OTRA PERSPECTIVA
El Empate Letal: Cómo Tabasco se convirtió en
la plataforma de una red criminal protegida
Opinion de José Rafael Moya Saavedra
¿Qué significa el “empate”?
En política, el empate no
siempre es neutralidad. En algunos contextos, puede ser complicidad. En
Tabasco, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se configuró un “empate
letal” entre actores clave del poder federal, estatal y operativo que, en
vez de contener al crimen organizado, terminaron facilitando su arraigo y
expansión. El general Audomaro Martínez Zapata, el entonces gobernador Adán
Augusto López Hernández y el secretario de Seguridad Pública estatal, Hernán
Bermúdez Requena —alias “El comandante H”— tejieron una red de
nombramientos, lealtades y respaldos que derivó, según diversas
investigaciones, en una de las más graves infiltraciones criminales recientes:
la consolidación de la organización La Barredora.
La tríada de poder: Audomaro, Adán Augusto y el
comandante H
Audomaro Martínez, exdirector
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres de máxima
confianza de López Obrador, no solo avaló la designación de Bermúdez en el
cargo estatal, sino que, de acuerdo con fuentes periodísticas y judiciales, fue
el garante del “visto bueno” federal para su nombramiento.
Adán Augusto, por su parte,
heredó a Bermúdez de antiguas estructuras priistas y lo convirtió en su
secretario de Seguridad. La confianza entre ambos venía de tiempo atrás,
incluso antes de la fundación de Morena. Con el aval de Audomaro y la cercanía
personal con Adán Augusto, Bermúdez consolidó un margen de maniobra sin
precedentes. Bajo su dirección, los indicadores oficiales de seguridad
mejoraron —pero en paralelo, crecía en la sombra una organización con nombre
propio.
La expansión de La Barredora
Según documentos de
inteligencia, reportajes y órdenes judiciales vigentes, La Barredora
—una filial regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— operaba bajo
el liderazgo directo de Bermúdez. Sus actividades incluían extorsión,
secuestro, tráfico de drogas, robo de combustible, trata de personas y control
de negocios nocturnos.
Lo alarmante no fue solo su
capacidad operativa, sino el uso de la estructura oficial para blindarse:
policías estatales que respondían al "comandante H",
funcionarios coludidos y una red de protección que escaló hasta que el
escándalo rebasó el control político. En 2025, Bermúdez huyó del país. Hoy
tiene ficha roja de Interpol y es buscado en más de 190 países.
Pero la historia no se detiene
en Tabasco. La Barredora se expandió hacia Chiapas, especialmente
en municipios fronterizos como Reforma, Palenque y Ocosingo, aprovechando rutas
migratorias, vacíos institucionales y la cercanía política entre Tabasco y el
gobierno de Rutilio Escandón, exgobernador chiapaneco y excuñado de Adán
Augusto.
Denuncias de funcionarios como
Willy Ochoa, gobernador interino, e investigaciones filtradas (incluidos
los Guacamaya Leaks) señalan que la red delictiva operó bajo omisión
institucional —cuando no bajo protección activa—. A pesar de los señalamientos,
la Fiscalía de Chiapas ha negado sistemáticamente la presencia de La
Barredora durante ese periodo.
Lo que se debate hoy no es
solamente si hubo delito, sino si hubo captura del Estado: la conversión
de las instituciones públicas en herramientas al servicio de intereses
criminales. Algunos defienden la versión de la ingenuidad: “no sabían en
qué estaba metido Bermúdez”. Pero los hechos, los reportes y las
omisiones reiteradas apuntan más a un pacto de impunidad sostenido en la
confianza personal, no en la evaluación profesional.
En este empate, la línea entre
la complicidad y la negligencia quedó peligrosamente desdibujada.
La guerra contra el narco que no fue
El caso de Tabasco y Chiapas
es una advertencia: mientras el discurso oficial proclamaba una transformación
en la estrategia de seguridad, en los hechos se consolidó una nueva forma de
cohabitación entre crimen organizado y poder político. El “abrazos no
balazos” derivó, en ciertos territorios, en blindaje institucional
para las mafias.
La historia de Audomaro, Adán
Augusto y el Comandante H no es solo un episodio tabasqueño. Es el espejo de
una lógica nacional: redes de poder que se entretejen en nombre de la
confianza, pero que terminan sirviendo a los intereses del crimen. Es tiempo de
preguntarnos: ¿cuántos más están jugando este empate letal… y a qué costo?
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