OTRA PERSPECTIVA

CORRIDO DE CLAUDIA LA PRESI…

Autor Jose Rafael Moya Saavedra

Hoy les presento un corrido que recoge la voz del pueblo, plasmando en versos directos y cargados de ironía la realidad de nuestra política. En "Claudia la presi" se narran las controversias y desafíos que enfrenta una figura polémica, entre apoyos y críticas, y que se debate entre promesas incumplidas y viejas traiciones.

Aprovecho para compartirlo ahora mismo, ya que se ha anunciado que el 7 de abril se emitirá un decreto para borrar los narcocorridos de algunos compas que, según dicen, opacan su luz. Este corrido es una respuesta a esa amenaza y un reflejo del sentir popular, invitando a reflexionar y a mantener viva la voz de quienes no se rinden ante el poder.

¡Lean con atención y dejen que la verdad resuene en cada estrofa!

Claudia la Presi...

Por las calles se murmura

con tono de controversia,

dicen que en la lucha

se le niega la emergencia.

Minimiza centros oscuros

de exterminio y terror,

niega fosas clandestinas

que claman por su error.

 

Entre apoyos y promesas

se desliza su accionar,

respuestas electorales

son su forma de gobernar.

Y es mejor no decir nada

que repetir traiciones,

al pueblo de su patrón,

sellando viejas traiciones.

 

Estribillo:

Llegamos todas, proclamo Claudia,

pero su compa Cuahutemoc la hizo reculear.

Con cordial ironía y risa sarcástica,

la verdad del pueblo se niega a callar.

 

Ya se anuncia un decreto

para silenciar este sentir,

pero la pluma no se doblega

y se niega a sucumbir.

La censura se avecina,

quiere apagar el clamor,

más el verso y la protesta

son fuego en cada rincón.

 

Mientras el pueblo exige

justicia y verdad sin par,

cada verso de este corrido

es grito de un sentir real.

Estribillo:

Llegamos todas, proclamo Claudia,

pero su compa Cuahutemoc la hizo reculear.

Con cordial ironía y risa sarcástica,

la verdad del pueblo se niega a callar.

 

OTRA PERSPECTIVA

Título: "No estás solo": La maquinaria de impunidad y la traición a las mujeres en el poder

Opinion de Jose Rafael Moya saavedra

Ciudad de México, 25 de marzo de 2025. Este día quedó marcado como uno de los más oscuros en la memoria reciente de la Cámara de Diputados. Con 291 votos, se desechó la solicitud de desafuero contra el diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado de violencia sexual en grado de tentativa. Lo que se evidenció no fue solo una votación, sino la operación de una maquinaria de impunidad que protege a los poderosos y aplasta a las víctimas.

En una escena que hiela la sangre, mientras las denuncias exigían justicia, un grupo mayoritario de diputadas —mujeres que llegaron a ocupar una curul gracias a la lucha feminista— decidieron levantar la mano en favor del silencio, la complicidad y la protección del patriarcado. Flanqueando al acusado, le gritaron al unísono: "¡No estás solo!". Y con ello, borraron en segundos décadas de lucha feminista.

La imagen que circula desde entonces, publicada por Yolitzin Jaimes, nombra con contundencia: "DIPUTADAS: Traidoras de la lucha de las mujeres". El cartel enumera a más de 150 legisladoras que votaron a favor de desechar el procedimiento. En palabras de la activista: "Que en la memoria permanezca que ellas, hoy, les arrebataron a las víctimas la posibilidad de acceder a la justicia".

Este operativo no es nuevo. Ya ocurrió con Félix Salgado Macedonio, hoy senador, acusado de violación por al menos dos mujeres. En uno de los casos, la fiscalía general de la República lo devolvió a una fiscalía estatal, que lo desechó por prescripción. Otro caso permanece congelado desde 2016. La impunidad también protegió a Gerardo Fernández Noroña, sancionado por violencia política de género, sin consecuencias reales.

El caso de Blanco parecía distinto: pruebas, testimonios, una carpeta de investigación y una solicitud formal de desafuero. Sin embargo, la Sección Instructora decidió desecharla por una presunta mala integración del expediente. El pleno, en una votación revestida de tecnicismos legislativos, selló el destino del proceso. El lenguaje legislativo confundió a la opinión pública: votar “a favor” significaba desechar el procedimiento.

Lo más indignante fue que ninguna figura clave del gobierno alzó la voz con contundencia. Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, permaneció en silencio durante su conferencia matutina. La secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, emitió una declaración tardía y ambigua, enfocada más en el proceso legislativo que en la víctima.

Diputadas como Margarita García (PT) denunciaron desde la tribuna: “¡Qué vergüenza lo que hoy están aprobando en contra de las mujeres! Hipócritas quienes se visten de morado y rosa para reconocernos el 8 de marzo”. Ivonne Ortega (Movimiento Ciudadano) cuestionó el reglamento que permitió al acusado usar la máxima tribuna: “¿Dónde dice que el violentador puede cerrar la intervención? Quiero que lo comprueben”.

La votación fue el reflejo de un Estado que en los tres poderes protege a los suyos. Un legislador acusado de intento de violación subió al estrado rodeado de diputadas que aplaudieron y corearon su defensa. ¿Dónde quedó el feminismo institucional? ¿Dónde la promesa de "llegamos todas"?

 Mientras tanto, las víctimas siguen esperando. La ciudadanía, confundida por los procedimientos, asiste a una función legislativa donde el agresor gana aplausos y las víctimas quedan fuera del guion.

Este artículo no solo denuncia la impunidad en el caso Cuauhtémoc Blanco, sino que recuerda que la justicia en México sigue secuestrada por los intereses políticos. Hoy, las curules que debieron ser trincheras por la justicia se convirtieron en escudos del patriarcado.

Porque en México, la impunidad no es solo norma: es estrategia.

 

 

OTRA PERSPECTIVA

Tres caras de la desaparición en México: Teuchitlán, los pasillos sin medicinas y la invisibilización de las mujeres

Opinión de Jose Rafael Moya Saavedra

En México, el concepto de “desaparición” suele asociarse a fosas clandestinas y violencia criminal. Sin embargo, existen otras formas igual de letales y silenciosas que cobran vidas sin dejar rastro inmediato: campos de exterminio institucionales, el desabasto crónico de medicinas y la violencia de género que invisibiliza a las mujeres. Este artículo explora esas tres dimensiones para comprender cómo desaparecen cuerpos, derechos y dignidad.

I. Teuchitlán: la cloaca que destapó la impunidad

El reciente hallazgo en Teuchitlán puso al descubierto una cloaca literal donde fueron arrojados cuerpos de personas desaparecidas. Más allá del horror de los restos humanos, este caso revela la complicidad institucional: la negligencia en la búsqueda, la falta de protocolos efectivos y la cultura de la impunidad que mantiene enterradas vidas sin justicia.

II. Pasillos sin medicinas: desaparición lenta por omisión estatal

El desabasto de medicamentos en farmacias y hospitales públicos es una forma de desaparición gradual. Cada receta incumplida condena a enfermos crónicos —niños con cáncer, personas con diabetes, pacientes en lista de espera para trasplantes— a una agonía prolongada. Este fenómeno cobra más de 20 vidas al día en México, convirtiendo corredores sanitarios en escenarios de muerte silenciosa.

III. Mujeres invisibles: cifras escalofriantes y voces que reclaman justicia

La violencia contra las mujeres en México no solo se traduce en desapariciones físicas, sino también en la erosión de su presencia social y derechos. En 2023, el 87.9% de las víctimas de violencia familiar y el 92.3% de las víctimas de violencia sexual atendidas en hospitales eran niñas y adolescentes. Cada día son asesinadas aproximadamente 10 mujeres, lo que suma más de 3,000 homicidios anuales; en 2024 se documentaron 79 feminicidios de niñas y adolescentes, un incremento respecto a 2023.

Además, 9.8 millones de mujeres y niñas han sufrido ciberacoso, y 291 niñas entre 0 y 17 años fueron víctimas de trata de personas en 2024, representando el 77.4% de los casos en este rango de edad. Estas cifras reflejan una violencia estructural que convierte la vida de las mujeres en una desaparición lenta y sistemática.

El reciente caso de Cuauhtémoc Blanco, donde el pleno de la Cámara de Diputados votó para mantener su fuero a pesar de la acusación de intento de violación, desató una ola de indignación. Legisladoras como Margarita García (PT) calificaron la decisión como “una traición a la justicia y a las mujeres violentadas”: “¡Qué vergüenza lo que hoy están aprobando en contra de las mujeres! Hipócritas quienes se visten de morado y rosa para reconocernos el 8 de marzo”. Ivonne Ortega (Movimiento Ciudadano) cuestionó la legalidad de otorgarle la palabra al acusado: “¿Dónde dice que el violentador puede cerrar la intervención? Quiero que lo comprueben”.

 Esta protección política refuerza la percepción de impunidad y desalienta a las víctimas a denunciar. Organizaciones civiles convocaron a la marcha “No Llegamos Todas” el 29 de marzo en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, exigiendo el desafuero de Blanco y reformas urgentes para garantizar que ningún agresor, sin importar su rango, quede fuera del alcance de la justicia.

Las desapariciones en México adoptan múltiples formas: fosas clandestinas, pasillos vacíos de medicinas y mujeres borradas por la violencia y la indiferencia. Reconocer estas realidades es urgente para exigir políticas integrales que protejan vidas, garanticen medicamentos esenciales y aseguren justicia sin privilegios para nadie.

 

OTRA PERSPECTIVA

Yo tengo otros datos… pero la realidad les grita en la cara

Opinión de Jose Rafael Moya Saavedra

Recordarán aquella frase inmortalizada por AMLO en julio de 2021 —“Yo tengo otros datos”— cuando, frente a estadísticas oficiales de homicidios, eligió negar la evidencia en lugar de discutirla. Hoy ese mismo mantra lo repiten Claudia Sheinbaum y el fiscal Alejandro Gertz Manero… pero esta vez la realidad les responde con cientos de zapatos, huesos humanos y hornos crematorios.

El rancho que no existía… hasta que apareció

En Teuchitlán, Jalisco, cientos de pares de tenis abandonados y más de 1 300 objetos documentados por la Fiscalía estatal no son simples “vestigios de un campo de entrenamiento”, sino la sombría evidencia de un auténtico centro de exterminio del CJNG que las autoridades decidieron ignorar —o mejor dicho— limpiar antes de que alguien pudiera verlo.

“Todavía no hay indicios”, dice Sheinbaum

Con la convicción de quien prueba sopa caliente y afirma que está fría, la presidenta declaró en la mañanera que “todavía no hay indicios” de homicidios masivos. Mientras tanto, el horror permanece intacto en fotos virales y testimonios desgarradores de buscadoras.

El show mediático del fiscal

Por su parte, Gertz Manero organizó un recorrido para la prensa cuyo único resultado concreto fue retirar evidencia del lugar —prendas, restos humanos— bajo el pretexto de proteger la investigación, un acto digno de la más oscura comedia negra política.

Incluso la IA lo tiene claro

Para rematar la ironía, Grok —la inteligencia artificial de Elon Musk— fue más directa que cualquier funcionario. Al preguntarle cómo llamar a un lugar donde encierran personas contra su voluntad, las asesinan y queman hasta convertirlas en cenizas, respondió sin titubear: “Campo de exterminio”. Mientras la IA reconoce la realidad con un solo comando, las autoridades siguen aferradas a sus “otros datos”.

Cuando la realidad exhibe huesos y zapatillas como un monumento al horror, la respuesta oficial no es justicia ni transparencia, sino desplegar “otros datos” que se desmoronan ante el más mínimo escrutinio. Pero cuidado: la verdad no se puede ocultar para siempre. Y tarde o temprano, regresará a reprocharles con todos sus datos.

 

OTRA PERSPECTIVA

El Infierno de Izaguirre: ¡Ya déjate de pend#$%das y arréglame este desmadre!

Opinión de José Rafael Moya Saavedra

Seis meses después de que la Fiscalía de Jalisco puso bajo custodia el rancho Izaguirre —esa supuesta “zona ceremonial” con indicios de hornos clandestinos— el único avance oficial consiste en un interminable ping‑pong de responsabilidades.

Hoy, lunes 24 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que se conocerá la verdad sobre el caso y urgió a que la fiscalía general de la República (FGR) atraiga ya el caso y tome el control del predio. En palabras de Sheinbaum, basta de excusas y demoras burocráticas.

Haciendo eco de la célebre orden de El Infierno —“Ya déjate de pend#$%das y arréglame este desmadre, que para eso estás en el puesto”— la mandataria exige acción inmediata y una investigación científica rigurosa. Mientras la Fiscalía estatal retiene evidencias y la FGR dilata la transferencia del caso, el verdadero sacrificio se consuma en la inacción, dejando al predio como un oscuro altar de impunidad.

Entre excusas y transferencias de responsabilidad, las familias y el pueblo esperan que finalmente salga la verdad. Porque en este rancho, como en toda la 4T, el ritual no es buscar justicia; es disfrazar la inacción como “proceso”. ¡Que se sepa, ya es hora de resolver este desmadre!

 

OTRA PERSPECTIVA

El narco gobierno perfecciona su Teocalli a nivel nacional: exterminio lento y silencioso marca CUARTA TRANSFORMACION 

Opinión de Jose Rafael Moya Saavedra

“Por el bien de todos, primero los pobres” —prometió AMLO desde 2006— y hoy esa consigna resuena como un canto fúnebre en hospitales públicos vacíos, donde el sacrificio no es ritual, sino burocrático. Olvídense de hornos nazis: el México de la 4T levanta Teocallis modernos —altares de desaparición— en farmacias sin medicinas, pasillos con camas vacías y recetas jamás surtidas.

La Gran Centralización: el rito mortuorio de Hacienda

En 2018, Hacienda se autoproclamó sumo sacerdote de las compras de medicamentos. El resultado fue apoteósico: funcionarios inexpertos esgrimen órdenes de compra como obsidiana afilada, cortando el flujo de insulina, quimioterapias y antidepresivos. Entre el 10 % y 35 % de recetas diarias se quedan en el altar —decenas de miles de pacientes sacrificados al anonimato.

El veto que borró vidas

Mayo de 2019: el gobierno destierra a las tres principales distribuidoras bajo el pretexto de “prácticas oligopólicas”. Sin un plan alternativo, las recetas languidecen como códices olvidados mientras los enfermos se convierten en ofrendas invisibles.

Pisa, la batalla que selló el destino

La disputa con Laboratorios Pisa clausuró siete plantas productoras de fármacos oncológicos, profundizando la escasez de tratamientos. En este Teocalli burocrático, el cáncer se corona como deidad vengativa.

Rancho Izaguirre: el moderno centro ceremonial

El hallazgo de un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación —con indicios de hornos clandestinos— revela la alianza infernal entre narcos y Estado. Un Teocalli donde el sacrificio humano se convierte en ofrenda de impunidad.

COVID‑19: la coartada perfecta

La pandemia sirvió de manto para intensificar el desabasto. Paracetamol, insulina y antidepresivos desaparecieron del inventario oficial, alimentando un genocidio silente.

La desaparición forzada que nadie ve

IMSS: 28 000–70 000 recetas diarias no surtidas

IMSS‑Bienestar: hasta 35 % de desabasto

ISSSTE: obligado por INAI a revelar datos 2024; permanece sellado como tumba ritual

No hay fosas clandestinas; basta un formulario sin respuesta y un medicamento fuera de stock para borrar a alguien de este mundo.

 “Soluciones” de vitrina

·       Compras consolidadas para 2025–26 (promesa de sacrificio futuro)

·       Megafarmacia del Bienestar —entrega en 48 horas, si acaso hay stock—

·       Plataforma “Receta Completa” —catálogo de fracasos estatales—

Conclusión venenosa

“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo” reza el lema oficial. Sin embargo, el Narco gobierno lo invierte al pie de la letra: MIENTE al prometer medicinas que no existen, ROBA la vida de miles al negarlas y TRAICIONA al pueblo borrando pacientes de los registros con recetas vacías. En un país donde el crimen organiza hornos clandestinos y el Estado vacía hospitales, erradicar medicamentos equivale a erradicar vidas. ¡Bienvenidos al Teocalli moderno de la 4T!

 

 

OTRA PERSPECTIVA

Desapariciones Forzadas en México: Una Crisis Humanitaria Multiplicadora de Delitos

Opinión de Jose Rafael Moya Saavedra

En marzo de 2025, el hallazgo de un “campo de exterminio” en Rancho Izaguirre —operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco— estremeció a la conciencia nacional e internacional. Decenas de cadáveres calcinados, cientos de zapatos dispersos como testimonio silente y restos de crematorios clandestinos confirmaron lo que cientos de miles de familias mexicanas sospechaban desde hace años: las desapariciones forzadas en México no son hechos aislados ni meramente episodios de reclutamiento para la violencia, sino el núcleo de un entramado criminal que multiplica la crueldad y la explotación.

Más de 121 000 personas permanecen oficialmente desaparecidas o no localizadas en México al inicio de 2025, con una impunidad que roza el 95% para delitos violentos. Esta crisis —denunciada por Lydia Cacho como la manifestación más brutal de la corrupción institucional— trasciende fronteras y géneros, englobando tráfico sexual de niñas y adolescentes, extracción forzada de órganos, extorsión a familiares, ejecuciones extrajudiciales y colusión sistemática entre funcionarios públicos y cárteles.

A diferencia de décadas anteriores, cuando las desapariciones eran atribuidas a la “guerra sucia” del Estado, hoy México enfrenta una NECROMÁQUINA alimentada por el crimen organizado y la complicidad estatal. El descubrimiento en Teuchitlán no solo revela la anatomía de un campo de exterminio moderno: expone un modelo criminal integral cuya finalidad última no es solo el control territorial sino el lucro ilimitado a costa de vidas humanas.

Este artículo investiga cómo las desapariciones forzadas funcionan como plataforma para múltiples delitos graves —más allá de la simple conscripción de sicarios— y menciona  casos concretos que ilustran esta red de violencia, explotación y corrupción. El objetivo es mostrar con datos, testimonios y denuncias de expertos la verdadera dimensión de esta crisis humanitaria, urgir una respuesta integral y alertar a la sociedad sobre el precio que está pagando México en la sombra de la impunidad.

I. El Caso Teuchitlán: Símbolo de la Impunidad

El descubrimiento en marzo de 2025 del Rancho Izaguirre —un predio rural en Teuchitlán, Jalisco— marcó un antes y un después en la percepción pública de la crisis de desapariciones forzadas en México. Lo que comenzó como una búsqueda rutinaria de colectivos familiares se transformó en el hallazgo de un auténtico “campo de exterminio” controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Modalidades criminales

Sobrevivientes describen prácticas de violencia extrema jamás vistas en territorio mexicano:

·       Tortura prolongada: esposamiento al sol durante días, mutilaciones intencionales y ejecución frente a otros cautivos.

·       Extracción de órganos: menores de edad sometidos a operaciones sin anestesia para la venta de riñones y otros tejidos

·       Explotación sexual y trabajos forzados: víctimas obligadas a prostituirse o cavar fosas clandestinas bajo amenazas de muerte.

·       Homicidios y desmembramientos: cuerpos encontrados descuartizados, muchas veces enterrados o incinerados en hornos improvisados.

 Colusión e impunidad institucional

A pesar de la evidencia irrefutable —154 pares de zapatos, decenas de mochilas, restos humanos y fotografías— la fiscalía general de la República (FGR) reaccionó minimizando el hallazgo de Rancho Izaguirre y culpando exclusivamente a la Fiscalía de Jalisco por supuestas "omisiones" en la investigación inicial. Documentos internos y testimonios de colectivos denunciaron que, antes de permitir el acceso de expertos forenses, agentes ministeriales retiraron del sitio evidencia clave, borrando huellas que podrían vincular al CJNG y a funcionarios públicos con crímenes atroces.

Este modus operandi de encubrimiento se extiende a niveles estatales y federales: funcionarios se acusan mutuamente mientras evitan indagar la participación directa de servidores públicos en desapariciones forzadas. Según el informe de Impunidad Cero, menos del 1% de los casos violentos en México llega a proceso penal, convirtiendo al país en el segundo de América Latina con mayor impunidad en crímenes de lesa humanidad.

El resultado es una “zona gris” de impunidad estructural, donde el silencio institucional protege a los perpetradores y perpetúa el sufrimiento de miles de familias. Los colectivos de búsqueda, quienes han arriesgado su vida para exponer estos crímenes, enfrentan amenazas constantes sin respaldo estatal. La impunidad no es solo la ausencia de castigo: es el arma con la que el Estado y el crimen organizado consolidan su dominio sobre territorios y vidas, hundiendo a México en una crisis humanitaria sin precedentes.

II. Las desapariciones forzadas como plataforma criminal

Las desapariciones forzadas no solo generan víctimas invisibles: se erigen como el nodo central de una red criminal que extiende su violencia hacia múltiples delitos simultáneamente. En Teuchitlán y otras regiones, cada desaparición es también la puerta de entrada a un abanico de atrocidades que abarcan explotación sexual, tráfico de órganos, extorsión, homicidios brutales y trata de menores.

 

Este cuadro revela que la desaparición forzada en México funciona como plataforma para la comisión de crímenes de lesa humanidad cuyo propósito va más allá del simple reclutamiento de sicarios: es un negocio criminal integral que explota la vida humana en todas sus formas

III. Cifras de la Catástrofe

La dimensión numérica de esta crisis convierte a México en un caso sin paralelo global: 121,582 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas hasta enero de 2025 —más de 60,000 solo en los últimos seis años— cifra equivalente a toda la población de ciudades medianas como Saltillo o San Luis Potosí. Desde 2019, el ritmo de desapariciones aumentó un 35%, evidenciando una escalada sostenida de violencia indiscriminada.

Las mujeres constituyen el 22% del total de desaparecidos, pero representan el 70% de las víctimas vinculadas a redes de trata sexual —27,000 casos registrados hasta 2024—, cifra que multiplica por cinco el promedio mundial de desapariciones femeninas en contextos criminales

Paralelamente, las fosas clandestinas siguen creciendo: más de 52,000 cuerpos no identificados han sido exhumados en todo el país, un número que supera la población desaparecida en muchos conflictos armados internacionales y que aumenta a un ritmo de 1,200 nuevos restos mensuales. Solo en Jalisco se han documentado 28 sitios de exterminio, algunos ubicados en zonas urbanas.

La crisis no respeta edad ni condición: el 15% de los desaparecidos son menores de 18 años, y los colectivos reportan casos de reclutamiento forzado de adolescentes para trabajos esclavizantes, explotación sexual y experimentación biomédica ilícita. Las víctimas indígenas, migrantes y de barrios marginados tienen hasta 4 veces más riesgo de desaparecer.

Este torrente de cifras —cada una representando a un ser humano arrancado de su familia— confirma que México vive una crisis humanitaria donde el crimen organizado y la corrupción estatal han convertido la desaparición forzada en un motor de lucro y terror sin precedentes.

IV. Contexto de atrocidades registradas

Para comprender la magnitud y sistematicidad de las desapariciones forzadas en México, basta revisar cinco casos emblemáticos recientes que ilustran la diversidad y brutalidad de los crímenes concomitantes:

Caso	Año	Ubicación	Víctimas	Delitos concomitantes
Rancho Izaguirre (CJNG)	2018–2024	Teuchitlán, Jalisco	>1,500 desaparecidos	Tortura extrema, extracción de órganos, explotación sexual, homicidio
Ayotzinapa	2014	Iguala, Guerrero	43 normalistas	Secuestro, homicidio, desaparición forzada, colusión policial
La Gallera (El Pozolero)	2007–2012	Tijuana, Baja California	>300 desaparecidos	Disolución de cuerpos en químicos, desaparición forzada
Homicidio brutal	feb-25	Puebla	9 estudiantes	Tortura, desmembramiento, homicidio
Trata infantil	2023	Tenancingo, Tlaxcala	1,000 menores aprox.	Explotación sexual, trata de personas

 

V. Lydia Cacho: Vocera de la Verdad y la Indignación

Desde la publicación de "Los demonios del Edén" en 2005, Lydia Cacho se convirtió en la voz más poderosa contra la explotación sexual infantil en México, denunciando una red criminal que operaba con la protección activa de autoridades estatales y nacionales. Su investigación reveló cómo niñas de entre 10 y 15 años eran reclutadas en Cancún y Tenancingo para pornografía infantil y prostitución transnacional, a cambio de sobornos millonarios a funcionarios públicos y empresarios locales

Colusión política

La investigación de Cacho implicó directamente al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín —apodado “el gober precioso”—, y al magnate textil Kamel Nacif, quienes ordenaron su detención arbitraria y tortura en 2005 como represalia por revelar sus vínculos con la red de pederastas. La detención ilegal incluyó amenazas de muerte, golpizas y tratos degradantes, documentados en videos filtrados que estremecieron a la opinión pública.

Impunidad estructural

A pesar de pruebas irrefutables, Marín no fue condenado hasta febrero de 2021, 16 años después de los hechos, y solo enfrentó cargos menores por abuso de autoridad —sin pena efectiva— evidenciando la falla absoluta del sistema judicial para proteger a las víctimas y castigar a los perpetradores.

Impacto y legado

Las amenazas contra Cacho han persistido: desde atentados con bombas caseras en su casa, hasta intentos de asesinato en 2021. Su valentía inspiró la creación de colectivos nacionales contra la trata y presionó al Congreso para aprobar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en 2012. Sin embargo, solo el 2% de las carpetas de investigación por trata concluyen en sentencia condenatoria, perpetuando un ciclo de violencia y silencio.

Lydia Cacho no solo documentó un crimen; encarnó la resistencia frente a un Estado cómplice, convirtiéndose en el símbolo de una lucha que, más de dos décadas después, sigue siendo urgente para proteger a las niñas y niños de México.

VI. Corrupción e Impunidad: El Motor Invisible

·       94.8% de impunidad en delitos violentos, según ONG Impunidad Cero.

·       Colusión estatal: policías, fiscales y jueces trabajan con cárteles; casos en Ayotzinapa y Teuchitlán lo demuestran.

·       Desconfianza ciudadana: solo 18% confía en la policía, debilitando denuncias y búsqueda de justicia.

VII. Conclusiones y Llamado a la Acción

Las desapariciones forzadas en México constituyen un crimen de lesa humanidad calculado para sostener un sistema de violencia extractiva donde cada vida arrebatada alimenta un entramado criminal de lucro, poder y terror. Este fenómeno no es el producto de fallas aisladas: es la manifestación más brutal de un Estado coludido que privilegia la impunidad sobre la justicia.

Acciones urgentes e inaplazables

Investigación independiente y transparente

·       Crear una Comisión Internacional de Investigación (ONU/OEA) con acceso irrestricto a todos los sitios —incluido Rancho Izaguirre—, archivos forenses y expedientes oficiales.

·       Publicación obligatoria de hallazgos y cadena de custodia de evidencia en tiempo real.

Desmantelar redes de colusión

·       Arresto inmediato y procesos penales contra funcionarios implicados (policías, fiscales, jueces) identificados en Teuchitlán y Ayotzinapa.

·       Aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para inhabilitar de por vida a servidores públicos cómplices.

Protección integral a víctimas y buscadores

·       Crear un fondo de emergencia federal de 500 millones de pesos destinado exclusivamente a colectivos de búsqueda, con equipo forense, seguridad y atención psicosocial.

·       Establecer protocolos de protección ante amenazas, con resguardo permanente y refugios seguros.

Coordinación interinstitucional efectiva

·       Integrar un Sistema Nacional de Justicia Transicional que conecte fiscalías estatales, la FGR, Comisión Nacional de Búsqueda y ONU, para seguimiento y sanción efectiva.

·       Digitalizar y unificar registros en una base de datos forense pública vinculada a la CURP, actualizada semanalmente.

Movilización social y rendición de cuentas

·       Convocar un Pacto Nacional por la Verdad, la Justicia y la Reparación, con participación obligatoria de partidos, organizaciones civiles y víctimas.

·       Instaurar un Observatorio Ciudadano Permanente con acceso legislativo para evaluar avances trimestrales.

 META 2025: CERO IMPUNIDAD

Sin un compromiso político auténtico y medidas radicales, México continuará perdiendo vidas a un ritmo de 1 desaparición cada 75 minutos. La única salida a esta crisis es enfrentar de forma simultánea la corrupción, el crimen organizado y la desidia institucional. Cada desaparición es una alarma roja que demanda acción inmediata: no habrá perdón ni olvido hasta alcanzar justicia plena para los miles de familias en luto.

“Mientras exista impunidad, el crimen seguirá devorando nuestra humanidad.” —

Testimonio colectivo de buscadores y familiares