OTRA PERSPECTIVA
México ante los recortes en
salud: efectos en la morbilidad, clientelismo político y paralelismos con otros
regímenes latinoamericanos
Por Jose Rafael Moya Saavedra
La
dinámica presupuestaria en el sector salud en México para 2025 presenta un
panorama complejo: mientras se incrementan los recursos hacia el
IMSS-Bienestar, la reducción del presupuesto a institutos nacionales,
hospitales especializados y programas preventivos suscita preocupación por el
impacto en la morbilidad, la mortalidad y la protección frente a diversas
enfermedades. Esta situación se combina con una percepción de que el gasto
público privilegia fines políticos y electorales por encima de la consolidación
institucional y el fortalecimiento del sistema sanitario, un fenómeno que
guarda paralelismos con experiencias en otros países latinoamericanos.
Recortes presupuestarios y
aumento de la vulnerabilidad sanitaria
Datos
recientes muestran disminuciones presupuestarias para 16 institutos de salud y
hospitales descentralizados, así como una reducción del 3.7% en la compra de
medicamentos y material médico. Mientras el IMSS-Bienestar experimenta un
aumento del 23.3%, expertos señalan que este incremento no compensa los
recortes en instituciones clave para la atención de enfermedades graves y la
prevención.
Esta redistribución del
presupuesto amenaza con:
·
Incrementar la morbilidad y mortalidad: La
menor disponibilidad de recursos dificulta la atención de enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión), oncológicas, infecciosas y otras condiciones que
requieren tratamientos continuos y especializados.
·
Desproteger programas de prevención: La
reducción del 68% en el programa de vacunación incrementa el riesgo de
reaparición de enfermedades previamente controladas, afectando especialmente a
la población infantil y comunidades rurales.
·
Aumentar la brecha en el acceso a la salud: La
población sin seguridad social, dependiente de la infraestructura pública,
sufrirá el impacto más significativo. Con menos recursos para clínicas rurales
y centros de salud comunitarios, la equidad en el acceso se verá comprometida.
Clientelismo político y su
efecto en la salud pública
La
priorización del gasto con fines políticos sobre la inversión en salud no es un
fenómeno aislado. El uso de recursos públicos para conservar y ampliar bases
electorales, en lugar de fortalecer la atención sanitaria, ha sido documentado
en varias naciones latinoamericanas. La canalización de fondos hacia programas
asistenciales con criterios politizados puede socavar la calidad y cobertura de
los servicios de salud, generando un círculo vicioso en el que las necesidades
médicas quedan supeditadas a objetivos electorales.
Paralelismos con regímenes
latinoamericanos y el concepto de “democradura”
Venezuela
y Nicaragua son ejemplos de cómo el clientelismo electoral
ha afectado la calidad de los servicios públicos. En estos países, el deterioro
de los sistemas de salud se ha visto acompañado por el debilitamiento
institucional y la concentración del poder en el Ejecutivo. La provisión de
bienes y servicios básicos se utiliza como herramienta política, erosionando la
independencia de las instituciones y reduciendo la capacidad del Estado para
garantizar derechos fundamentales. Cuba, aunque reconocida por sus
logros en salud, enfrenta tensiones similares al priorizar programas que le
aportan capital político, y Perú ha observado prácticas clientelistas
que complican la gobernabilidad y afectan la eficiencia en la asignación de
recursos.
Esta
dinámica regional refuerza el concepto de “democradura”: sistemas
políticos que mantienen la apariencia de democracia formal (elecciones,
separación de poderes en teoría) pero socavan la pluralidad y la imparcialidad
institucional, desviando recursos que podrían fortalecer servicios públicos
esenciales como la salud. La similitud entre los casos sugiere que, sin
mecanismos de contrapeso y transparencia, la salud pública puede pasar a un
segundo plano frente a los intereses políticos.
Comentario Final
La
situación presupuestaria en el sector salud en México no solo plantea un
desafío sanitario, sino que, al compararse con otros contextos
latinoamericanos, muestra un patrón preocupante: la preeminencia del
clientelismo electoral y la falta de inversión adecuada en servicios médicos
debilitan la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.
Este fenómeno, enmarcado en un entorno de tensiones institucionales, contribuye
a la erosión de la calidad democrática y al aumento de la vulnerabilidad de los
sectores más desfavorecidos. La experiencia regional indica que reforzar la
institucionalidad, garantizar la neutralidad en la asignación de recursos y
priorizar la salud pública resulta esencial para evitar retrocesos en los
indicadores sanitarios y la calidad de vida de la población.
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