OTRA PERSPECTIVA

Título: Jueces bajo sospecha: el crimen organizado en la boleta del 2025

Opinion de Jose Rafael Moya Saavedra

Índice

1. Introducción
   Votar por la justicia… ¿o por la impunidad?
2. Capítulo 1: La lista negra
   Perfiles judiciales con vínculos criminales y antecedentes graves
3. Capítulo 2: Omisiones que huelen a impunidad
   Errores administrativos, duplicidades, y expedientes vacíos
4. Capítulo 3: ¿Dónde está la vigilancia institucional?
   Silencio del Poder Judicial, omisiones del Comité Evaluador y descontrol legislativo
5. Capítulo 4: Mano negra partidista
   La influencia de Morena, candidaturas afines y la operación territorial del oficialismo
6. Interludio – Radiografía de una elección bajo sospecha
   Tabla-resumen de aspirantes, irregularidades, vínculos políticos y riesgos detectados
7. Conclusión
   ¿Elección judicial o simulacro disfrazado de democracia?
8. Llamado final a la ciudadanía
   Por una justicia limpia, imparcial y digna: exigencias urgentes antes del 1 de junio

 

Introducción | Votar por la justicia… ¿o por la impunidad?

El próximo 1 de junio, México celebrará un hecho inédito: la ciudadanía elegirá a jueces y magistrados federales mediante el voto directo. La reforma constitucional de 2024 prometía acercar la justicia al pueblo, democratizar sus estructuras y devolverle legitimidad a un poder largamente cuestionado.

Pero lo que comenzó como una propuesta para dignificar la toga, hoy está teñido de sombras.

Una investigación conjunta de organizaciones como Defensorxs, Justicia en la Mira y medios como Infobae y El País ha revelado que al menos 13 candidatos judiciales —de los más de 3,400 aspirantes registrados— tienen vínculos documentados o señalamientos públicos por crimen organizado, corrupción, violencia sexual y negligencia institucional. Una cifra que alarma, pero no sorprende, en un país donde el narcotráfico se ha infiltrado en casi todos los órdenes del poder.

La pregunta es brutal pero necesaria:

¿Estamos por elegir a quienes nos juzgarán… o a quienes ya fueron parte del delito?

 Capítulo 1 | La lista negra: rostros con toga y antecedentes criminales

En un sistema judicial sobrecargado y desacreditado, los nombres de quienes aspiran a juzgar a otros deberían inspirar confianza. Pero la boleta electoral de 2025 contiene una nómina que, en algunos casos, parece extraída de un expediente de la DEA, no de un tribunal.

Entre los casos más escandalosos se encuentra:

• Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Defendió durante años al líder del Cártel de Sinaloa. Hoy busca ser jueza penal local en Chihuahua.
• Francisco Herrera Franco, aspirante a juez penal federal en Michoacán, ha sido vinculado a acuerdos con grupos del crimen organizado y señalado por estar relacionado con asesinatos de periodistas, según reportes de medios locales.
• Fernando Escamilla Villarreal, candidato en Nuevo León, fungió como defensor de líderes de Los Zetas y tiene antecedentes por portación ilegal de armas. Pretende ser juez federal.
• Jesús Humberto Padilla Briones, también en Nuevo León, fue detenido en 2023 con armas y drogas. Aunque sigue bajo proceso, su candidatura sigue viva.
• Andrés Montoya García, aspirante a magistrado en Sonora, ha sido vinculado a la desaparición de un periodista local. Su hermano, señalado como autor material, tiene nexos con el crimen organizado.

La lista continúa. Incluye a magistrados destituidos por abuso sexual, negligencia grave en penales, extorsión, acoso, e incluso candidatos que han atropellado y matado personas sin enfrentar consecuencias judiciales.

“No es que la justicia esté bajo amenaza. Es que ya fue vulnerada antes de empezar”, sentencia un vocero del colectivo Defensorxs, que exige depurar la boleta antes de la jornada electoral.

Lo más grave es que ninguno de estos nombres ha sido inhabilitado por las autoridades responsables del proceso. A pesar de los antecedentes, siguen siendo candidatos. Algunos incluso han recibido respaldo en redes sociales por operadores políticos cercanos al partido en el poder.

En cualquier democracia funcional, estos perfiles habrían sido descartados desde el primer filtro. En México, tienen una boleta… y quizás pronto, un tribunal.

Anexo 1 – Lista de aspirantes judiciales con señalamientos graves (documentados por medios y colectivos ciudadanos)

 

 

 

 

Capítulo 2 | Omisiones que huelen a impunidad

Si el crimen organizado logró infiltrar a algunos aspirantes al Poder Judicial, fue en gran medida gracias a un terreno fértil: la negligencia institucional, el desorden administrativo y la ausencia de filtros reales.

Desde el arranque del proceso, organizaciones civiles y observadores electorales advirtieron que el diseño de la elección judicial de 2025 no contaba con las condiciones mínimas de control. Los temores se confirmaron cuando comenzaron a publicarse las listas de candidaturas: vacías, duplicadas, incompletas, y en algunos casos, francamente absurdas.

El Comité Evaluador, encargado de revisar los expedientes y garantizar que los perfiles cumplieran con requisitos constitucionales, éticos y técnicos, recibió miles de postulaciones con errores tan básicos como la falta de CURP, fecha de nacimiento, correo electrónico o clave de elector. Algunos ensayos de motivación personal venían en blanco o no cumplían el mínimo de cuartillas requeridas. En otros casos, los registros estaban duplicados o asignaban a una misma persona para distintos cargos.

“El sistema fue diseñado para filtrar, pero se convirtió en un colador sin fondo”, denunció en entrevista una integrante de la plataforma Justicia en la Mira.

En la Ciudad de México, por ejemplo, se detectaron 22 personas con triple postulación y 58 con doble postulación, además de 12 candidaturas desiertas sin ningún dato. El Congreso local entregó listas incompletas, y el INE tuvo que posponer su validación para pedir que se subsanaran las omisiones. Pero muchas de ellas nunca fueron corregidas.

El Comité de Evaluación, por su parte, no tenía la obligación de prevenir a los aspirantes ni de notificarles errores, lo que provocó que candidaturas completas quedaran fuera por errores de forma, mientras que otras, con graves antecedentes, siguieran avanzando en el proceso sin objeción.

En algunos casos extremos, el Senado recurrió a la insaculación pública (sorteo) para completar las listas ante la falta de consensos o postulaciones viables. Esta medida, aunque legal, dejó un sabor a improvisación que contrasta con la seriedad que debería caracterizar la conformación de uno de los tres poderes del Estado.

A esto se suma la ausencia de mecanismos claros de impugnación, de transparencia sobre los criterios de evaluación, y la opacidad en la publicación de expedientes. En pocas palabras: el ciudadano votará a ciegas por aspirantes cuyo pasado, formación o vínculos siguen siendo desconocidos o deliberadamente ocultados.

“No basta con votar: hay que saber por quién. Y hoy, no sabemos casi nada. Nos dieron una urna, pero no una linterna”, ironizó un analista constitucional en un foro público.

La omisión, en este contexto, no es un accidente. Es una estrategia de control.

 

Capítulo 3 | ¿Dónde está la vigilancia institucional?

En teoría, la elección judicial de 2025 debería ser vigilada por al menos tres grandes actores: el Instituto Nacional Electoral (INE), el Comité de Evaluación y el Congreso de la Unión, con participación del Poder Judicial en la integración de candidaturas. Pero en la práctica, lo que ha prevalecido es el silencio, la opacidad y la renuncia a la responsabilidad.

El Comité de Evaluación, integrado por juristas de “reconocida trayectoria”, tenía como misión garantizar que solo llegaran a la boleta quienes cumplieran con los requisitos de probidad, conocimiento técnico y solvencia ética. Sin embargo, sus criterios de revisión han sido opacos, su metodología inverificable, y sus decisiones, a menudo arbitrarias.

Miles de expedientes fueron rechazados por errores de forma —ensayos incompletos, datos faltantes— sin dar oportunidad de subsanación. Pero al mismo tiempo, fueron aceptados perfiles con antecedentes penales, señalamientos graves o vínculos documentados con grupos delictivos. La paradoja es clara: el Comité fue riguroso con el que no escribió tres cuartillas, pero indulgente con quien defendió a líderes del narcotráfico.

El Senado, por su parte, también falló. Como poder proponente, debía garantizar paridad, calidad y transparencia en las propuestas. En lugar de eso, entregó listas plagadas de inconsistencias, nombres repetidos y candidaturas sin sustento. En algunos casos, ante la falta de acuerdos, recurrió al sorteo (insaculación) para completar las ternas. Una ruleta institucional que banaliza la función judicial.

El Poder Judicial, beneficiario directo del proceso, ha optado por una cómoda discreción. Salvo casos aislados, no ha habido pronunciamientos públicos contundentes sobre los riesgos que implica la elección ni sobre los perfiles cuestionados. El mensaje implícito: mientras el mecanismo les garantice cuotas de poder, poco importa su calidad o legitimidad.

Y el INE, encargado de organizar la jornada electoral, ha limitado su rol a la parte logística y operativa. Aunque ha detectado irregularidades y ha solicitado correcciones en las listas, no cuenta con facultades para rechazar candidaturas ni evaluar sus antecedentes. Al final, administra un proceso que sabe imperfecto… pero del que no puede deslindarse.

“La elección de jueces debería ser una tarea de Estado, no una tómbola sin árbitros”, advirtió recientemente el constitucionalista Diego Valadés.

Lo cierto es que, ante la pasividad de las instituciones responsables, ha sido la sociedad civil la que ha asumido el rol de contralora. Plataformas como Justicia en la Mira, Designaciones Públicas y observatorios académicos han sido los únicos espacios donde se auditan trayectorias, se denuncian vínculos y se exige transparencia.

Pero sus denuncias carecen de consecuencias vinculantes.

La vigilancia institucional no ha sido insuficiente: ha sido deliberadamente diluida. Y cuando los contrapesos desaparecen, lo que queda no es democracia: es captura.

 

Capítulo 4 | Mano negra partidista: cuando la toga ya tiene color

Aunque la Constitución prohíbe explícitamente que los partidos políticos participen en la organización, promoción o campañas de la elección judicial, la realidad ha demostrado que esa línea legal es, en muchos casos, letra muerta.

Morena, como fuerza gobernante, ha operado con una lógica doble: oficialmente se deslinda, pero en los hechos, ha desplegado una maquinaria operativa para influir en el proceso. Desde la conformación de listas hasta la promoción institucional, pasando por el respaldo tácito a ciertos perfiles, el partido en el poder ha tejido un entramado que pone en duda la independencia del nuevo modelo judicial.

Las candidaturas con sello oficialista

Dos nombres resumen esta simbiosis entre el poder político y el judicial: Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama.

• Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte desde 2019, fue nominada por el expresidente López Obrador y ha sido señalada por plagio de tesis de licenciatura y doctorado. A pesar del escándalo, no solo no renunció, sino que hoy busca reelegirse y aspira abiertamente a presidir la Corte con el respaldo del oficialismo.
• Lenia Batres, designada ministra en 2023 directamente por AMLO tras la falta de acuerdo en el Senado, se autodefine como “la ministra del pueblo” y ha hecho activismo político a favor de la reforma judicial de Morena. Su hermano, Martí Batres, es actual titular del ISSSTE y uno de los operadores históricos del movimiento.

Ambas representan la cara más visible de la cercanía entre el gobierno y el Poder Judicial. Pero no son las únicas. También participan en la contienda figuras como:

• Loretta Ortiz, ministra de la SCJN.
• Bernardo Bátiz, consejero y exprocurador de AMLO.
• Celia Maya, exmagistrada y excandidata de Morena.
• Paula María García Villegas, hija de Olga Sánchez Cordero.
• María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia.
• Sara Irene Herrerías, fiscal de derechos humanos.
• Fabiana Estrada, colaboradora de Arturo Zaldívar.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, al menos un 30% de las candidaturas a la SCJN tienen vínculos directos o familiares con Morena.

La dimensión de la paridad: ¿equidad o blindaje simbólico?

Una capa adicional en este escenario es el papel del principio de paridad de género, que, si bien es un avance estructural hacia la igualdad, en este proceso ha sido utilizado como vía automática de acceso a la boleta electoral.

Durante la integración de candidaturas, el Comité Evaluador determinó que las nueve mujeres propuestas por el Poder Judicial pasarían automáticamente a la boleta, sin revisión adicional, en cumplimiento con el mandato constitucional de paridad. Entre ellas, figura Paula María García Villegas.

Aunque ella ha declarado que su trayectoria ha sido por méritos propios, su inclusión directa en la boleta —sumada al peso simbólico de su apellido— ha generado cuestionamientos sobre si se trata de un ejemplo de equidad o de “nepotismo técnico” disfrazado de paridad.

“La paridad no debe convertirse en carta blanca ni en escudo. La igualdad también exige filtros éticos y revisión de méritos”, señaló un colectivo de juezas independientes.

El riesgo, como en otros ámbitos, no está en el principio de inclusión, sino en cómo se manipula para legitimar intereses de grupo. La boleta de 2025 refleja esa tensión: entre lo que la ley dice y lo que el poder acomoda.

La estructura que mueve la elección

Morena no se ha limitado a colocar nombres. También ha desplegado una estrategia territorial para garantizar presencia electoral:

• Meta de movilización: 20 millones de votantes.
• Operación por estados: cuotas de participación por entidad y brigadas capacitadas.
• Promoción institucional avalada por el Tribunal Electoral, que permite a la presidenta, gobernadores y legisladores (en su mayoría morenistas) difundir mensajes sobre la importancia de la elección judicial… sin nombrar candidatos, pero con narrativa favorable al proceso.

Esta combinación de operación política, promoción institucional y candidaturas afines crea una ventaja estructural clara que rompe la idea de una contienda imparcial.

“La justicia no debería estar ni del lado del pueblo ni del gobierno. Debería estar del lado de la ley”, afirmó el jurista Miguel Carbonell en una reciente conferencia pública.

¿Captura institucional o reforma popular?

Para Morena y sus aliados, esta elección representa un avance histórico hacia la democratización del sistema judicial. Para sus críticos, es un intento de consolidar un control ideológico y político sobre el último poder que aún no ha sido completamente subordinado.

Los ciudadanos, mientras tanto, recibirán una boleta en la que la neutralidad brilla por su ausencia. Y el riesgo no es solo votar por jueces con pasado oscuro, sino también entregarle al partido en el poder el monopolio de la legitimidad judicial por seis, nueve o hasta quince años.

Interludio – Radiografía de una elección bajo sospecha

 

 

Conclusión | ¿Elección judicial o simulacro disfrazado de democracia?

La elección judicial de 2025 nació con la promesa de dignificar la justicia. Pero en el camino, se contaminó de prácticas opacas, candidaturas impresentables y capturas silenciosas. Lejos de representar una ruptura con el pasado, el proceso exhibe los mismos vicios de siempre: nepotismo, simulación, intervención partidista y negligencia institucional.

Al menos 13 personas con antecedentes criminales o cuestionables aparecen en la boleta. Cientos más llegaron sin filtros claros, sin datos completos, sin ensayos válidos. Algunos fueron excluidos por errores formales. Otros, con expedientes manchados, siguen en carrera sin obstáculos. La boleta es un campo minado. El voto, una ruleta.

Peor aún, la mayoría de las instituciones responsables han optado por mirar hacia otro lado. El Comité de Evaluación fue severo con lo irrelevante y complaciente con lo grave. El Senado sorteó candidaturas como si la justicia fuera una rifa. El Poder Judicial calla. Y Morena —el partido dominante— convirtió este proceso en una operación política encubierta, impulsando a perfiles afines, ocupando espacios clave y promoviendo la narrativa del “pueblo eligiendo” ... mientras prepara su asalto final al único poder que no controla del todo.

No se trata de estar a favor o en contra de la elección judicial. Se trata de exigir que, si se va a democratizar la justicia, no se haga con los ojos cerrados ni con las manos sucias.

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Llamado final: Por una justicia limpia, imparcial y digna

• Exigimos una auditoría pública inmediata al padrón de candidaturas judiciales.
• Demandamos la depuración urgente de perfiles con antecedentes incompatibles con la función jurisdiccional.
• Solicitamos al INE y al Comité Evaluador que transparenten sus criterios y rindan cuentas ante la sociedad.
• Hacemos un llamado a la ciudadanía para informarse, denunciar y no validar con su voto una boleta contaminada.

La justicia no puede comenzar con una mentira. No puede construirse sobre el encubrimiento, el pacto silencioso ni la simulación electoral. Si votamos sin saber, si aceptamos sin cuestionar, si normalizamos lo anómalo… entonces no elegimos justicia: la enterramos.

Que nadie diga que no lo sabíamos. Que nadie diga que fue un error inocente.
El crimen ya no se esconde. Hoy, el crimen se postula.