OTRA PERSPECTIVA

“Dos Méxicos ante la violencia: el blindaje para el poder y el olvido para el pueblo”

Opinion de Jose Rafael Moya Saavedra

En México, no todos los crímenes duelen igual. La sangre no pesa lo mismo si es de un político que si es de un ciudadano. Mientras las estructuras del Estado se movilizan con prontitud y despliegue logístico cuando una figura pública es asesinada, los casos de madres buscadoras, periodistas o víctimas anónimas se enfrentan a la lentitud, la negligencia y el olvido. Este ensayo periodístico revisa, a partir de casos recientes, cómo la seguridad y la justicia no se distribuyen de forma equitativa, sino jerárquica.

1. El caso Brugada: seguridad exprés para el poder

El asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada el 20 de mayo de 2025 activó una respuesta inmediata: en menos de 24 horas ya había un grupo de investigación interinstitucional operando 24/7, vigilancia reforzada en sus eventos, revisión de mochilas, uso de perros para detección de explosivos y protocolos nunca antes vistos en actos públicos de la jefa de Gobierno. No fue una excepción: fue una demostración de reflejos cuando la víctima es parte del círculo de poder.

2. Teuchitlán: seis meses de silencio en un rancho del horror

Cuando en marzo de 2025 fue descubierto un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, con hornos crematorios y restos humanos, se reveló que el lugar ya había sido intervenido por fuerzas federales en septiembre… sin que se preservara la escena ni se investigara. Seis meses después, gracias a un colectivo de buscadoras, se destapó la verdad. Ahí no hubo perros entrenados ni operativos inmediatos. Solo desidia.

3. María del Carmen Morales: la vida de una madre buscadora vale menos

Asesinada el 24 de abril de 2025 junto a su hijo en Tlajomulco, Jalisco, María del Carmen Morales había participado en el hallazgo del rancho de Teuchitlán. Su muerte generó pronunciamientos oficiales, pero las acciones fueron de otro ritmo: medidas cautelares, entrega de dispositivos Pulso de Vida, y declaraciones de buenas intenciones. Nadie ha sido detenido hasta ahora. El crimen parece más tolerable si la víctima no es poderosa.

4. Avisack Douglas: entre balas y silencio

Periodista, fotógrafa y última víctima de una larga lista, Avisack fue asesinada el 20 de mayo de 2025 en Veracruz, durante un atentado contra una casa de campaña. La reacción: protestas de periodistas, promesas de seguridad electoral y declaraciones de la gobernadora. Sin embargo, la escena fue alterada por la policía local. La impunidad se abrió paso entre uniformes y cintas amarillas, mientras el gremio suspendía coberturas en protesta.

5. El protocolo oculto: seguridad por estatus

La diferencia está institucionalizada. Para ciudadanos, la seguridad es reactiva, general, sujeta a disponibilidad. Para políticos, es preventiva, personalizada y sostenida con recursos federales. Las víctimas comunes deben llamar al 911. Los políticos solo deben “solicitar protección” para activar escoltas, vehículos blindados y vigilancia permanente. La justicia también es desigual: los casos de alto perfil mueven recursos, cámaras y fiscales especiales. El resto, espera.

 ¿a quién protege el Estado?

En un país donde el riesgo se ha vuelto cotidiano, la seguridad se ha transformado en un privilegio. Los mecanismos funcionan, sí, pero no para todos. Mientras la élite política es escoltada por la Guardia Nacional, las madres buscan con palas y las y los periodistas con miedo. La violencia no distingue, pero el Estado sí. Y en esa distinción se rompe la promesa democrática de igualdad ante la ley.