OTRA PERSPECTIVA
¿Más Rápido que Aprisa hacia
la Democradura? El Caso de la Reforma del Infonavit
Por Jose Rafael Moya Saavedra
Hoy, 14
de diciembre de 2024, el Senado mexicano aprobó una reforma que otorga al
gobierno mayoría en los comités del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit). Esta medida ha generado un encendido
debate entre quienes la ven como un avance en la justicia social y quienes la
califican como un paso más hacia la concentración de poder y la manipulación de
recursos.
La Reforma y sus Implicaciones
La iniciativa permite al
gobierno central una mayor ingerencia en el Infonavit, argumentando que ello
facilitará la construcción y el arrendamiento de viviendas asequibles para los
trabajadores. Entre sus principales elementos destacan:
·
Construcción y Arrendamiento Social: Se
incluye la posibilidad de que el Infonavit adquiera terrenos, construya
viviendas y las arriende a trabajadores con mensualidades que no superen el 30%
de su salario.
·
Control de Fondos: La
oposición denuncia que el gobierno podrá disponer de los fondos acumulados por
los trabajadores para financiar estas iniciativas.
·
Sustentabilidad Cuestionada: No
se han detallado esquemas claros que garanticen la sostenibilidad financiera
del proyecto.
Argumentos Específicos
El
debate ha estado marcado por posiciones encontradas. Ricardo Anaya (PAN) calificó
la reforma como una "barbaridad" y un "atraco",
argumentando que el Infonavit podrá disponer de 2 billones de pesos que
pertenecen a los trabajadores. Carolina Viggiano (PRI) destacó el
desequilibrio en la representación, afirmando que se debilita la participación
equitativa de los trabajadores. Por su parte, Alejandra Barrales (MC)
acusó que la reforma busca borrar "de un plumazo" la
participación de los trabajadores en el manejo de sus propios recursos.
En
contraste, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit,
defendió la reforma asegurando que el instituto tiene la capacidad de destinar
al menos 40 mil millones de pesos anuales a la construcción de viviendas,
garantizando la viabilidad económica del proyecto.
Lo Bueno: Un Paso hacia la
Justicia Social
Quienes
defienden la reforma argumentan que responde a una necesidad urgente de atender
el déficit habitacional en México. Actualmente, millones de trabajadores
carecen de acceso a vivienda digna, y esta medida podría abrir nuevas
posibilidades. Además, el modelo de arrendamiento social podría representar una
alternativa viable para aquellos que no pueden acceder a créditos hipotecarios
tradicionales.
Desde
una perspectiva internacional, iniciativas similares en países como Perú
han demostrado éxitos parciales. Programas como el Fondo Mi Vivienda,
que combina subsidios públicos con participación privada, han permitido a miles
de familias acceder a vivienda propia.
Lo Malo: Centralización y
Riesgos de Manipulación
El
principal punto de crítica es el control gubernamental de los comités del
Infonavit. Este movimiento recuerda prácticas de países como Venezuela y
Nicaragua, donde los gobiernos utilizaron programas de vivienda para
consolidar su base política. En Venezuela, por ejemplo, la Gran
Misión Vivienda Venezuela (GMVV) se financió con fondos públicos, generando
un impacto positivo a corto plazo pero dejando al país con un sistema
insostenible y altamente politizado.
En
Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega empleó la vivienda popular
como herramienta de control social, lo que derivó en una dependencia total de
los ciudadanos hacia el Estado. Estos paralelismos plantean interrogantes sobre
la dirección que podría tomar México con esta reforma.
En
Cuba,
la centralización estatal ha llevado a la eliminación del mercado privado de
vivienda, creando un sistema donde las propiedades se asignan desde el
gobierno, pero con problemas graves de sostenibilidad y mantenimiento a largo
plazo.
¿Más Rápido que Aprisa hacia
la Democradura?
La
reforma del Infonavit no se puede analizar en el vacío. Se inscribe dentro de
una tendencia más amplia de centralización de poder bajo la administración
actual. Desde el debilitamiento de órganos autónomos hasta la militarización de
funciones civiles, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora en el de Claudia Sheinbaum han adoptado
medidas que algunos consideran propias de una "democradura":
un régimen que, aunque mantiene elementos democráticos, centraliza el poder y
limita las libertades individuales.
El control sobre los fondos
del Infonavit plantea riesgos significativos:
- ·
Politización de Recursos: La
posibilidad de usar estos fondos para fines partidistas podría convertir a la
vivienda en una herramienta de clientelismo político.
- ·
Desaparición de Contrapesos: Al
ser controlados mayoritariamente por el gobierno, los comités del Infonavit
podrían perder la capacidad de supervisión y rendición de cuentas.
- ·
Precedente Peligroso: Este
modelo podría extenderse a otros ámbitos, consolidando un sistema donde los
derechos sociales se subordinan al control del Estado.
- Lecciones Internacionales
Por
otro lado, países como Perú muestran que es posible equilibrar la
participación estatal y privada para atender necesidades sociales sin
comprometer la sostenibilidad ni los principios democráticos. Sin embargo, para
que esto funcione, se requiere transparencia, rendición de cuentas y un marco
institucional robusto.
Una Encrucijada para la
Democracia Mexicana
La
reforma del Infonavit puede ser una oportunidad para atender el déficit de
vivienda, pero también un riesgo para la democracia. Si no se implementa con
cuidado y transparencia, podría convertirse en otro ejemplo de cómo las medidas
populistas, aunque bien intencionadas, terminan debilitando las instituciones
democráticas.
México
está en una encrucijada. Es necesario decidir si seguimos construyendo sobre
los principios democráticos o si avanzamos "más rápido que aprisa"
hacia una democradura, donde las decisiones se concentran en el poder
central, sacrificando la pluralidad y la participación ciudadana. La historia
reciente de América Latina nos ofrece lecciones claras: el camino hacia la
justicia social no puede ser a costa de la democracia.
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