OTRA PERSPECTIVA

Radar apagado: El desmantelamiento silencioso de la protección climática en el siglo XXI

(Parte II de la serie “Cuando la Alerta Colapsa”)

Opinion de Jose Rafael Moya Saavedra

Introducción

El primer ensayo nos permitió identificar una paradoja dolorosa: en un mundo cada vez más vulnerable a los desastres climáticos, los sistemas públicos diseñados para alertar y proteger a la población están siendo debilitados. Este nuevo texto se inserta como continuación crítica: ¿qué sucede cuando esos sistemas de alerta colapsan o son deliberadamente desmantelados? ¿Quién pierde, quién gana, y cómo se manifiesta el riesgo cuando ya no hay radar, voz ni prevención?

La ausencia de mantenimiento, la falta de coordinación institucional, el desmantelamiento técnico y los recortes presupuestarios dejan a millones de personas expuestas. Desde Texas hasta Tabasco, desde Bangladesh hasta Sonora, los testimonios humanos revelan una constante: cuando el Estado apaga sus sensores, la sociedad queda sola.

Este ensayo busca trazar paralelismos, exponer consecuencias y proponer rutas de solución frente a un fenómeno global que se disfraza de austeridad, pero desemboca en tragedia.

2. Casos de estudio internacionales: El debilitamiento de las alertas climáticas

Del análisis estructural a los casos concretos: así se manifiesta el radar apagado en el mundo.

Texas (julio 2025): Desbordamiento sin aviso

Las lluvias extremas en el centro de Texas desbordaron súbitamente el río Guadalupe, arrasando un campamento cristiano y dejando al menos cuatro menores fallecidos, decenas de heridos y múltiples desaparecidos. Las alertas fallaron. La infraestructura de vigilancia no respondió a tiempo, y la coordinación estatal se mostró caótica.

“El agua subió en minutos... no tuvimos tiempo de sacar nada.” —Lorena Guillén, sobreviviente
“Aplicamos estrategias de supervivencia con las niñas... No sabíamos si íbamos a salir de ahí.” —Monitoras mexicanas en el campamento Mystic
“Los árboles estaban destrozados, las casas arrasadas... la búsqueda fue a contrarreloj.” —Brigadista de rescate

Más allá del fenómeno natural, el colapso de la alerta fue institucional. Las deficiencias de mantenimiento, la saturación de canales y la falta de inversión previa en resiliencia expusieron una tragedia que pudo haberse mitigado.

Estados Unidos – NOAA bajo presión política

Durante la administración Trump, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), encargada del sistema nacional de alertas meteorológicas, sufrió amenazas de recorte presupuestal de hasta el 17%. Se intentó eliminar programas satelitales esenciales y se redujeron fondos para investigaciones climáticas.

Uno de los episodios más preocupantes fue el “Sharpiegate” (2019), cuando la Casa Blanca alteró un mapa oficial para justificar un error del presidente sobre la trayectoria del huracán Dorian. Este hecho reveló la vulnerabilidad de los sistemas científicos frente a presiones políticas que comprometen la seguridad pública.

México: recorte ambiental en plena crisis climática

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 propone recortes de hasta el 40% al sector ambiental. La Conanp, encargada de las Áreas Naturales Protegidas, operará con apenas 10.2 pesos por hectárea. Profepa y ASEA, responsables de fiscalización y justicia ambiental, enfrentan una parálisis operativa.

Las consecuencias ya son visibles: en Tabasco, dos inundaciones severas en cinco años (2020 y 2025) dejaron a miles de familias afectadas. A pesar de la experiencia acumulada, la falta de actualización tecnológica y la fragmentación interinstitucional impidieron respuestas preventivas efectivas. La desaparición de fideicomisos también impactó negativamente la capacidad de acción inmediata.

Sur global: interdependencia y fragilidad estructural

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido que más del 60% de los países en África y el Caribe carecen de sistemas de alerta temprana eficaces. Muchos dependen de datos generados por agencias como la NOAA, EUMETSAT (Europa) o JMA (Japón). Esto significa que los recortes en los países centrales generan un efecto dominó global: la reducción de cobertura satelital y datos abiertos compromete la vigilancia climática en todo el planeta.

En América Latina, esta interdependencia se agrava por debilidad institucional interna. Muchos países no cuentan con marcos legales robustos para blindar sus sistemas meteorológicos ante recortes presupuestales, lo que los deja a merced del vaivén político.

Excepción positiva: Bangladesh y la alerta comunitaria

Bangladesh ha demostrado que, incluso con escasos recursos, la voluntad política puede traducirse en vidas salvadas. A través de un sistema comunitario de alertas compuesto por radios de manivela, megáfonos, bicicletas y voluntarios capacitados, el país ha logrado reducir en más del 90% la mortalidad por ciclones en tres décadas (UNDRR, 2021).

Este modelo descentralizado y accesible demuestra que no se necesitan satélites de última generación para prevenir desastres, sino coordinación, pedagogía del riesgo y participación ciudadana.

3. Consecuencias humanas: Cuando el radar se apaga, las lágrimas caen sin previo aviso

No se trata solo de presupuestos o satélites. Cuando los sistemas de alerta fallan —por omisión, por recorte o por negligencia— lo que se pierde son vidas, no cifras.

Durante las inundaciones de Tabasco en 2020 y 2025, comunidades como Jalpa de Méndez y Centla denunciaron la ausencia de alertas oficiales. La mayoría se enteró del riesgo por redes sociales o cuando el agua ya les llegaba al pecho. En algunos casos, los mensajes institucionales llegaron horas después de que las casas ya estaban sumergidas.

En Texas, tras el desbordamiento súbito del río Guadalupe en julio de 2025, los sistemas de radar fallaron por falta de mantenimiento y coordinación interestatal. El resultado fue devastador: campamentos arrasados, menores fallecidos, familias atrapadas.

“Escuché el agua y los gritos... Cuando llegó el helicóptero pensé que todo iba a estar bien.”
—Niño rescatado en el campamento La Junta, Texas

“Era como una película. Se fue la luz a las 3 de la mañana y solo pensábamos en proteger a las niñas.”
—Monitoras mexicanas en el campamento Mystic

“Los árboles estaban destrozados, las casas arrasadas... la búsqueda fue a contrarreloj.”
—Brigadista de rescate

En estos escenarios, la diferencia entre la vida y la muerte se midió en minutos. Pero esos minutos no estaban respaldados por sensores ni protocolos activos.

Del otro lado del desastre, también hay silencios impuestos. Una guardaparques de la Conanp, despedida tras los recortes de 2024, lo resumió así:

“Nos quitaron el uniforme, pero no el compromiso. Solo que ahora nadie escucha lo que ya no podemos reportar.”

Su testimonio refleja la dimensión institucional del abandono: quienes tienen el conocimiento y la experiencia para prevenir riesgos han sido marginados por decisiones presupuestales cortoplacistas.

Porque cuando el radar se apaga, no solo falla una tecnología: colapsa una promesa básica del Estado moderno. Y con ella, la posibilidad de vivir con dignidad y seguridad en territorios cada vez más amenazados por el cambio climático.

4. Impacto económico sectorial: el costo de la desinformación

• Agricultura: La FAO estima que el 34% de las pérdidas por desastres en América Latina afectan al sector agrícola. Sin datos oportunos, los agricultores siembran a ciegas, pierden cosechas y enfrentan crisis de deuda.
• Seguros y reaseguros: Swiss Re reporta que los eventos extremos no anticipados generan hasta un 40% más de pérdidas netas. La falta de pronósticos precisos encarece las primas o deja a las regiones fuera del mercado.
• Turismo: Regiones como Cancún, Acapulco o Veracruz dependen de información confiable para turistas y operadores. La pérdida de credibilidad puede generar cancelaciones masivas.
• Energía y transporte: Fallas en alertas afectan rutas aéreas, abastecimiento eléctrico y decisiones estratégicas de inversión.

5. Privatización vs. derecho público al riesgo

En medio de la crisis climática global, un nuevo riesgo se cierne sobre la población: que la información crítica deje de ser pública y se convierta en una mercancía.

En 2019, The Weather Company (propiedad de IBM) restringió el acceso gratuito a su API meteorológica, afectando a miles de desarrolladores que usaban esos datos para construir sistemas de alerta temprana, en especial en países con bajo presupuesto estatal. Casos similares se han documentado en Sudáfrica, Filipinas y otros países del sur global, donde se ha explorado incluso el cobro por datos en tiempo real, afectando la capacidad de respuesta comunitaria y la equidad en el acceso a información crítica.

Como advierte Jorge Alberto Hidalgo Toledo (2024), “vivimos atrapados en el lenguaje, porque al mismo tiempo que nos permite habitar el mundo, lo delimita, lo recorta, lo condiciona.” Esta reflexión cobra fuerza en el contexto climático: cuando los datos son privatizados, silenciados o manipulados, no solo se apaga un radar técnico, sino también el lenguaje de la advertencia, la posibilidad de entender y anticipar. El riesgo deja de ser comunicable… y por tanto, prevenible.

La privatización de la información meteorológica no es un simple cambio de modelo de negocio: representa una amenaza directa a la justicia climática. En un contexto de desigualdad estructural, solo acceden a datos de calidad quienes pueden pagar, dejando a comunidades rurales, pueblos originarios y sectores precarizados sin herramientas para anticiparse.

Propuesta: Ley de Datos Climáticos Abiertos

Frente a esta amenaza silenciosa, urge construir un blindaje legal que garantice:

• Acceso libre, oportuno y continuo a la información crítica sobre clima, fenómenos naturales y riesgos asociados.
• Validación científica y transparencia en la generación y uso de los datos.
• Protección ante usos especulativos o comercialmente excluyentes, que limiten su disponibilidad en contextos de emergencia.

El derecho a anticiparse es un derecho humano. No puede depender del saldo en la cuenta bancaria ni del interés de una empresa por monetizar el pronóstico. En una era de hiperconectividad, la información que salva vidas debe ser un bien común, no un privilegio.

6. Soluciones posibles: corresponsabilidad e innovación para un futuro más seguro

Frente al debilitamiento de los sistemas públicos de alerta, no basta con denunciar: hay que proponer. Y no cualquier propuesta, sino soluciones viables, sostenidas y basadas en corresponsabilidad entre Estado, sociedad y comunidad internacional.

Financiamiento innovador

Uno de los grandes retos de los sistemas de vigilancia climática es su sostenibilidad presupuestaria. Para ello, se requiere:

• Bonos verdes y de impacto social, orientados a financiar infraestructura de alertamiento, estaciones meteorológicas comunitarias y tecnologías resilientes.
• Cooperación triangular (Sur-Sur), especialmente con países que han demostrado efectividad con pocos recursos, como Bangladesh, Kenia o Vietnam.
• Alianzas público-comunitarias, donde el Estado brinda soporte técnico y la comunidad aporta monitoreo territorial, como ha ocurrido en Filipinas con programas de alertas locales frente a tifones.

 Blindaje legal e institucional

El riesgo de que cada sexenio recorte, desmantele o politice las instituciones de vigilancia puede mitigarse mediante:

• Reformas constitucionales o legales que establezcan mínimos operativos protegidos para organismos clave como CONAGUA, SMN, Conanp o Profepa, independientemente del gobierno en turno.
• Creación de fondos soberanos para emergencias climáticas, con reglas claras de asignación y auditoría pública.
• Instrumentación de una Ley de Datos Climáticos Abiertos, como se propuso en el bloque anterior, para asegurar transparencia, continuidad y acceso universal.

Ciencia ciudadana: monitoreo desde el territorio

La vigilancia climática no es tarea exclusiva del Estado. En muchos casos, la comunidad es la primera en detectar el cambio, y puede convertirse en un actor estratégico si se le dota de herramientas:

• Redes comunitarias de monitoreo, apoyadas por universidades o gobiernos locales, pueden nutrir de datos en tiempo real los sistemas nacionales.
• Plataformas como Ushahidi (usada en África para mapear desastres) o Alerta Temprana Participativa (América Latina) demuestran que con celulares, radios y organización es posible construir alertas efectivas desde abajo.
• Aplicaciones móviles como AlertaMX o OpenAlert, combinadas con saberes locales (ciclos de lluvia, comportamiento animal, niveles de ríos), potencian una inteligencia colectiva con base tecnológica y cultural.

Corresponsabilidad significa pasar del modelo vertical al modelo colaborativo: donde el gobierno garantiza, pero la comunidad participa; donde la tecnología ayuda, pero no sustituye al juicio humano; donde el financiamiento fluye con transparencia y visión de largo plazo.

El futuro de la alerta climática no está solo en más sensores, sino en más vínculos.

7. Llamado ético y político: el silencio también mata

Silenciar los sensores no cancela el riesgo. Solo lo disfraza.

Recortar presupuestos climáticos no genera ahorro. Genera dolor.

Apagar una alerta hoy es multiplicar funerales mañana.

En el siglo XXI, la vulnerabilidad climática no es solo un fenómeno natural, sino también una consecuencia política. Cada peso recortado a la vigilancia temprana, cada antena desconectada, cada guardaparques despedido o estación meteorológica abandonada, se transforma —tarde o temprano— en gasto humanitario, pérdida económica y duelo colectivo.

“Quien recorta la alerta, amplifica el daño.”

No se trata solo de eficiencia administrativa o racionalidad presupuestaria. Se trata de dignidad humana, derecho a la vida y equidad intergeneracional. La información sobre el riesgo no puede ser privilegio ni moneda de cambio electoral. Debe ser garantía constitucional, como lo es el acceso al agua o la salud.

“El derecho a saber, a anticiparse y a protegerse no puede depender del ciclo presupuestal.”

En Tabasco, en Texas, en el sur de Asia o en las sierras mexicanas, las sirenas apagadas no evitaron la tormenta. Solo evitaron que muchos pudieran huir a tiempo.

Un Estado que no previene, abandona.
Y una sociedad que no exige prevención, se condena a vivir de luto cíclico.

Apagar el radar —por negligencia o por cálculo— puede ser más letal que la tormenta misma.

8. Bibliografía y fuentes consultadas

Organismos multilaterales y agencias internacionales

• IPCC. (2023). Sixth Assessment Report (AR6). Intergovernmental Panel on Climate Change.
• UNDRR. (2021). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction.
• World Meteorological Organization (WMO). (2023). State of Climate Services: Early Warning Systems.
• FAO & CEPAL. (2022). Impactos del cambio climático en la agricultura y seguridad alimentaria en América Latina.
• United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC). (2020). Cooperation in Climate Resilience.

Estudios académicos y literatura especializada

• Hidalgo Toledo, J. A. (2024). Lenguaje programado, mundo domesticado: inteligencia artificial y desinformación. Anáhuac México.
• Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters. Routledge.
• Cutter, S. (2016). The landscape of disaster resilience indicators in the USA. Natural Hazards Review.
• Ramos, A. & Rodríguez, M. (2021). Política ambiental en México: desmantelamiento institucional y crisis ecológica. UNAM.

Informes gubernamentales y datos oficiales

• NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). (2020-2024). Reportes anuales de fenómenos extremos.
• INEGI. (2024). Estadísticas de daños por fenómenos naturales en México (2020-2023).
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2024). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.
• CONANP y PROFEPA. (2023). Diagnóstico interno sobre capacidad operativa y recursos humanos.

Fuentes periodísticas y testimonios

• CNN en Español. (2025, julio). Inundaciones en Texas: testimonios y cifras oficiales tras la tragedia en campamentos juveniles.
• El País. (2024). México recorta un 40% del presupuesto ambiental pese a la crisis climática.
• Reforma. (2023). Guardaparques denuncian abandono institucional tras recortes en Conanp.
• The Guardian. (2019). IBM’s Weather Company cuts public access to real-time weather data.
• Entrevistas directas: Lorena Guillén (Texas), guardaparques Conanp (México), brigadistas en Centla (Tabasco).