OTRA PERSPECTIVA
La vigilancia aérea de EE.UU. en México: ¿Carteles o
políticos en la mira?
Opinión de Jose Rafael Moya Saavedra
El incremento de vuelos de
reconocimiento de la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. sobre la frontera con
México y en el espacio aéreo internacional en Baja California ha encendido las
alarmas en círculos políticos y de seguridad nacional. Oficialmente, estas
misiones han sido justificadas como parte de la estrategia estadounidense para
combatir el tráfico de drogas y la crisis del fentanilo. Sin embargo, fuentes
de inteligencia y datos abiertos sugieren que el foco de atención podría no ser
exclusivamente el crimen organizado, sino también actores políticos vinculados
a estas redes ilícitas.
Aumento inusual de vuelos de vigilancia
Tradicionalmente, EE.UU. ha
desplegado aeronaves especializadas en operaciones antidrogas, como los P-3
Orion y los RC-135, para rastrear rutas de tráfico y comunicaciones criminales.
No obstante, en las últimas semanas, han entrado en operación aviones de mayor
capacidad estratégica, como el Boeing P-8 Poseidón y el U-2, más utilizados en
operaciones de guerra y vigilancia contra potencias extranjeras.
Según registros de vuelo, entre
enero y febrero de 2025, al menos 18 misiones de vigilancia fueron ejecutadas a
lo largo de la frontera con México, algunas de ellas extendiéndose hacia el
Golfo de California y la costa de Sinaloa. Un hecho especialmente significativo
ocurrió el 4 de febrero, cuando un avión RC-135 Rivet Joint sobrevoló Baja
California y se acercó a Sinaloa, lo que indica un monitoreo intensivo de la
región clave para el tráfico de fentanilo.
Más que narcotráfico: la intersección con la política
mexicana
El discurso oficial del gobierno
de Trump ha insistido en la necesidad de designar a los cárteles mexicanos como
organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a acciones militares
directas sin necesidad de la aprobación del gobierno mexicano. Sin embargo, los
movimientos recientes de Washington sugieren que no solo se trata de los
cárteles, sino también de sus vínculos con políticos mexicanos.
Estados clave como Tamaulipas,
Sinaloa y Sonora han sido mencionados en reportes de inteligencia de EE.UU.
por sus nexos entre políticos y el crimen organizado. La designación de Fausto
Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, como uno de los 10
fugitivos más buscados por el FBI, junto con la vigilancia intensificada en
estos estados, refuerza la hipótesis de que la recolección de datos no solo
busca identificar rutas de narcotráfico, sino también estructuras de poder que
facilitan estas operaciones.
Un caso emblemático es el del
gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuya administración ha
sido señalada por su supuesta relación con el huachicol fiscal y el
financiamiento ilícito de campañas electorales a través de Sergio Carmona.
Según el informe de Guacamaya Leaks filtrado en 2022, la campaña de Villarreal
estuvo vinculada con operaciones de tráfico de combustible, generando
preocupación en agencias de seguridad de EE.UU.
En Sonora, el gobernador Alfonso
Durazo ha sido vinculado con una trama de conflicto de interés en la que un
fideicomiso manejado por su hijo fue clave para ceder 150 hectáreas en la
frontera a una empresa china con exenciones fiscales, una operación que ha
despertado sospechas en Washington sobre lavado de dinero y cooperación con
actores extranjeros.
La estrategia de Trump y la posibilidad de intervención
El contexto internacional y la
política interna de EE.UU. colocan a México en una situación vulnerable. La
retórica de Trump sobre el combate a los cárteles y su decisión de militarizar
la frontera han elevado las tensiones. El presidente republicano ha insinuado
en varias ocasiones la posibilidad de incursiones militares para “neutralizar”
a los grupos criminales que considera una amenaza directa para la seguridad
estadounidense.
El Pentágono ha utilizado
estrategias similares en el pasado en países considerados riesgosos para la
seguridad de EE.UU., justificando intervenciones con información de
inteligencia recopilada mediante vigilancia aérea. Fuentes en Washington han
mencionado que la recopilación de datos en México puede ser utilizada como
evidencia para argumentar que la colusión entre políticos y el crimen
organizado justifica acciones unilaterales, similares a las operaciones de
eliminación de líderes terroristas en Medio Oriente.
Consecuencias para México
La creciente presión de EE.UU.
sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum podría empujar a México a tomar medidas
drásticas para demostrar cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sin
embargo, la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras
(FTO, por sus siglas en inglés) implicaría que cualquier actor vinculado
a ellos, incluidos funcionarios y políticos, sea sujeto de sanciones y posibles
órdenes de captura internacional.
Si EE.UU. decide avanzar en su
estrategia de acciones encubiertas o directas en territorio mexicano, la
soberanía nacional se verá amenazada, y la relación bilateral entrará en una
etapa de alta tensión diplomática. La presencia de aviones espía y vuelos de
reconocimiento sugiere que la administración de Trump está construyendo un caso
para legitimar estas acciones.
COLOFON
El discurso oficial del gobierno
de México insiste en que EE.UU. está enfocando su vigilancia exclusivamente en
los cárteles. No obstante, la información disponible sugiere que Washington
está observando mucho más allá del crimen organizado y se está preparando para
utilizar esos datos en contra de políticos mexicanos.
La gran pregunta no es si habrá
intervención, sino cuándo y bajo qué justificación. El aumento de vuelos de
reconocimiento es la antesala de un argumento que podría escalar hasta una
crisis diplomática o incluso una intervención militar selectiva. México debe
prepararse para el peor escenario: un enfrentamiento directo con la
administración de Trump bajo la bandera de la seguridad nacional de EE.UU.
Fuentes consultadas:
1.
Guacamaya Leaks, 2022.
2.
Reporte de inteligencia del Departamento
de Justicia de EE.UU., 2023.
3.
Testimonios de Jocelyn Hernández sobre
vínculos entre políticos y el crimen organizado en Sinaloa, 2024.
4.
Datos abiertos sobre vuelos de
reconocimiento de la Marina y Fuerza Aérea de EE.UU., enero-febrero 2025.
5.
Declaraciones de funcionarios del FBI y
el Departamento de Defensa de EE.UU. sobre el combate a los cárteles en México.
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