OTRA PERSPECTIVA

Desapariciones Forzadas en México: Una Crisis Humanitaria Multiplicadora de Delitos

Opinión de Jose Rafael Moya Saavedra

En marzo de 2025, el hallazgo de un “campo de exterminio” en Rancho Izaguirre —operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco— estremeció a la conciencia nacional e internacional. Decenas de cadáveres calcinados, cientos de zapatos dispersos como testimonio silente y restos de crematorios clandestinos confirmaron lo que cientos de miles de familias mexicanas sospechaban desde hace años: las desapariciones forzadas en México no son hechos aislados ni meramente episodios de reclutamiento para la violencia, sino el núcleo de un entramado criminal que multiplica la crueldad y la explotación.

Más de 121 000 personas permanecen oficialmente desaparecidas o no localizadas en México al inicio de 2025, con una impunidad que roza el 95% para delitos violentos. Esta crisis —denunciada por Lydia Cacho como la manifestación más brutal de la corrupción institucional— trasciende fronteras y géneros, englobando tráfico sexual de niñas y adolescentes, extracción forzada de órganos, extorsión a familiares, ejecuciones extrajudiciales y colusión sistemática entre funcionarios públicos y cárteles.

A diferencia de décadas anteriores, cuando las desapariciones eran atribuidas a la “guerra sucia” del Estado, hoy México enfrenta una NECROMÁQUINA alimentada por el crimen organizado y la complicidad estatal. El descubrimiento en Teuchitlán no solo revela la anatomía de un campo de exterminio moderno: expone un modelo criminal integral cuya finalidad última no es solo el control territorial sino el lucro ilimitado a costa de vidas humanas.

Este artículo investiga cómo las desapariciones forzadas funcionan como plataforma para múltiples delitos graves —más allá de la simple conscripción de sicarios— y menciona  casos concretos que ilustran esta red de violencia, explotación y corrupción. El objetivo es mostrar con datos, testimonios y denuncias de expertos la verdadera dimensión de esta crisis humanitaria, urgir una respuesta integral y alertar a la sociedad sobre el precio que está pagando México en la sombra de la impunidad.

I. El Caso Teuchitlán: Símbolo de la Impunidad

El descubrimiento en marzo de 2025 del Rancho Izaguirre —un predio rural en Teuchitlán, Jalisco— marcó un antes y un después en la percepción pública de la crisis de desapariciones forzadas en México. Lo que comenzó como una búsqueda rutinaria de colectivos familiares se transformó en el hallazgo de un auténtico “campo de exterminio” controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Modalidades criminales

Sobrevivientes describen prácticas de violencia extrema jamás vistas en territorio mexicano:

·       Tortura prolongada: esposamiento al sol durante días, mutilaciones intencionales y ejecución frente a otros cautivos.

·       Extracción de órganos: menores de edad sometidos a operaciones sin anestesia para la venta de riñones y otros tejidos

·       Explotación sexual y trabajos forzados: víctimas obligadas a prostituirse o cavar fosas clandestinas bajo amenazas de muerte.

·       Homicidios y desmembramientos: cuerpos encontrados descuartizados, muchas veces enterrados o incinerados en hornos improvisados.

 Colusión e impunidad institucional

A pesar de la evidencia irrefutable —154 pares de zapatos, decenas de mochilas, restos humanos y fotografías— la fiscalía general de la República (FGR) reaccionó minimizando el hallazgo de Rancho Izaguirre y culpando exclusivamente a la Fiscalía de Jalisco por supuestas "omisiones" en la investigación inicial. Documentos internos y testimonios de colectivos denunciaron que, antes de permitir el acceso de expertos forenses, agentes ministeriales retiraron del sitio evidencia clave, borrando huellas que podrían vincular al CJNG y a funcionarios públicos con crímenes atroces.

Este modus operandi de encubrimiento se extiende a niveles estatales y federales: funcionarios se acusan mutuamente mientras evitan indagar la participación directa de servidores públicos en desapariciones forzadas. Según el informe de Impunidad Cero, menos del 1% de los casos violentos en México llega a proceso penal, convirtiendo al país en el segundo de América Latina con mayor impunidad en crímenes de lesa humanidad.

El resultado es una “zona gris” de impunidad estructural, donde el silencio institucional protege a los perpetradores y perpetúa el sufrimiento de miles de familias. Los colectivos de búsqueda, quienes han arriesgado su vida para exponer estos crímenes, enfrentan amenazas constantes sin respaldo estatal. La impunidad no es solo la ausencia de castigo: es el arma con la que el Estado y el crimen organizado consolidan su dominio sobre territorios y vidas, hundiendo a México en una crisis humanitaria sin precedentes.

II. Las desapariciones forzadas como plataforma criminal

Las desapariciones forzadas no solo generan víctimas invisibles: se erigen como el nodo central de una red criminal que extiende su violencia hacia múltiples delitos simultáneamente. En Teuchitlán y otras regiones, cada desaparición es también la puerta de entrada a un abanico de atrocidades que abarcan explotación sexual, tráfico de órganos, extorsión, homicidios brutales y trata de menores.

 

Este cuadro revela que la desaparición forzada en México funciona como plataforma para la comisión de crímenes de lesa humanidad cuyo propósito va más allá del simple reclutamiento de sicarios: es un negocio criminal integral que explota la vida humana en todas sus formas

III. Cifras de la Catástrofe

La dimensión numérica de esta crisis convierte a México en un caso sin paralelo global: 121,582 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas hasta enero de 2025 —más de 60,000 solo en los últimos seis años— cifra equivalente a toda la población de ciudades medianas como Saltillo o San Luis Potosí. Desde 2019, el ritmo de desapariciones aumentó un 35%, evidenciando una escalada sostenida de violencia indiscriminada.

Las mujeres constituyen el 22% del total de desaparecidos, pero representan el 70% de las víctimas vinculadas a redes de trata sexual —27,000 casos registrados hasta 2024—, cifra que multiplica por cinco el promedio mundial de desapariciones femeninas en contextos criminales

Paralelamente, las fosas clandestinas siguen creciendo: más de 52,000 cuerpos no identificados han sido exhumados en todo el país, un número que supera la población desaparecida en muchos conflictos armados internacionales y que aumenta a un ritmo de 1,200 nuevos restos mensuales. Solo en Jalisco se han documentado 28 sitios de exterminio, algunos ubicados en zonas urbanas.

La crisis no respeta edad ni condición: el 15% de los desaparecidos son menores de 18 años, y los colectivos reportan casos de reclutamiento forzado de adolescentes para trabajos esclavizantes, explotación sexual y experimentación biomédica ilícita. Las víctimas indígenas, migrantes y de barrios marginados tienen hasta 4 veces más riesgo de desaparecer.

Este torrente de cifras —cada una representando a un ser humano arrancado de su familia— confirma que México vive una crisis humanitaria donde el crimen organizado y la corrupción estatal han convertido la desaparición forzada en un motor de lucro y terror sin precedentes.

IV. Contexto de atrocidades registradas

Para comprender la magnitud y sistematicidad de las desapariciones forzadas en México, basta revisar cinco casos emblemáticos recientes que ilustran la diversidad y brutalidad de los crímenes concomitantes:

Caso	Año	Ubicación	Víctimas	Delitos concomitantes
Rancho Izaguirre (CJNG)	2018–2024	Teuchitlán, Jalisco	>1,500 desaparecidos	Tortura extrema, extracción de órganos, explotación sexual, homicidio
Ayotzinapa	2014	Iguala, Guerrero	43 normalistas	Secuestro, homicidio, desaparición forzada, colusión policial
La Gallera (El Pozolero)	2007–2012	Tijuana, Baja California	>300 desaparecidos	Disolución de cuerpos en químicos, desaparición forzada
Homicidio brutal	feb-25	Puebla	9 estudiantes	Tortura, desmembramiento, homicidio
Trata infantil	2023	Tenancingo, Tlaxcala	1,000 menores aprox.	Explotación sexual, trata de personas

 

V. Lydia Cacho: Vocera de la Verdad y la Indignación

Desde la publicación de "Los demonios del Edén" en 2005, Lydia Cacho se convirtió en la voz más poderosa contra la explotación sexual infantil en México, denunciando una red criminal que operaba con la protección activa de autoridades estatales y nacionales. Su investigación reveló cómo niñas de entre 10 y 15 años eran reclutadas en Cancún y Tenancingo para pornografía infantil y prostitución transnacional, a cambio de sobornos millonarios a funcionarios públicos y empresarios locales

Colusión política

La investigación de Cacho implicó directamente al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín —apodado “el gober precioso”—, y al magnate textil Kamel Nacif, quienes ordenaron su detención arbitraria y tortura en 2005 como represalia por revelar sus vínculos con la red de pederastas. La detención ilegal incluyó amenazas de muerte, golpizas y tratos degradantes, documentados en videos filtrados que estremecieron a la opinión pública.

Impunidad estructural

A pesar de pruebas irrefutables, Marín no fue condenado hasta febrero de 2021, 16 años después de los hechos, y solo enfrentó cargos menores por abuso de autoridad —sin pena efectiva— evidenciando la falla absoluta del sistema judicial para proteger a las víctimas y castigar a los perpetradores.

Impacto y legado

Las amenazas contra Cacho han persistido: desde atentados con bombas caseras en su casa, hasta intentos de asesinato en 2021. Su valentía inspiró la creación de colectivos nacionales contra la trata y presionó al Congreso para aprobar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en 2012. Sin embargo, solo el 2% de las carpetas de investigación por trata concluyen en sentencia condenatoria, perpetuando un ciclo de violencia y silencio.

Lydia Cacho no solo documentó un crimen; encarnó la resistencia frente a un Estado cómplice, convirtiéndose en el símbolo de una lucha que, más de dos décadas después, sigue siendo urgente para proteger a las niñas y niños de México.

VI. Corrupción e Impunidad: El Motor Invisible

·       94.8% de impunidad en delitos violentos, según ONG Impunidad Cero.

·       Colusión estatal: policías, fiscales y jueces trabajan con cárteles; casos en Ayotzinapa y Teuchitlán lo demuestran.

·       Desconfianza ciudadana: solo 18% confía en la policía, debilitando denuncias y búsqueda de justicia.

VII. Conclusiones y Llamado a la Acción

Las desapariciones forzadas en México constituyen un crimen de lesa humanidad calculado para sostener un sistema de violencia extractiva donde cada vida arrebatada alimenta un entramado criminal de lucro, poder y terror. Este fenómeno no es el producto de fallas aisladas: es la manifestación más brutal de un Estado coludido que privilegia la impunidad sobre la justicia.

Acciones urgentes e inaplazables

Investigación independiente y transparente

·       Crear una Comisión Internacional de Investigación (ONU/OEA) con acceso irrestricto a todos los sitios —incluido Rancho Izaguirre—, archivos forenses y expedientes oficiales.

·       Publicación obligatoria de hallazgos y cadena de custodia de evidencia en tiempo real.

Desmantelar redes de colusión

·       Arresto inmediato y procesos penales contra funcionarios implicados (policías, fiscales, jueces) identificados en Teuchitlán y Ayotzinapa.

·       Aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para inhabilitar de por vida a servidores públicos cómplices.

Protección integral a víctimas y buscadores

·       Crear un fondo de emergencia federal de 500 millones de pesos destinado exclusivamente a colectivos de búsqueda, con equipo forense, seguridad y atención psicosocial.

·       Establecer protocolos de protección ante amenazas, con resguardo permanente y refugios seguros.

Coordinación interinstitucional efectiva

·       Integrar un Sistema Nacional de Justicia Transicional que conecte fiscalías estatales, la FGR, Comisión Nacional de Búsqueda y ONU, para seguimiento y sanción efectiva.

·       Digitalizar y unificar registros en una base de datos forense pública vinculada a la CURP, actualizada semanalmente.

Movilización social y rendición de cuentas

·       Convocar un Pacto Nacional por la Verdad, la Justicia y la Reparación, con participación obligatoria de partidos, organizaciones civiles y víctimas.

·       Instaurar un Observatorio Ciudadano Permanente con acceso legislativo para evaluar avances trimestrales.

 META 2025: CERO IMPUNIDAD

Sin un compromiso político auténtico y medidas radicales, México continuará perdiendo vidas a un ritmo de 1 desaparición cada 75 minutos. La única salida a esta crisis es enfrentar de forma simultánea la corrupción, el crimen organizado y la desidia institucional. Cada desaparición es una alarma roja que demanda acción inmediata: no habrá perdón ni olvido hasta alcanzar justicia plena para los miles de familias en luto.

“Mientras exista impunidad, el crimen seguirá devorando nuestra humanidad.” —

Testimonio colectivo de buscadores y familiares