OTRA PERSPECTIVA
El Cambio de "SEDENA" a "DEFENSA":
¿Una Reforma Nominal o un Paso hacia la Militarización?
Rafael Moya
La Secretaría de la Defensa Nacional en México ha cambiado oficialmente su nombre a “Defensa,” en una decisión aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este ajuste, presentado como una adaptación de la institución a su misión primaria de defensa exterior, ha generado reflexiones y análisis en torno a sus implicaciones en el panorama político y de seguridad nacional de México. La dependencia, encabezada por Ricardo Trevilla, asegura que este cambio permitirá mayor claridad sobre el rol de la Secretaría tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, ¿es este cambio únicamente nominal, o marca el inicio de una transformación en el papel de las Fuerzas Armadas en México?
Este ajuste nominal, respaldado en el artículo 89, Fracción
VI de la Constitución Mexicana y el artículo 29, Fracción VI de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, podría parecer una simple redefinición de
imagen. La justificación de Trevilla subraya que “DEFENSA” se asocia
mejor con la misión constitucional de proteger a la nación. Sin embargo, este
cambio se produce en un contexto regional donde otros países latinoamericanos,
como Venezuela y Cuba, han fortalecido regímenes autoritarios mediante la
militarización y la redefinición del papel de las Fuerzas Armadas.
Este cambio nominal plantea preguntas sobre la potencial
expansión del rol militar en la vida pública y su posible efecto en el balance
de poder dentro de una democracia. La reciente experiencia latinoamericana
muestra que la defensa frente a “amenazas internas y externas” ha sido
utilizada para justificar el control militar sobre la vida civil, la represión
de la oposición y la restricción de derechos. En modelos de “democradura” o
democracias autoritarias, el lenguaje de "defensa" y
"protección" permite al gobierno centralizar el poder y
justificar una fuerte presencia militar para asegurar la “estabilidad” del
país.
Militarización de la Seguridad Pública: En Venezuela,
el concepto de defensa se expandió a la seguridad interna con el fin de
“proteger la soberanía,” lo que llevó a la militarización de la vida pública.
En México, si el cambio a “Defensa” comienza a justificar una mayor
intervención militar en temas de seguridad pública, se corre el riesgo de
debilitar a las instituciones civiles y limitar los derechos y libertades.
Control Social a través de las Fuerzas Armadas: La
justificación de un rol ampliado de la “DEFENSA” en asuntos internos
posiciona a las Fuerzas Armadas como guardianas del Estado, similar a los
discursos de otros países que han consolidado gobiernos autoritarios. Este
enfoque podría reforzar el control sobre movimientos sociales, críticos y
disidencias, reduciendo el espacio de la sociedad civil.
Debilitamiento de Instituciones Democráticas: La
concentración de poder en el Ejecutivo, respaldado por una fuerte institución
militar, puede reducir la independencia de otras ramas del gobierno,
especialmente el poder judicial y los órganos electorales. En un sistema de
“democradura,” el Ejecutivo se alinea estrechamente con las Fuerzas Armadas,
erosionando el sistema de pesos y contrapesos.
Narrativa de Amenazas Internas como Herramienta de
Control: Las “amenazas internas” son un término amplio que ha
permitido en otros países la justificación de vigilancia y represión. En el
contexto mexicano, la definición ambigua de amenazas podría incluir a sectores
críticos del gobierno y movimientos sociales, facilitando medidas de intervención
militar para “proteger la estabilidad.”
Difusión Internacional y Reacción Diplomática: El
cambio de nombre podría también preparar el terreno para una redefinición de la
postura de México en la región, presentándose como un país con una estructura
de defensa sólida. No obstante, la comunidad internacional observará cómo
evoluciona este cambio nominal y si deriva en un aumento de la militarización
de la vida civil.
Conclusión y Prospectiva
El cambio de “SEDENA” a “DEFENSA”
no es solo un acto simbólico, sino que podría marcar una transformación en el
rol de las Fuerzas Armadas mexicanas bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.
México podría estar siguiendo una ruta similar a la de países latinoamericanos
que han justificado un fuerte control militar sobre la vida pública. Aunque el
enfoque inicial parece alinearse con la misión constitucional de defensa
exterior, las posibles justificaciones para el control de “amenazas internas”
plantean riesgos significativos para la democracia mexicana.
Este cambio será observado de cerca por quienes buscan
preservar el balance democrático, especialmente si se traduce en políticas
concretas de intervención militar en la vida pública. En un contexto de
democracia consolidada, la redefinición de las Fuerzas Armadas debería respetar
los límites establecidos, garantizando los derechos civiles y la independencia
de las instituciones. El reto, entonces, es asegurar que “Defensa” no se
convierta en una herramienta para la centralización del poder, sino en un guardián
de la seguridad nacional en el sentido estricto del término.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario