búsqueda elaborados por colectivos.
- Aplicaciones
móviles creadas para localizar personas.
- Altaritos
en esquinas donde cayó un periodista.
La memoria se ha vuelto un
ejercicio civil de reconstrucción del país. Mientras las instituciones
archivan, la sociedad recuerda. Mientras el gobierno niega, las familias
documentan. Mientras los informes oficiales maquillan cifras, las buscadoras registran
lo que la ley calla.
Porque el recuerdo también es
una forma de resistencia. Y la ternura, en medio del horror, es un acto
político.
Voces expertas y civiles
Organismos internacionales y
colectivos coinciden:la revictimización y la despersonalización del
discurso oficial son formas de violencia institucional.
Un informe del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2024) advierte
que “la negación o el uso de eufemismos por parte de autoridades en
contextos de violencia generalizada, constituye una forma de encubrimiento
moral y político.”
Los colectivos lo han sabido desde hace años. Una madre en
Jalisco lo resumió con una frase que lo dice todo:
“Mientras el Estado dice NN, yo sigo diciendo
su nombre.”
Y esa diferencia define el abismo entre la burocracia y la
humanidad.
Los que buscan y los que callan
En México, más de 21
mujeres buscadoras han sido asesinadas en los últimos años. Muchas de ellas
sin protección, sin escoltas, sin respaldo judicial. Aun así, siguen cavando. No
por obsesión, sino por amor.
Porque en este país, la
búsqueda de un hijo se ha vuelto un acto de fe más que de justicia.
Mientras tanto, los
periodistas que documentan estos hechos enfrentan amenazas, censura o
autocensura. La impunidad los rodea, pero no los detiene.
La prensa libre se ha convertido en el archivo moral del país, el que
rescata los nombres que el Estado intenta olvidar.
La palabra como restitución
Nombrar es volver a dar
existencia. Por eso, escribir, denunciar o documentar son actos de
resistencia. Cada reportaje, cada columna, cada testimonio tiene el poder de desenterrar
verdades.
El periodismo, cuando se hace
con ética y humanidad, restituye lo que la burocracia destruye: el
rostro, la historia y la memoria.
Allí donde el expediente
borra, la palabra rescata. Allí donde el número sustituye al nombre, la crónica
devuelve la dignidad.
Cierre del capítulo
Cuando una persona desaparece,
el Estado tiene dos caminos: buscarla o borrarla.
Y en México, elige con
demasiada frecuencia el segundo. Pero no todo rostro se pierde. Hay madres que
los pintan, periodistas que los nombran, estudiantes que los leen, comunidades
que los rezan.
En cada gesto, la memoria vence al archivo.La dignidad
sobrevive al folio. Y el rostro, aunque lo intente el poder, no desaparece.
Capítulo 5
La ciudadanía resistente y el grito que queda
Cuando el Estado desaparece… el pueblo recuerda
En un país donde el Estado
desaparece a sus ciudadanos con balas, sellos o silencio, todavía hay quienes se
niegan a callar.
Cada vez que una madre levanta
una pala, que una enfermera improvisa un tratamiento, que un periodista escribe
con miedo pero sin censura, que un alcalde decide no pactar con el crimen, el
país vuelve a respirar.
La resistencia civil en México
no es heroísmo romántico: es el último reflejo de supervivencia democrática.
Resistir no es sobrevivir… es luchar
Resistir no significa aceptar
el dolor. Significa convertirlo en propósito. Cada colectivo de
búsqueda, cada red de voluntarios médicos, cada medio independiente que
investiga lo innombrable, representa una forma de reconstrucción nacional
desde abajo.
Porque cuando el Estado deja de proteger, el
pueblo empieza a cuidar.
· Las
madres buscadoras no necesitan discursos.
· Necesitan
palas, acompañamiento, respeto y seguridad.
· Los
médicos que denuncian el desabasto no piden privilegios: piden medicinas
para sus pacientes y dignidad para su trabajo.
· Y los
periodistas que narran lo que el poder quiere enterrar son, en realidad, guardianes
de la memoria colectiva.
Viñeta testimonial
Una madre con una cruz pintada en el rostro
No pertenece a ningún partido
ni a un sindicato. No tiene abogado ni escoltas. Pero ha caminado con picos y
varillas por cerros enteros. Ha exhumado huesos. Ha confrontado a militares. Ha
puesto el nombre de su hijo en catorce mantas.
Cada paso suyo contradice la
inercia del Estado. Su fe no está en los tribunales, sino en la tierra que
remueve. Y aunque el gobierno le niegue protección, ella sigue buscando,
porque buscar es su manera de vivir.
Datos que gritan
- Más
de 21 mujeres buscadoras han sido asesinadas en
los últimos años.
- En
el país existen más de 1,400 colectivos de familiares de
desaparecidos.
- Miles
de médicos y enfermeras trabajan sin insumos suficientes, con desabasto
de hasta 70,000 recetas diarias.
- Más
de 100 alcaldes han sido asesinados entre 2017 y 2025,
diez de ellos en este año.
- La
impunidad supera el 99% en casos de desaparición, asesinato o
negligencia institucional.
Cada cifra es una herida. Cada herida, una denuncia viva.
Propuestas concretas desde la ciudadanía
- Participación
obligatoria de familiares y colectivos en la creación,
aplicación y evaluación de políticas públicas sobre desaparición y
búsqueda.
- Protección
efectiva para buscadoras, periodistas y
defensores, con seguimiento real y recursos, no solo comunicados.
- Mecanismos
de diálogo permanentes entre Estado y sociedad civil, con
transparencia y rendición de cuentas.
- Presupuestos
blindados para salud, justicia y derechos humanos,
con auditoría social independiente.
- Reconocimiento
legal y moral de las víctimas y de sus buscadoras como
agentes de Estado moral, no como simples peticionarias.
- Escuelas
de memoria y resiliencia, donde se enseñe a
nuevas generaciones a nombrar, recordar y exigir verdad.
Buenas prácticas que abren camino
- En
el Estado de México, el Plan Integral en Materia de Desaparición
se elaboró con la participación directa de familias y colectivos,
convirtiéndose en un modelo replicable.
- Algunas
fiscalías locales comienzan a incorporar grupos interdisciplinarios
con víctimas y académicos para revisar casos.
- En
el ámbito internacional, los Principios Rectores del Comité de la ONU
contra la Desaparición Forzada (CED) exigen políticas participativas y
transparentes, y México fue llamado a responder ante ellos.
- En
materia sanitaria, organizaciones médicas y civiles impulsan redes de
abasto paralelo y bancos de medicamentos solidarios, demostrando que la
sociedad puede organizar la vida incluso donde el Estado administra la
muerte.
Estos ejemplos no son anécdotas. Son rutas posibles de
reconstrucción nacional.
El grito que queda
· La
ciudadanía mexicana no ha sido vencida.
· Ha
sido herida, sí, pero no doblegada.
· Por cada
cuerpo que el Estado entierra en silencio, hay una madre que planta un nombre
en la memoria.
· Por
cada expediente archivado, un periodista que publica.
· Por
cada hospital sin medicinas, una enfermera que improvisa.
· Por
cada autoridad asesinada, una comunidad que decide seguir gobernándose en paz.
Porque este país no lo han
salvado sus gobernantes. Lo han salvado sus víctimas. Y sus buscadoras. Sus
médicos honestos. Sus reporteros tercos. Sus ciudadanos que no olvidan.
Cierre del capítulo
México es un país donde el
Estado desaparece, pero también donde la sociedad reaparece. Donde la
memoria insiste. Donde la solidaridad se vuelve ley moral. Y donde la
esperanza, pese a todo, sigue respirando.
La historia dirá que hubo un tiempo en que la ley se
convirtió en fosa, pero también dirá que hubo quienes, con las manos y la
palabra, abrieron la tierra para sacar la verdad.
Estado Desaparecedor, Sociedad Vigilante
Del exterminio suave al silencio con sello
oficial
Esta no es una historia que empieza en las fosas. Empieza
en los hospitales sin medicinas, en los archivos que no hablan, en los
municipios donde los alcaldes son asesinados y el Estado responde con
condolencias.
Empieza en las oficinas donde
se archiva la justicia y en los despachos donde la omisión se firma como
trámite.
En Matar sin Tocarlos,
se denunció cómo la omisión estructural —especialmente en el sistema de salud—
se convierte en una forma moderna de exterminio: matar dejando morir.
En El Mercado de lo
Irrenunciable, se mostró cómo la vida humana se convierte en mercancía:
cuerpos, órganos, decisiones de nacer o morir, todo puesto en venta en el
rincón más oscuro del sistema.
Y ahora, en Estado
Desaparecedor, el círculo se cierra: ya no basta con matar o comerciar
con la vida.
Aquí, el Estado desaparece.
Y después finge que no sabe.
No es omisión. Es política.
El Estado mexicano no ha sido rebasado. Ha sido colonizado
desde dentro, capturado por redes de corrupción, impunidad y miedo.
Las desapariciones —forzadas,
administrativas o sanitarias— no son fallas: son decisiones.
Con más de 123,000 personas
desaparecidas, 72,000 cuerpos sin identificar, y 99% de impunidad,
ya no se puede hablar de errores. Es una política de silencio y de
simulación, que opera a través del archivo, la negación y la espera.
La ley se ha vuelto fosa. Las
carpetas se archivan, los cuerpos se acumulan, los alcaldes caen, los
hospitales se vacían. La justicia ya no se busca: se pospone.
La impunidad no es consecuencia: es estructura.
El juicio moral
El Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU lo ha dicho con claridad:
“Existen fundamentos suficientes para sostener
que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en
el territorio mexicano.”
Esa frase no solo coloca a
México ante el banquillo internacional. Nos coloca ante el espejo moral de
nuestra historia.
El juicio no ha comenzado en
La Haya, pero sí en la conciencia colectiva del país.
Ya no basta con decir “no
sabíamos”. Ya lo sabemos. Ya lo sabe el mundo.
Y ahora la pregunta es
inevitable: ¿seguirá el Estado archivando el dolor con sello oficial, o
empezará, por fin, a buscar a su gente?
Sociedad vigilante
Frente al Estado
desaparecedor, ha surgido una sociedad vigilante. Una ciudadanía que no
espera justicia: la construye. Que no confía en las instituciones: las
confronta. Que no olvida: nombra.
Esa sociedad está formada por
madres que excavan con las manos, por periodistas que escriben contra el miedo,
por médicos que sostienen la vida con lo que tienen, por alcaldes que resisten
la extorsión, y por jóvenes que, aun sin garantías, siguen creyendo en la
palabra justicia.
Es en ellos donde vive el
verdadero Estado: en el que todavía busca, cura, enseña, protege y recuerda.
Lo que debe hacerse — y puede hacerse
- Eliminar
la espera: búsqueda inmediata y protocolos únicos en
todo el país.
- Garantizar
presupuesto protegido para justicia, salud y derechos
humanos, sin recortes discrecionales.
- Crear
una base nacional forense interoperable y pública,
bajo supervisión civil.
- Reconocer
la omisión estructural como delito de Estado,
con sanciones penales.
- Proteger
a quienes buscan, informan y curan, con programas
permanentes y vigilancia internacional.
- Educar
en la memoria: que la verdad no dependa del poder, sino
del pueblo.
Estas medidas no son utopías. Son
el punto mínimo para reconstruir el contrato social roto.
Epílogo / Llamado final
El juicio ha comenzado. No en
los tribunales todavía, sino en la mirada de quienes ya no creen en la mentira
oficial.
México tiene cinco meses para
responder al Comité de la ONU. Nosotros, como sociedad, tenemos una sola
urgencia: no callar.
Porque mientras haya una madre
que siga cavando con las manos, mientras un periodista escriba el nombre que la
autoridad borró, mientras un médico improvise una cura que el sistema negó, no
habrá fosa que oculte la verdad.
Apéndice Técnico
Datos, cifras y propuestas para una sociedad
vigilante
1. Panorama 2025: la magnitud del Estado desaparecedor
Desapariciones forzadas y no localizadas
- Personas
desaparecidas y no localizadas: entre 123,808 y 127,018 (CNB, marzo
2025).
- Cuerpos
sin identificar en servicios forenses: más de 72,000.
- Municipios
con al menos un caso documentado: 75% del territorio nacional.
- Impunidad:
99% sin sentencia judicial.
- Activación
inédita del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las
Desapariciones Forzadas (ONU, marzo 2025), colocando a México bajo
escrutinio internacional.
Violencia política y asesinatos de autoridades
locales
- Presidentes
municipales asesinados entre 2017 y 2025: 45, con énfasis en
Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- En
2025, 10 alcaldes ejecutados, incluidos Carlos Manzo (Uruapan)
y Lilia Gemma García (San Mateo Piñas).
- Patrón
común: represalia por resistir extorsión, denunciar crimen o ejercer
autoridad autónoma.
- Impunidad
prácticamente total; ningún autor intelectual sentenciado.
Colapso sanitario y omisión estructural
- Desabasto
de medicamentos (IMSS, ISSSTE, SSA): 28,000 a 70,000 recetas no
surtidas por día.
- Cirugías
pospuestas o canceladas: aumento de 36% entre 2021–2025.
- Sobrevida
infantil en oncología: descenso del 80% (2018) al 52% (2025).
- Denuncias
formales por negligencia o falta de insumos: más de 4,200 casos
registrados ante CNDH.
- Hospitales
con quirófanos cerrados por fallas estructurales o falta de personal: 167
en el país.
Ataques a la prensa y defensores
- Periodistas
asesinados entre 2018 y 2025: más de 80.
- 2025:
7 asesinatos registrados hasta octubre; ninguno con sentencia
firme.
- Desplazamientos
forzados de reporteros: 200 casos en seis años.
- Ataques
digitales, espionaje y censura institucional en aumento.
2. Diagnóstico estructural
El Estado desaparecedor no se define por un golpe de
Estado o un decreto autoritario, sino por la acumulación de omisiones
deliberadas, la descoordinación institucional y la impunidad
programada.
El poder se ejerce por saturación y abandono:
- Archiva
lo que no puede resolver.
- Omite
lo que no quiere reconocer.
- Simula
lo que no tiene voluntad de corregir.
En el sistema de justicia, la desaparición ocurre por falta
de investigación.
En el sistema sanitario, por falta de atención.
Y en la vida pública, por falta de protección.
3. Propuestas estratégicas
|
Horizonte |
Medidas clave |
Responsables |
Objetivo |
|
YA |
Activación inmediata de protocolos de búsqueda sin
esperar 72 horas. |
CNB, FGR, SSA, Secretaría de Hacienda |
Frenar la pérdida de vidas por omisión directa. |
|
AHORITA (0–6 meses) |
Auditoría nacional a fiscalías, hospitales y laboratorios
con participación ciudadana. |
ASF, INAI, sociedad civil organizada |
Transparentar y depurar el sistema institucional. |
|
LUEGO (6–18 meses) |
Creación de Base Nacional Forense Interoperable
con datos genéticos abiertos a familiares y observadores internacionales. |
SEGOB, CNB, SSA, ONU-DDHH |
Recuperar la trazabilidad de víctimas y fortalecer el
control social. |
|
DESPUÉS (18–36 meses) |
Reforma constitucional que tipifique la omisión
estructural como crimen de Estado. |
Congreso de la Unión, Poder Judicial, sociedad civil
internacional |
Transformar estructuralmente el marco de responsabilidad
pública. |
4. Indicadores de seguimiento
- Búsqueda
y justicia: número de carpetas activas con avance
verificable; porcentaje de sentencias firmes.
- Salud
y vida: reducción del desabasto (<10%
nacional), tasa de sobrevida infantil, mortalidad evitable.
- Transparencia:
actualización mensual pública de registros forenses y sanitarios.
- Protección
a la prensa y defensores: número de agresiones
atendidas, casos judicializados.
- Memoria
y participación: número de proyectos de memoria ciudadana
apoyados institucionalmente.
5. Síntesis operativa
El Estado desaparecedor se
desmonta no con discursos, sino con auditorías, cifras y memoria pública.
La sociedad vigilante debe ser
observadora, denunciante y coautora de la reconstrucción. La justicia no se
delega: se ejerce colectivamente.
10. Referencias y Fuentes
Fuentes institucionales y oficiales
- Comisión
Nacional de Búsqueda (CNB). (2025). Informe actualizado de personas
desaparecidas y no localizadas en México. Secretaría de Gobernación.
- Secretaría
de Gobernación (SEGOB). (2025). Base de datos pública del Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
- Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Estadísticas de
criminalidad, justicia y seguridad pública. INEGI.
- Fiscalía
General de la República (FGR). (2024). Informe Anual sobre la
Aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas.
- Secretaría
de Salud (SSA). (2024). Informe sobre el abasto de medicamentos y el
funcionamiento de hospitales del sector público en México 2021–2024.
- Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). (2025). Reporte de gestión
hospitalaria y suministro de medicamentos, 2024–2025.
- Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (2024). Informe Especial sobre la
Situación de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas y sus
Familiares.
- Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). (2025). Atlas de Riesgo y
Violencia 2024–2025.
- Instituto
para la Seguridad y la Democracia (Insyde). (2023). Evaluación del
funcionamiento de las fiscalías en México.
- Congreso
de la Unión. (2017). Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas. Diario Oficial de la Federación.
- Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2025). Informe sobre gasto
público en salud, seguridad y derechos humanos.
Fuentes internacionales
- Comité
contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. (2025). Comunicación
pública sobre la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas: Caso México. Naciones Unidas.
- Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH). (2024). Informe sobre desapariciones forzadas en México y
mecanismos de impunidad institucional.
- Organización
Mundial de la Salud (OMS). (2024). Estado global del acceso a
medicamentos esenciales: México 2020–2024.
- Corte
Penal Internacional (CPI). (2023). Informe Anual del Fiscal: Aplicación
del Estatuto de Roma y criterios de lesa humanidad en contextos de omisión
estructural.
- Human
Rights Watch (HRW). (2025). México: Impunidad, militarización y
desapariciones forzadas.
- Amnistía
Internacional. (2024). “México: Las familias que buscan solas”. Informe
sobre la ausencia de políticas efectivas de búsqueda y reparación.
- Naciones
Unidas. (2023). Principios rectores del Comité sobre la Desaparición
Forzada de Personas y su aplicación en América Latina.
Organizaciones civiles y observatorios
nacionales
- Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). (2024). La
impunidad como política pública: Casos paradigmáticos de desaparición
forzada en México.
- Fundar,
Centro de Análisis e Investigación. (2024). El gasto en salud y la
invisibilidad presupuestal del derecho a la vida.
- IDHEAS,
Litigio Estratégico en Derechos Humanos. (2025). Monitoreo nacional de
desapariciones y cumplimiento de la Ley General.
- Red
de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).
(2024). Migración y desaparición en tránsito: Mapa de riesgos
2019–2024.
- TDT
Rojo. (2024). Informe sobre la situación de derechos humanos en México:
desaparición forzada y militarización.
- Nariz
Roja A.C. (2025). Cifras sobre el desabasto de medicamentos oncológicos
en México 2018–2025.
- Médicos
por la Verdad México. (2024). Fallas críticas en la cadena de
suministro de fármacos esenciales.
- Buscadoras
de Sonora, Hasta Encontrarte Guanajuato, Colectivo Solecito de Veracruz.
(2023–2025). Reportes y comunicados sobre hallazgos, seguridad y
acompañamiento estatal.
Fuentes académicas y doctrinales
- Aguilar
Villanueva, L. (2020). La política pública como simulación. UNAM –
Instituto de Investigaciones Sociales.
- Calveiro,
P. (2022). Poder y desaparición. Los campos de concentración en
Argentina. Siglo XXI Editores.
- Castañeda,
J. G. (2023). La muerte administrativa: omisión estatal y ética pública
en América Latina. Fondo de Cultura Económica.
- Paredes,
C. (2024). La institucionalización del olvido: políticas de impunidad
en México. Universidad Iberoamericana.
- Schedler,
A. (2022). La erosión de la democracia mexicana. Colegio de México.
- Tello
Díaz, C. (2023). El Estado ausente: crimen, poder y resistencia civil.
Debate.
- Valenzuela,
A. (2024). La criminalidad de la omisión: análisis jurídico comparado
del exterminio estructural. Universidad de Chile.
- Wallerstein,
I. (trad. 2021). Sistemas-Mundo y Estados fracasados. Siglo XXI
Editores.
Fuentes hemerográficas y testimoniales
(2020–2025)
- Animal
Político (2023–2025). Series de investigación
sobre desapariciones, corrupción en salud y violencia institucional.
- Proceso
(2024). “La fosa de los archivos: cómo se desaparece desde el escritorio.”
- El
Universal (2024–2025). “Medicinas ausentes, muertes
evitables.”
- Reforma
(2025). “ONU pone a México bajo revisión por desapariciones sistemáticas.”
- Pie
de Página (2023–2025). Cobertura de colectivos de
búsqueda y defensa de derechos humanos.
- Desinformémonos
(2024). “Buscadoras que desafían al Estado desaparecedor.”
- Noticias
ONU México (2025). Comunicado oficial sobre la
activación del Artículo 34.
- Testimonios
directos recabados por el autor entre 2023 y 2025, en contextos de
búsqueda ciudadana, hospitales públicos y comunidades afectadas por
violencia estructural.
11. Agradecimientos
Este texto no nació de la
teoría, sino del encuentro con quienes siguen buscando, curando y resistiendo. A
ellos pertenece.
A las madres y padres
buscadores, que caminan con la dignidad por delante y el miedo atrás.
A las enfermeras y médicos
que mantienen la vida con lo poco que les deja la burocracia.
A los periodistas que
no se rinden frente a la censura ni la amenaza.
A los académicos y abogados
que iluminan con conceptos lo que otros quisieran mantener en la sombra.
A los alcaldes honestos,
que aún en regiones de fuego no vendieron su voz ni su conciencia.
A los colectivos civiles,
que transforman el dolor en organización y la impotencia en memoria.
A quienes compartieron su
testimonio —algunos con nombre, otros desde el anonimato— y confiaron en que la
palabra podía rescatarlos del olvido.
A quienes
siguen creyendo que escribir es un acto de resistencia y que recordar es una
forma de justicia.
Y a quienes leen, para que
sepan, se indignen y actúen.
Porque la historia no se salva sola: se escribe con manos
limpias y memoria despierta.
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