OTRA PERSPECTIVA

El Poder Legislativo Apuntalando la Democradura: Recortes y Contrapesos al Poder Judicial en el Presupuesto 2025

Por José Rafael Moya Saavedra

En un entorno político cargado de profundas tensiones y graves cuestionamientos, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF 2025) ha encendido el debate sobre las prioridades del gobierno mexicano y su impacto en la división de poderes. Esta medida podría alterar el equilibrio entre las instituciones fundamentales del Estado y las dinámicas de control y contrapeso esenciales para una democracia funcional. La propuesta de recortar 14,042 millones de pesos al Poder Judicial no solo pone en riesgo la operatividad de instituciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en México.

Un recorte sin precedentes

El Poder Judicial había solicitado un presupuesto de 85,025 millones de pesos para 2025. Sin embargo, la Cámara de Diputados, con mayoría del bloque Morena-PT-PVEM, ha planteado reducirlo a 70,983 millones de pesos. Este ajuste impactará directamente al CJF, con un recorte de 13,117 millones, y a la SCJN, que perderá 714.4 millones. También se incluye una reducción de 210.6 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Según la SCJN, el 80% del presupuesto solicitado corresponde a salarios y prestaciones laborales. La reducción afectará inevitablemente la plantilla laboral, provocando el despido de numerosos trabajadores y una disminución significativa en la capacidad operativa del sistema judicial, lo que se traducirá en el cierre de juzgados y tribunales en diversas regiones del país. Asimismo, esta situación limitará gravemente el acceso de los ciudadanos a una justicia pronta y expedita, exacerbando la ya crítica situación de rezago judicial y afectando de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Además, obstaculizará la implementación de reformas judiciales, como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

Reasignaciones y prioridades gubernamentales

El recorte al Poder Judicial forma parte de un esquema más amplio de reasignaciones presupuestales. Mientras se recortan fondos a instituciones autónomas, el presupuesto se incrementa en sectores considerados prioritarios por el gobierno: educación (+17,300 millones de pesos), infraestructura (+10,720 millones) y defensa nacional (+6,292 millones). Este enfoque refleja una intención de priorizar el gasto social y los proyectos estratégicos del Ejecutivo.

No obstante, estas decisiones han generado preocupación entre analistas y sectores de la oposición, quienes argumentan que los recortes al Poder Judicial y otros órganos autónomos no solo forman parte de una estrategia para centralizar el poder y limitar los contrapesos democráticos, sino que también representan un riesgo para la independencia judicial y el equilibrio institucional que son fundamentales para la preservación de una democracia funcional. Estos recortes, según diversos expertos, podrían erosionar la capacidad del Poder Judicial para actuar como un contrapeso efectivo al Ejecutivo, lo que sentaría un precedente peligroso en la relación entre poderes del Estado.

Impacto en la democracia y los contrapesos institucionales

El debilitamiento financiero del Poder Judicial tiene implicaciones profundas para la democracia mexicana, ya que este órgano es fundamental para garantizar la independencia judicial, proteger los derechos humanos y actuar como un contrapeso efectivo frente a posibles abusos del poder Ejecutivo. Su capacidad de supervisar la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales y ofrecer justicia imparcial a los ciudadanos podría verse gravemente comprometida si no cuenta con los recursos necesarios para operar eficientemente. Además, en un contexto político ya polarizado, este debilitamiento podría generar mayores tensiones y desconfianza en las instituciones democráticas, erosionando la fe pública en el sistema judicial y el estado de derecho.

Este escenario no es exclusivo de México. En América Latina, el debilitamiento de los contrapesos institucionales ha sido un preludio a la concentración del poder y la erosión de las democracias. Por ejemplo, en Venezuela, la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia facilitó la consolidación del poder en manos del Ejecutivo, lo que derivó en una crisis institucional y humanitaria. De manera similar, en Nicaragua, el debilitamiento de las instituciones democráticas permitió la instauración de un gobierno autoritario, restringiendo libertades y derechos fundamentales. Estos casos ilustran los riesgos inherentes a un sistema sin contrapesos efectivos y subrayan la importancia de preservar la autonomía institucional para evitar la repetición de escenarios similares en otras naciones. ¿Está México caminando hacia un modelo similar, donde las instituciones autónomas se vuelven subordinadas al Ejecutivo?

El costo social de la austeridad

Más allá de los equilibrios de poder, las consecuencias sociales de estos recortes son ineludibles. Menos recursos para el Poder Judicial significan menos acceso a la justicia para los ciudadanos. Por ejemplo, la reducción presupuestaria podría implicar el cierre de juzgados en zonas rurales, donde las comunidades ya enfrentan obstáculos significativos para acceder al sistema judicial. Además, los casos de violencia de género, que requieren atención urgente y especializada, podrían experimentar retrasos aún mayores, afectando gravemente a las víctimas. También es probable que los procesos penales se alarguen, aumentando la impunidad en delitos graves y dejando a las familias de las víctimas sin resolución. En términos de justicia administrativa, los conflictos laborales o agrarios podrían quedar sin resolución, afectando directamente a trabajadores y pequeños productores que dependen de estas instancias para garantizar sus derechos.

¿Hacia dónde se dirige México?

El Presupuesto 2025 es más que un ejercicio fiscal; es un reflejo de las prioridades y visiones del gobierno. Si bien las reasignaciones pueden justificarse bajo la lógica de austeridad y redistribución, el costo institucional y democrático de estas medidas no puede ser ignorado. En un momento crítico para el país, es necesario reflexionar sobre las implicaciones a largo plazo de debilitar a los órganos que sostienen el estado de derecho.

El debate sobre el PEF 2025 no solo definirá el destino del Poder Judicial, sino también el rumbo de la democracia mexicana. En este punto crucial, la sociedad debe preguntarse si estamos avanzando hacia un futuro de instituciones sólidas y ciudadanos empoderados, capaces de participar activamente en la construcción de un país más justo y equitativo, o si, por el contrario, nos dirigimos hacia un modelo en el que la concentración del poder erosiona los contrapesos democráticos y las libertades fundamentales. Las decisiones que se tomen hoy resonarán en el porvenir, y será la sociedad, con su capacidad de organización y exigencia, quien determine si este es el inicio de una crisis institucional o una oportunidad para consolidar la democracia. El tiempo y la historia juzgarán nuestras acciones y omisiones.